La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley, con el voto de los diputados del oficialismo y agrupaciones opositoras, el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación, ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte, y aprobó el proyecto que establece la obligatoriedad de digitalización y acceso a las historias clínicas.

En la última jornada del período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional, la iniciativa cosechó 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos (FdT), el Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la izquierda; mientras que el rechazo al proyecto reunió 107 sufragios de Juntos por el Cambio (JxC), y las dos agrupaciones de derecha: La Libertad Avanza, que conduce Javier Milei, y Avanza la Libertad, del liberal José Luis Espert.

La sesión, conducida por la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau, contó con la presencia en los palcos de invitados de la directora del Anses, Fernanda Raverta; de organizaciones de jubilados y jubiladas, de la CGT, y de sindicatos vinculados al sistema previsional.

Tras la votación, los afiliados de los gremios que estaban en los palcos y los diputados del FdT festejaron la sanción y se pusieron a cantar la marcha peronista, ante la queja de los legisladores de JxC.

El proyecto, cuya autoría corresponde a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

En el artículo 3 se estableció que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008, inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago, y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

La sesión se realizó un día antes de la Asamblea Legislativa que será encabezada por el presidente Alberto Fernández y dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias.

Tras la sanción de la moratoria previsional, el plenario legislativo aprobó el proyecto que establece de manera obligatoria que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

En el cierre del debate del proyecto de moratoria previsional, el diputado y líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, indicó que la ley está dirigida a “800 mil argentinos y argentinas que van a poder pelear mejor el día a día” y aseguró que “ningún jubilado genera déficit fiscal, sino que son personas en las que el Estado invierte”.

En referencia a la acusación de parte de la oposición de que se trataba de un proyecto de tinte electoral, expresó: “Entendemos que en esas 800.000 personas que se pueden jubilar, obviamente hay personas que eligen votar diferentes opciones políticas. Sería tonto pensar que van a votar al FdT por esta ley, seria subestimar a la gente”.

Por su parte, el presidente del bloque del FDT, Germán Martinez, dijo que “el camino del Plan de Pago Previsional es un camino que todavía ofrece alternativas, este proyecto es un paso modesto pero muy importante para seguir avanzando”.

El debate sobre el proyecto de moratoria previsional fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien destacó que “del total de jubilados que hay en la Argentina, 65% lo hicieron con una moratoria y gracias a eso hoy el 95% en condiciones de hacerlo están jubilados”.

“En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación”, aseveró.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (FdT), dijo que el proyecto tiene “un espíritu solidario” ya que el hecho de que “9 de cada 10 mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido también responsables de esa crisis del sistema”.

La obligación de la dirigencia política es “dar una solución y eso es lo que hicieron los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde cuando presentaron el proyecto que se trabajó intensamente con la directora de Anses, Fernanda Raverta, que está en el recinto y se puso al hombro la militancia de este proyecto”, añadió.

Desde la oposición, el autor del dictamen de minoría, Alejandro Cacace, señaló que “no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene”, y explicó su propuesta de que la jubilación se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.

En tanto, la exgobernadora María Eugenia Vidal afirmó que “difícilmente cuidemos a nuestros jubilados si los seguimos endeudando a costa de ellos”.

Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, indicó que “planteamos un acompañamiento a este plan de pagos y también exigimos políticas eficaces para que crezca el trabajo de calidad, con descuento jubilatorio”.

Por su parte, el diputado de Juntos por Rio Negro, Agustín Domingo, dijo que “hay que eliminar el requisito de tener que acreditar los 30 años de aportes, porque hay trabajadores que tienen 10 o 15 años de aporte, que les correspondería cobrar de jubilación un beneficio mayor que la mínima”.

A su vez, la legisladora del FIT-U Romina del Plá afirmó que “esta moratoria solo resuelve una parte del problema, por eso vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82 por ciento, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras”.

Desde la derecha, el diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que “Argentina es un deudor quebrado, para poder pagar la deuda se necesita tener un superávit primario fiscal positivo y acá seguimos con uno negativo”.

Tras la aprobación del proyecto, Raverta expresó que “había una dificultad para estas personas que cumplían la edad de jubilarse, a nosotros nos gusta resolver problemas y en eso estamos”.

“Había 800 mil personas que tenían esa dificultad y hoy se dio un paso importante en el Congreso; por lo que se pueden ir preparando para iniciar el trámite, para acercarse a nuestras oficinas”, señaló durante una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos, inmediatamente después de la aprobación de la ley.

La sesión especial se inició cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados -el número exacto para el quórum reglamentario- entre los cuales 117 pertenecen al Frente de Todos (FdT), cuatro al Frente de Izquierda, misma cantidad al Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro al interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando ‘Topo’ Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).

En tanto, la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) bajó al recinto una vez que el oficialismo reunió el quórum.

La sesión se inició con la jura como diputado nacional del PRO de Gabriel Mraida, actual presidente del Instituto de la Vivienda porteño, que asumió en reemplazo de Waldo Wolff, designado secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diciembre pasado.

En el inicio de la sesión se presentaron 12 cuestiones de privilegio, se hicieron tres homenajes y se trataron tres apartamientos de reglamento, y se produjo una polémica cuando se quiso desalojar de los palcos al sindicalista Carlos Ortega, que representa al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), que diseñó los carteles contra los legisladores opositores que no habían dado quórum en las sesiones de diciembre.

También hubo una polémica entre el oficialismo y la oposición sobre el juicio político a la Corte Suprema, cuando el FdT rechazó las acusaciones de Juntos por el Cambio acerca del desarrollo de la investigación sobre la conducta de los cuatro jueces del alto tribunal.

Diputados convirtió en ley proyecto de digitalización de las historias clínicas

La Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría y convirtió en ley el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

La iniciativa, sancionada hace dos años en el Senado, sumó el respaldo de 227 diputados, en tanto que dos se expresaron en contra y se registraron 28 ausencias.

Durante el debate, la socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Salud, señaló: “Este programa tiene por objetivo final que todas las provincias, y que todos los subsistemas tengan accesibilidad segura y confiable de nuestra historia clínica, pero por sobre todo que cada uno de nosotros y nosotras podamos disponer de ella”.

Por su parte, el oficialista Daniel Gollán, expresó: “En Argentina por año se procesan 150 millones de consultas ambulatorias, teniendo en cuenta solo al sector público, porque lamentablemente el sector privado no informa y no está conectado con las estadísticas”.

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero no se pudo tratar debido a que Juntos por el Cambio no dio quórum para habilitar la sesión del 21 de diciembre, y si no se convertía en ley mañana perdía el estado parlamentario.

La propuesta crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.

A lo largo del proyecto se fija que en el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social.

Se establece además que deberá contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, señala el proyecto.

Otro punto de esta propuesta fija que el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas garantiza a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a este que la consulta de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado.

El proyecto establece que el Gobierno nacional debe poner en funcionamiento este sistema donde se deberá organizar la implementación de este programa en conjunto con las provincias y el distrito porteño.

También la autoridad de aplicación deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas del sistema de salud de la República Argentina.

Y tendrá que elaborar un protocolo de carga de historias clínicas, así como diseñar e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales.

Además, proveer la asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir los objetivos de esta ley.

About The Author