Escribe Flávia Milhorance* de Dialogo Chino – La embarcación fue un proyecto ideado por el especialista en temas indígenas asesinado en 2022 junto al periodista británico Dom Phillips
Esta semana comenzó a funcionar un barco que servirá de centro de salud móvil para los indígenas de algunas de las comunidades más remotas de la Amazonía brasileña, según informó el Ministerio de Salud de Brasil a Diálogo Chino. El proyecto fue creado por el experto en temas indígenas Bruno Pereira, pero sólo ahora se ha vuelto realidad, a un año de su brutal asesinato durante un viaje de investigación en la selva tropical junto con el periodista británico Dom Phillips.
El nuevo barco sanitario atenderá a grupos de todo el Valle del Javarí, un territorio de 8,5 millones de hectáreas situado en el extremo occidental del estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú, y donde Pereira y Phillips trabajaban cuando fueron asesinados.
Este tramo casi intacto de la selva amazónica alberga a la mayor concentración mundial de grupos indígenas aislados, así como a varios pueblos recientemente contactados. Estas comunidades corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y tienen algunas de las peores cifras sanitarias del país, lo que impulsó a Pereira a empezar a trabajar en el proyecto del barco durante la pandemia de Covid-19, que amenazó a poblaciones indígenas enteras.
“Bruno quería proteger a los Korubo, un pueblo indígena recién contactado, para evitar que tuvieran que desplazarse largas distancias para pedir ayuda”, declaró Eliésio Marubo, activista y abogado de la organización indígena Univaja, del Valle del Javarí, con la que trabajaba Pereira.
Los funcionarios del gobierno establecieron el primer contacto con los Korubo en 1996, y en la actualidad se calcula que el grupo indígena cuenta con menos de 130 personas. Tras este contacto, parte del grupo permaneció aislado, mientras que otros han mantenido una interacción poco frecuente con personas externas a su comunidad. En el reciente documental Vale dos Isolados (Valle de los aislados en español), el líder indígena Malevo Korubo explicó que tenían “miedo del hombre blanco” debido a las matanzas y enfermedades que azotaron a su pueblo en el pasado.
Ahora, los Korubo vuelven a estar amenazados por las crecientes invasiones de su territorio por parte de mineros ilegales, pescadores y narcotraficantes, en medio de los recortes presupuestarios en la aplicación de la legislación medioambiental promulgados por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). Los asesinatos de Pereira y Phillips han sido vinculados a mafias locales, según la policía brasileña. Tres personas están siendo juzgadas por el crimen mientras permanecen en prisión.
Además de la escalada de violencia, la falta de presencia del Estado en el Valle del Javarí se tradujo en una asistencia sanitaria aún más deficiente en una región con escaso progreso social. “Tenemos problemas sanitarios muy graves”, afirma Marubo. “Algunas enfermedades están empeorando”.
Los datos facilitados por el Ministerio de Salud de Brasil no sólo muestran la propagación de enfermedades infecciosas en la región, sino que también apuntan a unas perspectivas de futuro terribles: la mortalidad infantil indígena en el Valle del Javarí alcanzó las 50 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022, cuatro veces más que la media nacional.
Estas cifras proceden del distrito sanitario del Valle del Javarí, que se encarga de supervisar a más de 6.000 indígenas de la ciudad de Atalaia do Norte y aldeas del territorio indígena. Según el Ministerio de Salud, los niños son los más vulnerables a las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a la mayoría de las zonas indígenas de Brasil.
“La salud indígena tiene varias lagunas, varios retos que superar”, declaró Ricardo Weibe Tapeba, Secretario de Salud Indígena de Brasil, nombrado en enero por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Ahora estamos realizando un estudio de pasivos para buscar soluciones. Queremos ampliar el presupuesto, pero también buscar alternativas para financiar el trabajo”.
