Isabella Kaminski, Dialogue Earth. En todo el mundo se ha intentado utilizar la ley para responsabilizar por el cambio climático a las empresas contaminantes. Sin embargo, ninguna demanda ha logrado hasta ahora vincular directamente las emisiones globales de una empresa con impactos climáticos específicos. No obstante, el último informe anual de la London School of Economics sobre litigios climáticos señala que “se están logrando avances importantes en casos relacionados con daños climáticos por daños ambientales localizados”, especialmente en Brasil.
Brasil ha demostrado ser un terreno fértil para los litigios climáticos. La base de datos nacional JUMA recoge 134 demandas relacionadas con el clima, lo que convierte al país en el más prolífico del Sur Global y el cuarto del mundo en este tipo de acciones.
Danielle Moreira, profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, afirma que en los últimos años no solo ha aumentado el número de casos, sino que también ha cambiado el tipo de demandas que se presentan. Según ella, las referencias al cambio climático “son cada vez más directas y explícitas”.
Este cambio ha sido impulsado por las autoridades públicas, explica Rafaela Santos Martins da Rosa, jueza federal brasileña. A diferencia de otros países, donde la mayoría de las demandas relacionadas con el clima son iniciadas por la sociedad civil, en Brasil suelen ser presentadas por fiscales estatales o federales.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil también ha desempeñado un papel importante. Esta institución pública tiene la misión de garantizar la independencia del poder judicial, llevar a cabo procedimientos disciplinarios y emitir normas y directrices. En 2019, se comprometió a incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en sus objetivos estratégicos, convirtiéndose en el primer órgano judicial del mundo en hacerlo.
Dos años más tarde, el CNJ publicó una resolución por la que se establecía una Política Nacional del Poder Judicial para el Medioambiente. Patryck Ayala, profesor asociado de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), afirma que la resolución fue “sorprendentemente innovadora”. “Establece una directriz nacional, del CNJ, para todos los jueces brasileños, indicándoles que es responsabilidad del poder judicial actuar contra el cambio climático global”.
Nuevos protocolos para los daños climáticos
Pero se necesitaban más normas para detallar cómo los jueces brasileños podían poner esto en práctica. Se creó un grupo de trabajo para elaborarlas, en el que participaron académicos, investigadores externos y representantes del poder judicial federal y estatal de todas las regiones de Brasil.
El primer protocolo que publicaron se enfocó en el uso de las pruebas disponibles para los jueces brasileños, incluido el uso de imágenes de teledetección.
Luego vino el segundo protocolo, que buscaba explicar cómo los jueces podían medir los daños climáticos. El grupo se puso a trabajar analizando varios mecanismos posibles, lo que llevó casi dos años. El CNJ celebró una consulta pública a finales de 2022, seguida de una audiencia pública en julio de 2023, en la que escuchó los comentarios de representantes de la sociedad civil que proporcionaron “aportaciones técnicas fundamentales para la redacción de este instrumento”, afirma De Moreira.
El protocolo resultante, publicado en septiembre de 2024, establece parámetros concretos para medir los daños climáticos derivados de la deforestación y los incendios forestales en juicios civiles y penales. “El protocolo tuvo el gran mérito de ser un documento del poder judicial brasileño que reconoce la categoría de daño climático como un tipo de daño ambiental independiente y distinto”, afirma da Rosa, que se convirtió en coordinadora adjunta de este grupo de trabajo. “Esto es histórico”. El pasado 3 de julio, una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una declaración similar.
A esto le siguió, el 23 de julio, un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que reforzó aún más esta labor al confirmar que las partes del Acuerdo de París tienen la obligación legal de “proteger el medioambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Para evaluar el daño climático, se introduce la superficie deforestada en una calculadora de carbono en línea desarrollada por el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam – Amazônia). Esta calculadora determina la cantidad de carbono almacenado que se ha perdido en cualquier bioma brasileño relevante.
A continuación, esta cifra debe traducirse en un valor monetario, lo que, según admite da Rosa, fue “un tema difícil de consensuar”. El grupo quería utilizar el costo social del carbono —el costo económico de emitir una tonelada adicional de dióxido de carbono a la atmósfera—, pero ningún organismo oficial brasileño ha definido aún un precio para ello.
Como resultado, el protocolo concluye que los jueces deben utilizar un precio mínimo de 5 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 equivalente. Esa cifra se estableció hace más de 15 años en el acuerdo original entre las partes del Fondo Amazonas, un mecanismo para recaudar donaciones de estados y empresas con el fin de promover la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en la Amazonía.
Las estimaciones posteriores del costo social del carbono, tanto en estudios académicos como en otros países, han sido significativamente más elevadas. El protocolo señala que, en el futuro, debería utilizarse un precio más alto, si el gobierno brasileño lo reconoce.
Desde la publicación de los protocolos, el CNJ ha cambiado el nombre de su política medioambiental para que incluya explícitamente el clima. También ha comenzado a formar a los jueces y ha creado un foro para supervisar su cumplimiento.
De Moreira espera que el segundo protocolo, en particular, “oriente la práctica judicial y ayude a los litigantes a formular sus reclamos de manera más eficaz”. Da Rosa cree que hará que las sentencias sean más justas.
Puesta en práctica del protocolo
Estos cambios ya están empezando a filtrarse en el sistema judicial. En diciembre de 2024, la Fiscalía General Federal presentó un bloque de 193 nuevas acciones legales contra más de 600 deforestadores y solicitó una indemnización total de 1300 millones de reales (unos 240 millones de dólares) por daños medioambientales.
