Agricultura Familiar

Agricultura Familiar pone a la mujer agricultora en el centro de la estrategia 2026

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La Secretaría de Estado de Agricultura Familiar presentó los lineamientos de trabajo para 2026 con una planificación que prioriza el ordenamiento de la gestión, el fortalecimiento de las familias productoras y la generación de impactos concretos en el territorio. La estrategia coloca a la mujer agricultora como eje clave del modelo, integrando desarrollo territorial, producción y comercialización con foco en organización, agregado de valor y acceso a mercados.

El esquema de trabajo se estructura en tres grandes ejes que articulan políticas públicas orientadas a consolidar la agricultura familiar como pilar del desarrollo local. El enfoque busca mejorar ingresos, fortalecer la producción local y avanzar hacia un modelo con identidad misionera, combinando soberanía alimentaria, innovación productiva y nuevas oportunidades comerciales.

Desarrollo territorial con énfasis en la mujer rural

Desde el área de Desarrollo Territorial, la planificación 2026 pone el acento en el fortalecimiento de los grupos de la agricultura familiar, con especial énfasis en las mujeres de la ruralidad. La agenda incluye encuentros, capacitaciones y programas orientados a la autonomía económica y a la organización colectiva, entendidas como condiciones necesarias para sostener procesos productivos y sociales de largo plazo.

Estas acciones se complementan con un trabajo sistemático de registro, comunicación estratégica y formulación de proyectos territoriales, herramientas que permiten ordenar la gestión y orientar los recursos hacia iniciativas con impacto real en las chacras y comunidades. El objetivo es consolidar redes locales, fortalecer capacidades organizativas y mejorar la articulación entre productores y políticas públicas.

Producción con soberanía alimentaria e innovación

En el eje de Desarrollo Productivo, la planificación prioriza la soberanía alimentaria, la agroecología y la incorporación de innovaciones aplicadas a las chacras familiares. Las líneas de acción incluyen políticas vinculadas a semillas, chacras multiproductivas, transición agroecológica, certificación participativa y encuentros de grupos agroecológicos.

La estrategia incorpora además nuevas tecnologías productivas con el objetivo de modernizar la producción sin perder la identidad territorial. El enfoque busca aumentar la eficiencia y la resiliencia de las unidades productivas, garantizando prácticas sustentables que mejoren la calidad de los alimentos y fortalezcan la autonomía de las familias agricultoras.

Comercialización, valor agregado y nuevos mercados

La Subsecretaría de Comercialización concentrará su trabajo en el agregado de valor, la consolidación de ferias y mercados y la apertura de nuevos canales de comercialización. Entre las líneas destacadas se encuentran el desarrollo de productos con valor agregado, la promoción de cadenas de valor verde, la incorporación de prácticas de economía circular y el acceso a mercados digitales.

El objetivo es ampliar las oportunidades de venta, mejorar precios y reducir intermediaciones, fortaleciendo la inserción de la producción familiar en circuitos comerciales más amplios y diversificados. Esta estrategia apunta a generar ingresos sostenibles y a consolidar mercados locales con proyección regional.

La Escuela de Campo como eje transversal

Como componente transversal, la Escuela de Campo se consolida como una herramienta central de formación, acompañamiento y transferencia de conocimientos. A través de esta modalidad, la Secretaría busca fortalecer capacidades productivas y organizativas en todo el territorio provincial, integrando saberes técnicos con experiencias locales.

La Escuela de Campo actúa como nexo entre los distintos ejes de la planificación, facilitando la adopción de prácticas productivas innovadoras, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la mejora continua de los procesos de comercialización.

Proyección 2026 y alcance institucional

Con esta planificación, la Agricultura Familiar proyecta un 2026 con una gestión más ordenada y articulada, enfocada en resultados concretos. La centralidad de la mujer agricultora, la apuesta por la agroecología y la ampliación de mercados configuran un esquema que busca impactar de manera directa en los ingresos de las familias productoras y en la consolidación de la producción local.

El enfoque integral refuerza el rol institucional de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar como articuladora de políticas territoriales, productivas y comerciales, en un contexto donde la organización y el agregado de valor resultan determinantes para la sostenibilidad del sector.

