ADORNI

Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada y crece el conflicto dentro del Gobierno

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La senadora Patricia Bullrich salió a marcar distancia dentro del oficialismo y pidió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa al funcionario y que ya genera tensión dentro del Gobierno nacional.

En declaraciones al periodista Eduardo Feinmann por A24, Bullrich sostuvo que no tiene sentido esperar hasta el cierre formal del plazo legal si el propio Adorni aseguró públicamente que puede justificar sus gastos y patrimonio.

“El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Dijo que tiene una explicación a los gastos que hizo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato”, afirmó la legisladora.

La referente libertaria fue todavía más explícita al reclamar celeridad: “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla”. Según Bullrich, la demora sólo profundiza el desgaste político y termina afectando a toda la administración de Javier Milei.

“Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana”, advirtió.

Bullrich remarcó además que la rapidez y la contundencia son claves para evitar un mayor daño político. “Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre. Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, sostuvo.

La senadora evitó anticipar cuál debería ser la decisión presidencial sobre el futuro del funcionario y dejó esa definición en manos de Milei. Sin embargo, señaló que una vez presentada la documentación patrimonial, será el Presidente quien deberá evaluar los pasos a seguir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, afirmó.

El caso Adorni ya lleva casi dos meses y dentro de la Casa Rosada admiten que el impacto político fue mayor al inicialmente previsto. Según trascendió, en Balcarce 50 reconocen una caída superior a los diez puntos en la imagen presidencial, especialmente dentro del núcleo duro libertario, además de un aumento en los niveles de rechazo hacia el oficialismo.

Algunas mediciones relativizan ese retroceso y lo ubican entre siete y ocho puntos, tomando como referencia trabajos previos del consultor Jorge Giacobbe. Sin embargo, en el oficialismo también observan un deterioro específico en la imagen de Adorni, que internamente ubican en torno al 23 por ciento.

Pese a la controversia, el ex vocero presidencial mantiene agenda pública activa y continuará con apariciones mediáticas en los próximos días, mientras el Gobierno intenta contener el costo político de una causa que dejó de ser un problema judicial individual para transformarse en un factor de desgaste para toda la administración libertaria.

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El lapidario informe de Financial Times sobre Milei: “Escándalos y desaceleración económica”

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El Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo, publicó este martes 5 de mayo de 2026 un duro informe sobre el Gobierno de Javier Milei, marcando que el Presidente está “golpeado por escándalos y desaceleración económica”.

La noticia publicada por diario británico, que se autodefine por la defensa del liberalismo económico, el libre comercio y la globalización, fue replicada por medios de todo el mundo.

El Financial Times describe un escenario de creciente desgaste político y económico para el gobierno de Javier Milei, marcado por escándalos, tensiones internas y una caída en la confianza pública.

Según el medio británico, una sesión parlamentaria que debía ser rutinaria se transformó en un fuerte cruce político, atravesado por la investigación contra el vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso dominó el debate y se sumó a una serie de controversias que impactan en la imagen del Gobierno.

En paralelo, el FT señala un deterioro en los indicadores de apoyo: la aprobación presidencial habría caído del rango medio del 40% en febrero a niveles cercanos al 30%, mientras que la confianza en la gestión acumula varios meses de retroceso, según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.

El factor económico aparece como clave en este cambio de clima. Aunque el Gobierno logró bajar la inflación desde niveles muy altos, persisten problemas como la caída de la actividad, la baja del consumo, el deterioro de los salarios reales y un desempleo en alza. Esto genera frustración en sectores que inicialmente apoyaban las reformas.

El informe también advierte que los escándalos vinculados a funcionarios -sumados a denuncias previas y tensiones dentro del propio oficialismo- afectan la credibilidad de una gestión que había prometido combatir la corrupción.

En este contexto, el Financial Times sostiene que el panorama político empieza a abrirse de cara al futuro: la oposición, aunque debilitada, intenta reorganizarse y algunos analistas ya no ven asegurada una eventual reelección en 2027.

En síntesis, el medio internacional plantea que el Gobierno enfrenta un momento complejo, donde los avances económicos conviven con un creciente malestar social y un impacto político derivado de las polémicas recientes.

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El Gobierno denuncia a Tailhade por “espionaje ilegal”

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El Gobierno de Argentina formalizó una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto “espionaje ilegal”, tras su intervención en la Cámara de Diputados donde detalló aspectos de la vida cotidiana de la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El planteo oficial sostiene que esa información habría sido obtenida mediante “medios ilegítimos” y que su difusión implica un riesgo para la seguridad.

El episodio se originó durante el informe de gestión presentado por Adorni, cuando el legislador cuestionó el uso de custodia policial para la esposa del funcionario, incluyendo referencias a actividades y desplazamientos personales. La reacción del Ejecutivo fue inmediata: denunció una posible actividad de inteligencia ilegal y avanzó en el plano judicial.

Inteligencia, seguridad y límites del control político

La denuncia introduce un eje sensible en el funcionamiento institucional: la frontera entre control parlamentario y acceso a información privada. El Gobierno plantea que la obtención y exposición de datos personales vinculados a la custodia de un alto funcionario puede configurar una vulneración de la seguridad y del orden institucional.

