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El Banco Santander cierra sucursales en Santa Fe y Chubut

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La Asociación Bancaria denunció que el Banco Santander, una de las principales entidades financieras que operan en Argentina, continúa con su plan de reestructuración, lo que está provocando el cierre de sucursales en distintas provincias y el despido de trabajadores.

La medida, que según el gremio ya se viene aplicando desde hace semanas, afecta principalmente a localidades donde el banco tenía presencia histórica, dejando a comunidades enteras sin atención presencial y a empleados sin posibilidades de reubicación.

De acuerdo a la denuncia del sindicato, el Banco Santander resolvió el cierre de cinco sucursales en la provincia de Santa Fe. Las localidades afectadas son:

  • Franck
  • Cayastá
  • El Trébol
  • Las Rosas
  • Villa Cañás

Carlos Rivero, secretario adjunto de La Bancaria Santa Fe, advirtió que la situación es preocupante, ya que no se trata de un caso aislado. “El Banco Santander ya viene realizando achiques a nivel nacional”, afirmó.

Según Rivero, en esta nueva tanda de cierres ni siquiera se contempla la reubicación del personal. “A los trabajadores directamente ya no se los quiere reubicar y les ofrecen las indemnizaciones correspondientes”, explicó.

Por qué los bancos están cerrando sucursales

El gremio sostiene que esta tendencia no es exclusiva del Santander. En palabras de Rivero, uno de los factores clave es el avance de las billeteras virtuales y las fintech, que ofrecen servicios financieros con costos más bajos y sin la regulación estricta del Banco Central. Esto ha reducido considerablemente el flujo de clientes que concurren a las sucursales físicas, afectando su viabilidad.

El fenómeno no solo se observa en grandes ciudades, sino también en localidades pequeñas y medianas, donde la presencia bancaria era un servicio esencial para jubilados, comerciantes y productores.

En Chubut también denuncian cierres

La situación no se limita a Santa Fe. En la provincia de Chubut, la misma entidad comunicó el cierre de tres sucursales en Comodoro Rivadavia.

Según información publicada por Radio Chubut, al menos cinco empleados fueron despedidos en esa ciudad. El clima en el sector es de incertidumbre, ya que los gremios advierten que podrían producirse más cesantías si el plan de reestructuración avanza.

La Asociación Bancaria mantiene un seguimiento cercano de la situación y asegura que continuará reclamando por la preservación de los puestos de trabajo.

Desde el gremio insisten en que, aunque la digitalización de los servicios financieros es inevitable, el ajuste no debe recaer sobre los empleados ni dejar a comunidades sin acceso a atención presencial.

Además, remarcan que el cierre de sucursales impacta negativamente en sectores vulnerables, como adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología, pequeños comerciantes que manejan efectivo y usuarios que requieren asistencia personalizada para trámites complejos.

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UADE revela qué provincias y municipios tienen la mayor carga impositiva en servicios públicos

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Un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE revela que la carga fiscal sobre energía, agua y gas varía drásticamente entre jurisdicciones. En algunos casos, las tasas municipales y provinciales combinadas duplican el promedio nacional, afectando competitividad, previsibilidad y acceso a servicios esenciales.

La investigación de la UADE, basada en datos oficiales y relevamientos propios, muestra que la presión tributaria total sobre los servicios públicos oscila entre 0% en Formosa y 35,1% en La Pampa, con picos de hasta 63,3% en el rubro agua en esta última provincia.
Chubut presenta una carga total del 26%, impulsada por un gravamen provincial del 60,9% sobre la energía eléctrica, mientras que Neuquén (21,4%) y Chaco (21,3%) también registran valores elevados.
En el extremo opuesto, Corrientes (0,6%), Santa Cruz (3,1%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,7%) mantienen cargas moderadas.

Dispersión en el conurbano: tasas municipales de 0,5% a 6,3%

El estudio pone especial foco en la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) incluida en las facturas de servicios públicos en los 24 municipios del conurbano bonaerense.
Las alícuotas van del 0,5% en Berazategui al 6,3% en Lanús, con diferencias marcadas incluso entre distritos vecinos.

“No existe un patrón uniforme de política fiscal local, ni siquiera entre municipios con estructuras urbanas comparables”, advierte el informe.

En el segmento alto se encuentran Lanús (6,3%), Hurlingham (4,5%) y Quilmes (3,7%). En el bajo, Tres de Febrero (0,9%), Florencio Varela (0,9%) y Berazategui (0,5%).

Según INECO, estas variaciones responden a estrategias recaudatorias autónomas o a compensaciones por menores transferencias provinciales.

El problema de la fragmentación fiscal

La UADE señala que la autonomía fiscal reconocida por la Constitución Nacional y las constituciones provinciales ha derivado en un sistema “altamente fragmentado”.

