La Libertad Avanza acordó con Unión por la Patria la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) y tensionó su alianza con el PRO

En una definición sorpresiva y de alto impacto institucional, La Libertad Avanza (LLA) votó junto a Unión por la Patria (UP) la designación de auditores generales de la Nación correspondientes a la Cámara de Diputados, una decisión adoptada cerca de las 3 de la madrugada y en pleno período de sesiones extraordinarias. La maniobra abrió una fuerte grieta con el PRO y otros aliados parlamentarios, que denunciaron una violación constitucional y anticiparon una judicialización del caso.

Una moción inesperada en la madrugada y la designación de los auditores

Cuando la sesión avanzaba con especulaciones sobre la posibilidad de perder el quórum antes de tratar la denominada “regla fiscal”, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, presentó de manera inesperada una moción para cubrir las vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) correspondientes a la Cámara baja.

La propuesta incluyó una terna completa integrada por Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, y desató una inmediata reacción en el recinto. El momento elegido —alrededor de las 3 de la madrugada— y la ausencia del tema en el temario de extraordinarias profundizaron el malestar de la oposición dialoguista.

Tras el debate, se votó a mano alzada el apartamiento del reglamento y la moción fue aprobada con 186 votos afirmativos y 3 abstenciones. A las 3.09, se tomó juramento a los nuevos auditores. En el caso de Pamela Calletti, la Cámara debió habilitar un tramo de homenajes y cuestiones de privilegio hasta su llegada al recinto, jurando finalmente cerca de las 3.45.

Denuncias de inconstitucionalidad y ruptura con los aliados

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, encabezó las críticas más duras. Alertó que la votación implicaba una violación del artículo 65 de la Constitución nacional y calificó el procedimiento como un “vicio de incompetencia”. Según sostuvo, la AGN es un órgano extrapoder y su integración no puede tratarse fuera del período ordinario ni incorporarse al temario de extraordinarias por decisión de la Cámara.

“No constituye una cuestión interna del Poder Legislativo, no se puede tratar, es anticonstitucional”, afirmó Ritondo, quien anticipó que el PRO acudirá a la Justicia para impugnar la designación. En un mensaje político directo al oficialismo, remarcó que la decisión “no fortalece el sistema de control, lo debilita” y advirtió sobre la ruptura de compromisos parlamentarios previos.

Las críticas se replicaron desde otros bloques. Romina del Plá cuestionó que la designación no estuviera incluida en la convocatoria del Poder Ejecutivo y denunció la intención de “pagar compromisos asumidos por la ventana”. En el mismo sentido, Miriam Bregman afirmó que el tema no había sido mencionado en la Labor Parlamentaria y calificó la maniobra como “bochornosa” y propia de “la casta”.

Repercusiones políticas y un nuevo frente de conflicto en Diputados

El episodio dejó una señal política clara: LLA avanzó con UP en una votación clave de control institucional, a costa de profundizar la tensión con sus principales aliados parlamentarios. El diputado Pablo Juliano cuestionó el doble estándar en la aplicación del reglamento y anunció el retiro de su bloque, mientras que Maximiliano Ferraro sintetizó el clima del cierre con una frase contundente: “Votando La Libertad Avanza con el kirchnerismo, buenas noches”.

La decisión abre un nuevo frente de conflicto político e institucional en la Cámara de Diputados, con impacto directo en el funcionamiento de la AGN, uno de los principales órganos de control del Estado. Además, anticipa un escenario de litigiosidad judicial y reconfiguración de alianzas en un Congreso atravesado por votaciones ajustadas y negociaciones de alta sensibilidad.