Ley de Tierras: los diputados misioneros rechazaron el dictamen oficialista
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Los diputados nacionales por Misiones Alberto Arrúa y Yamila Ruiz se diferenciaron del oficialismo y acompañaron el dictamen de minoría presentado por Unión por la Patria durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ahora incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
La decisión de los legisladores misioneros se produjo este miércoles, durante el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza consiguió avanzar con un dictamen de mayoría respaldado por el PRO y sectores del radicalismo.
El debate adquirió especial relevancia para Misiones, una provincia fronteriza que viene sosteniendo una posición institucional contraria a la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La particularidad política es que el oficialismo terminó incorporando a su proyecto la restitución de una legislación que el propio Gobierno de Javier Milei había intentado derogar mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, esa modificación no alcanzó para conseguir el acompañamiento de los representantes misioneros, que optaron por la propuesta alternativa de Unión por la Patria.
El dictamen de mayoría incorpora un nuevo capítulo a la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 7 de agosto.
El diputado radical Diógenes González, vicepresidente segundo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de explicar la modificación. Según detalló, se incorporaron los artículos 38 y 39, destinados a dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablecer la vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La modificación respondió a un planteo del interbloque Fuerza del Cambio y representa un cambio sustancial respecto de la orientación original de la iniciativa.
La Ley 26.737 establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellas un límite general del 15% para la propiedad o posesión extranjera en los ámbitos territoriales contemplados por la norma.
Su derogación fue uno de los puntos más controvertidos del paquete de desregulación impulsado por Milei, particularmente en provincias fronterizas como Misiones, donde la tierra constituye un recurso estratégico desde el punto de vista productivo, ambiental y territorial.
Sin embargo, la restitución de esa normativa quedó incorporada a un proyecto que también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, habilita mecanismos más rápidos de desalojo y contempla la creación de un Registro de la Propiedad Inmueble.
La discusión, por lo tanto, no quedó limitada a la protección de las tierras rurales, sino que abarcó una reforma más extensa sobre los derechos de propiedad y las herramientas de intervención del Estado.
Misiones sostiene su posición frente a la desregulación
El posicionamiento de Arrúa y Ruiz se inscribe en un escenario de creciente resistencia institucional de Misiones frente a la derogación de la Ley de Tierras.
El gobernador Hugo Passalacqua había firmado el Decreto 1935, del 2 de octubre de 2026, mediante el cual instruyó al fiscal de Estado a promover acciones judiciales contra la eliminación de la legislación que limita la extranjerización de tierras rurales.
La decisión provincial se fundamentó en los riesgos que implicaría la ausencia de controles sobre la adquisición de superficies rurales por parte de capitales extranjeros, especialmente en una provincia con extensas fronteras internacionales, recursos naturales estratégicos y una estructura productiva estrechamente vinculada a la tierra.
El planteo de Misiones también pone el foco en la autonomía provincial, la protección del patrimonio territorial y las consecuencias institucionales de la desregulación.
En paralelo, la controversia llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó recientemente una acción presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), aunque lo hizo por cuestiones de legitimación procesal, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación.
De este modo, la disputa por la Ley de Tierras permanece abierta tanto en el Congreso como en el ámbito judicial.
Información del Autor
