ADORNI

“Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni”, anticipó Martín Goerling

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El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que el futuro de Manuel Adorni como jefe de Gabinete se definirá luego de que se presente su informe en la Cámara alta el próximo 2 de julio, aunque ratificó que el partido amarillo reclama su remoción en el cargo.

En diálogo con Infobae, Goerling Lara sostuvo que la permanencia de Adorni en el cargo “no da para más”, y criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete.

Consultado sobre la postura del PRO ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista fue tajante: “Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”. Incluso si la iniciativa partiera de bloques opositores más duros, como el kirchnerismo: “Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”.

Goerling Lara llamó la atención que la polémica en torno al jefe de Gabinete continúa, incluso cuando gran parte de la atención se la lleva el Mundial de Fútbol: “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo. Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio”.

El senador recordó que fue el bloque PRO fue el que solicitó que vaya a comparecer al informe de gestión ante la Cámara alta, y que se llegó a una situación de punto límite tras el informe del funcionario en la Cámara de Diputados. “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, aseguró. Y que la presión política y social se incrementó después de la declaración jurada de Adorni y la falta de respuestas claras. “No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, remarcó.

La agenda parlamentaria

El jefe del bloque PRO subrayó la diferencia la moción de censura y la remoción del cargo, que son las distintas que están sobre la mesa de los bloques opositores y cercanos al oficialismo. “La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, deslizó.

Goerling Lara explicó que, para avanzar con la remoción en el Senado, se requiere mayoría absoluta de 37 votos de la totalidad de los miembros. Remarcó también que, para el oficialismo, “sesionar es riesgoso” en este contexto “porque si se abre el recinto van a suceder cosas”.

La reunión de labor parlamentaria prevista para las 18, señaló, será decisiva para definir si hay sesión este jueves. “La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados del oficialismo que no quiere la sesión porque se puede dar la moción de censura o remoción”, contó.

El senador insistió que la permanencia de Adorni como jefe de Gabinete “le está haciendo un daño tremendo” al Gobierno y “está impactando en la imagen presidencial”, donde cuestiones como la “lucha contra la casta” se estaría perdiendo por los escándalos de presunta corrupción. “Era un activo de este Gobierno y lo está dilapidando”, planteó.

Goerling Lara describió la relación del PRO con el Gobierno en dos etapas. “El PRO ha tenido una actitud de acompañar a este gobierno desde el balotaje”, afirmó, recordando el rol clave del partido en la sanción de la Ley Bases: “La ley más importante que mandó este gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía”.

Sin embargo, anticipó que la actual coyuntura está vinculada a una “segunda etapa” donde el oficialismo “tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina”. “Nosotros nos tenemos que preparar porque el año que viene también hay elecciones”, dijo. Sin embargo, ratificó que “el PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista”.

“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, amplió.

El senador enfatizó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, lamentó Goerling Lara.

“Si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr. De otra manera, me parece que es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido”, concluyó.

Las diferencias sobre la reforma política y el futuro del PRO

El senador también se refirió a la reforma electoral que presentó el Gobierno, en la que anticipó “la mayoría de los senadores no va a eliminar las PASO como competencia electoral previa”. “Podemos sacar la obligatoriedad, discutir el piso para que los partidos participen, el financiamiento, pero que haya primaria”, expresó. Además, defendió el mantenimiento de los debates presidenciales obligatorios porque es una “obligación de los que quieren gobernar la Argentina debatir ideas”.

Sobre el futuro del PRO, Goerling Lara expresó que le encantaría que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027. “Creo que en una segunda oportunidad, después de la experiencia acumulada, sería un gran presidente. Pero va a depender de él”, planteó, y confió en la reconstrucción partidaria de cara a 2027: “Mauricio está trabajando y poniendo el cuerpo en todo el país, reorganizando nuestra fuerza política. El PRO va a ser protagonista el año que viene, o encabezando una fórmula presidencial o acompañando un frente electoral”.

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Cuentos increíbles y realidades que demandan

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Hay historias difíciles de creer. Y después está la de Manuel Adorni. Durante semanas el jefe de Gabinete soportó preguntas incómodas sobre su patrimonio, sus gastos, sus inmuebles, los préstamos que tomó y la velocidad con la que crecieron sus activos desde que llegó al poder. La respuesta finalmente llegó con una batería de declaraciones juradas rectificativas presentadas oportunamente unas pocas horas antes de que comience el Mundial que podría acaparar la atención por estas horas. Pero no tuvo suerte. Sólo se habla de las rectificativas de Adorni. 

