El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, falló hoy por mayoría contra la tesis del marco temporal que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la selva amazónica, en una resolución que le aplica un duro golpe a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.
La corte rechazó por 7 contra 2 – restan otros dos votos- la presentación de las entidades rurales que querían que no se reconocieran las tierras indígenas reivindicadas después de la Constitución de 1988, que actualmente está en vigor.
La votación que se extiende desde hace cuatro años motivó movilizaciones en todo el país de los movimientos indígenas.
Brasil tiene poco más de un millón de habitantes de los pueblos originarios.
El relator del caso, Edson Fachin, sostuvo que el derecho de los pueblos indígenas a la tierra es anterior a la creación del Estado y que, por lo tanto, no debe definirse en ningún marco temporal.
El juez Fachin recordó que la Constitución define los derechos indígenas como “fundamentales” y dice que los pueblos tienen “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se oponía a la tesis de los ruralistas, al punto que es el primer gabinete con un Ministerio de Pueblos Originarios.
Por el contrario, los dos votos del máximo tribunal que respaldaron la solicitud del agronegocio fueron de los jueces designados por Bolsonaro: el jurista y pastor presbiteriano André Mendonça y Nunes Marques.
Escribe Jack Lo Lau de Dialogo Chino – Mientras los mandatarios se reúnen en Colombia, analizamos algunas de las grandes luchas de los pueblos indígenas amazónicos en la actualidad
Durante esta semana, del 6 al 8 de julio, se está desarrollando en Leticia, Colombia, la reunión denominada Camino a la Cumbre Amazónica 2023. La cumbre reunió a delegados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con el presidente del país anfitrión, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos de los jefes de Estado que más interés están mostrando en proteger estos bosques tropicales, considerados la selva más grande del planeta, y donde viven más de un millón de indígenas.
La reunión de Colombia, que reúne a representantes de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, espera concluir con una serie de propuestas y compromisos al 2025 y 2030, que se tendrían que firmar en la Cumbre Amazónica de Presidentes que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Bélem de Pará durante los primeros días de agosto.
Entre las cuestiones que probablemente ocuparán un lugar destacado en la agenda del evento figura el bienestar de los aproximadamente 400 pueblos indígenas que viven en la Amazonía y que se enfrentan a continuas amenazas a sus tierras y modos de vida, en gran parte relacionadas con intereses económicos externos que pretenden explotar los recursos naturales.
“Esta podría ser nuestra última oportunidad para revertir la destrucción del Amazonas, y requerimos acciones ambiciosas, coordinadas y a gran escala a lo largo de los países de la región”, dijo hace unas semanas Juan Bello, Director Regional y Representante para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Para mostrar el panorama actual, reunimos algunos sucesos que resumen la vulnerabilidad de los pueblos amazónicos, quienes están exigiendo que los tomen en cuenta en la reunión en Belém de Pará.
Perú: leyes que protejan
En todos los países amazónicos existen marcos legales que promueven la protección del medioambiente, de los bosques y por ende de las poblaciones. A pesar de ello, “sufrimos persecución, nos denuncian, y pretenden promover normas que promoverían en genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento”, dijo Julio Cusurichi, dirigente indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a los pueblos indígenas en Perú, y que exige el cumplimiento de las leyes y normas que protegen a sus poblaciones.
Un ejemplo de ello, fue la tensión que vivieron los representantes indígenas durante los últimos días de junio en Perú. En el Congreso de este país se debatió el Proyecto de Ley 3518, que pretendía quitar funciones al Ministerio de Cultura ―que protege a las poblaciones indígenas― y entregárselas a los gobiernos regionales que buscan promover actividades económicas y construcción de infraestructura en reservas indígenas y en territorio protegido para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Luego de muchos pedidos para evitar esta ley, incluidos los de la activista Greta Thunberg y el actor de Hulk, Mark Ruffalo, la misma fue archivada, pero las organizaciones indígenas aseguran que las presiones no se detendrán.