Cada municipio define métodos de cálculo, actualización y esquemas de alícuotas —progresivos, fijos o basados en facturación— que encarecen el cumplimiento tributario y complican la planificación de empresas que operan en más de una jurisdicción.

Además, la superposición de cargas municipales y provinciales en algunas zonas incrementa la presión fiscal sobre hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas, reduciendo la equidad del sistema y aumentando los costos finales al consumidor.

La energía eléctrica es el servicio más gravado a nivel nacional, con una carga promedio del 20,3%, seguida por el agua (11,9%) y el gas (4,6%).

En la provincia de Buenos Aires, la presión fiscal combinada sobre energía, agua y gas alcanza el 9,8%, pero con un componente energético del 19,9%, al que se suman las tasas municipales.

La inclusión de tributos locales en las facturas de servicios esenciales genera, según el informe, “confusión sobre la composición del monto total” y encarece el acceso para usuarios finales.

Para las empresas, la heterogeneidad tributaria implica mayores costos administrativos y operativos, especialmente para cadenas comerciales e industriales con presencia interjurisdiccional. INECO advierte que esta estructura “introduce incertidumbre”, desincentiva inversiones y limita la competitividad regional.

La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto local como provincial, produce un sistema fiscal “altamente fragmentado”, según el informe. Esta fragmentación genera “efectos distributivos dispares” y puede derivar en “ineficiencias recaudatorias y de provisión”. El documento señala que la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interjurisdiccional amplifica las desigualdades territoriales, tanto en el costo de acceso a los servicios como en la competitividad regional.

El análisis de INECO subrayó que la superposición de cargas municipales y provinciales en algunos territorios contribuye a una presión fiscal elevada, especialmente sobre sectores con menor capacidad contributiva. “El actual esquema de tasas e impuestos locales carece de uniformidad y previsibilidad, lo cual afecta la equidad del sistema tributario y limita su eficacia como herramienta de desarrollo”, sostuvo el informe.

Para las empresas, especialmente aquellas que operan en diferentes municipios o provincias, esta heterogeneidad se traduce en “mayores costos de cumplimiento tributario y una complejidad significativa para planificar sus operaciones”. El informe advirtió que un sistema fiscal tan fragmentado “introduce incertidumbre y aumenta los costos operativos”, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios e industrias, y trasladando parte de estos costos al consumidor final a través de precios más altos.

Hacia una coordinación fiscal interjurisdiccional

Si bien la autonomía fiscal es un pilar del federalismo argentino, la UADE recomienda avanzar en mecanismos de cooperación y estandarización de criterios tributarios.

El objetivo sería mejorar la transparencia, reducir distorsiones, facilitar el cumplimiento y garantizar una distribución más equitativa de las cargas.

Para el instituto, un esquema más coordinado permitiría fortalecer la sostenibilidad financiera de gobiernos locales sin comprometer la calidad y cobertura de los servicios públicos.

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Reservas: Argentina sólo alcanza el 54% del nivel ideal del FMI

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Un estudio de GMA Capital advierte que el país sólo cuenta con el 54% del nivel “ideal” estimado por el FMI, lo que lo ubica en los últimos puestos de América Latina. El organismo multilateral otorgó un waiver por incumplir la meta de acumulación, pero exige un rol más activo del Banco Central.

Argentina se ubica entre los países con menor nivel de reservas internacionales en la región, de acuerdo con un informe de la consultora GMA Capital basado en parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). El stock actual asciende a USD 42.114 millones, lo que representa apenas el 54% de lo que el organismo considera adecuado para garantizar estabilidad cambiaria y monetaria.

El dato se conoce tras la última revisión del acuerdo, en la que el FMI otorgó un waiver —exención de penalidad— por un incumplimiento equivalente a USD 3.600 millones respecto de la meta intermedia.

Contexto regional: la brecha con los vecinos

Mientras Chile alcanza un 79% del nivel considerado óptimo, Brasil llega al 120% y Uruguay lidera con un 181%. En promedio, América Latina presenta un ratio de reservas equivalente al 121% de lo recomendado. Según GMA Capital, para que Argentina igualara ese promedio, el Banco Central debería acumular cerca de USD 93.100 millones.

La consultora advierte que un nivel elevado de reservas —entre 100% y 150% del estándar— permite cubrir al sistema ante posibles shocks como salidas de capitales, menor rollover de deuda, déficit comercial o crisis de confianza en la moneda local.

En su último Staff Report, el FMI pidió que el Banco Central adopte una estrategia más activa de acumulación de divisas, priorizando compras en el mercado de cambios bajo un esquema anticipado, como aplican Chile, Colombia y México. Como referencia, Chile anunció un plan de compras diarias de USD 25 millones hasta 2028.