También se ha descubierto que el Valle del Javarí es el segundo distrito sanitario indígena de Brasil con mayor riesgo de paludismo, sólo por detrás del territorio Yanomami, que actualmente se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Las pruebas sugieren que la deforestación aumenta la transmisión del paludismo en la Amazonía, sobre todo cerca de las explotaciones mineras, donde se ha deforestado para abrir piletas en el suelo, que facilitan la reproducción de los mosquitos.
Los intentos de Pereira de combatir la creciente minería ilegal en la región desencadenaron una crisis que lo llevó a renunciar a un cargo en la agencia indígena del gobierno, Funai, en 2019. Dijo a sus amigos que fue perseguido por funcionarios del gobierno de Bolsonaro, que desmanteló varias de las agencias ambientales del país.
Ese mismo año se incorporó a Univaja, donde se propuso mejorar el monitoreo del valle con personal y recursos propios. Esto incluía la embarcación de la unidad sanitaria. “Bruno negoció la balsa, buscó financiadores… lo ha hecho todo”, afirma Marubo.
La embarcación fue entregada por Univaja al distrito sanitario en febrero, pero no ha empezado a funcionar hasta ahora. Marubo se quejó del retraso, a lo que el distrito dijo que la embarcación necesitaba equipo sanitario adicional antes de poder comenzar a operar.
Aunque se trata de un logro que Pereira trágicamente no ha podido ver materializado, las personas más cercanas al especialista destacan el impacto y el legado de su trabajo, entre ellas Beatriz Matos, su viuda y recientemente nombrada directora de un organismo gubernamental para la protección de los pueblos aislados. “Esta es la materialización del trabajo de Bruno y de otras personas”, dijo Matos.
Escribe Kevin Damasio, Diálogo Chino. São Félix do Xingu, en el estado amazónico de Pará, es un lugar de superlativos: es el segundo municipio con mayores emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Brasil, el segundo con mayor tasa de deforestación en los últimos 15 años y el municipio con la mayor número de ganado del país. También tiene uno de los niveles de desarrollo más bajos de la región.
Este municipio es también una especie de símbolo de la situación general de Pará. El estado encabeza el ranking de deforestación en la Amazonía desde 2006, impulsada por la expansión de la ganadería, el cultivo de soja y la construcción de carreteras y puertos para facilitar el flujo de la producción a los mercados nacionales e internacionales.
Pero en medio de la creciente presión para revertir la destrucción de la Amazonía y la elección del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió dar prioridad en su agenda a las cuestiones medioambientales, hay indicios de que Pará podría estar intentando convertirse en un estado más ecológico.
En noviembre de 2022, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, formó parte de la comitiva de Lula en la cumbre del clima COP27 de las Naciones Unidas en Egipto, donde Brasil manifestó su intención de que la COP30 se celebre en la Amazonía brasileña en 2025. Si el país es seleccionado, Belém, la capital de Pará, acogerá el evento. Barbalho también aprovechó su participación en la conferencia para presentar el Plan de Bioeconomía de Pará (PlanBio), que tiene como objetivo reducir a cero las emisiones derivadas del uso de la tierra en el estado para 2036.
El plan se centra en evitar la deforestación valorando, restaurando y promoviendo el uso sostenible de sus recursos biológicos —especialmente sus bosques— como parte de una “bioeconomía”. Pará prevé invertir 1.200 millones de reales (244 millones de dólares) en iniciativas relacionadas con la biodiversidad en los próximos cinco años, y calcula que su bioeconomía podría generar ingresos anuales de unos 170.000 millones de reales (34.500 millones de dólares) en 2040, aproximadamente el equivalente a su PIB actual.
La iniciativa no tiene precedentes a nivel gubernamental, ya que los proyectos que impulsan la bioeconomía han sido dirigidos en gran medida por organizaciones ecologistas y comunidades tradicionales a menor escala.
¿Está a punto de cambiar el modelo económico del estado y su imagen de gran deforestador?