Colombia: víctimas de violencia
2022 fue el año donde más violencia se registró contra las comunidades indígenas en Colombia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se reportaron 453.018 víctimas de confinamiento (vinculado a conflictos armados en curso), desplazamiento, afectaciones a territorios, amenazas y muertes. A estas cifras, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), añade que en ese mismo año 42 líderes indígenas fueron asesinados.
A pesar de estos números y los discursos pro Amazonía de Gustavo Petro, la situación se sigue agravando en este año. En las últimas semanas, cinco mil indígenas awá han sido desplazados de sus territorios al suroeste de Colombia debido a la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupación que se disolvió formalmente tras un acuerdo de paz en 2017. En medio de esta violenta situación, las poblaciones indígenas son de las más afectadas: 19% de las víctimas del conflicto armado son indígenas.
Ecuador: lucha por hidrocarburos
El próximo 20 de agosto se llevará a cabo la consulta popular en Ecuador para decidir si se continúa con la explotación de las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní o se paralizan. Este es el área natural protegida más grande de Ecuador y a su vez uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta.
Este tema ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia y conflicto en Ecuador. Representantes indígenas denuncian que las empresas petroleras están dividiendo a las comunidades que se ven impactadas por los trabajos en el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que representa el 11% de la producción nacional.
Hasta el momento se sabe que dos de las siete comunidades están a favor. “Nos ha dado desarrollo, salud y educación”, dijo a la agencia EFE hace unas semanas Lauro Papa, representante de la comunidad Boca Tiputini, que junto con la comunidad de Kawymeno quieren que la actividad se mantenga.
Por otro lado, Juan Bay, presidente de la Nación Waorani y a favor de la paralización de la actividad petrolera, se mostró preocupado por “la mala costumbre de la industria petrolera al dividir (a las comunidades). Llamamos a la unidad de los pueblos”, sostuvo, reafirmando que “el Yasuní es un estandarte de la biodiversidad amazónica y tierra de pueblos en aislamiento voluntario”.
Bolivia: contaminación alarmante
Un reciente estudio en Bolivia ha demostrado que existe población indígena contaminadas por mercurio debido a la minería de oro en la Amazonía de La Paz. La investigación, organizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y desarrollada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), analizó a 302 personas de las etnias Esse Ejjas, T´simanes, Tacanas, Mosetenes, Lecos y Uchupiamonas, impactadas por la actividad minera. Al 74,5% de las personas les detectaron cantidades de mercurio encima de lo aceptable.
“Urge tomar medidas sanitarias que ayuden a controlar estos efectos”, declaró el líder del CPILAP, Gonzalo Oliver, que además pidió ayuda para revertir esta situación y exigió al gobierno “luchar contra la minería ilegal y destructiva”.
A esto se suma otro estudio recién publicado en la revista Environmental Research: Health, que destacó que las poblaciones indígenas amazónicas tienen el doble de probabilidad de morir de forma prematura a causa de los incendios forestales que en otras zonas de Sudamérica. Según los investigadores, las partículas del humo generadas por estos eventos son responsables de dos muertes prematuras por cada 100.000 personas al año en Sudamérica. Cifra que se duplica en las comunidades indígenas.
Brasil: infraestructura polémica
En Brasil, los pueblos indígenas están preocupados por la posible construcción del Ferrogrão, un proyecto de ferrocarril que transportaría principalmente granos de soja y maíz, uniendo a Mato Grosso con el puerto de Miritituba, cruzando por el estado de Pará. Estos mil kilómetros cruzarán territorios indígenas y además impactará en el Parque Nacional Jamanxim.
Es considerado uno de los proyectos antiambientalistas de Lula, que meses atrás dijo que “vamos a demostrar una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medioambiente”.
También conocido como EF-170, viene siendo impulsado hace muchos años y por distintos gobiernos. En 2016 se propuso durante el gobierno de Dilma Rousseff, pero no salió adelante. Jair Bolsonaro tampoco pudo avanzar con ello. Y ahora el gobierno de Lula, que busca apoyar al sector agrario, también está intentando hacerlo realidad.
