ANALYTICA CONSULTORA

Frutas y verduras lideran los aumentos en el GBA: informe semanal muestra alzas de hasta 11,6%

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La inflación en alimentos se desacelera: suba semanal de 0,7% en GBA y proyección mensual del 2,4% en noviembre, según la consultora Analytica.

Un relevamiento privado detectó que los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires (GBA) aumentaron 0,7% en la segunda semana de noviembre, mientras que la inflación mensual proyectada para el nivel general se ubica en 2,4%.

Los datos surgen del informe semanal de Analytica Consultora y confirman una tendencia de moderación en las variaciones en las últimas cuatro semanas.

Desaceleración mensual y comportamiento de categorías sensibles

El reporte señala que el promedio móvil de cuatro semanas alcanzó el 2,8%, un registro que muestra estabilidad respecto de los valores previos. Para el nivel general de precios, la consultora proyecta una suba mensual del 2,4% en noviembre.

En el análisis por rubros, los mayores incrementos promedio de las últimas cuatro semanas se observaron en: Frutas: +11,6%. Verduras: +3,9%

Ambas categorías suelen mostrar volatilidad por cuestiones estacionales y climáticas, y su comportamiento condiciona el índice semanal de alimentos.

Por otra parte, se registraron aumentos marcadamente inferiores en: Café, té, yerba y cacao: +1,3%. Pescados y mariscos: +0,8%

De este modo, los alimentos básicos con mayor peso en el consumo cotidiano se ubicaron entre los rubros de menor presión inflacionaria durante el período.

Señales mixtas hacia fin de año

El informe muestra que el avance de 0,7% en la semana mantiene la tendencia de desaceleración observada en el último mes, aunque la disparidad entre rubros continúa reflejando tensiones propias del sector.

La proyección de inflación general del 2,4% para noviembre se alinea con el proceso de moderación que el sector privado viene anticipando desde el inicio del último trimestre del año.

Estos relevamientos tienen impacto directo en la evaluación de costos para empresas, comercios y cadenas de supermercados, además de influir en la planificación del consumo en los hogares metropolitanos.

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¿Podrá Batakis cumplir con el ajuste?

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El informe de Analytica Consultora hace foco en el anuncio de “gastar sólo lo que se recauda” realizado por la flamante ministra.

• El nuevo equipo económico se juega las últimas cartas para evitar un reperfilamiento de la deuda en pesos. No cuenta con otra alternativa más que intentar seducir al mercado luego de que los inversores, a comienzos de junio, le empezaran a soltar la mano. Por tal motivo, planteó un ambicioso cambio de rumbo: “gastar sólo lo que se recauda”. Si bien la contracción de la actividad puede hacer menos doloroso el ajuste que una devaluación, siempre habrá perdedores. La mayor dificultad del enfoque de la ministra Batakis es la legitimidad política para sostenerlo.

• Mayo es el último dato disponible del resultado fiscal. El mensaje es elocuente: durante los primeros cinco meses se registró, descontada la inflación, un aumento generalizado de todas las erogaciones del sector público. El gasto primario creció 4,5% en términos reales, con fuertes incrementos en los subsidios a la energía (+48,1%) y en los programas sociales (+46,4%). En tanto, los ingresos totales aumentaron cerca de la mitad, +7,4% real.

• La recaudación de impuestos, en tanto, tuvo un crecimiento real del 6,5% en los primeros seis meses. En particular, durante junio superó en 10,9% al de igual periodo de 2021. Los tributos que más traccionan siguen siendo los relacionados a la actividad. Ganancias aumentó un 27,8% real interanual (en parte explicado por la base de comparación), IVA lo hizo en 8,3% y la recaudación asociada a la seguridad social en 11,6%. Como contamos en el Mirada #44 se mantiene elevado el nivel de actividad.

• El segundo semestre es siempre más complejo, no sólo en términos de ingreso de dólares sino también en materia fiscal. Mientras los gastos suelen crecer en esta etapa, la recaudación se reduce por los menores ingresos por derechos de exportación (retenciones). ¿Podrá Batakis revertir esa tendencia y cumplir con la propuesta de nueva regla fiscal?

• A partir de nuestro modelo de consistencia macro financiera planteamos dos escenarios fiscales para el segundo semestre: el escenario Batakis (Sostenibilidad de la deuda en pesos) y el escenario de Metas FMI. En el primero se toman literalmente los dichos de la ministra en la conferencia del 11 de julio: déficit mensual cero a partir de julio, con el objetivo de ordenar de forma consistente la deuda pública en pesos. En este escenario el déficit primario cerraría el año en 1% del PIB. En el segundo, en tanto, el déficit primario llegaría al 2,5% según lo acordado con el Fondo.

