ADORNI

El lapidario informe de Financial Times sobre Milei: “Escándalos y desaceleración económica”

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El Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo, publicó este martes 5 de mayo de 2026 un duro informe sobre el Gobierno de Javier Milei, marcando que el Presidente está “golpeado por escándalos y desaceleración económica”.

La noticia publicada por diario británico, que se autodefine por la defensa del liberalismo económico, el libre comercio y la globalización, fue replicada por medios de todo el mundo.

El Financial Times describe un escenario de creciente desgaste político y económico para el gobierno de Javier Milei, marcado por escándalos, tensiones internas y una caída en la confianza pública.

Según el medio británico, una sesión parlamentaria que debía ser rutinaria se transformó en un fuerte cruce político, atravesado por la investigación contra el vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso dominó el debate y se sumó a una serie de controversias que impactan en la imagen del Gobierno.

En paralelo, el FT señala un deterioro en los indicadores de apoyo: la aprobación presidencial habría caído del rango medio del 40% en febrero a niveles cercanos al 30%, mientras que la confianza en la gestión acumula varios meses de retroceso, según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.

El factor económico aparece como clave en este cambio de clima. Aunque el Gobierno logró bajar la inflación desde niveles muy altos, persisten problemas como la caída de la actividad, la baja del consumo, el deterioro de los salarios reales y un desempleo en alza. Esto genera frustración en sectores que inicialmente apoyaban las reformas.

El informe también advierte que los escándalos vinculados a funcionarios -sumados a denuncias previas y tensiones dentro del propio oficialismo- afectan la credibilidad de una gestión que había prometido combatir la corrupción.

En este contexto, el Financial Times sostiene que el panorama político empieza a abrirse de cara al futuro: la oposición, aunque debilitada, intenta reorganizarse y algunos analistas ya no ven asegurada una eventual reelección en 2027.

En síntesis, el medio internacional plantea que el Gobierno enfrenta un momento complejo, donde los avances económicos conviven con un creciente malestar social y un impacto político derivado de las polémicas recientes.

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El Gobierno denuncia a Tailhade por “espionaje ilegal”

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El Gobierno de Argentina formalizó una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto “espionaje ilegal”, tras su intervención en la Cámara de Diputados donde detalló aspectos de la vida cotidiana de la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El planteo oficial sostiene que esa información habría sido obtenida mediante “medios ilegítimos” y que su difusión implica un riesgo para la seguridad.

El episodio se originó durante el informe de gestión presentado por Adorni, cuando el legislador cuestionó el uso de custodia policial para la esposa del funcionario, incluyendo referencias a actividades y desplazamientos personales. La reacción del Ejecutivo fue inmediata: denunció una posible actividad de inteligencia ilegal y avanzó en el plano judicial.

Inteligencia, seguridad y límites del control político

La denuncia introduce un eje sensible en el funcionamiento institucional: la frontera entre control parlamentario y acceso a información privada. El Gobierno plantea que la obtención y exposición de datos personales vinculados a la custodia de un alto funcionario puede configurar una vulneración de la seguridad y del orden institucional.

En el escrito, se advierte que la recopilación de ese tipo de información “amerita ser investigada” por los riesgos que implicaría para la seguridad nacional, especialmente cuando involucra a funcionarios con capacidad de incidir en decisiones estratégicas.

Judicialización de un cruce político en el Congreso

El conflicto pasa de la arena parlamentaria al ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que el diputado habría accedido a información sensible por vías no legítimas, mientras que el propio Tailhade anticipó que presentará sus elementos ante la Justicia.

El eje de la acusación no es solo la crítica política sino el origen de los datos utilizados y su nivel de detalle, particularmente en lo referido a la logística de seguridad.

Desde una lectura de poder, la denuncia fortalece la posición del Ejecutivo en el plano discursivo al encuadrar el episodio como una amenaza institucional, mientras que coloca a la oposición en una posición defensiva respecto al origen de la información utilizada en el debate parlamentario.

Al mismo tiempo, el caso expone una escalada en el conflicto político: el oficialismo no solo responde en el terreno retórico sino que traslada la disputa a tribunales, elevando el costo institucional del enfrentamiento.

Debate sobre límites y responsabilidades

El episodio abre interrogantes sobre los límites del control legislativo y el uso de información en el ámbito público. La discusión gira en torno a qué tipo de datos pueden ser utilizados en el Congreso y bajo qué condiciones, especialmente cuando involucran aspectos de la vida privada de funcionarios.

La denuncia también introduce el concepto de posible afectación a la seguridad, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano político.

Si bien el caso se desarrolla en el ámbito nacional, su resolución puede sentar precedentes sobre el uso de información en la política argentina. Esto podría tener impacto indirecto en todas las jurisdicciones, incluyendo provincias del NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición replican dinámicas de confrontación.

Investigación judicial y escalada política

El proceso judicial será clave para determinar si existieron los “medios ilegítimos” mencionados por el Gobierno. En paralelo, el conflicto político continúa abierto, con ambas partes sosteniendo sus posiciones.