Para Celma de Oliveira, coordinadora de proyectos de la organización ecologista Imaflora y residente en São Félix do Xingu, hay avances prometedores tanto a nivel federal con la elección de Lula, como a nivel estatal con el PlanBio.
“Hay esperanza con esta reanudación de un gobierno más participativo y de ministerios y consejos que fueron desmantelados”, dice de Oliveira, refiriéndose al vaciamiento de organismos ambientales visto durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022). “Ahora, la sociedad civil necesita participar en la gestión para que funcione”.
Ganadería en una zona deforestada ilegalmente en la selva de Jamanxim, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña (Imagen: Ricardo Funari / Alamy)
Ganadería, soja y presiones sobre los pequeños productores
La ganadería y la soja dominan cada vez más el paisaje de Pará, con pastos y plantaciones cada vez más extensos a expensas de los bosques del estado.
Los cultivos de soja ocuparon 849.000 hectáreas de tierra en Pará en 2022, un aumento del 70% sobre el área plantada en 2017. Mientras tanto, el estado tiene el segundo mayor rebaño bovino del país, con 26,7 millones de cabezas y una tasa de 1,5 cabezas por hectárea, considerada de productividad relativamente baja.
“La productividad ganadera de Pará es muy baja y habría que mejorarla drásticamente para evitar que tenga que crecer cada año por la expansión de la tierra”, afirma Sérgio Leitão, fundador y director ejecutivo del Instituto Escolhas, que realiza estudios centrados en el desarrollo sostenible.
En medio de esta continua expansión, muchos pequeños agricultores de Pará están haciendo todo lo posible para resistir la tentación de dedicarse a la producción de soja y ganado, y deforestar en consecuencia.
Maria Josefa Neves, de 51 años, posee una propiedad rural en la comunidad de Tancredo Neves, a 120 kilómetros del centro de São Félix do Xingu. En una de sus 12 hectáreas, en terrenos que antes eran pastos, practica la agrosilvicultura, plantando diversos cultivos autóctonos como mandioca, cacao y acerola, una fruta parecida a la cereza.
En el resto de la propiedad, Neves deja que se regenere la vegetación natural. “Vivo en medio del monte, y los monos se acercan hasta el borde de la casa”, dice.
Sin embargo, la zona en la que vive está totalmente deforestada.
Neves es presidenta de la Asociación de Mujeres Productoras de Pulpa de Fruta (AMPPF), fundada en 2012. Cultiva guandules —una leguminosa similar a las arvejas— y frutas en paralelo con otros árboles, adoptando técnicas que aprovechan la sombra y ayudan a garantizar los nutrientes necesarios para el suelo sin aplicar productos químicos, sino haciendo uso de biofertilizantes caseros. Neves suministra pulpa de fruta a las escuelas de la región.
Producción de cacao en la comunidad de Tancredo Neves, estado de Pará, Brasil (Imagen: Diego Formiga / Imaflora)
La AMPPF cuenta con 55 miembros, que desde hace tres años venden su pulpa de fruta al gobierno federal, que a su vez la distribuye. La asociación ha progresado mucho: su contrato con las autoridades ha ascendido este año a 351.000 reales (71.000 dólares), frente a los 231.000 reales (47.000 dólares) de 2022.
Sin embargo, para crecer y abrirse a nuevos mercados, la asociación necesita inversiones. Por ejemplo, actualmente solo dispone de una pequeña cámara frigorífica para almacenar su producción y un camión refrigerado para transportarla.
Celma de Oliveira afirma que la falta de políticas públicas específicas inhibe la expansión de productores agroecológicos como la AMPFF, y que uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas iniciativas es la dificultad para acceder a créditos.
“Hay créditos específicos para el sistema agroforestal, pero los bancos ponen una serie de trabas, por lo que los agricultores no consiguen generar ingresos suficientes para diversificar su producción”, explica de Oliveira, que presta asistencia a la AMPFF a través de Imaflora. Añade que es “mucho más fácil” obtener créditos para la ganadería.
