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Presión cambiaria: provincias y empresas afrontan vencimientos récord en septiembre

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Entre septiembre y octubre, las provincias argentinas deberán afrontar pagos de deuda por USD 670 millones, lo que ejercerá una presión significativa sobre las reservas del Banco Central en un contexto de baja liquidación de exportaciones y metas exigentes del FMI.

Septiembre se perfila como el mes más exigente del año para las arcas del Banco Central (BCRA) en términos de pagos provinciales de deuda. Según estimaciones privadas, los gobiernos subnacionales deberán comprar cerca de USD 670 millones en el mercado único y libre de cambios antes de las elecciones legislativas de octubre, y más de USD 1.020 millones en total hasta fin de año.

La provincia de Buenos Aires concentrará un tercio de esas erogaciones con un vencimiento clave el 1° de septiembre por casi USD 380 millones.

El acceso de las provincias a dólares para cancelar capital e intereses de sus bonos en moneda extranjera fue objeto de controversia en 2023, cuando la gestión de Miguel Pesce al frente del BCRA limitó la operatoria y pidió a los gobernadores utilizar divisas propias. Esa política derivó incluso en una demanda judicial de Córdoba contra el Central.

Con el cambio de administración nacional, el mecanismo volvió a normalizarse, aunque persiste la presión sobre las reservas netas, especialmente en períodos de elevada concentración de vencimientos.

Bonos garantizados y casos particulares

No todas las provincias impactan del mismo modo en el mercado de cambios. En Neuquén, por ejemplo, parte de la deuda está garantizada con regalías hidrocarburíferas, canalizadas a través de un fideicomiso que paga directamente a los acreedores.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las provincias recurren al mercado cambiario oficial, incidiendo en la demanda de divisas y en el valor del tipo de cambio flotante.

El tercer trimestre del año suele caracterizarse por un menor ingreso de divisas debido al fin de la temporada alta de liquidaciones agrícolas. Esta menor oferta del sector privado coincide con un incremento estacional de la demanda por importaciones, turismo y, ahora, fuertes pagos provinciales y corporativos en dólares.

Según datos de mercado, las empresas privadas con obligaciones negociables en moneda extranjera también afrontarán picos de vencimientos en septiembre y octubre, por más de USD 260 millones mensuales, acelerándose a USD 400 millones en noviembre y diciembre.

El desafío de las metas del FMI

El último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional recortó en USD 6.500 millones la meta anual de acumulación de reservas netas, pero el Gobierno todavía debe sumar USD 6.600 millones en lo que resta de 2025 para cumplir con el objetivo reformulado.

La consultora Invecq advirtió que el número “solo sería viable si se reabre el financiamiento externo tras las elecciones”. Por su parte, 1816 calculó que, para que las reservas netas crezcan USD 3.500 millones y se cumpla la meta, el Ejecutivo debería obtener USD 6.000 millones adicionales vía compras en el mercado, endeudamiento o privatizaciones.

La consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, informó que las reservas netas del BCRA se ubican actualmente en USD 7.200 millones negativos. Con la nueva meta —que fija un piso de USD 3.400 millones negativos para diciembre— será necesario acumular USD 5.900 millones adicionales.

Empiria subrayó que el incumplimiento previo llevó a un cambio en la estrategia cambiaria: el Tesoro pasó a realizar compras directas de divisas, dejando al BCRA al margen. Si bien el FMI avala estas operaciones, recomendó al Central adoptar un esquema de compras calendarizadas y predecibles, como hacen países con tipo de cambio flexible como Chile, Colombia y México.

Con el calendario de pagos concentrado en el corto plazo, la volatilidad cambiaria podría intensificarse en septiembre y octubre. Si el Gobierno no logra reforzar las reservas mediante financiamiento externo o mayores exportaciones, la presión sobre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros podría escalar.
La dinámica electoral y las expectativas del mercado serán determinantes para evaluar la sostenibilidad de la estrategia de intervención y el cumplimiento de las metas con el FMI.

