El Poder Ejecutivo dispuso la entrada en vigencia de los incrementos postergados en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida, formalizada a través del Decreto 617/2025, comenzará a regir el 1° de septiembre y tendrá impacto directo en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país.

La actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) está regulada por la Ley 23.966, que prevé ajustes trimestrales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, desde 2018 y mediante sucesivos decretos, distintos gobiernos fueron difiriendo la aplicación de estos incrementos para morigerar el impacto inflacionario en los surtidores.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, deroga el Decreto 466/2024 —y sus modificatorios— que había prorrogado la aplicación de los ajustes de 2023 y 2024. De esta manera, a partir de septiembre comenzarán a aplicarse los incrementos acumulados de los últimos trimestres.

Según se fundamenta en el texto oficial, la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, aunque reconoce que los incrementos serán diferidos parcialmente para evitar un impacto mayor en el corto plazo.

Nuevos valores de impuestos

El Decreto 617/2025 establece un esquema escalonado:

• Entre el 1° y el 30 de septiembre de 2025:
  • Nafta sin plomo y nafta virgen: se aplicará un incremento de $10,523 en el ICL y de $0,645 en el IDC por litro.
  • Gasoil: tendrá una suba de $8,577 en el ICL, más $4,644 por el tratamiento diferencial, y $0,978 en el IDC.
• Desde el 1° de octubre de 2025: se aplicará el incremento total correspondiente, incorporando el remanente de actualizaciones del año calendario 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.

Esto implica que el impacto en los surtidores será progresivo, aunque los precios tenderán a subir de manera más marcada en el último trimestre del año.

La medida tendrá repercusiones inmediatas en la inflación, dado que el precio de los combustibles es un insumo clave en la estructura de costos de la economía. Transporte de cargas, logística, agroindustria y transporte público se verán afectados por la suba, lo que podría presionar sobre los precios de bienes y servicios en la recta final de 2025.

A nivel político, la decisión se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la recaudación y reducir el déficit. La eliminación del Decreto 466/2024 se interpreta como un intento de simplificación normativa y de alineamiento con las metas de equilibrio fiscal comprometidas por el Ejecutivo.

No obstante, sectores empresariales y consumidores anticipan un efecto regresivo sobre el poder adquisitivo y la actividad económica, en especial en regiones del interior donde el transporte depende casi exclusivamente del gasoil.

A partir de octubre, con la entrada en vigor de los aumentos plenos, los precios de los combustibles reflejarán en forma acumulada las actualizaciones diferidas de 2024 y 2025. El escenario anticipa una aceleración en la suba de los combustibles, en un marco donde YPF ya implementa esquemas de microajustes dinámicos de precios en estaciones seleccionadas.

Con este nuevo esquema, el Gobierno busca reforzar la recaudación tributaria y dar previsibilidad al esquema impositivo de los combustibles. Sin embargo, el desafío será contener el impacto inflacionario y la reacción de sectores productivos que dependen fuertemente del gasoil y la nafta.