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El agro proyecta US$ 35.375 millones en divisas y refuerza el frente externo del Gobierno

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El sector agroexportador proyecta una liquidación de divisas por US$ 35.375 millones en 2026, según la última estimación de GEA-BCR, lo que implica un aumento cercano a US$ 1.000 millones respecto de la previsión del mes anterior. El ajuste responde a mejores precios internacionales y a un mayor volumen exportable, especialmente de maíz, en un escenario donde el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria y fortalecer reservas.

La proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario se conoce en un momento en que la dinámica del ingreso de dólares vuelve a estar en el centro de la estrategia económica, tras un primer trimestre con liquidaciones por US$ 5.735 millones, por debajo de los US$ 6.200 millones del mismo período de 2025.

Más maíz y mejores precios: el ancla de la proyección

En su último informe mensual de estimación de producción nacional, de la Bolsa de Comercio de Rosario elevó sus previsiones para maíz 2025/26 a 67 Mt (+5 Mt vs. marzo) producto de un ajuste en las estimaciones de superficie implantada. Esta mayor oferta se traduce en un aumento en la proyección de exportaciones del cereal a 43 Mt para la campaña (vs. 41 Mt hace un mes), un aumento en el uso forrajero (+0,7 Mt) y un incremento en los stocks finales de la campaña (+2,3 Mt). 

Las 43 Mt de exportaciones de maíz ya representarían un récord para el país, pero cabe mencionar que este número puede sufrir ajustes en los próximos meses de acuerdo a cómo se acomode la oferta en los otros dos grandes países exportadores (EE.UU. y Brasil) hacia la segunda mitad del ciclo argentino 2025/26. 

Por el lado de nuestro país vecino, la CONAB viene ajustando a la baja sus estimaciones de producción de zafrinha, que compite directamente con el maíz tardío argentino; a la vez que prevé un aumento en la demanda doméstica, apuntalado por una mayor producción de bioetanol. 

En cuanto a EE.UU., el USDA prevé una disminución en la superficie sembrada de maíz para la próxima campaña 2026/27 ante los elevados costos de fertilizantes y el impacto en los márgenes. 

De reducirse efectivamente la oferta para la nueva campaña en ambos países competidores y dejando un menor saldo exportable, se podría abrir una oportunidad para que Argentina continúe con un programa de embarques sólido durante prácticamente toda la campaña local, dando margen a elevar la estimación total de exportaciones para el ciclo maicero 2025/26. Sin embargo, este es un elemento para monitorear en el transcurso de la campaña, y la proyección actual se ubica en 43 Mt.

Este ajuste al alza en las estimaciones de las exportaciones de maíz a 43 Mt desde los 41 Mt previstos hace un mes; sumado a un programa de embarques más acelerado de semillas de girasol y precios levemente mayores a los vigentes hace un mes producto del conflicto bélico en Medio Oriente dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en US$ 35.375 millones para 2026, lo que significa un incremento de casi US$ 1.000 millones respecto de marzo. 

Normalización del flujo de dólares

En los primeros 3 meses del año el agro liquidó un estimado de US$ 5.735 millones, por debajo de los US$ 6.200 del primer trimestre del año pasado. Una de las explicaciones de esto se encuentra en el programa de eliminación temporaria de retenciones vigente durante septiembre 2025, que dejó como saldo un adelantamiento en el volumen de dólares ingresado durante ese mes y el impacto de un menor ingreso en los meses subsiguientes. 

Sin embargo, se estima que ese fenómeno encontró su fin en marzo, y hacia adelante el flujo de dólares del agro al mercado cambiario se normalizará. La diferencia entre el monto de dólares ingresado al MLC y las exportaciones devengadas informadas por INDEC se encuentran prácticamente equilibradas. Desde mayo 2025, el “saldo a favor” de las exportadoras, es decir la diferencia entre los dólares ingresados al MLC y los despachos al exterior, se fue incrementando hasta llegar a un máximo de US$ 7.700 millones en septiembre, mes de vigencia del mencionado programa de eliminación temporaria de DEX. A partir de allí, ese saldo a favor fue retrocediendo y la estimación de marzo marca un equilibrio, lo que hace suponer que las exportadoras ya agotaron los dólares ingresados bajo el programa. 

Por este motivo, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, se estima que el flujo de divisas del agro se incremente notoriamente a partir de abril, manteniéndose por encima del promedio del último lustro para todos los meses que restan del 2026. Entre abril y diciembre se estima que la liquidación de divisas acumule US$ 29.600 millones: US$ 16.500 millones de soja y derivados, US$ 7.500 millones de maíz, US$ 2.200 millones del complejo trigo, US$ 2.400 millones del complejo girasol, US$ 500 millones del complejo cebada, US$ 300 millones de sorgo y US$ 600 en otros cereales y oleaginosas.