El secretario de Medioambiente del estado de Pará, José Mauro O’de Almeida, coincide en que es necesario crear mejores condiciones para que estos productos se comercialicen: “Tenemos buenas iniciativas en agroforestería, biojoyería, biocosmética, bioproductos en general, pero no están ganando escala”.
Para ello, Almeida afirma que es necesario mejorar las infraestructuras, la logística y la industrialización, manteniendo el procesamiento del producto en la región. “En París se puede comprar açaí liofilizado en polvo a 200 euros el kilo. Tiene un alto valor añadido —mucho mayor que la soja— pero es necesario que haya industrialización”, afirma.
Se espera que el PlanBio responda a algunas de estas demandas en un intento de limitar la expansión de la frontera agrícola, afirma O’de Almeida. El plan subraya la importancia de un modelo económico sostenible y prevé la creación de “centros de emprendimiento” en cinco regiones del estado, así como un “museo de la bioeconomía” y una “escuela del conocimiento forestal”.
Según el secretario, parte de la primera financiación de estas iniciativas podría proceder del Banco Interamericano de Desarrollo, que aportará 300 millones de dólares a proyectos en materia de clima y descarbonización. Se espera que el primer plazo se pague en octubre, aunque aún no se ha definido la cantidad destinada específicamente al PlanBio.
A pesar del giro ecológico señalado en recientes anuncios, es probable que el agronegocio siga siendo una industria clave y una fuente vital de ingresos para Pará y su gobierno, y una posible fuente de tensión con sus ambiciones bioeconómicas.
En 2022, las exportaciones agrícolas del estado alcanzaron un valor de 3.000 millones de dólares, un 70% más que el año anterior. Las principales materias primas fueron la soja, la carne vacuna y productos forestales como madera, carbón vegetal y papel.
Según datos del Ministerio de Agricultura, China fue el principal destino internacional de la agroindustria paranaense, seguida de Estados Unidos, Holanda y España. El país asiático concentró 957 millones de dólares de exportaciones —un tercio del total— y la carne y la soja representaron el 92% de este valor.
En abril, el gobernador Barbalho se unió a Lula durante su visita de Estado a China, donde se firmó un acuerdo para la construcción de una línea férrea que conectará el sudeste de Pará con el puerto de Barcarena, en la costa norte del estado. El proyecto, que será construido por la China Communications Construction Company (CCCC), ayudará a transportar materias primas a los mercados internacionales, incluida China, y supondrá una inversión estimada de 7.000 millones de reales (1.400 millones de dólares).
Mientras tanto, las empresas ganaderas del estado recibieron casi 210 millones de reales (42,6 millones de dólares) en exenciones fiscales en 2021. Pero la actividad, dice Leitão, “recibe mucho y ofrece poco en términos de productividad y eficiencia desde el punto de vista ambiental”.
En 2021, el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Pará procedía del cambio de uso del suelo, principalmente de la deforestación impulsada por la expansión de la agricultura, y el 11% procedía directamente de las propias actividades agrícolas y ganaderas, según datos del Observatorio del Clima, una red brasileña de ciencia climática. Altamira, también en Pará, y São Félix do Xingu son los municipios con mayores emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país.
Altamira también alberga la Reserva Extractiva de Riozinho do Anfrísio, una zona protegida de producción sostenible que forma parte del territorio del pueblo indígena Xingu. Al igual que los productores de pulpa de fruta de São Félix do Xingu, los trabajadores de Riozinho do Anfrísio sufren la presión del avance de la deforestación.