“Mi impresión es que la Corte Suprema aprobará el avance de este proyecto, pero, aunque este se destrabe dentro del gobierno, enfrentará temas complejos”, dijo Luis Baldez, presidente de la asociación de transporte de carga ANUT, que además confirmó que este proyecto ha dividido a sectores dentro del gobierno por el impacto que ocasionaría en la Amazonía y su población.
Para Márcio Astrini, del Observatorio del Clima, Ferrogrão “es una contradicción porque sucede en un gobierno que dice tener una agenda ambiental diferente, que pretende ser líder en esta materia”.
Jack Lo Lau es editor de Diálogo Chino para la región andina.
Escribe Flávia Milhorance* de Dialogo Chino – La embarcación fue un proyecto ideado por el especialista en temas indígenas asesinado en 2022 junto al periodista británico Dom Phillips
Esta semana comenzó a funcionar un barco que servirá de centro de salud móvil para los indígenas de algunas de las comunidades más remotas de la Amazonía brasileña, según informó el Ministerio de Salud de Brasil a Diálogo Chino. El proyecto fue creado por el experto en temas indígenas Bruno Pereira, pero sólo ahora se ha vuelto realidad, a un año de su brutal asesinato durante un viaje de investigación en la selva tropical junto con el periodista británico Dom Phillips.
El nuevo barco sanitario atenderá a grupos de todo el Valle del Javarí, un territorio de 8,5 millones de hectáreas situado en el extremo occidental del estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú, y donde Pereira y Phillips trabajaban cuando fueron asesinados.
Este tramo casi intacto de la selva amazónica alberga a la mayor concentración mundial de grupos indígenas aislados, así como a varios pueblos recientemente contactados. Estas comunidades corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y tienen algunas de las peores cifras sanitarias del país, lo que impulsó a Pereira a empezar a trabajar en el proyecto del barco durante la pandemia de Covid-19, que amenazó a poblaciones indígenas enteras.
“Bruno quería proteger a los Korubo, un pueblo indígena recién contactado, para evitar que tuvieran que desplazarse largas distancias para pedir ayuda”, declaró Eliésio Marubo, activista y abogado de la organización indígena Univaja, del Valle del Javarí, con la que trabajaba Pereira.
Los funcionarios del gobierno establecieron el primer contacto con los Korubo en 1996, y en la actualidad se calcula que el grupo indígena cuenta con menos de 130 personas. Tras este contacto, parte del grupo permaneció aislado, mientras que otros han mantenido una interacción poco frecuente con personas externas a su comunidad. En el reciente documental Vale dos Isolados (Valle de los aislados en español), el líder indígena Malevo Korubo explicó que tenían “miedo del hombre blanco” debido a las matanzas y enfermedades que azotaron a su pueblo en el pasado.
Ahora, los Korubo vuelven a estar amenazados por las crecientes invasiones de su territorio por parte de mineros ilegales, pescadores y narcotraficantes, en medio de los recortes presupuestarios en la aplicación de la legislación medioambiental promulgados por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). Los asesinatos de Pereira y Phillips han sido vinculados a mafias locales, según la policía brasileña. Tres personas están siendo juzgadas por el crimen mientras permanecen en prisión.
Además de la escalada de violencia, la falta de presencia del Estado en el Valle del Javarí se tradujo en una asistencia sanitaria aún más deficiente en una región con escaso progreso social. “Tenemos problemas sanitarios muy graves”, afirma Marubo. “Algunas enfermedades están empeorando”.
Los datos facilitados por el Ministerio de Salud de Brasil no sólo muestran la propagación de enfermedades infecciosas en la región, sino que también apuntan a unas perspectivas de futuro terribles: la mortalidad infantil indígena en el Valle del Javarí alcanzó las 50 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022, cuatro veces más que la media nacional.
Estas cifras proceden del distrito sanitario del Valle del Javarí, que se encarga de supervisar a más de 6.000 indígenas de la ciudad de Atalaia do Norte y aldeas del territorio indígena. Según el Ministerio de Salud, los niños son los más vulnerables a las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a la mayoría de las zonas indígenas de Brasil.