Qué mirar en los próximos meses

La proyección de US$ 35.375 millones marca un escenario más favorable para el frente externo, pero su consolidación dependerá de múltiples variables.

Entre ellas, la evolución de la cosecha local, la oferta global de granos, los precios internacionales y la capacidad del sector exportador para sostener el ritmo de liquidación. También será clave monitorear si el flujo de divisas efectivamente se acelera desde abril, como anticipa el informe.

El ingreso de dólares del agro vuelve a ser una pieza central del tablero económico. Su comportamiento definirá, en buena medida, el margen de maniobra del Gobierno en los próximos meses.

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La yerba orgánica proyecta una rentabilidad del 34% muy por encima del modelo convencional

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En un escenario donde la actividad yerbatera atraviesa un proceso de reconfiguración marcado la desregulación, la definición de los precios y el aumento de costos, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones elaboró un estudio comparativo que analiza la rentabilidad proyectada del cultivo hacia 2026. El informe pone en foco dos modelos productivos -convencional y orgánico- y aporta información concreta para la toma de decisiones en un contexto que exige mayor diferenciación.

En principio, los resultados muestran una diferencia estructural significativa entre sistemas. La producción orgánica proyecta un margen bruto positivo de $995.436,19 por hectárea, equivalente a una rentabilidad del 34,27%, mientras que el sistema convencional presenta un margen negativo de -$671.505,77 por hectárea, con una rentabilidad de -19,07% en el escenario 2026.  

Uno de los factores determinantes es el precio de la hoja verde. El modelo orgánico alcanza valores de al menos $600/kg, más del doble del precio de referencia del sistema convencional ($285/kg), lo que permite sostener ingresos superiores aun con menores rendimientos. A su vez, el análisis evidencia que el costo total por hectárea es menor en el sistema orgánico ($2.904.563,81) respecto al convencional ($3.521.505,77), lo que refuerza su eficiencia económica. Esta diferencia está directamente vinculada a la estructura productiva: mientras el modelo tradicional depende de insumos externos, el orgánico se apoya en procesos biológicos y recursos del propio sistema

En este sentido, el informe señala que en el sistema convencional “con los precios de referencia actuales, los costos superan los ingresos del productor, generando márgenes económicos negativos y aumentando el riesgo financiero del establecimiento”,. En contraposición, destaca que el sistema orgánico “presenta menores costos por hectárea, menor dependencia de insumos externos y un precio de venta significativamente superior. Esto permite obtener márgenes brutos positivos y una mayor estabilidad económica en el mediano y largo plazo”.

El estudio incorpora además el punto de equilibrio como variable clave: el sistema orgánico necesita 4.841 kg/ha para cubrir costos, mientras que el convencional requiere 12.357 kg/ha, superando el rendimiento estimado y evidenciando una mayor exigencia productiva.  Actualmente, Misiones cuenta con más de 4.600 hectáreas certificadas como orgánicas, consolidando una transición progresiva hacia modelos productivos más sustentables, con mayor valor agregado y mejores condiciones de inserción en mercados diferenciados.  

El análisis confirma que, aún con rendimientos moderados, el sistema orgánico logra una mayor eficiencia económica y márgenes brutos positivos. “Esto responde a una estructura de menores costos totales por hectárea y a la obtención de un precio de venta diferenciado, lo que reduce la vulnerabilidad del productor frente a la volatilidad del mercado convencional”, concluye el documento al evaluar los resultados comparativos. 

El estudio fue desarrollado por la Dirección General de Yerba Mate y Té, en base a datos relevados en campo y modelos representativos de la zona centro de Misiones. Su objetivo es ofrecer una herramienta técnica que permita evaluar alternativas productivas frente a un escenario donde los márgenes del sistema tradicional se ven cada vez más exigidos, en un contexto de menor previsibilidad para el sector.

De esta manera, el Gobierno de Misiones fortalece el acceso a información estratégica para el sector yerbatero, promoviendo decisiones productivas basadas en evidencia y orientadas a mejorar la rentabilidad, reducir riesgos y consolidar un modelo de desarrollo más sostenible para la provincia.

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Integran MisioPharma a la Biofábrica y redefinen la estrategia biotecnológica provincial

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Esta mañana, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recorrió la Biofábrica Misiones S.A. tras la integración de MisioPharma, en el marco de una decisión orientada a optimizar recursos públicos y consolidar el desarrollo biotecnológico en la provincia.