Rectificativas. Qué palabra elegante para decir: “Voy a rehacer los números porque los anteriores ya no me sirven”. Recuerda a reperfilar

La secuencia tiene algo de prodigio financiero y bastante de realismo mágico libertario. Según la nueva versión de los hechos, Adorni habría invertido unos 200.000 dólares en Bitcoin entre 2013 y 2018. Una apuesta que, según explica ahora, terminó generándole una fortuna cercana a los 500.000 dólares. Luego habría vendido esos activos para proteger el futuro de sus hijos y conservado ese dinero durante años. En efectivo. Guardado. Quieto. Invisible. Tan invisible que se olvidó de declararlo cuando ingresó al Gobierno. Recién ahora recuperó la memoria. Justo cuando la Justicia empezó a mirar sus gastos exorbitantes desde que asumió en la gestión pública. Antes compraba trajes en cuotas, reclamaba por una salchicha y pedía para el pasaje, según sus colegas en los medios. Después, viajes a destinos exclusivos, vuelos privados, departamentos y remodelaciones en el country.

La historia ya tendría problemas de verosimilitud si se tratara de un vecino del barrio. Encontrar un pendrive con semejante fortuna es digno de un guión cinematográfico. Pero adquiere otra dimensión cuando quien la cuenta es el jefe de Gabinete de la Nación. La pregunta elemental es simple: ¿quién invierte todo su patrimonio en Bitcoin en 2014? No una parte. No un porcentaje. Todo.

En 2014 Bitcoin era un experimento para entusiastas tecnológicos, libertarios tempranos y apostadores profesionales. No era un refugio de valor, ni una inversión conservadora. No era un plazo fijo. Era una ruleta.

Y según la explicación oficial, Adorni habría puesto ahí prácticamente todo lo que tenía.

Más extraño todavía: los números tampoco terminan de cerrar. Si efectivamente hubiera invertido 200.000 dólares cuando Bitcoin cotizaba en torno a los 500 dólares y vendido cuando rondaba los 7.500, la rentabilidad habría sido muy superior a la que ahora declara. Los cálculos simples sugieren que el resultado debería haber sido varias veces más alto que los poco más de 500.000 dólares que intenta justificar. Ni siquiera el milagro parece estar bien contado.

Pero el problema principal no es financiero, sino político y judicial.

La Justicia ya ordenó nuevas medidas de prueba. Solicitó reconstruir el historial laboral y de ingresos de Adorni y de su esposa desde 2012. Requirió información a organismos públicos, pidió analizar la evolución patrimonial y ordenó determinar cuánto valían los bitcoins cuando fueron adquiridos y cuánto representarían hoy. Incluso solicitó recopilar todas las declaraciones públicas en las que el funcionario habló sobre criptomonedas.

Un detalle especialmente incómodo. Porque existe un registro de Adorni contando que conoció Bitcoin a partir de un estudiante que seguía obsesivamente la cotización durante una clase. Un relato que no parece el de alguien que estaba apostando cientos de miles de dólares propios al mercado cripto.

Pero hay más. Las declaraciones rectificativas revelan que el funcionario habría llegado al Gobierno con un patrimonio cercano a los 708.000 dólares y hoy declara alrededor de 638.000.

Es decir, según su propia reconstrucción, perdió patrimonio en dólares. La otra pregunta incómoda es por qué necesitó préstamos de familiares y jubilados si disponía de semejante colchón de liquidez.

¿Por qué endeudarse cuando supuestamente había medio millón de dólares guardados? ¿Por qué pedir dinero prestado si el efectivo estaba disponible? Son preguntas que siguen sin respuesta.

Mientras tanto, la discusión jurídica empieza a desplazarse hacia un terreno mucho más delicado.

La figura de omisión maliciosa castiga a funcionarios que ocultan bienes o consignan datos falsos en sus declaraciones juradas. Si la Justicia concluye que existió voluntad de ocultar patrimonio, las consecuencias podrían incluir penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. No es una cuestión administrativa. Es una cuestión penal, que incluso puede salpicar al presidente Javier Milei, quien insiste en sostenerlo a pesar del posible efecto contagio. ¿Por qué? ¿Qué sabe Adorni? ¿La estafa $Libra como telón de fondo?

