La morosidad de las familias alcanzó niveles que Argentina no veía desde la crisis de 2001. En julio de 2026, el 13% de los créditos del sector financiero estaba en situación irregular, mientras que entre los prestadores no financieros la tasa llegó al 33,9%, por encima del máximo registrado durante la pandemia. 

El informe del Centro de Economía Política Argentina también contabiliza 4,18 millones de personas de entre 25 y 54 años con deudas irregulares. En Misiones, la mora alcanzó el 16,9%, en una provincia donde el salario medio se ubica 29,7% por debajo del promedio nacional.

Las cifras ponen en cuestión la afirmación de Javier Milei de que “no hay problemas en la macro y no hay problemas de mercado”. El Presidente hizo esa declaración al hablar, precisamente, de la morosidad, aunque reconoció que hay personas que no pudieron pagar sus préstamos y atribuyó el fenómeno a la suba de tasas y a la caída de los ingresos. 

Los datos de CEPA muestran la magnitud que ese problema adquirió en los hogares y su especial intensidad en provincias de salarios bajos como Misiones. 

En Misiones, el atraso en el pago de los créditos familiares alcanzó el 16,9% en julio. Es una de las tasas más altas del país y aparece junto a otro dato que ayuda a entender la presión sobre los hogares: el salario medio provincial se ubica 29,7% por debajo del promedio nacional. 

La Rioja encabeza la comparación presentada, con una irregularidad del 23,1% y salarios 31,5% inferiores a la media nacional. Le siguen Santiago del Estero, con una mora del 18,1%, y Misiones, con el 16,9%. 

CEPA observa que, en general, las provincias de menores salarios presentan más dificultades para sostener el pago de las deudas. 

El problema también alcanzó una dimensión histórica a escala nacional. En julio, la irregularidad del crédito a familias llegó al 13% entre las entidades financieras, un nivel que, de acuerdo con CEPA, solo fue superado durante la crisis de 2001. Entre los prestadores no financieros, el indicador trepó al 33,9%, por encima incluso del máximo registrado durante la pandemia.

La velocidad del deterioro queda a la vista al comparar esos valores con noviembre de 2024. Desde entonces, la mora pasó del 2,5% al 13% en el sector financiero y del 7,3% al 33,9% en el no financiero. El crédito, que para muchas familias sirvió para sostener gastos corrientes, se convirtió en una obligación cada vez más difícil de afrontar.

CEPA vincula el crecimiento de la morosidad con la evolución de los ingresos. Según su cálculo, el salario real de los trabajadores registrados, públicos y privados, cayó 14,3% desde noviembre de 2024. El informe también estima que la masa de ingresos de trabajadores registrados y jubilados perdió 8,3 puntos en términos reales durante la actual gestión nacional.

A esa presión se sumó el encarecimiento de los servicios esenciales. En la comparación que presenta el estudio desde enero de 2024, las tarifas de gas aumentaron 2.071%; las de transporte, 1.442%; las de agua, 544%; y las de electricidad, 393%. Todos esos incrementos superaron la evolución salarial utilizada por CEPA. Con una porción mayor del ingreso destinada a gastos difíciles de postergar, el margen para pagar préstamos se redujo.

La mora atraviesa las edades de trabajo

El informe contabilizó 4.185.913 personas de entre 25 y 54 años con deudas irregulares en julio de 2026. Representan el 70,7% del total de personas en mora. Se trata de edades en las que se concentra buena parte de la población económicamente activa y de las responsabilidades de sostenimiento familiar.

El tramo de 35 a 44 años registra, además, el mayor monto de préstamos familiares en situación irregular: $4,64 billones, equivalentes al 30,6% del saldo moroso relevado por CEPA. De ese total, $3,20 billones corresponden a entidades bancarias y $1,43 billones a prestadores no financieros.

Los números muestran que la morosidad dejó de ser un episodio aislado del mercado de crédito. Para una parte creciente de los hogares, pagar las cuotas compite con cubrir los servicios y los consumos habituales.