La visita comenzó en el laboratorio de cultivos in vitro, donde se interiorizó sobre el trabajo en la cámara de crecimiento de distintas especies, entre ellas banano, ornamentales, flores, orquídeas y árboles nativos. Luego, recorrió la sala de siembra, donde observó las tareas que se realizan en cabinas de flujo y dialogó con el equipo técnico sobre los procesos productivos.

El recorrido continuó en la Planta Biológica de bioinsumos agrícolas, donde se desarrollan alternativas sustentables a los agroquímicos sintéticos. Allí se destacó la producción de bioinsecticidas a partir de hongos nativos para el control de plagas, con el objetivo de proteger cultivos y reducir el impacto ambiental.

En ese contexto, el mandatario puso en valor el capital humano y el desarrollo científico de la provincia. “Hay un equipo de científicos de primera línea, esta es la única biofábrica de la Argentina, y es un orgullo misionero porque todo lo que estamos viendo es nuestro, especialmente los científicos que trabajan acá, formados en nuestra universidad y directamente vinculados a la producción”, expresó.

Asimismo, subrayó el impacto directo de estos desarrollos en el sector productivo. “Están produciendo bananos de altísima calidad, con estándares perfectos, sin posibilidad de enfermedades, y además el producto estrella son los fertilizantes biológicos, de altísima demanda en las chacras, que permiten un crecimiento fuerte y sano”, afirmó. En esa línea, remarcó: “Se exporta a Brasil y a otras provincias como Salta, pero sobre todo es para que nuestra producción crezca mejor, más fuerte y más sana”.

En relación a la calidad de los desarrollos, destacó los procesos de validación científica. “No es que a cualquiera se le ocurra algo, es un proceso de legitimación. Todo es biológico, sin químicos, y esa validación a nivel nacional permite exportar y llegar al consumo humano. Para nosotros es un salto de calidad en términos de producción que nos pone en un nivel altísimo”, sostuvo.

Además, remarcó el carácter estratégico de la Biofábrica como política pública sostenida en el tiempo. “Hubo intentos en otras provincias que no prosperaron, pero el tesón de una política de Estado en Misiones logró esto, que es un emblema y una de las pocas en Latinoamérica”, señaló.

Plantines de banano y desarrollo tecnológico

El recorrido incluyó también el invernadero de banano, donde se preparan 50.000 plantines con destino a la provincia de Salta, en el marco de un convenio vigente desde 2019, a partir del cual ya se han distribuido más de un millón de plantines. Asimismo, se destacó el desarrollo de Fitolab, laboratorios móviles implementados en provincias como Buenos Aires y Córdoba, que incluyen instalación y capacitación técnica.

Durante la recorrida, el presidente de la Biofábrica, Federico Miravet, señaló: “El respaldo que recibimos del Gobernador es colocar a la biotecnología como eje fundamental del agro. Hoy la biotecnología ya es una realidad en la Biofábrica, con el laboratorio in vitro, la producción de bioinsumos y otras líneas en desarrollo”.

Además, remarcó la importancia de la optimización de recursos: “Esto nos permite cumplir con el mandato de no desperdiciar capital humano, administrativo y tecnológico, y seguir produciendo con eficiencia”. En esa línea, agregó: “Somos una sociedad que busca comercializar, pero siempre revalorizando a los productores misioneros y su trabajo diario”.

Por su parte, la gerenta general, Luciana Imbrogno, explicó: “Contamos con profesionales altamente capacitados y articulamos con CONICET, UNaM, INTA y el Ministerio del Agro para validar nuestros productos a campo. Es una etapa clave para demostrar que funcionan y que son una alternativa superadora para producir”.

Asimismo, indicó que la producción se orienta tanto al sector público como al privado. “En el marco del programa de diversificación tabacalera se entregan plantines de banano, maracuyá y especies ornamentales, y también desarrollamos producción para el sector privado con fines de exportación”, precisó.

Integración de MisioPharma y la Biofábrica

La recorrida se realizó tras la oficialización de la disolución de MisioPharma S.E. y su integración a la Biofábrica, en el marco de una reorganización del esquema productivo vinculado al desarrollo de cannabis medicinal y biotecnología. La medida contempla la transferencia del personal científico, equipamiento y capacidades técnicas, con el objetivo de concentrar recursos y consolidar una única plataforma de desarrollo.

