AJUSTE FISCAL

Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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Misiones activó aumentos salariales a docentes y policías

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En medio de un escenario fiscal complejo, marcado por la pérdida del poder real de los recursos provinciales frente a la inflación, el Gobierno de Misiones confirmó aumentos salariales para el personal de las fuerzas de seguridad y para el sector docente, con aplicación en dos tramos: febrero y abril.

La Provincia avanzó con una recomposición salarial anticipada. Para las fuerzas de seguridad, un agente en zona norte pasará a percibir $1.240.887 en febrero y $1.274.840 en abril, mientras que en zona capital cobrará $1.042.650 en febrero y $1.073.840 en abril.

En el sector docente, el esquema también será en dos etapas. En febrero, un maestro de grado sin antigüedad percibirá $711.000 y, con el programa Hora Más, alcanzará los $961.000. Para quienes poseen más trayectoria y más de un cargo, el incremento será de al menos $29.600 por cargo en febrero, acumulando $69.400 por cargo en abril, señaló el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Desde el Ejecutivo destacaron que Misiones se encuentra entre las pocas provincias que están otorgando incrementos en febrero, en un contexto nacional de ajuste y caída de ingresos reales. Además, remarcaron que el diseño en dos tramos busca brindar previsibilidad para que las familias puedan organizar su economía.

Se anticipó también la convocatoria a las mesas salariales de Salud y Administración Central, cuyos aumentos se definirán en la primera semana de marzo.

El trasfondo es claro: con menos recursos reales que en 2023, la Provincia intenta equilibrar recomposición salarial y sostenibilidad fiscal en un escenario nacional de alta presión presupuestaria. Los aumentos adquieren especial relevancia si se analizan los números. En 2024, la coparticipación creció 193,9% y la recaudación provincial 191,9%, pero la inflación promedio anual fue de 219,9%. En términos reales, esto implicó una caída de 25,9 puntos en coparticipación y de 28 puntos en recaudación frente al índice de precios.

El deterioro se refleja con mayor claridad en valores constantes a diciembre de 2025. Mientras en 2023 los recursos totales ascendían a $3.743.100 millones, en 2024 bajaron a $3.386.229 millones y en 2025 volvieron a descender a $3.349.626 millones. La pérdida acumulada entre 2023 y 2025 alcanza los $393.474 millones en términos reales.

Aunque en 2025 la coparticipación mostró una leve mejora frente a la inflación (2,1 puntos por encima), la recaudación volvió a quedar rezagada (-10,5 puntos), consolidando un contexto de estrechez financiera.

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Ajuste fiscal: el gasto primario cayó 4,2% real y marcó un mínimo histórico en enero

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El gasto público primario devengado del Gobierno nacional volvió a mostrar una contracción significativa en enero de 2026 y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en términos reales. De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario Mensual elaborado por Analytica, el gasto cayó 4,2% interanual en valores constantes, profundizando la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo.

El informe, con información disponible al 3 de febrero de 2026, detalla que el gasto devengado —que refleja la obligación de pago del Estado— se ubicó en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registros observados en años de fuerte restricción presupuestaria Monitor de gasto enero 2026.

Obra pública y transferencias, los recortes más profundos

El mayor ajuste se concentró en la obra pública, que se desplomó un 97,1% interanual en términos reales. Dentro de ese rubro, las construcciones cayeron 95,8% y las transferencias de capital fueron prácticamente nulas, marcando un virtual congelamiento de la inversión estatal en infraestructura Monitor de gasto enero 2026.

También se registraron fuertes reducciones en las transferencias a provincias, que retrocedieron 64,5% real interanual, profundizando las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales. En paralelo, los programas sociales exhibieron una caída del 35,7%, con recortes significativos en Potenciar Trabajo (-25,6%), políticas alimentarias (-24,9%) y otros programas (-59,6%) Monitor de gasto enero 2026.

Jubilaciones, asignaciones y subsidios: comportamientos dispares

En contraste con el ajuste general, algunas partidas mostraron incrementos reales. Los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, explicados en gran medida por una baja base de comparación. Las asignaciones familiares aumentaron 1,1%, impulsadas por la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que avanzó 5,4%, aunque las asignaciones familiares tradicionales cayeron 6,1%. Por su parte, las jubilaciones y pensiones registraron una suba real moderada del 0,8% Monitor de gasto enero 2026.