El organismo también suprimió la meta intermedia prevista para septiembre y redujo en USD 5.000 millones el objetivo de fin de año, aunque mantuvo sin cambios la meta final para 2027. Esto implica que el incremento pendiente para 2025 rondará los USD 3.600 millones.

En línea con esta estrategia, el Gobierno concretó la semana pasada una operación de deuda interna entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Utilizando el segundo desembolso del FMI, el Tesoro canceló parte de las Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria, permitiendo al BCRA incrementar sus reservas netas.

“El proceso de recapitalización fortalece el respaldo de los pasivos del Banco Central, incluyendo los depósitos de personas y empresas”, explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien detalló que ambas operaciones redujeron deuda bruta del Tesoro en USD 2.886 millones y recapitalizaron al BCRA por USD 14.000 millones.

Para alcanzar las metas revisadas, el Gobierno evalúa combinar compras de divisas en el mercado oficial, emisiones de deuda externa y eventuales procesos de privatización. Los vencimientos del Tesoro y el BCRA hasta fin de año suman aproximadamente USD 4.400 millones, lo que condiciona el margen de maniobra.

La sostenibilidad de esta estrategia dependerá del flujo de exportaciones, el acceso a mercados de capital y la estabilidad política, en un año marcado por la discusión de reformas estructurales en el Congreso.

El riesgo país y la política en la mira de los inversores

El bajo nivel de reservas se combina con la expectativa electoral. Con las elecciones legislativas de medio término programadas para octubre, el mercado sigue de cerca las encuestas y el eventual fortalecimiento del oficialismo en el Congreso, tras sufrir 12 votaciones adversas en Diputados en temas clave como la desregulación del INTA, INTI, organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.

Por ahora, el riesgo país se mantiene estable en torno a 730 puntos, lejos de los casi 1.000 que alcanzó antes de la Fase 3 del programa económico. Según GMA Capital, la experiencia de los últimos 15 años muestra que, en promedio, el indicador tiende a comprimirse 126 puntos en los tres meses previos a las elecciones y 53 puntos adicionales en los tres meses posteriores.

El FMI confía en que las nuevas metas más flexibles y un Banco Central más activo permitan reforzar las reservas y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, el cumplimiento dependerá de la capacidad de gestión del equipo económico, la evolución del comercio exterior y la reacción del mercado ante los resultados de octubre.

El desafío es doble: recuperar reservas sin frenar la actividad económica y, al mismo tiempo, sostener la confianza política que permita acceder a financiamiento en condiciones más favorables.

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Desregulación en Argentina: informe muestra que se modificaron 396 normas en 19 meses

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En menos de dos años, la administración de Javier Milei profundizó su política de desregulación con impacto transversal en sectores estratégicos como transporte, finanzas, agroindustria y comercio exterior. El proceso, iniciado con el DNU 70/2023 y potenciado por la Ley Bases, ya eliminó o modificó 1.157 normas y 8.090 artículos.

La política de desregulación del actual gobierno se lanzó formalmente en diciembre de 2023 con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que marcó el inicio de un recorte masivo de normativas. La sanción de la Ley N.º 27.742, conocida como Ley Bases, en julio de 2024, y la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aceleraron el proceso, consolidando una tendencia creciente de cambios regulatorios.

El objetivo declarado: fortalecer la competitividad, fomentar la competencia y promover el desarrollo productivo a través de la remoción de regulaciones consideradas redundantes, costosas o ineficientes para empresas, ciudadanos y organismos públicos.

Al 31 de julio de 2025, el Ejecutivo contabiliza 396 normas de desregulación que impactaron sobre 1.157 normativas previas y 8.090 artículos. El informe oficial aclara que esta cifra es una cota inferior, ya que muchas disposiciones incluyen cláusulas generales que derogan toda norma incompatible, lo que eleva el número real de cambios.

Entre las áreas más afectadas por la política de desregulación se destacan:

  • Comercio Exterior: 66 normas modificadas o derogadas.
  • Finanzas y Mercado: 55 normas.
  • Transporte: 55 normas.
  • Agroindustria: 54 normas.
  • Producción Nacional: 40 normas.
  • Bienestar Ciudadano: 37 normas.
  • Salud: 26 normas.
  • Cultura, Turismo y Deporte: 25 normas.

Metodología: conteo artículo por artículo

La Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio detalla un procedimiento en tres etapas:

  1. Identificación de normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2025 que reduzcan obligaciones, controles o trámites.
  2. Filtrado automático de artículos con verbos clave como “derogar”, “modificar” o “suprimir”.
  3. Cuantificación del impacto:
    • Normas eliminadas en su totalidad.
    • Normas con al menos un artículo modificado o suprimido.
    • Número exacto de artículos alcanzados.

Este conteo incluye los anexos normativos con contenido sustantivo y excluye artículos meramente administrativos, como los de comunicación.