Al respecto, el gobernador explicó: “Era un gasto operativo innecesario, hay que cuidar los recursos públicos al máximo y aprovechar mejor a los científicos bajo una sola dirección, que es la Biofábrica. Tenemos equipamiento de altísimo nivel y ahora podemos ampliar la producción”.

Finalmente, aclaró que la medida no implica pérdida de empleo. “Se trata de un reordenamiento. Hay que reconocer cuando algo ya no es productivo y reorganizarlo para que funcione. Contamos con ingenieros, genetistas y profesionales de altísimo nivel, formados en Misiones, y necesitábamos aprovechar mejor esas capacidades”, concluyó.

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El Banco Central reduce exigencias de capital para el agro y libera crédito a grandes productores

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El Banco Central dispuso el 9 de abril eliminar una exigencia adicional de capital mínimo que pesaba sobre los créditos otorgados a productores agrícolas no Mipyme que mantuvieran acopios superiores al 5% de su capacidad anual. La medida, formalizada en la Comunicación A 8418 y con vigencia desde el día siguiente a su publicación, modifica un punto sensible del esquema prudencial bancario. El dato técnico es claro; la lectura política abre interrogantes: ¿se trata de un alivio financiero sectorial o de una señal más amplia de recalibración del vínculo entre el sistema financiero y el agro?

Un ajuste puntual en la regulación prudencial

Hasta ahora, las entidades financieras debían aplicar una mayor exigencia de capital —es decir, inmovilizar más recursos propios— cuando financiaban a clientes agrícolas de gran escala que retenían parte de su producción por encima del umbral del 5%. Esa sobrecarga operaba como desincentivo: encarecía el crédito o directamente limitaba su disponibilidad.

La nueva disposición elimina ese recargo para las financiaciones que se acuerden a partir de la entrada en vigencia de la norma. En términos prácticos, reduce el costo regulatorio de prestar a ese segmento y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para productores no encuadrados como Mipyme.

El cambio se incorpora al texto ordenado de “Capitales Mínimos de las Entidades Financieras”, el núcleo del esquema prudencial que regula cuánto capital deben mantener los bancos en función del riesgo de sus activos. No se trata de una política crediticia directa, pero sí de una señal que impacta en la oferta de financiamiento.

Del castigo al incentivo: un giro en la lógica regulatoria

El esquema anterior partía de una premisa: penalizar, desde el punto de vista financiero, la retención de producción agrícola. La exigencia adicional de capital funcionaba como un mecanismo indirecto para desalentar ese comportamiento.

La eliminación de ese recargo implica un cambio de enfoque. El Banco Central deja de considerar esa situación como un factor que amerite mayor cobertura de riesgo, al menos en términos regulatorios. No prohíbe ni promueve explícitamente la retención, pero elimina un costo asociado.

En ese movimiento se redefine la relación entre regulación prudencial y política económica. El organismo mantiene su rol técnico, pero introduce una modificación que tiene efectos concretos sobre decisiones productivas y financieras.

Impacto en el sistema financiero y el sector agrícola

Para los bancos, la medida libera capital regulatorio. Al reducir la exigencia sobre determinados créditos, mejora la eficiencia en el uso de recursos propios y amplía el margen para otorgar financiamiento sin necesidad de incrementar capital.

Para el sector agrícola no Mipyme, el efecto es directo: acceso potencialmente más fluido y menos costoso al crédito. En particular, para productores con capacidad de almacenamiento, que hasta ahora enfrentaban condiciones más restrictivas.

En términos de correlación de fuerzas, el ajuste favorece a actores de mayor escala dentro del agro, un segmento con peso económico relevante. Al mismo tiempo, no modifica las condiciones para el resto de los sectores ni introduce beneficios explícitos para otros segmentos productivos.

La decisión no pasa por el Congreso ni requiere acuerdos legislativos. Se inscribe en la capacidad del Banco Central de modificar regulaciones prudenciales, lo que refuerza su margen de maniobra en la política económica cotidiana.

Una señal en construcción

La Comunicación A 8418 no es una reforma estructural del sistema financiero. Es un cambio puntual, pero con impacto concreto. Se inscribe en una serie de medidas recientes que ajustan regulaciones sin desmontar el andamiaje general.

Queda por ver cómo reaccionan los bancos: si trasladan el alivio regulatorio a mejores condiciones crediticias o si priorizan otros usos del capital liberado. También será clave observar si este tipo de decisiones se extiende a otros sectores o queda circunscripto al agro.

El Banco Central mueve una pieza específica, pero en un tablero más amplio. La dirección general todavía no está cerrada.