Asistencia excepcional a provincias

El informe también señala que, durante enero, solo dos provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Chubut percibió 4.000 millones de pesos como asistencia financiera ante los incendios, mientras que Corrientes recibió 3.000 millones de pesos para atender las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía Monitor de gasto enero 2026.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La dinámica del gasto primario confirma que el ajuste fiscal se apoya principalmente en la licuación de la inversión pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas sociales, mientras se preservan —aunque con incrementos acotados— las prestaciones previsionales y algunas transferencias directas a los hogares.

El Monitor de Analytica advierte que el nivel de gasto observado en enero de 2026 se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, consolidando un cambio estructural en el tamaño y la composición del gasto público nacional.

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Consumo con tarjeta y recesión productiva, las alertas que deja el último informe del IAG

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La estabilización macroeconómica no logra traducirse en una reactivación de la economía real. Un nuevo informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que el nivel de actividad permanece prácticamente estancado, con un ajuste fiscal histórico como principal ancla del superávit y un consumo que se mantiene únicamente a través del endeudamiento de los hogares. Según el relevamiento, el gasto público real cayó 27% respecto de 2023, el mayor recorte desde la salida de la Convertibilidad.

El documento, fechado el 23 de enero de 2026, señala que el resultado fiscal positivo se explica casi en su totalidad por esta contracción del gasto, que impacta de lleno en la inversión pública, las transferencias a provincias y el dinamismo del mercado interno, mientras la industria y la construcción continúan en terreno recesivo.

Ajuste fiscal récord y desplome de la inversión pública

El informe del IAG detalla que el superávit primario se sostiene sobre un ajuste sin precedentes en el gasto estatal. Las transferencias a las provincias registraron una caída superior al 70%, afectando de manera directa la capacidad de financiamiento de los gobiernos subnacionales.

Aún más profundo fue el recorte en la inversión pública, que se desplomó un 75% durante el último semestre, lo que derivó en la paralización de la obra pública a nivel nacional. Este freno no solo impacta sobre la actividad de la construcción, sino que también arrastra a sectores vinculados a insumos, empleo y economías regionales.

Desde el punto de vista institucional, el informe subraya que el actual esquema fiscal privilegia el equilibrio de las cuentas públicas mediante una contracción del gasto real, sin que hasta el momento se observen señales de compensación a través de mayor inversión privada o recuperación sostenida del consumo.

Consumo a crédito, ventas en caída y recesión industrial

En el frente del consumo, el panorama es igualmente restrictivo. El relevamiento indica que las ventas en supermercados y comercios acumulan caídas de dos dígitos, reflejando el deterioro del poder adquisitivo. En ese contexto, el consumo se sostiene exclusivamente mediante tarjetas y crédito, una señal de fragilidad para la demanda interna.

En términos de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra un crecimiento “casi nulo”, con industria y construcción aún en niveles recesivos, lo que confirma que la estabilidad macro no logró reactivar los principales motores productivos.

El informe advierte que esta dinámica configura un escenario de estancamiento, donde el ajuste fiscal reduce el impulso de la economía real y el consumo financiado actúa como único sostén transitorio del mercado interno.

Estabilidad cambiaria frágil y rol del Banco Central

En el plano financiero, el IAG señala que la estabilidad cambiaria continúa siendo frágil. Tras el pago a bonistas del 9 de enero, que se cubrió parcialmente mediante un repo con bancos por USD 4.900 millones, el Banco Central retomó la compra de divisas.

En las primeras semanas de enero, la autoridad monetaria acumuló USD 900 millones, una señal de recomposición de reservas que, sin embargo, se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y contracción de la demanda interna.

El informe sugiere que, si bien la política cambiaria logró evitar tensiones inmediatas, la sostenibilidad del esquema dependerá de una eventual recuperación de la actividad y de un equilibrio más estable entre disciplina fiscal y crecimiento económico.

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Fuerte ajuste fiscal: el gasto cayó 27,2% real y el Gobierno cumplió la meta con el FMI en 2025

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, en un contexto de fuerte consolidación del ajuste fiscal iniciado en 2024. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la contracción real del gasto —14,4% interanual en diciembre y 27,2% en la comparación 2025 versus 2023— compensó la caída de los ingresos y permitió cumplir holgadamente la meta fiscal comprometida con el FMI, aunque a costa de una reducción significativa en prestaciones sociales, subsidios, obra pública, salarios estatales y transferencias a universidades.

