mié. Sep 23rd, 2026

ADORNI

Pese a que Adorni negó pagos a la productora de Grandio, los registros muestran transferencias mensuales

By Redacción Economis 5 meses ago
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La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa y en estas últimas horas se dio a conocer que la productora Imhouse perteneciente a su amigo y periodista Marcelo Grandio, cobró $3.012.900 por la emisión del programa ‘Enredados‘, que conduce el empresario, y que se difundió por el streaming que tiene la TV Pública, a partir de septiembre del año pasado.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandío en avión privado desde Punta del Este.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pago realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno“.

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro, conducido por Grandio y Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Gradio con el Estado y losviajes en jet privado al exterior.  

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

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Con Milei, las prepagas aumentaron el doble que la inflación

By Economis Redacción 5 meses ago
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Más de 10 millones de argentinos dependen exclusivamente del sistema de salud público, según datos actualizados al segundo trimestre de 2025. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre la base de información del INDEC, revela un fuerte impacto en el sector de la salud privada tras más de dos años de gestión del presidente Javier Milei.
Desde diciembre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2025, las cuotas de medicina prepaga acumularon un aumento del 417%, mientras que la inflación general del mismo período alcanzó el 293%. En paralelo, 742.000 personas perdieron su cobertura de salud privada y pasaron a depender íntegramente del sistema público.

Caída en la cobertura privada
De acuerdo con el estudio, la proporción de la población con alguna cobertura (obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia) cayó de 67,5% en el segundo trimestre de 2023 a 65,4% en el mismo período de 2025, una baja de 2,1 puntos porcentuales.
Como consecuencia, la cantidad de personas que solo cuentan con el sistema público de salud aumentó de 9.551.000 a 10.293.000. Este crecimiento se explica principalmente por la pérdida de 206.000 empleos registrados desde noviembre de 2023, lo que redujo el acceso a obras sociales, y por el fuerte incremento de las cuotas de prepagas, que superaron ampliamente la evolución de los salarios y la inflación acumulada.

Impacto en familias y empresas
Para las familias cordobesas y de todo el país, el encarecimiento de los planes de salud privada representa una presión adicional sobre el presupuesto mensual. Muchas empresas, especialmente pymes de Córdoba con beneficios de salud para sus empleados, enfrentan mayores costos o la necesidad de revisar estos beneficios ante la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos.
El sector de la medicina prepaga es un importante empleador y prestador de servicios en la región. Sin embargo, el traslado de población hacia el sistema público genera mayor presión sobre hospitales y centros de salud provinciales y municipales, que ya enfrentan desafíos de financiamiento.

El contexto
El informe del IAG destaca la paradoja de una gestión que buscó achicar el Estado para potenciar el sector privado, pero que en materia de salud terminó aumentando la dependencia del sistema público. Este fenómeno se da en un escenario de ajuste fiscal, recuperación gradual del empleo formal y esfuerzos por contener la inflación.
En los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026, los aumentos de las prepagas se han moderado y en varios casos se ubican en línea o por debajo de la inflación mensual, según reportes de la Superintendencia de Servicios de Salud. No obstante, la fuerte suba acumulada desde finales de 2023 sigue pesando en la decisión de muchas familias de mantener o abandonar sus planes privados.
El crecimiento de la demanda sobre el sistema público también coincide con reclamos de financiamiento en hospitales universitarios y centros de alta complejidad. Directores médicos de hospitales de la UBA advirtieron recientemente sobre las dificultades para sostener la atención sin recursos adecuados.
Para el empresariado cordobés, especialmente en sectores industriales, agroindustriales y de servicios, este escenario plantea la necesidad de repensar las estrategias de beneficios para empleados. Algunas compañías evalúan alternativas como planes corporativos más accesibles, convenios con obras sociales o esquemas de copago.

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Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada y crece el conflicto dentro del Gobierno

By Redacción Economis 5 meses ago
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La senadora Patricia Bullrich salió a marcar distancia dentro del oficialismo y pidió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa al funcionario y que ya genera tensión dentro del Gobierno nacional.

En declaraciones al periodista Eduardo Feinmann por A24, Bullrich sostuvo que no tiene sentido esperar hasta el cierre formal del plazo legal si el propio Adorni aseguró públicamente que puede justificar sus gastos y patrimonio.

“El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Dijo que tiene una explicación a los gastos que hizo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato”, afirmó la legisladora.

La referente libertaria fue todavía más explícita al reclamar celeridad: “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla”. Según Bullrich, la demora sólo profundiza el desgaste político y termina afectando a toda la administración de Javier Milei.

“Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana”, advirtió.

Bullrich remarcó además que la rapidez y la contundencia son claves para evitar un mayor daño político. “Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre. Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, sostuvo.

La senadora evitó anticipar cuál debería ser la decisión presidencial sobre el futuro del funcionario y dejó esa definición en manos de Milei. Sin embargo, señaló que una vez presentada la documentación patrimonial, será el Presidente quien deberá evaluar los pasos a seguir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, afirmó.

El caso Adorni ya lleva casi dos meses y dentro de la Casa Rosada admiten que el impacto político fue mayor al inicialmente previsto. Según trascendió, en Balcarce 50 reconocen una caída superior a los diez puntos en la imagen presidencial, especialmente dentro del núcleo duro libertario, además de un aumento en los niveles de rechazo hacia el oficialismo.

Algunas mediciones relativizan ese retroceso y lo ubican entre siete y ocho puntos, tomando como referencia trabajos previos del consultor Jorge Giacobbe. Sin embargo, en el oficialismo también observan un deterioro específico en la imagen de Adorni, que internamente ubican en torno al 23 por ciento.