La expansión del desmonte hacia la reserva, donde se cosechan castaña, aceite de copaiba y caucho, se ha convertido en una gran preocupación para Pedro Pereira, uno de sus residentes. Pero en los últimos meses ha notado una disminución del número de invasiones del territorio, posiblemente como resultado de los esfuerzos del nuevo gobierno de Lula por reanudar la lucha contra los delitos medioambientales. En abril, el gobernador Barbalho y Marina Silva, ministra de Medioambiente de Brasil, firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la aplicación de la legislación medioambiental, la gestión forestal y el uso del suelo en Pará.
En el territorio Xingu, casi mil productores han generado 1,9 millones de dólares a través del comercio de bioproductos desde 2016 (Imagen: Rafael Salazar / Origins Brasil)
Los productores de Riozinho do Anfrísio han demostrado que es posible generar ingresos manteniendo la selva en pie. Con el apoyo de Origens Brasil —una red coordinada por Imaflora y la ONG Instituto Socioambiental (ISA) que fomenta los negocios sostenibles en la Amazonía— han negociado mejores condiciones con las empresas que compran sus productos. No solo obtienen precios más justos, sino que las empresas también cubren los costos logísticos del negocio.
“Antes, el caucho costaba 70 centavos [0,14 dólares] por bloque, y hoy cuesta 13 reales [2,64 dólares], un cambio enorme, y con un contrato que nos da seguridad”, afirma Pereira.
En el territorio Xingu, Origens Brasil cuenta con casi mil productores registrados que, desde 2016, han generado colectivamente 9,5 millones de reales (1,9 millones de dólares) a través del comercio de sus bioproductos. Solo en 2022, los ingresos fueron de 2 millones de reales (400.000 dólares).
Pero estos ingresos podrían ser mucho mayores, según un reciente estudio del Instituto Escolhas, que evaluó los posibles ingresos de la recuperación de áreas degradadas y, por lo tanto, de la plantación de especies autóctonas que podrían ser aprovechadas por los productores.
La investigación estimó que la reforestación de 6 millones de hectáreas, un área aproximadamente del tamaño de Croacia, podría crear 1 millón de empleos directos, generar 13.600 millones de reales (2.700 millones de dólares) en ingresos y reducir el índice de pobreza en Pará en un 50%. Los empleos serían generados por la mano de obra en la recolección de semillas, producción de plántulas, plantación, mantenimiento y seguimiento de la actividad.
Según Leitão, del Instituto Escolhas, un cuello de botella muy discutido de la bioeconomía es el bajo nivel de productividad. Pero señala que la reforestación de bosques junto con otras actividades de menor impacto, como la horticultura producida por la agricultura familiar, podría ampliar su alcance. “Esto crea un espacio para el empleo, la generación de ingresos y la lucha contra la pobreza, y el tiempo necesario para que aparezca la escala de otras actividades”, afirma Leitão.
Pedro Pereira también está entusiasmado con las perspectivas a futuro. Su principal reto ahora no son los invasores de tierras, sino la expansión de su producción. Espera que su comunidad pueda negociar con más empresas para vender el excedente de producción. Pero, para él, la preservación del medioambiente va más allá de una oportunidad comercial.
“El bosque lo es todo para nosotros”, dice Pereira. “Es de donde sacamos el sustento para nuestra familia, toda nuestra comida, nuestro dinero. Es nuestra fuente de agua. Sin el bosque, no somos nadie”.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy que la ONU escogió a la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, como sede de la conferencia sobre el clima COP30 en 2025.
“Estoy convencido de que será un gran evento (…) el pueblo del estado de Pará encantará al mundo”, dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales.
“Ya participé de esta conferencia en Egipto, en Francia y todos hablaban de la Amazonía. Entonces dije: ¿Por qué no hacer una conferencia allí, para que conozcan lo que es la Amazonía?”, dijo Lula sobre su propuesta de albergar el evento mundial, según la agencia AFP.
Belém es la capital del estado brasileño de Pará (norte), y está ubicada en la Bahia de Marajó, a pocos kilómetros de la desembocadura en el océano Atlántico, en la región noreste de la selva amazónica.