Mientras tanto, los jueces de primera instancia ya han comenzado a utilizar su metodología en sus decisiones, principalmente en casos relacionados con la Amazonía. “Este nuevo ciclo de casos aún no ha recibido una resolución definitiva por parte de los jueces”, explica da Rosa, “pero hay movimientos importantes dentro del poder judicial que apuntan a un esfuerzo concertado para garantizar que estas demandas se juzguen rápidamente”.
De Moreira destaca un grupo de 22 casos presentados por la Fiscalía Federal, tras una investigación sobre la deforestación ilegal en el Proyecto de Asentamiento Agroextractivo Antimary (PAE). Se trata de una propiedad federal en el municipio de Boca do Acre, en el estado de Amazonas, gestionada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y ocupada por comunidades extractivistas tradicionales. Se estima que la deforestación ha provocado la emisión a la atmósfera de casi 79.000 toneladas de CO2 equivalente. En abril, el acusado, Paolo de Lima Paulo, fue condenado a pagar 1.957.677,57 reales brasileños (unos 352.000 dólares estadounidenses) por daños climáticos en el PAE, basándose en el costo social del carbono de 5 dólares estadounidenses establecido en el protocolo del CNJ.
Antes de que se redactara el protocolo, algunos jueces se negaron a definir la responsabilidad por los daños climáticos causados por las emisiones derivadas de la deforestación o los incendios, alegando motivos como la falta de pruebas periciales. Sin embargo, según da Rosa, no hay constancia de que ningún juez brasileño se haya negado a aplicar el protocolo desde su publicación.
De hecho, algunos fiscales han tratado de valorar los daños climáticos muy por encima del umbral mínimo del protocolo.
En un caso en curso se pretende sancionar a un ganadero, Dirceu Kruger, por la deforestación de terrenos públicos en el estado de Amazonas. Kruger utilizó motosierras para talar la vegetación, provocó incendios para despejar el terreno y plantó pasto para crear pasturas para su ganado. Las imágenes satelitales muestran la magnitud de los daños y Kruger admitió ante las cámaras haberlos causado.
La Fiscalía General de la Unión (AGU) argumentó que el costo social del carbono de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 60 euros por tonelada (aproximadamente 70,5 dólares), era el nivel más adecuado. El año pasado, el tribunal congeló los activos de Kruger basándose en esta cifra, por un valor de más de 50 millones de dólares, mientras el caso sigue su curso.
Efecto cadena
El protocolo se diseñó específicamente para hacer frente a la deforestación y los incendios forestales. Sin embargo, reconoce que muchos tipos de acciones humanas generan emisiones de gases de efecto invernadero o dañan los sumideros de carbono, y afirma que cualquiera de ellas podría, en teoría, dar lugar a una reclamo.
De hecho, ya hay una demanda en curso que busca una indemnización por los daños climáticos supuestamente causados por una central eléctrica de carbón en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. El Instituto Arayara, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, afirma que la central ha funcionado durante años sin las licencias necesarias y exige tanto al operador como a los reguladores estatales que demuestren la legalidad de la central.
Sin embargo, los jueces podrían alegar que no existe una metodología para evaluar los daños más allá de la deforestación o los incendios, afirma da Rosa. Por ejemplo, el CNJ aún no ha definido los criterios para calcular los daños climáticos causados por las emisiones ilegales de metano procedentes de la ganadería, dice, “pero debería hacerlo, porque es un gas muy relevante en el panorama de las emisiones brasileñas”.
Y aunque el protocolo tiene por objeto combatir la ilegalidad, da Rosa afirma que, en teoría, los fiscales podrían intentar aplicarlo a actividades legales que tienen un enorme impacto climático.
Las indemnizaciones ordenadas por los tribunales por delitos medioambientales pueden destinarse a cualquier organismo público o privado dedicado a la protección del medioambiente. Estos pueden dar prioridad a proyectos relacionados con el cambio climático, especialmente los que implican energías renovables. En los casos civiles, los jueces tienden a destinar el dinero al Fondo Nacional de Cambio Climático (FNMC) de Brasil.
Queda por ver qué impacto material tendrá el protocolo en la deforestación en Brasil. “El éxito de los casos, en el sentido de ver si se atribuyó la responsabilidad y si los recursos de las condenas se utilizaron para la mitigación, debería ser evaluado por el propio CNJ”, afirma da Rosa.
Más allá de Brasil
Aunque Brasil es el único país que ha desarrollado una metodología nacional tan exhaustiva, los tribunales indonesios también han asignado un valor monetario al daño climático. Los jueces de ese país han estimado las demandas de indemnización por daños climáticos causados por la destrucción de bosques para plantaciones de aceite de palma, así como por las emisiones de CO2 provocadas por los incendios y la destrucción de turberas.
La secuencia establecida en el protocolo del CNJ para determinar el valor monetario de los daños climáticos podría aplicarse fácilmente en otros países, afirma da Rosa. Sin embargo, sería necesario adaptarla para evaluar con precisión el impacto climático de los diferentes biomas, ya que su capacidad para almacenar carbono en la biomasa varía considerablemente. “En teoría, cualquier otra jurisdicción podría tener casos similares a los ejemplos brasileños”, afirma da Rosa, “especialmente en países donde la deforestación es la conducta responsable de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Ayala está de acuerdo en que el protocolo podría traducirse, ya que, en esencia, hace que la ciencia existente sea más accesible a los tribunales y ayuda a orientar las decisiones de los jueces, en lugar de interferir en su independencia: “Si otros países adoptaran modelos similares, deberían proponer normas que los jueces deban seguir, establecidas por un organismo con autoridad para hacerlo, y debería preverse la formación y evaluación continuas de estos jueces y de su trabajo”.