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CABA: una familia tipo necesita $1,88 millones para ser clase media

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El Índice de Precios al Consumidor porteño mostró una aceleración frente a junio, con fuerte incidencia de rubros turísticos y gastronómicos. En la comparación interanual, el aumento de precios fue del 40,9%, y una familia tipo necesitó ingresos mínimos de $1,88 millones para integrar la clase media.

En julio de 2025, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el 2,5%, por encima del 2,1% registrado en junio, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
Los aumentos estuvieron liderados por:

  • Restaurantes y hoteles: +5,3% (incidencia de 0,60 puntos porcentuales).
  • Transporte: +3,6%.
  • Recreación y cultura: +3,6%.
  • Vivienda, agua, electricidad y gas: +1,7%.

La composición del alza refleja el impacto del receso invernal sobre el turismo interno y la gastronomía, sumado a ajustes tarifarios en servicios públicos y transporte. Se trata del registro mensual más alto desde marzo de este año.

En la medición interanual, el IPCBA trepó 40,9%, lo que supone una desaceleración de 3,6 puntos porcentuales respecto a junio.
Pese a este retroceso, el índice continúa mostrando un cuadro de inflación elevada, que limita la recuperación del poder adquisitivo y condiciona el consumo privado.

En el acumulado de enero a julio de 2025, la inflación alcanzó 18,1%, cifra que, si bien es menor que los picos registrados en 2023 y 2024, sigue ubicándose en un rango que presiona sobre el presupuesto de los hogares porteños.

Clase media: ingresos mínimos en alza

De acuerdo con el IDECBA, en julio una familia tipo —dos adultos con dos hijos menores— necesitó ingresos mensuales de entre $1.889.557 y $6.046.584 para ser considerada de clase media.
El estudio segmenta la estructura socioeconómica de la siguiente forma:

  • Medio frágil: entre $1.511.646 y $1.889.557.
  • Clase media típica: entre $1.889.557 y $6.046.584.
  • Medio acomodado: por encima de $6.046.584.

Por debajo del primer umbral se ubican los hogares pobres, mientras que superar el tramo superior clasifica como sector de ingresos altos.
El rango para la clase media se amplió frente a abril de 2025, cuando iba de $1.840.530 a $5.889.696, reflejando el efecto directo de la inflación sobre el costo de vida.

El IPCBA mide mensualmente la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo en la Ciudad.
Incluye rubros como alimentos y bebidas, vivienda, transporte, salud, recreación, educación, comunicaciones y equipamiento del hogar.
El índice distingue:

  • Bienes y servicios.
  • Precios regulados (tarifas y servicios públicos).
  • Componentes estacionales.
  • Inflación núcleo (sin factores temporales o administrados).

Esta segmentación permite detectar con precisión los motores de la inflación en cada período y su impacto diferencial sobre los distintos estratos socioeconómicos.

La aceleración inflacionaria en CABA es un termómetro para la política económica nacional, ya que suele anticipar tendencias del índice nacional que publica el INDEC.

Para el sector privado, el dato refuerza la necesidad de ajustar proyecciones salariales y renegociar paritarias, especialmente en actividades vinculadas al turismo, gastronomía y transporte.

En el plano político, el comportamiento de la inflación porteña servirá de insumo para el debate sobre tarifas, acuerdos de precios y políticas de ingresos en la previa a las elecciones legislativas.

Analistas prevén que la inflación en CABA podría mantenerse en torno al 2%–2,5% mensual en los próximos meses, con riesgos al alza por posibles actualizaciones de tarifas y combustibles.

El desempeño del dólar y las decisiones en materia de política monetaria y fiscal serán determinantes para consolidar —o revertir— la desaceleración interanual observada en julio.

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Belgrano Cargas aprueba presupuesto con déficit de $71.780 millones y plan de inversiones

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El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2025 de Belgrano Cargas y Logística S.A., que prevé ingresos por $164.413 millones y gastos por $236.193 millones, con un déficit operativo de más de $71.780 millones. La empresa proyecta sumar vagones, recuperar locomotoras e impulsar la participación privada para mejorar la sustentabilidad del sistema ferroviario de cargas.

