El presidente Alberto Fernández anunció hoy que instruyó al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.
Al mismo tiempo, al hablar por cadena nacional, solicitó al Congreso que “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.
También informó que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados
El Presidente sostuvo que “por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas”, mientras que en otros “simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.
Al referirse a través de la cadena oficial al viaje que “habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido”, en propiedad del magnate inglés Joe Lewis, afirmó que “todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional” en la que están involucrados los participantes.
El viaje se habría producido en octubre pasado y en los últimos días medios de comunicación difundieron el contenido de conversaciones entre sus participantes a través de un grupo de chat de Telegram, en las cuales se intenta armar una versión común sobre el periplo, que incluyó la estadía en la estancia de Lewis.
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en sendos artículos del diario Tiempo Argentino y del portal El Cohete a la Luna. Los implicados son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el procurador porteño, Juan Batista Mahiques; el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo.
El viaje de los jueces se habría concretado el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, vuelo que fue revelado por Página 12 el 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta.
La periodista del diario La Nación Paz Rodríguez Niell reveló hoy que el juez Ercolini quiso “convencerla” para que sea “vocera involuntaria de la versión de ellos”, algo que “por suerte” no ocurrió.
“Deciden que Ercolini hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos”, indicó Rodríguez Niell en Radio Con Vos.
El presidente Fernández dijo además que, de acuerdo con las evidencias, “el viaje existió”, y explicó que decidió dar el mensaje desde la Casa Rosada porque “es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”, y que esperaba que” todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos”.
“Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas” y anunció una serie de medidas para investigar la situación en distintos ámbitos.
Señaló el Jefe de Estado que para ello dio instrucciones al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal “a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento”.
También instruyó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que habrían intervenido en el viaje.
En el ámbito parlamentario solicitará, expresó, al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados” y en caso de que corresponda, “presentar el juicio político a los funcionarios de la Ciudad” que hubieren participado de los hechos.
Asimismo, enfatizó que “una vez más” solicitará al Congreso Nacional que “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.
Fernández recordó en su mensaje, de poco más de cinco minutos de duración y que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que desde el inicio de su gestión advirtió “sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años” y que se comprometió a “eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica”, para lo cual “pusimos fin a los operadores y mesas judiciales”.
De esa manera, aseveró, “los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al Gobierno”.
Sin embargo, puntualizó que “todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado”, y dijo que la Argentina “necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”.
Al referirse a los hechos, precisó que hace algunos días “un diario de alcance nacional dio a conocer detalles” del viaje a Lago Escondido, donde los participantes “habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”.
“Todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, dijo.
Apuntó que quienes intervinieron “contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”.
Si bien advirtió que “lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación”, destacó que esa circunstancia “no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes”
“Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes”, resaltó el Jefe de Estado.
De esta manera, “por vez primera queda expuesto” con “enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.
Así, “todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios”, quienes están involucrados “en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, evaluó.
Los hechos provocaron el repudio de un amplio arco de dirigentes y funcionarios, entre ellos el ministro Soria, quien sostuvo que se trata de “un escándalo como nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia”, mientras el senador oficialista Oscar Parrilli afirmó que revelan “la aparición en la superficie de la mafia”, que busca “armar una estrategia jurídica y legal para proscribir a Cristina en 2023”.
Para el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, de “verificarse la veracidad” del intercambio de chats y audios “hay una exigencia de explicaciones y de rendición de cuentas porque no se pueden naturalizar estos comportamientos”, y el diputado Leopoldo Moreau consideró que “se trata de una asociación ilícita porque tapan los delitos originales con más delitos”.