Ajuste fiscal consolidado y resultado financiero “oculto” por capitalización de intereses

Durante diciembre de 2025, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12,07 billones, con una caída interanual real del 7,1%, mientras que el gasto total sumó $14,95 billones, con un leve incremento interanual del 1,7%. En términos reales, el ajuste se evidencia con claridad al comparar contra 2023: el gasto se contrajo 16,1% en diciembre y 27,2% en el acumulado anual, frente a una reducción de los ingresos del 0,3% y 8,1%, respectivamente.

El informe advierte, sin embargo, sobre un déficit financiero implícito. El Tesoro priorizó en sus licitaciones la emisión de títulos en pesos capitalizables —LECAP, BONCAP y DUALES—, cuyos intereses no se registran como gasto corriente. Así, aunque el resultado financiero mensual fue negativo en $3,29 billones, al incorporar los intereses capitalizados por $4,08 billones, el rojo ascendería a $7,37 billones en diciembre. En el acumulado anual, el déficit financiero implícito alcanzaría los $28,59 billones.

Este mecanismo permitió sostener un resultado fiscal formalmente consistente con el programa financiero, pero introduce tensiones hacia adelante en materia de sostenibilidad de la deuda en pesos.

Ingresos en retroceso y presión tributaria reconfigurada

La evolución de los ingresos muestra un desempeño dispar. La caída interanual real del 7,1% en diciembre se explica principalmente por:

  • Bienes Personales: -23,1% interanual, afectado por la base de comparación tras la prórroga de pagos en 2024.
  • Impuesto a las Ganancias: -2,4% interanual.
  • Resto de tributos: -11,8% interanual, por la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que en 2025 habría aportado $9,09 billones a valores reales.
  • Derechos de Exportación: -57,7% interanual, tras liquidaciones anticipadas y la aplicación del Decreto 682/2025, que redujo transitoriamente las retenciones al 0%. El informe anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

En contraste, los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual, impulsados por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo y vehículos, mientras que el IVA volvió a caer en términos reales (-4,2%), reduciendo su participación sobre el total de recursos.

Gasto público: recorte social, obra pública paralizada y universidades ajustadas

El ajuste del gasto impactó de manera heterogénea. Las Prestaciones Sociales crecieron 6,0% interanual en diciembre, pero al comparar ejercicios completos (2025 vs. 2023) registran una caída real del 11,5%. Dentro del rubro, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un aumento significativo (+71,2%), mientras que se verificaron fuertes reducciones en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), donde se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Los subsidios económicos se redujeron 52,4% interanual en términos reales, con una baja del 42,9% en transporte, asociada a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, y un derrumbe del 98,5% en el subrubro “Otras funciones”.

La obra pública profundizó su parálisis: el gasto de capital cayó 47,7% interanual en diciembre y 78,8% en el acumulado de 2025 frente a 2023, sin señales de recuperación. En paralelo, los salarios de la administración pública nacional continuaron perdiendo contra la inflación, con una caída real del 36,0% respecto de 2023.

En Universidades Nacionales, diciembre de 2025 no registró el pago de aguinaldos —a diferencia de 2024— y, de haberse abonado, el gasto adicional habría sido de $0,60 billones. En términos acumulados, el recorte alcanza el 32,8% frente a 2023.

Meta fiscal con el FMI cumplida y tensiones hacia adelante

Pese al déficit de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $11,77 billones, superando en $1,25 billones la meta de diciembre acordada con el FMI tras la revisión de agosto de 2025, que fijó un objetivo estricto de $10,88 billones.

El cumplimiento de la meta refuerza la consistencia del programa fiscal ante el organismo internacional y habilita la continuidad de los desembolsos previstos. No obstante, el informe del CEPA subraya que el equilibrio se sostiene sobre un ajuste profundo y persistente del gasto real y una estrategia financiera que posterga el reconocimiento de intereses, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad económica, social e institucional en el mediano plazo.

CEPA Informe iscal 2025 Argentina by CristianMilciades

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