Antes de las “rectificativas”; Adorni y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el propio Gobierno dentro del esquema conocido como “Inocencia Fiscal”, que implica, básicamente, que nadie preguntará demasiado por el origen de los fondos declarados o invertidos. También se adhirieron Federico Sturzenegger, el eyectado por sus amistades narco, José Luis Espert, Andrés Vázquez, Juan Pazo y una larga lista de funcionarios, legisladores y dirigentes oficialistas. 

El Gobierno que prometió terminar con los privilegios terminó acogiéndose a las virtudes de un régimen que reduce controles patrimoniales. 

La coincidencia temporal es extraordinaria y obliga a una lectura más rigurosa: primero aparecen preguntas sobre patrimonios difíciles de explicar. Después una ley que flexibiliza explicaciones patrimoniales. Finalmente, los funcionarios adhiriéndose a esa ley. Todo perfectamente legal. Pero políticamente puede resultar devastador.

Si un funcionario necesita ingresar a un esquema especial para acomodar declaraciones juradas que ya presentó; si debe rehacer varios años de patrimonio de manera retroactiva; si aparecen cientos de miles de dólares que antes no estaban; si la Justicia debe reconstruir una década de ingresos para entender qué pasó, es casi una confesión…el problema ya no es contable. Es de credibilidad. 

Y la credibilidad es el activo más difícil de blanquear. Sobre todo cuando la explicación exige creer que alguien apostó toda su fortuna a Bitcoin cuando casi nadie confiaba en las cripto, ganó una fortuna, la guardó durante años en efectivo, olvidó declararla al asumir funciones públicas y recién la recordó cuando comenzaron las investigaciones.

Hay que reconocer algo. No cualquiera puede construir una historia así.  Ni siquiera Hollywood se animaría a tanto. Adorni mintió incluso ante el Congreso, cuando juró que no había nada oculto en su patrimonio.

El problema es que el Gobierno llegó prometiendo que la corrupción era un problema de la política tradicional y que los funcionarios libertarios venían a demostrar una superioridad moral. Por eso cada inconsistencia pesa el doble.

Cristina Fernández está condenada por presuntos delitos cometidos varios escalones más abajo en la cadena de mando. Pero la Justicia consideró que la ex presidenta no podía no saber. Si hay jurisprudencia, a Milei podría aplicársele. 

Hasta ahora la explicación consiste en pedirle a la sociedad un acto de fe. El problema es que los gobiernos pueden pedir sacrificios. Pueden pedir paciencia. Incluso pueden pedir confianza. Lo único que no pueden pedir es credulidad.

El tuiter de Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta 

Ahora no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó. Pues había ocultado bastante. 

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

El escándalo Adorni está opacando incluso los “méritos” del Gobierno, como la baja del riesgo país y el dato de la inflación, que estuvo por debajo de las proyecciones del mercado, con un 2,1 por ciento que marca algo de alivio. 

Pero también logra distraer de otros datos más complejos. Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron 26.989 empresas. 

En el primer mes de vigencia de la reforma laboral se destruyeron 7.603 puestos registrados privados. En los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados en el sector privado. En el último año, la pérdida asciende a 109.906 puestos, y desde que asumió Milei, la destrucción alcanza los 216.643 puestos (-3,4%). 

La gestión, de hecho, está paralizada. No hay acciones, no hay señales hacia las provincias. La economía sólo da señales positivas en donde está concentrada la minería y el petróleo. 

La reacción depende de las provincias. Misiones piensa su desarrollo desde la política con las proyecciones que emanan de Encuentro Misionero, el espacio que conduce Carlos Rovira, quien se sacó a sí mismo de las apetencias electorales. Cada jueves, la “previa” se convierte en una usina de ideas donde se piensa la provincia con impronta misionerista. No es apenas un eslogan, sino un contraste directo con los otros espacios, que diseñan su política en oposición a o esperando coordenadas que lleguen de la Capital Federal: “Todavía no definimos nuestra postura sobre la construcción de represas en Misiones. Esas definiciones vendrán desde nuestro presidente”, confesó Adrián Núñez, el referente libertario, sobre una cuestión esencial para Misiones. Ninguno de los referentes libertarios ni sus aliados circunstanciales, se animó a hablar de Adorni y sus andanzas del Bitcoin.

Rovira, en cambio, no eludió el debate por la represa de Corpus, pero recordó que Misiones fue puliendo una matriz energética propia, que puede alimentar hoy un tercio de la demanda y que cualquier proyecto hidroeléctrico debe contar necesariamente con el aval de la sociedad y dejar mucho más que regalías.