Las variables a observar serán el avance de la causa, la presentación de pruebas y la evolución del debate público sobre los límites entre control político, privacidad y seguridad.

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Correo interno demostraría que adjudicación a la esposa de Sturzenegger estuvo “direccionada”

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Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante.

Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada.

Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección.

El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación.

Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.

La contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

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Una “cascada” de corrupción

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En la Argentina donde la transparencia se declama como dogma y la “casta” funciona como chivo expiatorio universal, las incomodidades ya no vienen de afuera. Se acumulan adentro. Y lo hacen con una lógica que preocupa: no como episodios sueltos, sino como una secuencia. Una “cascada”.

En el centro aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No por su rol público, sino por lo que surge de una declaración judicial reciente. Un contratista que habría realizado refacciones en la casa que el funcionario posee en Exaltación de la Cruz, declaró en calidad de testigo —con la obligación legal de decir verdad— que los trabajos se habrían pagado sin facturación por una suma cercana a los 245 mil dólares.

El mismo testigo sostuvo además que recibió un llamado del propio Adorni para “orientar” su declaración. La gravedad de esa afirmación no está en la adjetivación, sino en el hecho de haber sido realizada ante la Justicia. Corresponderá al expediente confirmar o descartar cada punto. Pero el estándar democrático es claro: cuando hay una declaración formal de este tenor, lo mínimo exigible es una explicación pública precisa.

Hasta ahora, no aparece.Como no viene apareciendo en todo lo relacionado a los gastos exorbitantes que salen a la luz desde que Adorni subió a la mujer al avión presidencial en el “famoso viaje” a EEUU.

El problema es político antes que judicial. Porque el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de ser distinto: “la moral como política de estado”. Sin embargo, diferentes episodios empiezan a tensionar ese relato: el caso $Libra, que implica directamente al Presidente de la Nación y las denuncias sobre presuntos retornos en la ANDIS que involucran a Karina Milei, forman parte de un mismo clima de época.

No hace falta una condena para que exista un costo. Alcanza con la falta de respuestas.

Porque cuando ante una declaración judicial se responde con silencio o descalificación, el mensaje que queda no es de fortaleza es evasión. Y cuando eso se repite, la excepción empieza a parecer regla.

Incluso en los detalles aparece la anécdota que pega fuerte. En los papeles que presentó el contratista que hizo las obras en la casa de Indio Cua, se menciona la construcción de una cascada en la pileta de natación por la que se habrían pagado unos 3.500 dólares. Un dato menor en lo económico, pero significativo en lo simbólico.

No prueba nada por sí solo. Pero dialoga con el resto.

Porque cuando los indicios se acumulan, cuando las explicaciones faltan y cuando el discurso y los hechos empiezan a correr por carriles distintos, lo que se erosiona no es solo una figura.

Es la credibilidad.

Y cuando la credibilidad cae, ya no alcanza con señalar a “la casta”, ni con subir el tono en una conferencia, ni con buscar enemigos externos (los “kukas”, siempre los “kukas”).

Porque el problema deja de ser el relato.

Y pasa a ser la realidad. O la “cascada” que como las del Iguazú cuando el río suena, trae más agua de la que se espera.

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El contratista de las refacciones en la casa del country Indio Cuá dijo que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo

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Uno de los aspectos que investiga el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, es el origen de los fondos que Manuel Adorni aplicó a la compra de la casa del barrio privado Indio Cuá. Se pidió información respecto de los gastos mensuales de expensas, el costo de ingreso y también de las obras de refacción que realizó el funcionario. Para reforzar este punto, el fiscal citó a declaración testimonial a Matías Tabar, el constructor a cargo de los trabajos. El testigo comenzó a declarar pasadas las 11, y su exposición fue sorprendente: dijo que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que le tomó entre siete y nueve meses de tiempo.

En ese lapso, el jefe de Gabinete alquiló otra casa en el mismo barrio, por un total de 13.000 dólares. El constructor Tabar llevó a la fiscalía toda la documentación referida a su trabajo.

El interrogante central de este expediente es lograr reconstruir los movimientos financieros de Adorni y su grupo familiar y si los mismos se condicen -o no- con los ingresos correspondientes a un funcionario público y con patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Sobresale en la compra de inmuebles un común denominador: la utilización de hipotecas privadas y posterior escrituración. También la actuación de la escribana Adriana Nechevenko.

La casa del barrio privado de Exaltación de la Cruz Indio Cuá se compró gracias a un préstamo privado que consiguió la escribana, por un total de 100.000 dólares. A ese valor se le aplicó un interés del 11% anual y debe terminar de pagarse en noviembre de este año. A la fecha, el jefe de Gabinete devolvió 30.000 dólares.

Alrededor de esa propiedad hay una serie de interrogantes que el fiscal formuló como parte de la investigación y busca responder: ¿Cómo se realizó la operatoria? ¿Quién abonó las obras de refacción y de qué manera?