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Agricultura Familiar: un modelo vigente que necesita recursos concretos

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La agricultura familiar ha atravesado distintos escenarios políticos y económicos en nuestro país y en el mundo. Gobiernos de distinto signo, crisis recurrentes y cambios en los modelos productivos. Sin embargo, lejos de desaparecer, la agricultura familiar se sostuvo y continúa cumpliendo un rol clave en los territorios.

Esto no es casual. La agricultura familiar responde a una lógica distinta a la de la gran empresa: produce alimentos, sostiene el trabajo familiar, cuida el territorio y mantiene vivas a las comunidades rurales. Esa forma de producir sigue teniendo valor y vigencia, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria, el cuidado ambiental y el arraigo vuelven a estar en discusión.

En la provincia de Misiones, la agricultura familiar es parte central del modelo de desarrollo. A lo largo de los años se construyó una institucionalidad sólida, con numerosas leyes y políticas públicas que reconocen a las familias productoras como sujetos de derecho y actores estratégicos del territorio. La Ley VIII – N.º 69 de Agricultura Familiar expresa con claridad esa decisión política.

Sin embargo, esa fortaleza normativa no siempre se traduce en respuestas concretas para el día a día de las familias. La principal dificultad que atraviesa hoy el sector no es la falta de leyes ni de diagnóstico, sino la escasez de recursos económicos específicos. Insumos básicos, semillas, media sombra, sistemas de riego o pequeñas infraestructuras productivas siguen siendo demandas recurrentes que muchas veces no encuentran herramientas adecuadas.

Esta situación no es nueva ni coyuntural. A lo largo de distintos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, la agricultura familiar ha quedado en gran medida fuera de los esquemas tradicionales de financiamiento. Los créditos disponibles suelen estar pensados para otras escalas productivas, con requisitos, garantías y plazos que no se ajustan a la realidad del sector.

Por eso, el desafío central sigue siendo avanzar hacia una política de financiamiento diferenciada, que reconozca la especificidad de la agricultura familiar. Créditos blandos, fondos específicos y herramientas simples permitirían transformar el marco normativo existente en mejoras concretas en la producción y en la calidad de vida de las familias rurales.

La agricultura familiar no es un sector del pasado ni una excepción al desarrollo. Es un modelo vigente, con valor para Misiones y para el país. Reconocer su importancia implica no solo sostener políticas públicas, sino también invertir en ella, para que siga produciendo alimentos, cuidando el territorio y fortaleciendo a las comunidades.

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SENASA actualiza el reglamento de inspección de productos animales

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso la derogación de dos capítulos históricos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto N° 4.238/1968, con el objetivo de reordenar, modernizar y actualizar el marco normativo sanitario. La medida fue formalizada mediante la Resolución 62/2026, firmada el 22 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero, con vigencia a partir del día siguiente.

La resolución elimina el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento y el Capítulo XXXIII – De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar, al considerar que ambos han quedado desactualizados y obsoletos frente a los avances tecnológicos, los cambios en las modalidades productivas y el proceso de consolidación normativa impulsado por el Gobierno Nacional en el marco de la Ley N° 27.742.

Reordenamiento normativo y adecuación tecnológica

En los considerandos, el SENASA fundamenta la decisión en la necesidad de mantener actualizado el reglamento sanitario que rige la elaboración, industrialización e inspección higiénico-sanitaria de carnes y productos de origen animal en todo el país. El organismo recuerda que el Decreto N° 4.238/1968 prevé expresamente, en su Artículo 4°, la posibilidad de introducir modificaciones para acompañar el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía mecanismos de difusión normativa a través de opúsculos y folletos explicativos, fue considerado incompatible con la realidad actual, marcada por el uso de plataformas digitales y sistemas de información en línea. Según la resolución, “dado el tiempo transcurrido desde la elaboración de dicho capítulo y el avance tecnológico experimentado desde entonces, el citado Capítulo XXIX ha quedado desactualizado y obsoleto”.

La derogación se inscribe así en una lógica de simplificación y coherencia normativa, orientada a evitar superposiciones y disposiciones sin aplicación práctica, sin alterar los estándares sanitarios vigentes.

Agricultura familiar: un régimen que requiere una normativa específica

La resolución también deroga el Capítulo XXXIII – De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar, que regulaba los productos de origen animal generados en ese ámbito productivo. El SENASA argumenta que la especificidad de la agricultura familiar, en términos de modalidades, dinámicas, volúmenes y condiciones de producción, difiere sustancialmente del resto de las actividades alcanzadas por el reglamento general.