Pensar el futuro desde la provincia ya es un dato político que no se replica en otras latitudes, donde prima un sálvese quien pueda en medio de la vastedad del ajuste. Ese posicionamiento abarca todas las aristas para diagramar la nueva etapa política del oficialismo, que busca una síntesis entre lo que se hizo y lo que hace falta. Rovira anunció la pronta puesta en marcha del sistema acusatorio en Misiones, un viejo anhelo que propone un servicio de justicia más ágil y eficiente. 

La eficiencia también está puesta entre las prioridades de la gestión. El gobernador Hugo Passalacqua anunció que habrá un recorte de entre tres o cuatro ministerios -pueden ser más-. Según averiguó Economis, se trata de la fusión de áreas espejo: Cambio Climático con Ecología, Agricultura Familiar en el Agro, Acción Cooperativa con Industria y Energía también dentro del área de Obras Públicas. Se pretende achicar la carga burocrática y ahorrar recursos en el Presupuesto 2027. 

Ese alineamiento describe el momento que atraviesan los principales hombres del Gobierno: la política pensando a futuro, con la incorporación de nuevas ideas y actores y la gestión que necesita hacerse liviana para atender las urgencias. Passalacqua sabe de gobernar en tiempos complejos. Le tocó administrar durante Cambiemos y ahora con el ajuste como una política de parte de la Nación. La unidad de objetivos de Encuentro Misionero, que ya tiene aval legal para participar en las elecciones, contrasta con la espera de mandatos desde Buenos Aires y la búsqueda de alianzas imposibles entre los espacios menores. 

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Adorni, Deus ex machina y blockchain como excusa…

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Guido Zatloukal, Presidente Fundación Blockchain Argentina. Después de semanas de sospechas de corrupción, el jefe de Gabinete del gobierno nacional Manuel Adorni fue consultado por bienes y gastos totalmente fuera de coherencia con sus ingresos previos y presentes, situación que incluso derivó en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. En una entrevista con el periodista José Del Rio, Adorni intentó justificar todo con un gran deus ex machina criptográfico, la misma herramienta que criticaban los propios dramaturgos griegos, cuando una obra de teatro terminaba destrabando su conflicto justo al final con un elemento o una solución mágica. Una resolución que fue nombrada como ‘el dios que baja de la máquina’. Unos miles de años después, el jefe de Gabinete nacional vuelve a traer esa máquina mágica de los dioses como una manera de explicar, ordenar o encubrir sus finanzas. Una máquina que esta vez bautizó ‘bitcoin’, intentando justificar parte de su supuesto patrimonio no declarado como ganancias obtenidas entre 2013 y 2018 en inversiones en criptomonedas.

Recordemos que bitcoin nace como tecnología en 2009, por lo que los primeros años posteriores a su lanzamiento fueron de uso muy de nicho. Si bien es cierto que Argentina fue, casi desde los comienzos, tierra fértil para su utilización. En 2013, cuando el funcionario dice que “comenzó a incursionar en el mundo del bitcoin”, operar en el mercado cripto era algo complejo. No solamente en el país, sino también en el mundo. Adorni dice que en 2013 compró unos 200.000 dólares en bitcoin. Una cifra importante para ese momento y para ese mercado. Al año siguiente, cuando dice que empezó a invertir fuerte, el precio de bitcoin comenzó cerca de los 1.000 dólares, luego cayó hasta casi los 200 dólares y terminó el año repuntando hacia valores cercanos a los 600 dólares. En esos primeros años, lo más normal era hacer operaciones P2P, persona a persona, que fue desde el principio una de las ideas y espíritus principales de este sistema: crear una moneda que no requiriera de un ente de control centralizado ni de intermediarios. Los primeros exchanges locales nacen entre 2013 y 2014, algunos de los cuales continúan operando hasta hoy, como Ripio y SatoshiTango, funcionando en una primera instancia como mediadores entre partes para agilizar las operaciones. Incluso la paper wallet que el jefe de Gabinete mostró en la entrevista a modo de ejemplo era algo muy de nicho, utilizado muchas veces más como elemento propagandístico o de militancia de la tecnología que como una herramienta de uso real y masivo.