De acuerdo con el canciller brasileño, Mauro Vieira, las Naciones Unidas la eligieron como sede de la conferencia el pasado 18 de mayo.
Brasil había sido seleccionado para acoger la COP en 2019, pero las autoridades desistieron tras la elección de Jair Bolsonaro, un escéptico del cambio climático acusado de desmontar las políticas medioambientales previas a su gobierno.
Lula, que asumió su tercer mandato al frente de Brasil en enero de este año, prometió fortalecer los mecanismos de protección del medioambiente y erradicar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030.
Por Flávia Milhorance, Diálogo Chino. Alessandra Korap Munduruku, indígena de 38 años de la Amazonía brasileña, es una de los seis activistas en recibir el Premio Goldman de Medioambiente este año.
Concedido anualmente desde 1990 a un líder medioambiental de África, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y las naciones insulares del mundo, el Premio Goldman reconoce los esfuerzos sobresalientes para proteger el planeta, y se lo conoce como el “Nobel Verde” o “Nobel Medioambiental”.
Alessandra es líder y vocera de los Munduruku, un grupo indígena amazónico de unas 14.000 personas que se enfrenta a las continuas amenazas de la expansión de la minería y la agricultura, así como a los impactos de las represas hidroeléctricas en el río Tapajós, en el estado de Pará. Anteriormente trabajó como profesora, y en la última década ganó atención y elogios internacionales por su activismo medioambiental.
Actualmente dirige la Asociación Indígena Pariri, una organización que trabaja para apoyar a las comunidades Munduruku, un papel que ha desempeñado frente a repetidas amenazas de muerte y que acompaña con la carrera de Derecho. “Quiero ser abogada y seguir defendiendo los derechos de mi pueblo”, dijo Alessandra a Diálogo Chino. “Ese es mi sueño”.
Diálogo Chino habló con Alessandra tras la premiación para conocer más detalles sobre su resistencia a la minería, las otras causas que ha defendido y los nuevos retos que ve por delante.
Campaña contra la minería
El Premio Goldman fue un reconocimiento a los esfuerzos de Alessandra por detener la explotación de tierras indígenas por parte de la empresa minera británica Anglo American.
En 2020 se enteró de que Anglo American —una de las mayores empresas mineras del mundo, activa en Brasil desde la década de 1970— tenía 13 permisos para investigar reservas de cobre en el territorio indígena Sawré Muybu. Esta zona de 180.000 hectáreas de selva tropical había sido el hogar de los Munduruku durante unos 4.000 años, aunque el territorio carecía de demarcación oficial.
Alessandra empezó a hacer campaña contra los posibles proyectos mineros y movilizó a líderes comunitarios, organizaciones ecologistas e incluso legisladores. “Ustedes quieren aprobar proyectos que nos masacrarán, pero nosotros no lo vamos a permitir”, dijo en un apasionado discurso en el Congreso brasileño en 2020.
En 2021, tras la constante presión ejercida por Alessandra y el movimiento que lideraba, la empresa retiró sus solicitudes en Sawré Muybu y otras tierras indígenas.
Alessandra Korap Munduruku acepta el Premio Goldman en la ceremonia de entrega celebrada en San Francisco (EE.UU.) el 24 de abril (Imagen: Goldman Environmental Prize)
Solo unas horas antes de la ceremonia de premiación en San Francisco, el 24 de abril, Alessandra recibió la noticia de que el gobierno brasileño había avanzado en el proceso para reconocer legalmente el territorio Sawré Muybu, algo que estaba estancado desde 2016. “Me sentí muy feliz porque cada paso es una victoria para nosotros”, dijo, señalando que el proceso aún no ha concluido. “Esperamos más y seguiremos luchando por la demarcación del territorio”.
