Así lo definió Raul Aramendy educador, agroecólogo y fundador de la Tecnicatura Superior de Agroecología de Misiones. Lamentó el proyecto de Agroindustria de sembrar en Misiones 250 mil hectáreas de maíz transgénico en chacras de pequeños productores.
“El maíz que el Gobierno de la Nación quiere sembrar en Misiones llega de la mano de MAIZAR, una organización integrada por grandes corporaciones, y son los mismos que están empujando la modificación a la Ley de Semillas que, de aprobarse, dará luz verde a Monsanto, o sea estamos hablando de las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos, y en qué lugar del mundo alguien vio que estos benefician al pequeño y mediano productor? Al contrario, lo destruyen, los usan, usan su suelo y su agua, lo esclavizan con el verso de sacarlos de la pobreza hasta agotar sus bienes, y luego lo expulsan de sus tierras”, sostuvo Raúl Aramendy, educador, agroecológico y fundador de la Tecnicatura Superior de Agroecología de Misiones.
Enfático, Aramendy llamó a la reflexión sobre la “poca información que se brinda desde Agricultura Familiar de la Nación sobre el proyecto” de plantar aquí 250 mil hectáreas de maíz transgénico, y ratificó que ello no resuelve ni el hambre ni la pobreza. “¿Por qué creen que los funcionarios que defienden este proyecto no hablan de los agrótoxicos que sí o sí hay que usar si se planta ese maíz en Misiones? ¿Por qué no hablan los funcionarios públicos de cómo queda el suelo y el agua cuando se aplica el paquete tecnológico que trae este proyecto? Hablan si de rendimiento, y nosotros le contestamos: la realidad de los cultivos transgénicos, basada en las estadísticas oficiales de Estados Unidos – el mayor productor de estos cultivos a nivel global–muestran que los tansgénicos han tenido menor productividad por hectárea que las semillas que ya estaban en el mercado, y que han significado un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos”, reveló.
“Por eso decimos que el que está a favor del maíz transgénico está en contra de los pequeños agricultores y también está en contra de la biodiversidad, de todas las formas de vida, y en este caso es más grave aún porque el que lo promueve es el propio Gobierno nacional. Acá no hay nada que experimentar; en todos los lugares donde se usó este tipo de semillas, el “rendimiento” fue para las corporaciones y las pérdidas para los agricultores”, indicó Aramendy.
Para Aramendy, “el modelo que la provincia de Misiones impulsa a través de la Secretaria de Agricultura Familiar es el que hoy más contiene y cuida al agricultor, y es el que consideramos debe ser profundizado porque es un modelo donde la gente importa, donde todos los seres vivos importan, donde se puede desarrollar la economía social”, y renglón seguido pidió “la urgente aplicación de acciones por parte del Instituto Misionero del Suelo, la Ley provincial de prohibición del glifosato y leyes ambientales, más presupuesto para Agricultura Familiar y reincorporación de trabajadores despedidos del área, expertos en cultura capesina y en agroecología (algunos con 25 años de antigüedad), y medidas que defienden la diversidad de semillas”.
Misiones “tiene una base sólida con normas y experiencias agroecológicas, pero debe fortalecerla, perfeccionar los métodos para producir salud y belleza, como dice Ernst Friedrich Schumacher en su libro Lo Pequeño es Hermoso, o sea ‘economía con rostro humano’”, agregó.
El experto en agroecología y referente en la región del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, hizo referencia a las políticas agrícolas que desde el Gobierno nacional se avala mediante el convenio entre la secretaria de Agricultura Familiar de la Nación y Maizar. “Para saber qué es y quienes integran Maizar alcanza con visitar su página web: están donde todas las empresas del sector de agronegocios y agrotóxicos”, manifestó. “Pero el problema mayor–continuó- no son estas empresas, el problema es un Gobierno que juega a favor de esa empresas. Y la prueba de ello es la siguiente: la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) que funciona en el ámbito de la secretaría de Agroindustria de la Nación y es el espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina, está integrada por Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, Aapresid, Aacrea, según denunció hace poco tiempo el diario Página 12. O sea: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que aprueban la presencia de esas semillas y venenos en nuestros suelos, y este Gobierno es un gobierno para estas empresas”.
Otro dato, expresó, es que “en diciembre del año pasado conocíamos que el Gobierno aprobó la papa y el trigo transgénico para consumo masivo, con todo lo que esto implica; son nuestras materias primas, nuestros alimentos emblemas con sello de transgénico. Ya en el 2006 el Parlamento Andino (órgano deliberativo que integran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica, resaltando la inestabilidad del cultivo y alertando que una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”.
Finalmente, Aramendy recordó que “los agricultores de Misiones tienen experiencias exitosas con el cultivo de variedad de semillas de maíz tradicional”, y en ese marco preguntó: “ ¿por qué cambiarían por un programa que no les asegura sustentabilidad? ¿Por qué los funcionarios del Gobierno de la Nación no informan públicamente, primero, detalles del programa y luego qué riesgos sociales y ambientales abarca ese programa? ¿Saben nuestros productores por ejemplo que esas semillas transgénicas son patentadas y no las pueden guardar para una próxima cosecha, lo que los obliga a volver a comprarlas para sembrar? Y saben que los mismos que tienen esas semillas también son los dueños de los venenos que sí o sí deberán usar para que la planta crezca bien y tenga ese rendimiento prometido?”.

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