En ese marco, el organismo considera necesario adecuar la normativa para que resulte coherente con la realidad productiva del sector, evitando encuadres regulatorios que no reflejan sus particularidades. La derogación no implica una desregulación sanitaria, sino la eliminación de un capítulo que, según el texto oficial, perdió funcionalidad dentro de la estructura del reglamento vigente.

La decisión se apoya en los principios establecidos por la Ley N° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal y asigna al SENASA la responsabilidad de planificar, ejecutar y controlar las acciones sanitarias en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, sin eximir de responsabilidad a los actores privados.

Proyección regulatoria

Desde una perspectiva institucional, la Resolución 62/2026 refuerza el proceso de ordenamiento y consolidación normativa del SENASA, alineado con los objetivos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que promueve una administración pública más ágil, eficiente y transparente.

Para los establecimientos elaboradores, frigoríficos y operadores del sector de productos de origen animal, la medida no introduce nuevas exigencias inmediatas, pero sí clarifica el marco regulatorio al eliminar disposiciones que habían quedado sin aplicación efectiva. En el caso de la agricultura familiar, abre el camino a la eventual construcción de instrumentos normativos específicos, acordes a su escala y características productivas.

La resolución fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso f), del Decreto N° 1.585/1996, y lleva la firma de la presidenta del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio.

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Cosecha de pimientos en El Alcázar refuerza arraigo rural y desarrollo económico local

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La productora local Carmen Estachesen alcanzó un hito clave en su actividad agrícola al concretar una cosecha de pimientos fruto de un proyecto hortícola desarrollado de manera gradual en su chacra. La iniciativa, respaldada por el Ministerio de Agricultura Familiar y articulada con el municipio y el mercado de la soberanía alimentaria de El Alcázar, no solo garantiza continuidad productiva, sino que también promueve el arraigo rural y la generación de ingresos en la comunidad.

Articulación institucional y apoyo comunitario

Según explicaron desde el Ministerio de Agricultura Familiar, el proyecto contó con acompañamiento técnico y logístico permanente, lo que permitió consolidar la producción bajo estándares de sostenibilidad y eficiencia. “La coordinación con el municipio y la participación activa de las integrantes del mercado de la soberanía alimentaria fueron fundamentales para fortalecer la propuesta productiva y asegurar su continuidad en el tiempo”, destacaron desde el organismo provincial.

El proyecto se inscribe dentro de un marco de políticas públicas orientadas a la Agricultura Familiar, con énfasis en la provisión de recursos, capacitación técnica y promoción de la organización comunitaria. Este enfoque permite a los productores locales no solo mejorar la productividad de sus chacras, sino también acceder a canales de comercialización que favorecen el circuito local de alimentos frescos.

Impacto económico y social en la región

La cosecha de pimientos, destinada principalmente al consumo interno y la venta en mercados locales, constituye un ejemplo de cómo la articulación entre productores, Estado y comunidad puede generar beneficios económicos directos para las familias. La estrategia busca fomentar el arraigo rural, reducir la migración hacia centros urbanos y consolidar un modelo de producción familiar sustentable.

Especialistas en desarrollo rural señalan que iniciativas como la de Carmen Estachesen fortalecen la economía regional, al promover la diversificación de cultivos y abrir posibilidades de generación de ingresos complementarios. Además, se destaca el efecto multiplicador que tiene la capacitación y la organización comunitaria en el mediano plazo, creando redes de apoyo que trascienden la actividad agrícola individual.

Perspectivas y continuidad del proyecto

El respaldo institucional y la articulación territorial son clave para garantizar la sostenibilidad de proyectos hortícolas familiares. En este marco, el Ministerio de Agricultura Familiar prevé ampliar programas de acompañamiento técnico y financiamiento, consolidando experiencias como la de El Alcázar y replicando modelos exitosos en otras localidades de la provincia. La continuidad de la cosecha y la participación activa de las comunidades locales serán determinantes para asegurar el impacto económico y social esperado.

El caso de El Alcázar se presenta como un modelo de integración entre política pública, trabajo comunitario y producción familiar, que contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria local y la economía regional.

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Productores yerbateros alertan una crisis tras la desregulación: “El precio cayó a 200 pesos, pero en góndola subió”

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Productores yerbateros advierten un colapso de ingresos tras la desregulación, “Nos bajaron el precio, pero en la góndola no hubo cambios”.