Lucha contra las represas y la contaminación por mercurio
El éxito en el bloqueo de proyectos mineros no es el único logro de Alessandra como activista medioambiental. En la década de 2010, hizo campaña contra los planes del gobierno brasileño de construir una serie de represas hidroeléctricas en la cuenca del río Tapajós, uno de los principales afluentes del Amazonas. Su resistencia se produjo después de que otro megaproyecto en la región, la represa de Belo Monte, tuviera repercusiones negativas para la cuenca del río Xingu y las comunidades ribereñas.
En 2016, la agencia medioambiental brasileña IBAMA retuvo la aprobación de una de estas represas, la São Luís do Tapajós, en parte debido a los problemas detectados en la licencia medioambiental del proyecto y en parte en respuesta a la intensa campaña de los Munduruku. “Fue nuestra primera victoria, y ocurrió porque fuimos muy persistentes”, afirma Alessandra.
Al mismo tiempo, la minería ilegal y sus residuos también se estaban convirtiendo en una amenaza creciente para las tierras de los Munduruku y el río Tapajós. Los indígenas denunciaron los efectos de la contaminación, tanto en su salud como en la reducción de las poblaciones de peces, pero se disponía de pocas pruebas científicas al respecto.
Alessandra pidió ayuda a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), un destacado instituto de investigación sanitaria. “Mucha gente no creía que la población estuviera enferma debido a la contaminación por mercurio”, explica. “Los blancos tienden a creer en el papel, así que queríamos mostrarlo en papel. Queríamos demostrarlo”.
Desde 2020, se han publicado una serie de estudios de Fiocruz que describen los efectos de la exposición al mercurio a través del consumo de pescado en comunidades tradicionales, primero basados en el caso de los Munduruku, pero luego ampliados a otros grupos.
Ferrocarriles, el nuevo reto
Alessandra tiene poco tiempo libre en medio de su campaña. Habló con Diálogo Chino al día siguiente de la ceremonia de premiación desde un aeropuerto de San Francisco, mientras esperaba un vuelo a Washington, donde tendrán lugar reuniones con líderes internacionales y partes interesadas. “La gente bromea diciendo que nadie puede detenerme, nadie puede engañarme”, afirmó. “Y mi madre dice que nunca sabe dónde estoy”.
Además de retomar sus estudios, a Alessandra le espera otro reto cuando regrese a Brasil la próxima semana. Le preocupan las posibles repercusiones de una serie de proyectos de infraestructuras previstos, especialmente el Ferrogrão, un ferrocarril de 900 kilómetros que atravesará la Amazonía en dirección a los puertos del norte, y transportará principalmente maíz y soja para exportación.
Los planes originales para el Ferrogrão se elaboraron hace más de una década y, a pesar de las diversas controversias y acciones legales que lo rodean, el proyecto sigue vivo bajo el gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Sabemos que nuestro territorio se verá afectado”, afirma Alessandra. “Así que necesitamos que se nos escuche. Antes de tomar decisiones que afectarán a nuestro territorio, el Gobierno tiene que hablar con nosotros”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que pedirá al Congreso que apruebe un desembolso de 500 millones de dólares para el Fondo Amazonia, un mecanismo gestionado por Brasil para la lucha contra la deforestación, además de otros 1.000 millones para luchar contra el cambio climático en los países en desarrollo.
“Solicitaré los fondos para que podamos contribuir con 500 millones al Fondo Amazonía y otras actividades relacionadas con el clima durante los próximos cinco años para apoyar el esfuerzo renovado de Brasil para terminar con la deforestación para 2030”, expresó Biden en su discurso durante el Foro de las Principales Economías sobre energía y clima, organizado por la Casa Blanca, en el que también participaron Alberto Fernández y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Además, el mandatario estadounidense prometió 1.000 millones de dólares adicionales para el Fondo Verde para el Clima, un instrumento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) “para conservar la Amazonia y otros ecosistemas críticos en América Latina”.
El anuncio de Biden llega después de que su antecesor. Donald Trump, negacionista del cambio climático, redujera a cero las contribuciones estadounidenses a ese programa.