“La salud indígena tiene varias lagunas, varios retos que superar”, declaró Ricardo Weibe Tapeba, Secretario de Salud Indígena de Brasil, nombrado en enero por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Ahora estamos realizando un estudio de pasivos para buscar soluciones. Queremos ampliar el presupuesto, pero también buscar alternativas para financiar el trabajo”.
También se ha descubierto que el Valle del Javarí es el segundo distrito sanitario indígena de Brasil con mayor riesgo de paludismo, sólo por detrás del territorio Yanomami, que actualmente se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Las pruebas sugieren que la deforestación aumenta la transmisión del paludismo en la Amazonía, sobre todo cerca de las explotaciones mineras, donde se ha deforestado para abrir piletas en el suelo, que facilitan la reproducción de los mosquitos.
Los intentos de Pereira de combatir la creciente minería ilegal en la región desencadenaron una crisis que lo llevó a renunciar a un cargo en la agencia indígena del gobierno, Funai, en 2019. Dijo a sus amigos que fue perseguido por funcionarios del gobierno de Bolsonaro, que desmanteló varias de las agencias ambientales del país.
Ese mismo año se incorporó a Univaja, donde se propuso mejorar el monitoreo del valle con personal y recursos propios. Esto incluía la embarcación de la unidad sanitaria. “Bruno negoció la balsa, buscó financiadores… lo ha hecho todo”, afirma Marubo.
La embarcación fue entregada por Univaja al distrito sanitario en febrero, pero no ha empezado a funcionar hasta ahora. Marubo se quejó del retraso, a lo que el distrito dijo que la embarcación necesitaba equipo sanitario adicional antes de poder comenzar a operar.
Aunque se trata de un logro que Pereira trágicamente no ha podido ver materializado, las personas más cercanas al especialista destacan el impacto y el legado de su trabajo, entre ellas Beatriz Matos, su viuda y recientemente nombrada directora de un organismo gubernamental para la protección de los pueblos aislados. “Esta es la materialización del trabajo de Bruno y de otras personas”, dijo Matos.
Escribe Kevin Damasio, Diálogo Chino. São Félix do Xingu, en el estado amazónico de Pará, es un lugar de superlativos: es el segundo municipio con mayores emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Brasil, el segundo con mayor tasa de deforestación en los últimos 15 años y el municipio con la mayor número de ganado del país. También tiene uno de los niveles de desarrollo más bajos de la región.
Este municipio es también una especie de símbolo de la situación general de Pará. El estado encabeza el ranking de deforestación en la Amazonía desde 2006, impulsada por la expansión de la ganadería, el cultivo de soja y la construcción de carreteras y puertos para facilitar el flujo de la producción a los mercados nacionales e internacionales.
Pero en medio de la creciente presión para revertir la destrucción de la Amazonía y la elección del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió dar prioridad en su agenda a las cuestiones medioambientales, hay indicios de que Pará podría estar intentando convertirse en un estado más ecológico.
En noviembre de 2022, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, formó parte de la comitiva de Lula en la cumbre del clima COP27 de las Naciones Unidas en Egipto, donde Brasil manifestó su intención de que la COP30 se celebre en la Amazonía brasileña en 2025. Si el país es seleccionado, Belém, la capital de Pará, acogerá el evento. Barbalho también aprovechó su participación en la conferencia para presentar el Plan de Bioeconomía de Pará (PlanBio), que tiene como objetivo reducir a cero las emisiones derivadas del uso de la tierra en el estado para 2036.
El plan se centra en evitar la deforestación valorando, restaurando y promoviendo el uso sostenible de sus recursos biológicos —especialmente sus bosques— como parte de una “bioeconomía”. Pará prevé invertir 1.200 millones de reales (244 millones de dólares) en iniciativas relacionadas con la biodiversidad en los próximos cinco años, y calcula que su bioeconomía podría generar ingresos anuales de unos 170.000 millones de reales (34.500 millones de dólares) en 2040, aproximadamente el equivalente a su PIB actual.
La iniciativa no tiene precedentes a nivel gubernamental, ya que los proyectos que impulsan la bioeconomía han sido dirigidos en gran medida por organizaciones ecologistas y comunidades tradicionales a menor escala.