La Resolución 1145/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializa la aprobación del presupuesto y plan de acción para el ejercicio 2025 de Belgrano Cargas y Logística S.A. (operadora de Trenes Argentinos Cargas). El documento detalla objetivos estratégicos, proyecciones financieras y un esquema de inversiones que busca reforzar el transporte ferroviario de carga como pilar de competitividad logística para 16 provincias.

Belgrano Cargas administra tres líneas: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con una red operativa de 7.794 kilómetros y conexión directa con los principales puertos agroexportadores del Gran Rosario.

Ejes técnicos del presupuesto

El plan aprobado estima para 2025:

  • Ingresos de operación: $164.413.080.400
  • Gastos de operación: $236.193.487.877
  • Resultado operativo (pérdida): -$71.780.407.477
  • Ingresos corrientes: $224.158.580.400
  • Gastos corrientes: $236.193.487.877
  • Resultado económico (desahorro): -$12.034.907.477
  • Recursos y gastos de capital: $39.876.382.184

La producción total estimada es de 6,8 millones de toneladas transportadas:

  • Línea Belgrano: 2,4 millones
  • Línea San Martín: 3,8 millones
  • Línea Urquiza: 0,59 millones

Según el Anexo I del plan, el incremento en la participación de mercado y la sustentabilidad del servicio dependen de nuevas inversiones privadas y mejoras en infraestructura. Se prevé la incorporación de 180 vagones cerealeros, la recuperación de 5 locomotoras y el inicio de operaciones para el transporte minero en el norte del país.

El documento reconoce que la red aún requiere inversiones significativas en vías y mecánica para prevenir descarrilamientos y mejorar la velocidad operativa. La Emergencia Ferroviaria decretada en junio de 2024 (Decreto 525) es señalada como herramienta clave para acelerar obras y reforzar la seguridad.

Impacto económico y regional

Belgrano Cargas tiene una participación del 38% en el mercado ferroviario de cargas, con fuerte presencia en los segmentos de granos y áridos. Según la empresa, el transporte ferroviario permite a los productores reducir costos logísticos hasta en un 30%, especialmente en distancias medias y largas.

El plan también contempla objetivos en materia de recursos humanos: negociación de convenios colectivos, capacitación, mejora de condiciones de seguridad e higiene, y reducción del ausentismo.

La estrategia oficial apunta a transformar al sistema ferroviario en un actor económica y financieramente sustentable con reglas claras para atraer capital privado. De concretarse las inversiones proyectadas, la carga transportada podría aumentar en los próximos años, generando beneficios directos para las economías regionales y el sector exportador.

La resolución firmada por el ministro Luis Caputo subraya que el ferrocarril de cargas seguirá siendo una herramienta central de política económica, clave para la competitividad de las provincias productoras.

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El Gobierno usó u$s2.000 millones del FMI para recomprar Letras Intransferibles al BCRA

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El Ministerio de Economía dispuso la adquisición anticipada de títulos intransferibles en poder del Banco Central por un valor efectivo de USD 2.000 millones. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 37/2025, busca optimizar el perfil de vencimientos en el marco del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda concretaron este lunes una recompra de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 3 de abril de 2029” que estaba en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El monto de la operación asciende a USD 2.000 millones de valor efectivo, a un precio de USD 61,184666 por cada USD 100 de valor nominal original, lo que implica un descuento sustancial respecto del total emitido en abril de 2024 por USD 3.268,79 millones. La liquidación se realizó el mismo 11 de agosto de 2025, fecha de la resolución.

Vínculo con el programa con el FMI

El DNU 179/2025, dictado en marzo, autorizó al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas acordado con el Fondo Monetario Internacional. Entre los objetivos de dicho programa figura la cancelación de letras intransferibles en dólares en poder del BCRA, con un plazo de amortización de diez años.

Este tipo de letras fueron emitidas en años previos como mecanismo para que el Tesoro obtuviera financiamiento del Banco Central sin recurrir a los mercados internacionales, pero su permanencia en el activo del BCRA ha sido señalada como un factor que distorsiona su balance.

La operación se ampara en el artículo 55 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que faculta a las secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros, así como transacciones en derivados y reestructuraciones de deuda.