La inyección financiera al Fondo Verde para el Clima eleva la contribución estadounidense a un total de 2.000 millones de dólares, todavía por debajo de la promesa inicial de 3.000 millones del expresidente Barack Obama, pero indica que la Casa Blanca está respondiendo a los pedidos de los países en desarrollo, los que menos contribuyen al cambio climático y los que más lo sufren.
“Los efectos del cambio climático los sentirán más quienes menos han contribuido al problema, entre ellos los países en desarrollo”, subrayó Biden en la reunión virtual, de la que también participaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el canciller alemán, Olaf Scholz, entre otros.
“Como grandes economías debemos apoyar a estas economías. El fondo es fundamental para ayudar a las naciones en desarrollo en aspectos que ahora no pueden hacer, pero no debe ser la única manera”, expresó Biden.
Pese a las promesas de financiación, activistas climáticos y científicos han criticado duramente a Estados Unidos y a otros países por responder a la escasez de petróleo y gas con un aumento de la producción y planes de expansión.
Los expertos subrayan que es imposible mantener el calentamiento global dentro de los límites esperados mientras se aumenta la perforación.
Estados Unidos ingresó al Fondo Amazonia, el fideicomiso global que tiene Brasil como compensación en caso de reducir la deforestación, y al que aportan también Noruega, Alemania, tras el regreso de Lula al poder.
Por su parte, el mandatario brasileño llamó hoy a una acción coordinada para hacer frente al cambio climático, que consideró el “mayor desafío” de esta generación. “Brasil está haciendo su parte y seguirá avanzando en los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático”, aseguró durante su intervención.
“Contamos con la matriz energética más limpia del planeta. Más del 80% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables: hidroeléctrica, eólica, solar, etanol y biomasa. Y vamos a aumentar esta proporción, con la instalación de nuevos parques de generación de energía solar y eólica”, apuntó.
A la vez, se quejó de que los países desarrollados no se involucran lo suficiente.
“Desde que el compromiso fue asumido, en 2009, el financiamiento climático ofrecido por los países desarrollados se mantiene debajo de la promesa de 100.000 millones de dólares por año. Es preciso que todos hagan su parte”, dijo.
Además, prometió revertir “el daño al medio ambiente causado por el gobierno anterior” en la Amazonia y señaló que el objetivo de su gobierno es la “deforestación cero”.
“Los efectos del cambio climático agravan aún más la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo, flagelos que Brasil combate con todas sus fuerzas. Somos también intransigentes defensores de la paz entre los pueblos. No hay sostenibilidad en un mundo en guerra”, consideró el mandatario brasileño, que se ha ofrecido como mediador para una solución negociada a la guerra en Ucrania.
En tanto, Fernández manifestó el “fuerte compromiso” de la Argentina con las metas ambientales dentro del “modelo de desarrollo sostenible e inclusivo” que impulsa el país, pero subrayó que el éxito depende de “la provisión de recursos financieros para los países en desarrollo”, una condición “fundamental” para la implementación de la acción climática.
“Desde el sur de las Américas vemos con preocupación la ausencia de vehículos financieros globales que ayuden a nuestros países a hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático. Creemos firmemente que la arquitectura de financiamiento climático multilateral debe ser justa, transparente, equitativa y basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”, apuntó.
Respecto de metas y desafíos, Fernández señaló que “la Argentina ha adoptado la acción climática como política de Estado y como un pilar indispensable del modelo de desarrollo sostenible e inclusivo” al que se aspira y, en ese sentido, señaló que se han dado “pasos contundentes”.
El Foro de las Principales Economías se puso en marcha por primera vez en 2009 de la mano de Obama como una forma de conseguir que los mayores contaminadores del mundo hablaran entre sí sobre la reducción de emisiones.
Los países más pobres han aumentado la presión sobre los ricos para que aporten más financiación a la lucha contra el cambio climático.