Para esclarecerlo, se citó para este lunes al contratista de la obra, Matías Tabar, y se le exigió que lleve a Comodoro Py los contratos, presupuestos, facturas y pagos. A la administración de Indio Cuá también se le pidieron papeles de gastos y pagos.

El contratista que realizó la refacción en la vivienda emplazada en el Lote 380 contó este lunes que el Jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo por todos los trabajos.

Cuando la escribana Nechevenko le consigue a Adorni y a Bettina Angeleti el préstamo por 100.000 dolares, ese mismo día la esposa del Jefe de Gabinete depositó el dinero en el Banco Galicia. Para concretar la operación inmobiliaria, la pareja aportó 20.000 dólares de su patrimonio.

Así, la compra y escritura de la propiedad en el barrio de Indio Cuá se realizó por un valor de 120.000 dólares. A ese número se le añade ahora, la refacción completa con un costo de 245.000 dolares.

Ante la justicia aportó el listado de los trabajadores que participaron de la obra, comunicaciones al respecto con Manuel Adorni y los valores finales de la obra. Pidió que entregue también los mensaje de Whatsapp con Adorni y su esposa.

La obra realizada en la casa de Adorni constó de: baños realizados a nuevo, toda la cocina, la galería tanto delantera como la de la parte trasera de la propiedad.

También según el detalle de las obras, se remodeló la piscina a la cual, además, dijo el contratista, se le añadió una cascada.

Una parrilla de grandes dimensiones y un horno contiguo a leña, conformaron los trabajos emprendido y concluido por Matías Tabar.

De todos los detalles de la refacción se dieron cuenta a través de facturas y documentos aportados por el testigo.

¿Cuánto movió en efectivo?

La lista de gastos se suman en la causa por presunto enriquecimiento ilícito: los 80.000 dólares aplicados a los tres inmuebles adquiridos por Manuel Adorni y Bettina Angeletti (su esposa), los 4.800 dólares que costó el viaje de ida a Punta del Este en un vuelo privado, los 5.140 dólares con los que se cubrieron los gastos de la pareja del funcionario en su viaje de regreso de Nueva York a Buenos Aires, los 5.800 que se pagaron en efectivo para realizar el viaje a Aruba el 29 de diciembre de 2024 y los 8.900 en hotelería en dicho destino.

En poco más de un año, el Jefe de Gabinete -hasta la semana pasada- movilizó 104.640 dólares. Hasta el momento, según indicaron fuentes judiciales a Clarín“no hay respaldo documental de esos movimientos en efectivo”. La pregunta que subyace es “¿de dónde obtuvo Adorni los dólares que utilizó para pagar gastos en efectivo?”. Es justamente, lo que busca responder la fiscalía a través de una serie de medidas de prueba.

A los 104.640 dólares, ahora se suman 245.000 dolares que según el testigo Matías Tabar, Adorni le pagó en efectivo por las refacciones realizadas en la vivienda de Indio Cuá.

En la ampliación de la denuncia, se consignó que además de alquilar de manera temporaria una vivienda de fin de semana en el Country Indio Cuá, Adorni y Angeletti “habrían llevado adelante en paralelo la reconstrucción de una vivienda propia de dos plantas, de color gris verdoso, ubicada en el mismo emprendimiento, a aproximadamente 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf”.

Sobre el Lote 380 del barrio privado Indio Cua el fiscal pidió información a la administración del barrio privado. Les ordenó que le entreguen el detalle sobre cómo se pagó el ingreso al country, que asciende a 5.000 dólares. También les pidió los detalles de cómo se abonan las expensas y a nombre de quién figuran. El monto de las expensas es de 700.000 pesos y están a nombre de Angeletti.

La compra de Indio Cuá

Una de las líneas de investigación que lleva adelante el fiscal Pollicita busca determinar el valor real de esa propiedad para así poder establecer las comparaciones pertinentes: ¿figura en la declaración jurada del Jefe de Gabinete? ¿Los valores de mercado condicen con los consignados en la declaración patrimonial?

En el dictamen el Ministerio Público Fiscal se volcó la siguiente información: “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875 dólares, con valores que oscilan entre 129.000 y 249.000 dólares dependiendo de la superficie y ubicación del lote”.

Una vez más, la pregunta recurrente y conduce la investigación, es si Adorni puede justiciar la adquisición de la propiedad y las obras realizadas en la misma con sus ingresos como funcionario público, teniendo en consideración otros movimientos de fondos.

Del préstamo de 100.000 dólares, el Jefe de Gabinete ya devolvió 30.000 ¿Ese dinero de dónde provino? ¿Está declarado? Es lo que busca saber el fiscal Pollicita.

Junto con ello, hay que recordar que aún debe cancelar 70.000 dólares por la casa en Indio Cuá, pero en simultáneo adquirió el departamento de Caballito con una hipoteca privada de 200.000 dólares, sobre los cuales sumaron de su patrimonio -Adorni y Angeletti-, 30.000 dólares más.

La diferencia de ese préstamos privado es que no tiene intereses aplicados y debe devolverse en noviembre de este año.

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