En 2018, Adorni dice que terminó su interés por las inversiones en el mundo cripto luego de haber ganado unos 300.000 dólares. Esto mostraría que el hoy jefe de Gabinete no solamente fue un buen hodler, sino también un gran trader. Aunque resulta extraño que, a pesar de haber tenido un excelente desempeño en el mercado, nunca más haya vuelto a operar y solamente haya recordado su experiencia en el mundo cripto cuando tuvo que dar explicaciones por su incremento patrimonial. Un deus ex machina demasiado conveniente. Esta es una muestra más de cómo el gobierno de Javier Milei y algunos de sus funcionarios utilizan la tecnología blockchain más como una excusa para cubrir sus hechos que como una herramienta para brindar transparencia y oportunidades reales de financiamiento y generación de valor agregado para distintas industrias. Algo que, bien utilizado, sería realmente una oportunidad para la Argentina.

Un gobierno que evoca al libertarismo y que supuestamente comparte valores propios de los mismos creadores de bitcoin utilizó esta tecnología, primero, para promover una estafa como fue LIBRA, y ahora para justificar gastos millonarios y el incremento patrimonial no declarado de un funcionario de alto rango.

Blockchain es una tecnología con tres virtudes principales: transparencia, trazabilidad y descentralización. Tres características con un potencial realmente serio para combatir la corrupción en el Estado. Argentina tiene uno de los ambientes de desarrolladores y usuarios cripto más activos y prolíficos del mundo. Por eso, utilizar la tecnología blockchain únicamente como excusa para encubrir la corrupción, y no como herramienta para combatirla, es una oportunidad perdida que la Argentina no puede permitirse.

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La UIF pidió investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero

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Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

¿Cuáles son los argumentos del CIPE para hacer el pedido a la UIF?

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIF

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

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Entre el ajuste y la realidad paralela

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Las movilizaciones en defensa de la universidad pública volvieron a llenar calles y plazas en distintos puntos del país. Estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias reclamaron contra el ajuste presupuestario y denunciaron el ahogo financiero que atraviesan las casas de estudio. Pero hay que tener en cuenta que el conflicto tiene, además, un componente institucional grave: el Gobierno sigue sin cumplir plenamente con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.

Es decir, no se trata solamente de una disputa política o presupuestaria. El Ejecutivo decidió desconocer en los hechos una norma respaldada por amplias mayorías parlamentarias. Y lejos de buscar una salida, la respuesta oficial fue profundizar el ajuste y redoblar las provocaciones contra quienes protestan.

El Gobierno insiste en presentar las marchas como una maniobra partidaria, intentando desacreditar a estudiantes, docentes y rectores. Pero el problema para la Casa Rosada es que la protesta excede ampliamente cualquier estructura política: expresa un malestar social cada vez más extendido frente al deterioro salarial, la caída del poder adquisitivo y el desmantelamiento de áreas sensibles del Estado.

En ese contexto, la entrevista que dio esta semana Javier Milei volvió a mostrar un nivel de agresividad preocupante. El presidente recurrió otra vez a insultos, descalificaciones y ataques personales contra periodistas, opositores y sectores críticos. Cualquier cuestionamiento es presentado como una conspiración, cualquier disidencia como un enemigo a destruir.

La lógica oficial parece ser gobernar en estado permanente de confrontación. Pero el desgaste empieza a aparecer. Las últimas encuestas muestran una caída en la imagen presidencial y un crecimiento del rechazo, incluso en sectores medios que inicialmente acompañaron el ajuste con expectativas de estabilización económica.

A eso se suma el protagonismo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, defendido a ultranza por el presidente, pese a las denuncias en su contra y una de las figuras más representativas del estilo político del Gobierno. En medio de los conflictos sociales y económicos que atraviesa el país, Adorni aparece como el principal defensor mediático del ajuste y de las descalificaciones oficiales contra periodistas, estudiantes, opositores y sectores críticos. Para muchos, ocupa el rol de verdadero “ministro de la realidad paralela”: el encargado de negar el deterioro social, relativizar los conflictos y construir un relato donde todo reclamo es una operación, toda crítica un ataque político y, fundamentalmente, ocultar su propia corrupción.

La gestión parece correrse del terreno político para refugiarse en la provocación cotidiana, las conferencias performáticas y la confrontación permanente. Pero mientras el Gobierno insiste en discutir enemigos imaginarios, la realidad empieza a golpear incluso a sectores que hace apenas meses respaldaban el rumbo oficial.

La marcha universitaria dejó entonces algo más profundo que una foto multitudinaria. Funcionó como síntoma de un clima social que empieza a cambiar. Porque cuando un gobierno responde a cada reclamo con insultos, ajuste y provocaciones, el problema deja de ser solamente económico: pasa a ser también político y democrático.

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