Tiempo de reformas
Por Juan Luis Bour – El empleo privado asalariado formal, es decir los puestos de trabajo asociados a actividades con mayor productividad relativa, se mantiene estancado en los últimos 24 meses, o si se prefiere en los últimos 30 meses, o en los últimos 15 años. El nivel desestacionalizado de una serie larga con base 100 a mediados de 2004 alcanzó el nivel 130 en agosto de 2010 y el último dato disponible (diciembre de 2025) vuelve a estar en 130. En el medio, pequeños movimientos para arriba y para abajo, que podrían ser signos de un gran crecimiento de tendencia de la productividad, si no fuera que las bajas y altas corresponden a ciclos cortos macroeconómicos de expansión y contracción del PBI. A mediano y largo plazo, el empleo formal privado asalariado no crece, aunque el PBI haya crecido.
El contexto macroeconómico explica en buena medida este fracaso estrepitoso del mercado laboral formal, que en estos últimos 15 años muestra estancamiento del empleo productivo y un salto de las formas no contractuales de empleo –asalariados informales, cuentapropistas formales e informales- y del empleo público. En el mejor de estos años (2017) en términos de empleo privado asalariado formal y de PBI, el empleo privado estuvo 3.7% arriba de su nivel en 2025. Las otras formas de empleo estuvieron mucho más arriba: los monotributistas (sociales y otros) crecieron 23% -a pesar de la caída de los “sociales” desde fines de 2024- y los empleados públicos son 8% más.
En los últimos dos años, sin embargo, hubo cambios relevantes en términos de un descenso del empleo público agregado –caída importante en el gobierno federal, movimientos dispares en provincias y municipios- y la baja de unos 400 mil inscriptos como monotributistas sociales desde diciembre de 2024, que redujo 3% en ese mes el total de ocupados considerados formales. Es un cambio copernicano respecto de lo ocurrido desde 2003 a 2023, pero no alcanza. El cambio en empleo público y la categoría de monotributistas sociales pone de relieve la informalización del empleo total durante las primeras dos décadas del siglo: el desempleo, en los hechos, se mantenía oculto en formas precarias de formalización y en el aumento del empleo público. Estos cambios, por lo tanto, son bienvenidos desde el punto de vista de reducir el desempleo oculto, pero no cambian la tendencia. Eventualmente, si la tasa de actividad no cae, podrían aumentar la oferta en un mercado que tiene de por sí poca demanda de trabajadores formales. Por lo tanto, hoy se necesita algo más para que el mercado laboral funcione y, de paso, para que la economía funcione.
Alguna recuperación de la demanda de empleos formales vendrá, sin duda, de la mano de una mejora de la macro: si la economía logra hilvanar varios años de crecimiento evitando caídas (desde 2008 no logramos sumar tres años seguidos de crecimiento), la diferencia será notable, pero no alcanzará para formalizar empleo. Eliminar desempleo oculto es importante, pero no es lo mismo que crear empleo de calidad. La otra condición para recuperar empleo formal es la de revisar y cambiar las normas regulatorias del mercado laboral, en línea con lo que propone la nueva ley y, en general, introducir flexibilidad normativa para adaptarse a cambios. La rigidez es un resabio medieval de mundos inmutables.
Asumido que para crear empleo de calidad se deben aplicar reformas que inciden sobre los contratos laborales que -de forma explícita o implícita- todos enfrentamos, surge inmediatamente la pregunta de cuáles son los costos que debemos asumir. Ello recuerda –para poner un ejemplo dramático- el dilema del tranvía en la filosofía y la psicología moral, recientemente reescrito en términos del automóvil autónomo (para acercarnos a la era de Elon Musk). En el dilema original, un tranvía corre fuera de control por una vía en la que más adelante hay cinco personas atadas. Es posible accionar un mecanismo que desvíe el tranvía a otra vía en la que más adelante hay (solo) una persona atada. ¿Deberíamos accionar el mecanismo o no hacer nada?
En los hechos, tras escribir las leyes laborales hace 80 años no hicimos más que observar cómo empezamos a crear grandes bolsones de informalidad, para extender esos bolsones a todo el mercado laboral –privado y público-, y con ello destruir la correspondencia entre trabajo y previsión que derivó en la crisis laboral y previsional en que estamos sumidos. El dilema del tranvía existe en la vida real y en política económica, porque no existe tal cosa como un free lunch: toda decisión entraña costos, ya sea hacer algo o no hacer nada. Si no hacemos nada, la informalidad seguirá su marcha y con ello seremos una sociedad que aumentará su carácter dual, con sectores muy pequeños de muy alta productividad capital intensivos que podrán soportar cualquier regulación laboral y emplearán muy pocos trabajadores, y un resto de la economía cada vez más grande de bajísima productividad e ingresos muy inferiores.
Si preguntamos qué hacer a los empresarios y sindicalistas que pueden soportar las cargas actuales que impone la regulación laboral, dirán que no hay que tocar nada. Y si se puede mantener la economía cerrada y la protección tanto mejor. Dirán que hay que dejar que todo siga igual, aunque aplastemos con el tranvía a los cinco que están adelante, es decir, aunque la economía siga su rumbo de informalización. La alternativa es hacer algo, sabiendo que habrá necesariamente costos para quienes hoy tienen privilegios o un mejor pasar a costa del resto. El gobierno ha logrado pasar la ley que busca cambiar de vía. Tiene sus riesgos y sus costos, pero lo relevante es: ¿Qué preferiría Usted, sabiendo que en ningún caso estará libre de culpa?
Juan Luis Bour, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