¿Está a punto de cambiar el modelo económico del estado y su imagen de gran deforestador?
Para Celma de Oliveira, coordinadora de proyectos de la organización ecologista Imaflora y residente en São Félix do Xingu, hay avances prometedores tanto a nivel federal con la elección de Lula, como a nivel estatal con el PlanBio.
“Hay esperanza con esta reanudación de un gobierno más participativo y de ministerios y consejos que fueron desmantelados”, dice de Oliveira, refiriéndose al vaciamiento de organismos ambientales visto durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022). “Ahora, la sociedad civil necesita participar en la gestión para que funcione”.
Ganadería en una zona deforestada ilegalmente en la selva de Jamanxim, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña (Imagen: Ricardo Funari / Alamy)
Ganadería, soja y presiones sobre los pequeños productores
La ganadería y la soja dominan cada vez más el paisaje de Pará, con pastos y plantaciones cada vez más extensos a expensas de los bosques del estado.
Los cultivos de soja ocuparon 849.000 hectáreas de tierra en Pará en 2022, un aumento del 70% sobre el área plantada en 2017. Mientras tanto, el estado tiene el segundo mayor rebaño bovino del país, con 26,7 millones de cabezas y una tasa de 1,5 cabezas por hectárea, considerada de productividad relativamente baja.
“La productividad ganadera de Pará es muy baja y habría que mejorarla drásticamente para evitar que tenga que crecer cada año por la expansión de la tierra”, afirma Sérgio Leitão, fundador y director ejecutivo del Instituto Escolhas, que realiza estudios centrados en el desarrollo sostenible.
En medio de esta continua expansión, muchos pequeños agricultores de Pará están haciendo todo lo posible para resistir la tentación de dedicarse a la producción de soja y ganado, y deforestar en consecuencia.
Maria Josefa Neves, de 51 años, posee una propiedad rural en la comunidad de Tancredo Neves, a 120 kilómetros del centro de São Félix do Xingu. En una de sus 12 hectáreas, en terrenos que antes eran pastos, practica la agrosilvicultura, plantando diversos cultivos autóctonos como mandioca, cacao y acerola, una fruta parecida a la cereza.
En el resto de la propiedad, Neves deja que se regenere la vegetación natural. “Vivo en medio del monte, y los monos se acercan hasta el borde de la casa”, dice.
Sin embargo, la zona en la que vive está totalmente deforestada.
Neves es presidenta de la Asociación de Mujeres Productoras de Pulpa de Fruta (AMPPF), fundada en 2012. Cultiva guandules —una leguminosa similar a las arvejas— y frutas en paralelo con otros árboles, adoptando técnicas que aprovechan la sombra y ayudan a garantizar los nutrientes necesarios para el suelo sin aplicar productos químicos, sino haciendo uso de biofertilizantes caseros. Neves suministra pulpa de fruta a las escuelas de la región.
Producción de cacao en la comunidad de Tancredo Neves, estado de Pará, Brasil (Imagen: Diego Formiga / Imaflora)
La AMPPF cuenta con 55 miembros, que desde hace tres años venden su pulpa de fruta al gobierno federal, que a su vez la distribuye. La asociación ha progresado mucho: su contrato con las autoridades ha ascendido este año a 351.000 reales (71.000 dólares), frente a los 231.000 reales (47.000 dólares) de 2022.
Sin embargo, para crecer y abrirse a nuevos mercados, la asociación necesita inversiones. Por ejemplo, actualmente solo dispone de una pequeña cámara frigorífica para almacenar su producción y un camión refrigerado para transportarla.
Celma de Oliveira afirma que la falta de políticas públicas específicas inhibe la expansión de productores agroecológicos como la AMPFF, y que uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas iniciativas es la dificultad para acceder a créditos.
“Hay créditos específicos para el sistema agroforestal, pero los bancos ponen una serie de trabas, por lo que los agricultores no consiguen generar ingresos suficientes para diversificar su producción”, explica de Oliveira, que presta asistencia a la AMPFF a través de Imaflora. Añade que es “mucho más fácil” obtener créditos para la ganadería.