Según la norma, para fijar el precio de este tipo de operaciones deben utilizarse valores de mercado o mecanismos usuales para cada transacción. El servicio jurídico del Ministerio de Economía intervino previamente a la aprobación.

Con la recompra, los títulos serán dados de baja de los registros de la deuda pública, lo que supone una mejora inmediata en el perfil de vencimientos a mediano plazo y reduce el stock de pasivos en moneda extranjera.

En el plano monetario, la operación contribuye a sanear el balance del BCRA, que dejará de contabilizar como activo un instrumento que no puede negociar en el mercado. Esto se alinea con la estrategia oficial de reforzar la credibilidad de la autoridad monetaria y limpiar su hoja de balance de activos de baja liquidez.

En el sector financiero, la recompra es vista como un paso técnico dentro del plan de normalización de la deuda intra-sector público, pero también como una señal hacia el FMI de que el Gobierno avanza en los compromisos asumidos.

Analistas destacan que el descuento aplicado en la transacción implica un ahorro contable para el Tesoro, aunque recuerdan que el origen de los recursos para financiar esta operación será clave para evaluar su impacto neto sobre las reservas internacionales.

Fuentes del Ministerio de Economía anticipan que esta podría ser la primera de una serie de operaciones de administración de pasivos destinadas a reducir la exposición del BCRA a deuda del Tesoro y mejorar la estructura de vencimientos.

En paralelo, el acuerdo con el FMI establece que parte de los desembolsos futuros se orientarán a recompras y cancelaciones similares, comenzando por los instrumentos con vencimientos más cercanos.

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Residencias médicas: cada provincia será responsable de tomar sus propias evaluaciones

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Tras el fraude detectado en 117 exámenes, a partir del año próximo cambiará el esquema para acceder a las residencias médicas. El objetivo es dar mayor transparencia, pero también respetar las particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias del país.

Según acordaron este lunes el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y sus pares de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), la instancia de evaluación dejará de estar centralizada en un examen único nacional y pasará a ser administrada directamente por cada provincia.

Además, con la nueva modalidad, la Nación dejará de financiar las becas destinadas a las residencias, que quedarán bajo la órbita de las jurisdicciones.

El objetivo no solamente es el de minimizar la posibilidad de fraude, sino también que el proceso de selección de profesionales responda a las necesidades sanitarias específicas de cada territorio y dar mayor autonomía provincial.

El nuevo esquema obligará a cada jurisdicción a diseñar sus propios criterios de evaluación, establecer mecanismos de financiamiento y garantizar la transparencia de los concursos.

En el Ministerio de Salud sostienen que la descentralización permitirá que cada sistema local priorice las especialidades y perfiles que realmente demanda, teniendo en cuenta factores como la distribución de la población, la infraestructura hospitalaria y la situación epidemiológica de la región.

La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fue financiada por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, sostuvo Lugones.

El consenso alcanzado entre las autoridades provinciales se apoya en la idea de que las políticas de salud deben construirse a partir de realidades concretas. Por ejemplo, mientras en algunas provincias la urgencia puede ser la de fortalecer la atención en zonas rurales, en otras la demanda podría estar vinculada a especialidades propias de áreas urbanas con mayor complejidad.

La decisión de modificar el esquema de ingreso a las residencias se tomó en un contexto atravesado por cuestionamientos al sistema vigente. El detonante fue el fraude detectado en el Examen Único de Residencias 2025. En total fueron 117 los postulantes que debieron presentarse a una nueva instancia, y ninguno logró repetir la calificación obtenida en el primer examen.De acuerdo con los datos oficiales, 109 de ellos eran profesionales extranjeros, lo que encendió el debate sobre los mecanismos de control y validación de títulos. El Gobierno modificó también ese sistema.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano implementó una restricción adicional para los aspirantes formados fuera del país: quienes provengan de universidades que no figuren en el registro de la Federación Mundial de Educación Médica quedarán inhabilitados para postularse a residencias en Argentina. El objetivo, según explicaron, es garantizar un estándar académico mínimo y homogéneo para todos los ingresantes.

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