Sabrina es empleada doméstica. Trabaja en cinco hogares, pero solo está registrada en dos. No se trata de un caso aislado.

En Argentina, solo el 20 % de las trabajadoras de casas particulares, que son más de 1.2 millones, posee un empleo formal. Como les sucede a ellas, todas las personas que están en la informalidad trabajan en malas condiciones, con salarios bajos y largas jornadas, sin acceso al sistema de protección social, entre más privaciones.

El empleo formal mejora la vida de las personas: reconoce sus derechos y genera oportunidades de crecimiento. También beneficia a las empresas que lo promueven.En este escenario, la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina lanzó “#Formalicemos”, una campaña de sensibilización pública para concientizar sobre la necesidad de promover el empleo registrado como condición fundamental para el trabajo decente.

Además del servicio doméstico, la economía informal tiene peso en otros sectores del país, como la construcción, la agricultura y ganadería, la industria textil, el turismo y la gastronomía. El 45 % de las y los trabajadores de Argentina son informales, lo que significa que más de 8 millones de personas están ocupadas, pero en condiciones de vulnerabilidad.

Para la trabajadora doméstica que protagoniza una de las historias en la campaña #Formalicemos, fue todo un logro que la reconocieran formalmente en dos de las cinco casas donde trabaja. “Hay un montón de derechos, pero es todo nuevo”, dijo Sabrina, quien consiguió trabajo formal mediante una plataforma que gestiona servicios de cuidado.

Cuando comenzó a recibir los beneficios del empleo formal, entendió que podía acceder a una obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y otros derechos fundamentales del trabajo.

En Argentina, un hito fue la ley 26.844 de 2013, que reglamentó la actividad y equiparó los derechos a los garantizados por la Ley de Contrato de Trabajo. Por otro lado, la parte empleadora tiene la posibilidad de descontar del impuesto a las ganancias una parte del salario de las empleadas domésticas. Con estas dos iniciativas, ya hay una suba importante de la formalidad, que en 2003 era sólo el 6%.

“En este contexto -y fundamentalmente a partir de la pérdida de empleo durante la pandemia- se implementa el programa Registradas. La iniciativa consiste en que durante seis meses el Estado se hace cargo del 50% del salario de la trabajadora, incentivo que puede extenderse en el caso de personas trans, personas con discapacidad o en el caso que tengan hijos con discapacidad, entendido que son casos de mayor vulnerabilidad.

Desde el 28 de septiembre de 2021, fecha de inicio del programa, hasta el mes de diciembre de 2022 inclusive, se recibieron un total de 27.688 solicitudes de ingreso, de las cuales 22.100 se convirtieron en titulares del programa. Además, el 82% de esas relaciones laborales continuaron una vez finalizado el mismo. Y más allá del programa, en paralelo también se dio un aumento del registro de empleadas de casas particulares”, señalan desde Grow.

Pensando en esta problemática desde una perspectiva regional -en donde, en promedio, hay un 78% de informalidad-, México está entre los países con mayores índices de informalidad (97%). “Allí, a fines del 2022 se puso en marcha un proceso que obliga a la parte empleadora a dar de alta a sus empleadas (que suman 2.3 millones en el país).

El caso de Uruguay es interesante, ya que es el país de la región con la tasa más alta de formalidad (70%). Fue el primer país en el mundo en ratificar el convenio 189 de la OIT, un instrumento que tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal doméstico.

 Algunos años antes, en 2006, ya había sancionado una ley modelo en los derechos que otorgaba al personal doméstico. En el cumplimiento de la ley, tuvo importancia el Sindicato único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay”, explican desde Grow.

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