El secretario de Medioambiente del estado de Pará, José Mauro O’de Almeida, coincide en que es necesario crear mejores condiciones para que estos productos se comercialicen: “Tenemos buenas iniciativas en agroforestería, biojoyería, biocosmética, bioproductos en general, pero no están ganando escala”.
Para ello, Almeida afirma que es necesario mejorar las infraestructuras, la logística y la industrialización, manteniendo el procesamiento del producto en la región. “En París se puede comprar açaí liofilizado en polvo a 200 euros el kilo. Tiene un alto valor añadido —mucho mayor que la soja— pero es necesario que haya industrialización”, afirma.
Se espera que el PlanBio responda a algunas de estas demandas en un intento de limitar la expansión de la frontera agrícola, afirma O’de Almeida. El plan subraya la importancia de un modelo económico sostenible y prevé la creación de “centros de emprendimiento” en cinco regiones del estado, así como un “museo de la bioeconomía” y una “escuela del conocimiento forestal”.
Según el secretario, parte de la primera financiación de estas iniciativas podría proceder del Banco Interamericano de Desarrollo, que aportará 300 millones de dólares a proyectos en materia de clima y descarbonización. Se espera que el primer plazo se pague en octubre, aunque aún no se ha definido la cantidad destinada específicamente al PlanBio.
A pesar del giro ecológico señalado en recientes anuncios, es probable que el agronegocio siga siendo una industria clave y una fuente vital de ingresos para Pará y su gobierno, y una posible fuente de tensión con sus ambiciones bioeconómicas.
En 2022, las exportaciones agrícolas del estado alcanzaron un valor de 3.000 millones de dólares, un 70% más que el año anterior. Las principales materias primas fueron la soja, la carne vacuna y productos forestales como madera, carbón vegetal y papel.
Según datos del Ministerio de Agricultura, China fue el principal destino internacional de la agroindustria paranaense, seguida de Estados Unidos, Holanda y España. El país asiático concentró 957 millones de dólares de exportaciones —un tercio del total— y la carne y la soja representaron el 92% de este valor.
En abril, el gobernador Barbalho se unió a Lula durante su visita de Estado a China, donde se firmó un acuerdo para la construcción de una línea férrea que conectará el sudeste de Pará con el puerto de Barcarena, en la costa norte del estado. El proyecto, que será construido por la China Communications Construction Company (CCCC), ayudará a transportar materias primas a los mercados internacionales, incluida China, y supondrá una inversión estimada de 7.000 millones de reales (1.400 millones de dólares).
Mientras tanto, las empresas ganaderas del estado recibieron casi 210 millones de reales (42,6 millones de dólares) en exenciones fiscales en 2021. Pero la actividad, dice Leitão, “recibe mucho y ofrece poco en términos de productividad y eficiencia desde el punto de vista ambiental”.
En 2021, el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Pará procedía del cambio de uso del suelo, principalmente de la deforestación impulsada por la expansión de la agricultura, y el 11% procedía directamente de las propias actividades agrícolas y ganaderas, según datos del Observatorio del Clima, una red brasileña de ciencia climática. Altamira, también en Pará, y São Félix do Xingu son los municipios con mayores emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país.
Altamira también alberga la Reserva Extractiva de Riozinho do Anfrísio, una zona protegida de producción sostenible que forma parte del territorio del pueblo indígena Xingu. Al igual que los productores de pulpa de fruta de São Félix do Xingu, los trabajadores de Riozinho do Anfrísio sufren la presión del avance de la deforestación.
La expansión del desmonte hacia la reserva, donde se cosechan castaña, aceite de copaiba y caucho, se ha convertido en una gran preocupación para Pedro Pereira, uno de sus residentes. Pero en los últimos meses ha notado una disminución del número de invasiones del territorio, posiblemente como resultado de los esfuerzos del nuevo gobierno de Lula por reanudar la lucha contra los delitos medioambientales. En abril, el gobernador Barbalho y Marina Silva, ministra de Medioambiente de Brasil, firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la aplicación de la legislación medioambiental, la gestión forestal y el uso del suelo en Pará.
