El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los Tratados comunitarios. La votación, realizada este miércoles, paraliza de manera efectiva la tramitación del pacto —firmado recientemente— hasta que la corte se pronuncie, un proceso que podría demorar entre 18 y 24 meses y reconfigura el escenario político, institucional y comercial del entendimiento birregional.

La decisión fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, en un resultado ajustado que confirma la división interna en el Parlamento. El envío al TJUE activa el artículo 218.11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y obliga a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, a formalizar la consulta ante el tribunal con sede en Luxemburgo.

Qué se cuestiona: base legal, autonomía regulatoria y procedimiento

El núcleo del debate es la validez jurídica del acuerdo y, en particular, dos aspectos sensibles. Por un lado, el mecanismo de reequilibrio incluido en el texto, que varios eurodiputados consideran potencialmente lesivo para la autonomía regulatoria de la UE. Por otro, la base legal elegida para la aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, al presentarlos como competencia exclusiva de la Unión.

La remisión al TJUE supone un freno institucional al calendario previsto: el Parlamento no podrá votar la aprobación hasta que los jueces emitan su opinión. Además, el tribunal podría suspender cautelarmente la aplicación provisional del acuerdo por parte de la Comisión Europea.

Según la práctica del TJUE, las opiniones consultivas tardan en promedio entre 18 y 24 meses, aunque el propio tribunal “tiene el control total” del procedimiento y puede priorizar una solicitud cuando las circunstancias lo requieran. En los hechos, el impacto temporal es relevante: la entrada en vigor queda en suspenso.

Un precedente institucional y una votación inédita

Es la primera vez que una mayoría del Parlamento Europeo accede a consultar al TJUE sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados, en los términos del artículo 218.11 del TFUE. La votación fue precedida por advertencias internas sobre su extrema paridad y por llamados a evitar dilaciones, especialmente en un contexto de tensiones comerciales y amenazas arancelarias atribuidas a Donald Trump.

La medida introduce incertidumbre jurídica y tensión política en un acuerdo que la UE firmó el sábado como su mayor pacto comercial, y que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aunque el texto aún requiere aprobación para entrar en vigor, la decisión parlamentaria reordena prioridades y reabre el debate sobre competencias, control democrático y soberanía normativa.

La fragmentación del acuerdo y la crítica política

La Comisión Europea había optado por dividir el acuerdo en dos instrumentos: el ITA, de naturaleza comercial, y el Acuerdo de Asociación (EMPA), enfocado en cooperación y política. El objetivo era aplicar la parte comercial sin ratificación nacional, al encuadrarla como competencia exclusiva de la UE. Esta estrategia fue cuestionada por eurodiputados que denunciaron una vulneración de los principios de legalidad y soberanía consagrados en los Tratados.

Desde VOX, el resultado fue celebrado como “una victoria histórica”. El jefe de delegación, Jorge Buxadé, afirmó que se trata de “una gran victoria para el campo español” y sostuvo que la decisión gana tiempo y credibilidad frente a lo que definió como imposición burocrática. En ese marco, la consulta al TJUE es leída como un golpe institucional para la Comisión y un freno a la ratificación acelerada.

Repercusiones

En términos prácticos, la remisión al TJUE congela la tramitación y prolonga la incertidumbre para los sectores productivos y exportadores de ambas regiones, que aguardaban señales claras sobre plazos y reglas. Políticamente, eleva el umbral de control sobre la arquitectura legal del acuerdo y reafirma el rol del Parlamento en la verificación de compatibilidad con los Tratados.

Hacia adelante, los escenarios dependen del dictamen del TJUE: una opinión favorable despejaría el camino institucional, aunque con el costo del tiempo perdido; una observación crítica obligaría a revisiones sustantivas del diseño legal y del procedimiento de aprobación. En ambos casos, el episodio marca un precedente y redefine el equilibrio entre rapidez comercial y control jurídico-democrático en la política comercial de la UE.