La reciente desregulación del mercado de la yerba mate, que eliminó la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos, generó un fuerte malestar en el sector productivo de Misiones. Jonás Peterson, referente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, alertó que la medida redujo de manera drástica los ingresos de más de 12.500 productores, mientras que los precios en góndola continuaron en alza: “Nos bajaron el precio, pero en la góndola el valor de la yerba no cayó”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.

Fin de la regulación del INYM y caída del precio en origen

La entrevista expuso los primeros efectos del decreto nacional que desreguló el mercado yerbatero e impidió al INYM fijar valores de referencia para la hoja verde. Según Peterson, hasta 2023 el esquema regulatorio permitía un ordenamiento mínimo del mercado. “Cobramos 400 pesos el kilo de hoja verde en 2023, y ese precio cubría los costos y nos dejaba un pequeño margen para vivir”, explicó.

Con la eliminación de esos artículos, los pequeños productores quedaron —según su diagnóstico— en clara desventaja frente a “cinco o seis grandes empresas” con capacidad de industrializar y almacenar yerba suficiente para un año. Esta asimetría derivó en una marcada caída del precio pagado en chacra: la hoja verde pasó a ubicarse entre 200 y 250 pesos por kilo, en un contexto de aumento generalizado de costos.

Peterson subrayó que la pérdida de herramientas regulatorias no sólo afectó el ingreso rural, sino también la estructura productiva regional. A su juicio, la situación impacta especialmente en Misiones, donde “12.500 familias sostienen la actividad y el empleo asociado”. En contraste, señaló que en Corrientes la industrialización se concentra en dos firmas de gran escala.

Brecha entre precio al productor y precio en góndola

Uno de los puntos más sensibles planteados por el dirigente es la distancia entre el valor percibido por quienes producen la yerba y el que paga el consumidor final. “En 2023 el kilo de yerba costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos. A nosotros nos bajaron el precio a 200 pesos, pero el consumidor paga cada vez más”, cuestionó.

Peterson insistió en que no existe sobreoferta local que justifique la caída en el precio de la hoja verde. Por el contrario, afirmó que aun en años de buena producción, algunas empresas importaron yerba de Paraguay y Brasil para acceder a materia prima más barata.

El productor también advirtió por la pérdida de otras atribuciones del INYM, como el establecimiento de calendarios de cosecha y el control de calidad. Sin esas herramientas, dijo, los pequeños agricultores quedaron expuestos a prácticas que profundizan la brecha: “Si decidimos demorar la cosecha para esperar una mejora, la industria simplemente aguanta o trae yerba de Brasil o Paraguay”.

Impacto social y retroceso productivo en las chacras misioneras

Peterson describió un deterioro acelerado en la economía familiar rural tras la desregulación. Según su testimonio, el margen económico por kilo cayó de 300 pesos a apenas 80-100 pesos, mientras que los costos de insumos y servicios siguieron en aumento. Esto derivó en menor fertilización, reducción del mantenimiento y caída del rendimiento productivo.

También se observaron señales preocupantes en el mercado de tierras rurales: “Hasta el año pasado casi no había pequeñas propiedades a la venta. Ahora aparecen cada vez más, porque la actividad dejó de cerrar”, señaló.

La situación obligó a muchas familias a diversificar de manera forzada su subsistencia. “Sobrevivimos criando chanchos, gallinas, vacas para el consumo diario, y reduciendo los gastos al mínimo”, indicó. El productor comparó el momento actual con la desregulación de los años 90: “Hubo canje de yerba mate por mercadería y combustible, y a veces hasta debíamos ir a Brasil para conseguir productos básicos”.

Gestiones y respuesta del Gobierno nacional

Peterson comentó que representantes del sector viajaron a Buenos Aires para transmitir su preocupación, pero no encontraron margen para revisar la medida. “Fui a Buenos Aires, llevé mi tractor. Pero nos dijeron siempre lo mismo: la desregulación no se negocia”, relató.

El referente yerbatero consideró que la eliminación de las funciones del INYM colocó al sector en la situación “más débil en dos décadas”, tras años en los que las herramientas institucionales habían permitido avanzar en mejores condiciones económicas y laborales para el productor primario. “Cuando existía la grilla de costos y el precio mínimo, logramos cierto avance. Hoy estamos lejos de ese objetivo”, cerró.

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