En el territorio Xingu, casi mil productores han generado 1,9 millones de dólares a través del comercio de bioproductos desde 2016 (Imagen: Rafael Salazar / Origins Brasil)
Los productores de Riozinho do Anfrísio han demostrado que es posible generar ingresos manteniendo la selva en pie. Con el apoyo de Origens Brasil —una red coordinada por Imaflora y la ONG Instituto Socioambiental (ISA) que fomenta los negocios sostenibles en la Amazonía— han negociado mejores condiciones con las empresas que compran sus productos. No solo obtienen precios más justos, sino que las empresas también cubren los costos logísticos del negocio.
“Antes, el caucho costaba 70 centavos [0,14 dólares] por bloque, y hoy cuesta 13 reales [2,64 dólares], un cambio enorme, y con un contrato que nos da seguridad”, afirma Pereira.
En el territorio Xingu, Origens Brasil cuenta con casi mil productores registrados que, desde 2016, han generado colectivamente 9,5 millones de reales (1,9 millones de dólares) a través del comercio de sus bioproductos. Solo en 2022, los ingresos fueron de 2 millones de reales (400.000 dólares).
Pero estos ingresos podrían ser mucho mayores, según un reciente estudio del Instituto Escolhas, que evaluó los posibles ingresos de la recuperación de áreas degradadas y, por lo tanto, de la plantación de especies autóctonas que podrían ser aprovechadas por los productores.
La investigación estimó que la reforestación de 6 millones de hectáreas, un área aproximadamente del tamaño de Croacia, podría crear 1 millón de empleos directos, generar 13.600 millones de reales (2.700 millones de dólares) en ingresos y reducir el índice de pobreza en Pará en un 50%. Los empleos serían generados por la mano de obra en la recolección de semillas, producción de plántulas, plantación, mantenimiento y seguimiento de la actividad.
Según Leitão, del Instituto Escolhas, un cuello de botella muy discutido de la bioeconomía es el bajo nivel de productividad. Pero señala que la reforestación de bosques junto con otras actividades de menor impacto, como la horticultura producida por la agricultura familiar, podría ampliar su alcance. “Esto crea un espacio para el empleo, la generación de ingresos y la lucha contra la pobreza, y el tiempo necesario para que aparezca la escala de otras actividades”, afirma Leitão.
Pedro Pereira también está entusiasmado con las perspectivas a futuro. Su principal reto ahora no son los invasores de tierras, sino la expansión de su producción. Espera que su comunidad pueda negociar con más empresas para vender el excedente de producción. Pero, para él, la preservación del medioambiente va más allá de una oportunidad comercial.
“El bosque lo es todo para nosotros”, dice Pereira. “Es de donde sacamos el sustento para nuestra familia, toda nuestra comida, nuestro dinero. Es nuestra fuente de agua. Sin el bosque, no somos nadie”.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy que la ONU escogió a la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, como sede de la conferencia sobre el clima COP30 en 2025.
“Estoy convencido de que será un gran evento (…) el pueblo del estado de Pará encantará al mundo”, dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales.
“Ya participé de esta conferencia en Egipto, en Francia y todos hablaban de la Amazonía. Entonces dije: ¿Por qué no hacer una conferencia allí, para que conozcan lo que es la Amazonía?”, dijo Lula sobre su propuesta de albergar el evento mundial, según la agencia AFP.
Belém es la capital del estado brasileño de Pará (norte), y está ubicada en la Bahia de Marajó, a pocos kilómetros de la desembocadura en el océano Atlántico, en la región noreste de la selva amazónica.
De acuerdo con el canciller brasileño, Mauro Vieira, las Naciones Unidas la eligieron como sede de la conferencia el pasado 18 de mayo.
Brasil había sido seleccionado para acoger la COP en 2019, pero las autoridades desistieron tras la elección de Jair Bolsonaro, un escéptico del cambio climático acusado de desmontar las políticas medioambientales previas a su gobierno.
Lula, que asumió su tercer mandato al frente de Brasil en enero de este año, prometió fortalecer los mecanismos de protección del medioambiente y erradicar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030.