La estrategia oficial combina insumos provenientes de ciudadanos (a través de la plataforma “Reportá tu burocracia”), cámaras empresarias, trabajadores, informes técnicos y áreas del Estado. El enfoque, según el Ministerio, es “técnico y sistemático”, priorizando regulaciones cuyo retiro genere simplificación de trámites, reducción de costos y mayor eficiencia, sin comprometer estándares esenciales.

Repercusiones económicas e institucionales

El impacto se distribuye de forma desigual según el sector.

En comercio exterior, las modificaciones facilitan operaciones de exportación e importación, mientras que en finanzas, apuntan a liberalizar mercados y reducir controles sobre flujos de capital.

En transporte y agroindustria, la remoción de regulaciones busca dinamizar inversiones y modernizar marcos operativos.

En el plano político, la política de desregulación es uno de los ejes discursivos centrales del gobierno de Milei, que lo presenta como una “batalla contra la burocracia” y un paso hacia una “economía más libre”. Sin embargo, sectores opositores y gremiales advierten sobre el riesgo de desprotección de derechos y vacíos regulatorios.

El informe oficial proyecta que el ritmo de cambios se mantendrá en lo que resta de 2025, con nuevas medidas previstas en energía, infraestructura y mercado laboral. El monitoreo estadístico de la Unidad de Evaluación de Impacto permitirá seguir el avance mes a mes, ofreciendo una trazabilidad inédita en la historia reciente de las reformas normativas.

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Carlos Castagnani reclama cambios tributarios, laborales y logísticos en el campo

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En la 10° Expo Rural de Laboulaye, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, planteó la necesidad urgente de una reforma tributaria y laboral, junto con la eliminación definitiva de las retenciones, para que el agro recupere competitividad, invierta y genere empleo.

Castagnani en Laboulaye: “Es imprescindible una reforma tributaria y laboral, y la eliminación total y definitiva de las retenciones”. Participación del presidente de CRA en la 10° Expo Rural de Laboulaye en Córdoba.

En el marco de la Expo Rural de Laboulaye, Córdoba, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, remarcó la necesidad urgente de encarar cambios estructurales que permitan al campo recuperar competitividad, invertir y generar empleo.

“Es imprescindible una reforma tributaria profunda que deje de asfixiar a quienes producen y una reforma laboral que contemple la estacionalidad y la variabilidad del trabajo en el sector agropecuario. Y también, la eliminación total y definitiva de las retenciones. Sin estos cambios, será imposible que el campo despegue y potencie a la Argentina”, señaló.

Durante su discurso, Castagnani reconoció medidas positivas adoptadas por el gobierno nacional, como la lucha contra la inflación, la eliminación de la brecha cambiaria, la apertura de nuevos mercados, la implementación de créditos en productos -un histórico reclamo del sector-, la eliminación de retenciones a las economías regionales y la reciente rebaja permanente de retenciones a los granos. Además, destacó el buen diálogo y contacto con las autoridades nacionales. 

No obstante, el dirigente advirtió sobre problemas que siguen sin resolverse y que requieren respuestas urgentes: 

• Infraestructura: “El estado de rutas y caminos rurales es lamentable. Hay tramos intransitables que encarecen la logística, afectan la producción y ponen en riesgo vidas humanas. Este es un reclamo a Nación, provincias y municipios. Nadie puede mirar para otro lado. Es imprescindible volver a apostar al ferrocarril, celebramos la licitación del Belgrano Cargas y el avance del Expreso Pampeano, que alivian la conectividad productiva”. 

• Inseguridad rural: “Necesitamos una política pública firme y sostenida, con presencia real de las fuerzas de seguridad en el territorio, y leyes que permitan a la Justicia actuar con decisión. Hoy, muchos productores se sienten indefensos”.

• Instituciones clave: Castagnani defendió el rol del INTA, destacando su aporte en investigación y capacitación, pero pidió transformaciones para volverlo más eficiente y conectado con las demandas actuales. Sobre el SENASA, insistió en la necesidad de fortalecerlo para garantizar la sanidad nacional, abrir nuevos mercados y resolver desafíos como la reapertura del mercado chileno para la Patagonia. 

El presidente de CRA también recordó que el próximo 20 y 21 de agosto se realizará en la Sociedad Rural de Río Cuarto el 14° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, donde se debatirá el sistema de vacunación antiaftosa y se abordarán amenazas como la garrapata en el Litoral. 

Dirigiéndose a la juventud rural, Castagnani fue enfático: “Ya no son más el futuro, son el presente. Deben involucrarse en las decisiones y asumir el liderazgo que el campo necesita”. 

Finalmente, reafirmó el mensaje institucional de CRA: “Vamos a seguir recorriendo el país, defendiendo la producción con firmeza y propuestas. Pero para que eso sea posible, necesitamos reglas claras, previsibilidad, un Estado que acompañe y políticas que liberen el potencial de quienes producen”.

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