Misiones presenta amparo federal para frenar bajas irregulares de pensiones por discapacidad
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El Gobierno de Misiones anunció este jueves que acompañará un recurso judicial para frenar la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad que, según el Ejecutivo provincial, se habrían realizado de manera irregular por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca garantizar que las auditorías y revisiones se realicen con transparencia, respetando los derechos de las personas con discapacidad, y se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto social y económico de las bajas de prestaciones.
El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, anunció que la presentación judicial se efectuará al mediodía de este jueves por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, organismo dependiente de la Vicegobernación.
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— Economis (@economisiones) August 28, 2025
Según fuentes provinciales, en los últimos meses numerosas familias misioneras vieron suspendidas sus pensiones no contributivas, muchas de las cuales representan el único ingreso familiar. Las auditorías de la ANDIS, apuntan desde el Ejecutivo provincial, se habrían llevado a cabo sin notificaciones adecuadas, lo que impidió que las personas convocadas pudieran acreditar su derecho a la prestación.
El Gobierno provincial indica que agotó todas las instancias administrativas y de diálogo con la Nación, pero ante la falta de respuesta, la vía judicial surge como la única alternativa para proteger a los sectores más vulnerables.
El amparo y sus fundamentos
El recurso judicial presentado ante la Justicia Federal busca:
- Suspender temporalmente las auditorías y bajas de pensiones hasta garantizar un procedimiento transparente y conforme a derecho.
- Retrotraer las situaciones de suspensión al momento previo a las auditorías, evitando la pérdida de ingresos esenciales para las familias afectadas.
- Establecer protocolos claros para futuras revisiones, asegurando notificaciones oportunas y la posibilidad de presentar la documentación necesaria por parte de los beneficiarios.
La acción se fundamenta en el principio constitucional de protección a personas con discapacidad y derecho a la seguridad social, así como en la Ley Nacional de Discapacidad (Ley 22.431) y la normativa vigente que regula las pensiones no contributivas.
Fundamentos, actores y repercusiones
La medida refleja un conflicto entre jurisdicciones nacionales y provinciales en torno a la gestión de pensiones no contributivas. Por un lado, la ANDIS, organismo nacional, realiza auditorías y suspensiones bajo criterios administrativos. Por otro, el Gobierno de Misiones sostiene que dichas prácticas se hicieron de forma irregular, afectando a beneficiarios que dependen de estas prestaciones para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y vivienda.
La presentación judicial no solo tiene un impacto social inmediato, sino que también podría generar precedentes legales sobre la supervisión y ejecución de políticas nacionales de asistencia social, especialmente en casos donde las provincias denuncian irregularidades.
Desde el punto de vista político, la acción fortalece la posición del Ejecutivo provincial en su rol de defensor de los derechos de las personas con discapacidad, mostrando capacidad de acción frente a decisiones de alcance nacional. Además, podría abrir un debate sobre la centralización de las pensiones no contributivas y la necesidad de mecanismos más transparentes y participativos.
Si la Justicia Federal admite el amparo, las posibles consecuencias inmediatas incluyen:
- Suspensión temporal de las bajas y retrotracción de los casos afectados.
- Revisión de los procedimientos de auditoría de la ANDIS para garantizar transparencia y cumplimiento de normativa.
- Establecimiento de protocolos de notificación y apelación más claros, evitando perjuicios a beneficiarios vulnerables.
A mediano plazo, el conflicto podría derivar en cambios en la coordinación entre Nación y provincias respecto a la gestión de pensiones no contributivas, con impacto directo en la administración de fondos públicos y en la seguridad social de los grupos más vulnerables.
