Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima- El camino largo de la acusación constitucional podría ser la nueva alternativa de la oposición peruana de derecha para deshacerse del presidente Pedro Castillo, después de que su nuevo intento de destitución, el segundo en unos tres meses, fracasara esta semana en forma aún más estrepitosa de lo que se esperaba.

Una denuncia por traición a la patria, derivada de la supuesta intención de Castillo de facilitarle una salida al mar a Bolivia, fue aceptada ya en el Congreso por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con lo que ahora tendrá que ir a la Comisión Permanente para que determine si continúa o no en carrera.

Sin embargo, se trata de un proceso largo. Los expertos estiman que el Congreso no tardará menos de tres meses –en realidad se estima que podría ser mucho más-, tras lo cual el tema quedaría en manos de la Justicia, que en Perú no se caracteriza por su celeridad.

Lo que sí dan por descontado todos es que los tres partidos que le declararon la guerra a Castillo desde el comienzo, Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Avanza País, no cesarán en su intento de destituir al mandatario de izquierda, al que, entre otras cosas, acusan de “comunista, amigo de terroristas, corrupto e inepto”.

“Este pequeño grupo que no ha logrado su cometido va a seguir su propia agenda”, afirmó Castillo tras la votación, con lo que dejó en evidencia que tiene claro que el hostigamiento seguirá.

El Congreso rechazó el lunes una segunda moción de vacancia (destitución). La solicitud tuvo 55 votos a favor entre los 130 congresistas, cuando se necesitaban al menos 87 para enviar automáticamente a Castillo a su casa. Otros 54 parlamentarios votaron en contra y 19 se abstuvieron.

Aunque la correlación de fuerzas permitía anticipar que no se iban a alcanzar los votos necesarios, sorprendió lo lejos que quedaron los promotores de la iniciativa, que esperaban acercarse a unos 80 apoyos. FP, RP y Avanza País, de derecha, no tuvieron éxito en atraer a los partidos de centroderecha y centro.

Para el portavoz de uno de esos partidos de centroderecha, Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), la figura de la vacancia no es para utilizarse a la menor oportunidad. Otro portavoz de un partido que no apoyó, José Arriola, de Acción Popular (AP), argumentó que “es hora de que la derecha deje su discurso monotemático”.

“La figura de la vacancia puede caer en una trivialización”, advirtió en diálogo con Télam el politólogo Roger Santa Cruz, en medio de la lluvia de críticas de la ciudadanía a un Congreso que, por acción de tres partidos, pareciera empeñado solo en la destitución.

Para Santa Cruz, lo que queda en este escenario es que Castillo, que siempre ha estado a la defensiva, trate de recuperar la iniciativa para solucionar problemas sociales que parecieran estar en un largo estancamiento.

Las encuestas coinciden en que aunque en el país hay hartazgo con un presidente que no muestra liderazgo, comete errores en la designación de funcionarios y se rodea de personas de proceder sospechoso, el apoyo a la vacancia es limitado, porque las resistencias que generan los parlamentarios son aún mayores.

Esta situación ha quedado en evidencia ante la escasa convocatoria que tienen las constantes movilizaciones callejeras que convoca la derecha radical contra Castillo.

Para el politólogo Alonso Cárdenas, esa postura podría cambiar si escalan los problemas para la gente, como está ocurriendo por ejemplo con el costo de la vida. Santa Cruz advirtió además que no se puede descartar del todo que aumenten en el Congreso los que quieren sacar al mandatario.

Dos abogados con posiciones de derecha radical, la excandidata presidencial Lourdes Flores y el excongresista Fernán Altuve Febres, presentaron la acusación constitucional contra Castillo por decir en una entrevista con la cadena CNN que podría convocar un referendo para que el pueblo decida si se le entrega una salida al mar a Bolivia.

Castillo se rectificó luego, dijo que no se había expresado correctamente y se disculpó ante el país, pero en la oposición quedaron instaladas sus frases, que van en contra de la posición histórica del país de no ceder territorios.

La oposición también intenta formular acusaciones contra el jefe de Estado por presuntos nexos con una supuesta red de corrupción que operaban tres sobrinos suyos y su entonces secretario, Bruno Pacheco. Según versiones de prensa, los cuatro pasaron a la clandestinidad ante el inminente riesgo de que se les encarcele.

Según establecen las disposiciones legales, para que un funcionario de alto nivel sea procesado por la Justicia debe pasar por la figura del proceso de acusación constitucional, es decir, el caso tiene obligatoriamente que ser visto por el Congreso para que le dé luz verde a la acción de los tribunales.

Castillo, profesor de escuela rural sin mayores antecedentes políticos y que milita como invitado en Perú Libre, partido que se autodefine como marxista-leninista, está en la mira de la derecha radical desde que pasó a segunda vuelta en las elecciones del año pasado con la líder de FP, Keiko Fujimori, a quien derrotó por escasa ventaja.

Para mañana está previsto un nuevo round en el Congreso, cuando se debatirá la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, acusado incluso por el Colegio Médico del Perú –el mayor organismo gremial- de haber promocionado supuestas medicinas sin valor científico y de haber ejercido en especialidades que no son la suya.

Por las posiciones de los partidos hay amplias posibilidades de que proceda la destitución de Condori, quien asumió en febrero en sorpresivo reemplazo del que era el “ministro estrella”, Hernando Cevallos, porque su designación fue fuertemente criticada, incluso dentro del oficialismo.

El Congreso provocó ya la destitución de un ministro de Castillo, Carlos Gallardo, de Educación, mientras que seis más han renunciado a última hora, cuando la posibilidad de salvarse era prácticamente nula.

De todas formas, según destacan los medios, las bancadas del oficialismo y la oposición radical podrían ponerse en la misma vereda, como ocurrió esta semana, cuando en conjunto rechazaron enérgicamente la idea del expresidente Francisco Sagasti de que mediante iniciativa popular se convoque a elecciones anticipadas para el Ejecutivo y el Legislativo.

Los bandos también se han puesto antes de acuerdo para otras acciones que los ponen contra la opinión pública, como la pretensión de desarticular la elogiada reforma universitaria o la obstaculización de cambios en el sistema de transporte, dominado en gran medida por la informalidad.

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