El Ministerio de Economía, a través de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda publicada este 28 de agosto en el Boletín Oficial, dispuso la emisión y ampliación de Letras del Tesoro por un monto potencial superior a USD 4.000 millones y $23,2 billones. La operación busca atender los compromisos inmediatos de deuda y dar continuidad al programa financiero en un tramo sensible del calendario de vencimientos.

Se trata de un conjunto de instrumentos en pesos y en dólares, con vencimientos escalonados entre el 30 de septiembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026. La licitación se realizará el 27 de agosto, mientras que la fecha de emisión está fijada para el 29 de agosto.

El detalle de la colocación: instrumentos y condiciones

La Resolución Conjunta 41/2025 (RESFC-2025-41-APN-SH#MEC) firmada por Pablo Quirno Magrane (Secretario de Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Secretario de Hacienda) habilita tres nuevas emisiones y tres ampliaciones:

• Letra del Tesoro vinculada al dólar (cero cupón) con vencimiento 30 de septiembre de 2025.
  • Monto máximo: USD 4.000 millones.
  • Plazo: 32 días.
  • Suscripción en pesos al tipo de cambio BCRA (Com. A 3500).
  • Pago íntegro al vencimiento en pesos, ajustado al dólar oficial.
• Letra del Tesoro en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 27 de febrero de 2026.
  • Monto máximo: $5 billones.
  • Intereses: TAMAR promedio de bancos privados + margen determinado en licitación.
• Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento 27 de febrero de 2026.
  • Monto máximo: $5 billones.
  • Interés capitalizable mensual hasta el vencimiento.

Además, se dispuso la ampliación de emisiones vigentes:

• Letra capitalizable en pesos con vencimiento 30 de septiembre de 2025: hasta $3 billones.
• Letra capitalizable en pesos con vencimiento 16 de enero de 2026: hasta $5,2 billones.
• Letra en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 16 de enero de 2026: hasta $5 billones.

En total, la capacidad máxima de colocación asciende a más de $23 billones en moneda local y USD 4.000 millones equivalentes.

La emisión se ampara en los artículos 37 y 38 de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 bajo el esquema de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Ambos artículos facultan al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y emitir Letras del Tesoro dentro de los límites fijados en los anexos presupuestarios.

El texto oficial destaca que los vencimientos previstos “se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente”, y que los instrumentos cumplen con el marco del Decreto 1131/2024 y modificaciones posteriores.

La operatoria también se ajusta a los procedimientos de colocación aprobados en 2019 (Resolución Conjunta 9/2019), que rigen actualmente para las licitaciones de deuda pública.

Un test de confianza en la deuda en pesos

La medida tiene un fuerte componente táctico: cubrir necesidades inmediatas de caja en un contexto de elevada concentración de vencimientos entre fines de agosto y septiembre. El instrumento en dólares vinculados (dollar-linked) apunta a atraer a inversores que buscan cobertura cambiaria sin presionar sobre las reservas del BCRA.

En paralelo, las Letras en pesos TAMAR y capitalizables buscan renovar la confianza del mercado en instrumentos ajustables a tasas reales. La magnitud de la colocación ($23 billones) refleja el esfuerzo por rollear deuda y evitar un salto en la emisión monetaria, en momentos en que la política fiscal y monetaria se encuentran bajo intenso escrutinio de los mercados y del Congreso.

Analistas del mercado anticipan que la respuesta de los bancos y fondos comunes de inversión será clave. “El dólar-linked ofrece cobertura y el TAMAR refleja condiciones más cercanas a la tasa real del sistema. La incógnita es el apetito por plazos hasta 2026, con una macro todavía frágil”, señalaron fuentes del sector financiero.

El resultado de la licitación será una señal inmediata para el mercado sobre la capacidad del Tesoro de refinanciar sus vencimientos sin sobresaltos. Si la colocación es exitosa, permitirá descomprimir la presión cambiaria y garantizar previsibilidad al programa financiero del último trimestre del año.

Por el contrario, una baja adhesión obligaría al Tesoro a recurrir a mayor asistencia del BCRA o a reabrir negociaciones con el sector privado, lo que podría reavivar la incertidumbre macroeconómica.

En cualquier caso, esta resolución se inscribe en una estrategia de corto plazo, donde cada licitación funciona como un test político y económico para el Gobierno, y donde la confianza en los instrumentos en pesos sigue siendo un factor decisivo para la estabilidad financiera.