En el escrito, se advierte que la recopilación de ese tipo de información “amerita ser investigada” por los riesgos que implicaría para la seguridad nacional, especialmente cuando involucra a funcionarios con capacidad de incidir en decisiones estratégicas.

Judicialización de un cruce político en el Congreso

El conflicto pasa de la arena parlamentaria al ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que el diputado habría accedido a información sensible por vías no legítimas, mientras que el propio Tailhade anticipó que presentará sus elementos ante la Justicia.

El eje de la acusación no es solo la crítica política sino el origen de los datos utilizados y su nivel de detalle, particularmente en lo referido a la logística de seguridad.

Desde una lectura de poder, la denuncia fortalece la posición del Ejecutivo en el plano discursivo al encuadrar el episodio como una amenaza institucional, mientras que coloca a la oposición en una posición defensiva respecto al origen de la información utilizada en el debate parlamentario.

Al mismo tiempo, el caso expone una escalada en el conflicto político: el oficialismo no solo responde en el terreno retórico sino que traslada la disputa a tribunales, elevando el costo institucional del enfrentamiento.

Debate sobre límites y responsabilidades

El episodio abre interrogantes sobre los límites del control legislativo y el uso de información en el ámbito público. La discusión gira en torno a qué tipo de datos pueden ser utilizados en el Congreso y bajo qué condiciones, especialmente cuando involucran aspectos de la vida privada de funcionarios.

La denuncia también introduce el concepto de posible afectación a la seguridad, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano político.

Si bien el caso se desarrolla en el ámbito nacional, su resolución puede sentar precedentes sobre el uso de información en la política argentina. Esto podría tener impacto indirecto en todas las jurisdicciones, incluyendo provincias del NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición replican dinámicas de confrontación.

Investigación judicial y escalada política

El proceso judicial será clave para determinar si existieron los “medios ilegítimos” mencionados por el Gobierno. En paralelo, el conflicto político continúa abierto, con ambas partes sosteniendo sus posiciones.

Las variables a observar serán el avance de la causa, la presentación de pruebas y la evolución del debate público sobre los límites entre control político, privacidad y seguridad.

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Correo interno demostraría que adjudicación a la esposa de Sturzenegger estuvo “direccionada”

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Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante.

Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada.

Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección.

El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación.

Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.

La contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

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Una “cascada” de corrupción

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En la Argentina donde la transparencia se declama como dogma y la “casta” funciona como chivo expiatorio universal, las incomodidades ya no vienen de afuera. Se acumulan adentro. Y lo hacen con una lógica que preocupa: no como episodios sueltos, sino como una secuencia. Una “cascada”.

En el centro aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No por su rol público, sino por lo que surge de una declaración judicial reciente. Un contratista que habría realizado refacciones en la casa que el funcionario posee en Exaltación de la Cruz, declaró en calidad de testigo —con la obligación legal de decir verdad— que los trabajos se habrían pagado sin facturación por una suma cercana a los 245 mil dólares.

El mismo testigo sostuvo además que recibió un llamado del propio Adorni para “orientar” su declaración. La gravedad de esa afirmación no está en la adjetivación, sino en el hecho de haber sido realizada ante la Justicia. Corresponderá al expediente confirmar o descartar cada punto. Pero el estándar democrático es claro: cuando hay una declaración formal de este tenor, lo mínimo exigible es una explicación pública precisa.

Hasta ahora, no aparece.Como no viene apareciendo en todo lo relacionado a los gastos exorbitantes que salen a la luz desde que Adorni subió a la mujer al avión presidencial en el “famoso viaje” a EEUU.

El problema es político antes que judicial. Porque el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de ser distinto: “la moral como política de estado”. Sin embargo, diferentes episodios empiezan a tensionar ese relato: el caso $Libra, que implica directamente al Presidente de la Nación y las denuncias sobre presuntos retornos en la ANDIS que involucran a Karina Milei, forman parte de un mismo clima de época.

No hace falta una condena para que exista un costo. Alcanza con la falta de respuestas.

Porque cuando ante una declaración judicial se responde con silencio o descalificación, el mensaje que queda no es de fortaleza es evasión. Y cuando eso se repite, la excepción empieza a parecer regla.

Incluso en los detalles aparece la anécdota que pega fuerte. En los papeles que presentó el contratista que hizo las obras en la casa de Indio Cua, se menciona la construcción de una cascada en la pileta de natación por la que se habrían pagado unos 3.500 dólares. Un dato menor en lo económico, pero significativo en lo simbólico.

No prueba nada por sí solo. Pero dialoga con el resto.

Porque cuando los indicios se acumulan, cuando las explicaciones faltan y cuando el discurso y los hechos empiezan a correr por carriles distintos, lo que se erosiona no es solo una figura.

Es la credibilidad.

Y cuando la credibilidad cae, ya no alcanza con señalar a “la casta”, ni con subir el tono en una conferencia, ni con buscar enemigos externos (los “kukas”, siempre los “kukas”).

Porque el problema deja de ser el relato.

Y pasa a ser la realidad. O la “cascada” que como las del Iguazú cuando el río suena, trae más agua de la que se espera.

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