El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), que conduce Daniel Scioli, adjudicó un contrato por USD 148.000 a la firma Ronda 360 S.R.L., controlada por Stefano Di Carlo, para realizar servicios de prensa turística en Brasil, Chile y México. La operación, formalizada mediante la Orden de Compra N° 20/2025, vuelve a poner bajo análisis el esquema de contratación de campañas de posicionamiento internacional en medio del ajuste fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La contratación se concretó a través de una Compulsa Abreviada por Monto Internacional, mecanismo que permite acelerar procesos administrativos para contrataciones específicas. Según la documentación oficial, el expediente recibió solo dos ofertas: la de Ronda 360 y la de la española Corporación Comunicación Barceló y Asociados S.L.

La empresa vinculada a Di Carlo terminó imponiéndose con una propuesta de USD 148.000, apenas USD 2.000 por debajo de la oferta competidora. Además, solicitó un anticipo financiero del 15%, una condición que quedó incorporada en la estructura contractual.

Aunque el monto resulta menor frente a otras contrataciones estatales, el caso adquiere relevancia por varios factores simultáneos: la cercanía política y empresarial de Di Carlo dentro del ecosistema deportivo y mediático; la utilización de fondos públicos en plena política de austeridad; y la lógica de contratación de servicios intangibles vinculados a comunicación y posicionamiento internacional.

El INPROTUR justificó la adjudicación asegurando que la Comisión Evaluadora consideró la propuesta “más conveniente” tanto en términos técnicos como económicos y destacó que no existieron impugnaciones.

Sin embargo, detrás de la formalidad administrativa aparece un interrogante cada vez más recurrente dentro del mercado turístico y publicitario: cuánto valor real generan este tipo de campañas de prensa tercerizadas y cómo se mide el retorno efectivo para el país.

El negocio de la “prensa turística” y el costo por impacto

El pliego licitatorio establece metas mínimas precisas para los tres mercados: 2 notas mensuales por país; 8 menciones mensuales por mercado; entrevistas bimestrales; reportes de performance; y certificación mensual para habilitar pagos. Traducido financieramente, el esquema deja cifras llamativas: USD 24.667 mensuales; USD 4.111 por nota publicada; y más de USD 1.000 por cada mención obtenida.

En términos de comunicación institucional, el modelo responde a una lógica global de “prensa por resultados”, donde agencias especializadas buscan instalar destinos turísticos en medios internacionales segmentados.

Pero en la Argentina actual, donde el Gobierno convirtió el discurso del ajuste en bandera política, el contrato expone una contradicción inevitable: mientras se recortan subsidios, obra pública y transferencias provinciales, continúan vigentes estructuras de promoción internacional financiadas por el Estado.

El trasfondo económico no es menor. El turismo receptivo se transformó en uno de los sectores estratégicos para captar dólares genuinos en un contexto donde el Ejecutivo necesita fortalecer reservas y sostener el equilibrio cambiario.

Allí aparece la lógica detrás del gasto del INPROTUR: posicionar Argentina en mercados regionales de alto flujo turístico como Brasil, Chile y México.

El problema es que el sector atraviesa una paradoja estructural. Mientras el Gobierno busca promocionar el país hacia afuera, la apreciación cambiaria y el atraso relativo del dólar encarecen los costos turísticos internos y reducen competitividad frente a destinos vecinos.

Esa tensión ya preocupa particularmente a provincias del NEA y del litoral turístico, donde el movimiento fronterizo con Brasil y Paraguay impacta directamente sobre comercio, hotelería y gastronomía.

River, política y negocios

La figura de Stefano Di Carlo agrega otra capa de sensibilidad política. El dirigente, identificado como uno de los hombres fuertes de Club Atlético River Plate, controla societariamente Ronda 360 desde hace años y mantiene vínculos con campañas institucionales y monitoreo de pauta para empresas públicas y privadas.

Desde su entorno sostienen que la firma ya había trabajado anteriormente con INPROTUR y otros organismos turísticos, además de desarrollar campañas para destinos como Bariloche y para el Gobierno porteño.

No obstante, en el ecosistema político-empresarial argentino, las conexiones entre deporte, comunicación, consultoría y contratación pública suelen convertirse rápidamente en terreno de disputa narrativa.

Más aún en un escenario donde el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la crítica a los privilegios del Estado y a las estructuras tradicionales de intermediación.

La adjudicación no parece representar un problema fiscal relevante para el Tesoro nacional. Pero sí funciona como síntoma político.

Expone cómo incluso bajo una administración libertaria persisten mecanismos clásicos de contratación estatal ligados a consultoría, comunicación y posicionamiento de marca.

Y revela algo más profundo: que el turismo continúa siendo visto por el Estado argentino como una herramienta geopolítica para conseguir divisas, sostener consumo y proyectar influencia regional, aun en tiempos de motosierra.