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El Gobierno reglamenta el RIMI y activa beneficios fiscales para inversiones el sector pyme por dos años

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El decreto 242 pone en marcha el régimen para pymes y abre un nuevo frente en la estrategia económica

El Gobierno avanzó el 10 de abril con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto 242/2026, una pieza clave para traducir en incentivos concretos el esquema aprobado en la Ley 27.802. La norma fija un plazo de dos años para canalizar inversiones productivas con beneficios fiscales y define qué proyectos podrán acceder. La decisión llega en un contexto de búsqueda de reactivación y plantea una tensión de fondo: ¿alcanza un régimen focalizado en pymes para dinamizar la inversión o se trata de un instrumento acotado dentro de una estrategia más amplia?

El dato central es operativo y político a la vez: las inversiones alcanzadas serán aquellas realizadas desde la entrada en vigencia del régimen y hasta dos años después de la reglamentación operativa que deberá dictarse en un plazo de 30 días. El esquema apunta a micro, pequeñas y medianas empresas —hasta Mediana Tramo 2— y también incluye a entidades sin fines de lucro registradas, siempre que cumplan con los parámetros exigidos.

Un marco fiscal para ordenar la inversión productiva

El decreto completa la arquitectura legal del RIMI, creado por la Ley 27.802, cuyo objetivo es incentivar inversiones nacionales y extranjeras con impacto en producción, empleo y exportaciones. La reglamentación avanza sobre un punto clave: delimitar qué se considera inversión productiva y bajo qué condiciones se accede a los beneficios.

El universo es amplio pero definido. Incluye bienes de capital y de tecnología —siempre nuevos—, inversiones en riego agrícola, mallas antigranizo y hasta bienes semovientes con fines reproductivos. También incorpora obras vinculadas a la actividad productiva, siempre que no superen el 30% de avance al momento de entrada en vigencia de la ley.

La norma agrega un componente estratégico: promueve inversiones en eficiencia energética, tanto en generación renovable como en optimización del consumo. En ese punto, el régimen se alinea con una lógica de modernización productiva más que con un estímulo generalizado.

El acceso a los beneficios está atado a la “puesta en marcha” de la inversión, entendida como su utilización efectiva para generar ganancias gravadas. Es decir, no alcanza con invertir: el activo debe entrar en funcionamiento para habilitar el beneficio fiscal.

Beneficios, restricciones y control: el equilibrio fiscal detrás del régimen

El decreto no solo habilita incentivos, también fija límites. El uso de beneficios fiscales —incluyendo devoluciones vinculadas al IVA— tendrá un tope del 50% del cupo anual previsto en el presupuesto nacional. Además, la asignación se ordenará según la antigüedad de los saldos fiscales, lo que introduce un criterio de priorización.

A la vez, quedan excluidas las inversiones financieras o de portfolio, reforzando el enfoque productivo del régimen. También se establecen condiciones estrictas para acceder: no podrán beneficiarse quienes mantengan deudas firmes, exigibles e impagas con el organismo recaudador.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las áreas de Agricultura y Energía, tendrá un rol central en la implementación. Deberá dictar en 30 días las normas operativas que definirán, en la práctica, el alcance real del régimen.

Pymes en el centro y señales al mercado

La reglamentación del RIMI posiciona a las pymes como eje de la política de inversión en esta etapa. En términos políticos, el Gobierno busca mostrar un esquema de incentivos focalizado, con impacto en la economía real y sin expandir de manera indiscriminada el gasto tributario.

El diseño también refleja una lógica de control: los beneficios están condicionados, escalonados y sujetos a verificación. No es un régimen de acceso automático, sino administrado. Eso reduce riesgos fiscales, pero también puede limitar su velocidad de adopción.

En el plano de la agenda económica, el RIMI aparece como complemento de otras herramientas orientadas a atraer inversiones, aunque con un perfil más acotado. No apunta a grandes proyectos, sino a un entramado productivo más fragmentado, con impacto territorial.

Implementación, demanda y capacidad de tracción

El decreto pone en marcha el régimen, pero su efectividad dependerá de la reglamentación que se dicte en las próximas semanas y del nivel de adhesión del sector privado. La clave estará en si las condiciones logran traducirse en decisiones de inversión concretas.

También habrá que observar cómo interactúa el RIMI con el contexto macroeconómico y con otros instrumentos vigentes. El plazo de dos años fija una ventana clara, pero no garantiza resultados.

En paralelo, el foco en sectores como energía y agro introduce una señal sobre las áreas prioritarias, aunque sin excluir otros rubros. La pregunta que queda abierta es si este esquema logra escalar o si queda como un incentivo puntual dentro de una política más amplia que todavía está en construcción.

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