Pese a la controversia, el ex vocero presidencial mantiene agenda pública activa y continuará con apariciones mediáticas en los próximos días, mientras el Gobierno intenta contener el costo político de una causa que dejó de ser un problema judicial individual para transformarse en un factor de desgaste para toda la administración libertaria.

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El lapidario informe de Financial Times sobre Milei: “Escándalos y desaceleración económica”

By Redacción Economis 5 meses ago
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El Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo, publicó este martes 5 de mayo de 2026 un duro informe sobre el Gobierno de Javier Milei, marcando que el Presidente está “golpeado por escándalos y desaceleración económica”.

La noticia publicada por diario británico, que se autodefine por la defensa del liberalismo económico, el libre comercio y la globalización, fue replicada por medios de todo el mundo.

El Financial Times describe un escenario de creciente desgaste político y económico para el gobierno de Javier Milei, marcado por escándalos, tensiones internas y una caída en la confianza pública.

Según el medio británico, una sesión parlamentaria que debía ser rutinaria se transformó en un fuerte cruce político, atravesado por la investigación contra el vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso dominó el debate y se sumó a una serie de controversias que impactan en la imagen del Gobierno.

En paralelo, el FT señala un deterioro en los indicadores de apoyo: la aprobación presidencial habría caído del rango medio del 40% en febrero a niveles cercanos al 30%, mientras que la confianza en la gestión acumula varios meses de retroceso, según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.

El factor económico aparece como clave en este cambio de clima. Aunque el Gobierno logró bajar la inflación desde niveles muy altos, persisten problemas como la caída de la actividad, la baja del consumo, el deterioro de los salarios reales y un desempleo en alza. Esto genera frustración en sectores que inicialmente apoyaban las reformas.

El informe también advierte que los escándalos vinculados a funcionarios -sumados a denuncias previas y tensiones dentro del propio oficialismo- afectan la credibilidad de una gestión que había prometido combatir la corrupción.

En este contexto, el Financial Times sostiene que el panorama político empieza a abrirse de cara al futuro: la oposición, aunque debilitada, intenta reorganizarse y algunos analistas ya no ven asegurada una eventual reelección en 2027.

En síntesis, el medio internacional plantea que el Gobierno enfrenta un momento complejo, donde los avances económicos conviven con un creciente malestar social y un impacto político derivado de las polémicas recientes.

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El Gobierno denuncia a Tailhade por “espionaje ilegal”

By Redacción Economis 5 meses ago
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El Gobierno de Argentina formalizó una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto “espionaje ilegal”, tras su intervención en la Cámara de Diputados donde detalló aspectos de la vida cotidiana de la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El planteo oficial sostiene que esa información habría sido obtenida mediante “medios ilegítimos” y que su difusión implica un riesgo para la seguridad.

El episodio se originó durante el informe de gestión presentado por Adorni, cuando el legislador cuestionó el uso de custodia policial para la esposa del funcionario, incluyendo referencias a actividades y desplazamientos personales. La reacción del Ejecutivo fue inmediata: denunció una posible actividad de inteligencia ilegal y avanzó en el plano judicial.

Inteligencia, seguridad y límites del control político

La denuncia introduce un eje sensible en el funcionamiento institucional: la frontera entre control parlamentario y acceso a información privada. El Gobierno plantea que la obtención y exposición de datos personales vinculados a la custodia de un alto funcionario puede configurar una vulneración de la seguridad y del orden institucional.

En el escrito, se advierte que la recopilación de ese tipo de información “amerita ser investigada” por los riesgos que implicaría para la seguridad nacional, especialmente cuando involucra a funcionarios con capacidad de incidir en decisiones estratégicas.

Judicialización de un cruce político en el Congreso

El conflicto pasa de la arena parlamentaria al ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que el diputado habría accedido a información sensible por vías no legítimas, mientras que el propio Tailhade anticipó que presentará sus elementos ante la Justicia.

El eje de la acusación no es solo la crítica política sino el origen de los datos utilizados y su nivel de detalle, particularmente en lo referido a la logística de seguridad.

Desde una lectura de poder, la denuncia fortalece la posición del Ejecutivo en el plano discursivo al encuadrar el episodio como una amenaza institucional, mientras que coloca a la oposición en una posición defensiva respecto al origen de la información utilizada en el debate parlamentario.

Al mismo tiempo, el caso expone una escalada en el conflicto político: el oficialismo no solo responde en el terreno retórico sino que traslada la disputa a tribunales, elevando el costo institucional del enfrentamiento.

Debate sobre límites y responsabilidades

El episodio abre interrogantes sobre los límites del control legislativo y el uso de información en el ámbito público. La discusión gira en torno a qué tipo de datos pueden ser utilizados en el Congreso y bajo qué condiciones, especialmente cuando involucran aspectos de la vida privada de funcionarios.

La denuncia también introduce el concepto de posible afectación a la seguridad, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano político.

Si bien el caso se desarrolla en el ámbito nacional, su resolución puede sentar precedentes sobre el uso de información en la política argentina. Esto podría tener impacto indirecto en todas las jurisdicciones, incluyendo provincias del NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición replican dinámicas de confrontación.

Investigación judicial y escalada política

El proceso judicial será clave para determinar si existieron los “medios ilegítimos” mencionados por el Gobierno. En paralelo, el conflicto político continúa abierto, con ambas partes sosteniendo sus posiciones.

Las variables a observar serán el avance de la causa, la presentación de pruebas y la evolución del debate público sobre los límites entre control político, privacidad y seguridad.

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