• Al interior de las distintas partidas de gastos se realiza una segmentación por probabilidad de recorte:
a) Baja probabilidad – Rígidas: gasto muy poco flexible ya que no depende exclusivamente de decisiones del poder ejecutivo: totaliza el 46% del gasto primario., donde se destacan las jubilaciones y pensiones (cuya actualización depende de la ley de movilidad jubilatoria), que representan 43% del gasto total.
b) Probabilidadmedia –Semi flexibles: técnicamente son partidas que el ejecutivo puede reducir, pero con costos políticos que el oficialismo no parece querer asumir. Aquí se incluyen los salarios públicos, los
subsidios económicos y los programas sociales. Estas partidas representan el 37% del gasto primario. En los tres casos nuestra proyección es que el gobierno limitará su expansión respecto de la primera mitad del año, pero no habrá un ajuste de magnitud.
c) Alta probabilidad – Flexibles: aquí figura el gasto en capital, otros gastos corrientes y las transferencias a las provincias que no cuentan con ingresos afectados por coparticipación. Concentran el 17% del gasto primario. Aquí se va a centralizar principalmente el ajuste propuesto por el gobierno.

• En el siguiente gráfico se observa la trayectoria de las tres categorías descriptas anteriormente para el segundo semestre. Se destaca que el mayor ajuste se produce sobre el gasto flexible -línea gris- y en segundo lugar sobre el gasto semi flexible -línea roja-.

• Dentro de las partidas de flexibilidad media se destacan los subsidios a la energía y los programas sociales. Respecto a los primeros, como consecuencia de la guerra, el costo de generación en dólares se acrecentó a mayo un 30% respecto del mismo período del año anterior. Esta tendencia se mantendrá dado que el precio de los futuros de gas natural licuado ya cotiza a U$S/Mbtu 38,6 para agosto cuando el año pasado lo hacía en U$S/Mbtu 13,8. La estrategia para reducir los subsidios se revela en dos sentidos. En primer lugar, aumentaron las compras de gasoil y fuel-oil, insumos tradicionalmente más caros de importar pero que hoy resultan más económicos. En segundo lugar, los aumentos segmentados en las tarifas de energía. Teniendo en cuenta ambas medidas y los precios internacionales actuales, estimamos que este año los subsidios a la energía se ubicarán en 2,6% del PIB (+0,3 p.p. respecto a 2021). Por lo tanto, queda un saldo de gasto entre julio y diciembre de $ 1,17 billón. Sin embargo, en un escenario de mayor ajuste del gasto se deberá concretar otro aumento de tarifas de modo tal de, por lo menos, mantener el gasto en subsidios respecto del año pasado. Eso implicaría un ahorro de $192.270 millones respecto al primero escenario. Caso contrario el mayor ajuste deberá darse en las partidas de gasto social, generando aún mayores tensiones en los sectores más vulnerables para contener a los votantes de clase media.

• Los gastos en programas sociales fueron desde el comienzo del aislamiento obligatorio el caballo de batalla para contener la delicada situación social, pasando de representar 0,8% del PIB en febrero de 2020 al 1,8% en mayo último. Parece difícil que el gobierno no realice un recorte en estas partidas. El interrogante es cuál será la magnitud. Resulta claro que volver a los niveles de gasto prepandemia con una tasa de pobreza que tiende al 40% en el primer semestre no es socialmente sostenible. Para alcanzar la meta con el FMI, en la segunda mitad del año el gasto debería caer hasta 1,5% del PIB en diciembre. Esto significa mantener el gasto real respecto de 2021 descontando los bonos otorgados ese año. En el escenario Batakis, la caída sería hasta 1,3% del PIB, lo que sí implica un ajuste sobre las prestaciones corrientes respecto del año pasado. Entre el primero y el segundo escenario la diferencia es de $240.800 millones, nada menos que el 50% de lo que se gastó bajo este concepto durante los primeros cinco meses del año.

• Como señalamos, la caída del gasto será mayúscula en las partidas más flexibles. Por caso, las erogaciones de capital representan el 39% de ese total. Si el gobierno busca alcanzar la meta del FMI, la obra pública mantendría su participación en términos del PIB en 1,3% como sucede desde 2021. Es menos, sin embargo, que lo proyectado en el acuerdo con el Fondo (1,8%) y también en el DNU del presupuesto (1,6%). Por el contrario, en el escenario de mayor ajuste el gasto de capital se reduciría 31% respecto al segundo semestre del año pasado en términos reales, mientras que en la primera mitad del año creció en 9%. Así culminaría este año en apenas 1,1% del PIB. Una caída similar a la observada luego de la firma del acuerdo con el FMI en junio de 2018.

• El resto del gasto flexible sería la variable de ajuste a utilizar para lograr cumplir con ambos escenarios. Allí se incluyen, entre otros, las transferencias a las provincias, los gastos operativos no salariales, además del gasto de capital. En el escenario de cumplir las metas con el FMI su contracción en términos reales respecto al segundo semestre del año pasado es del 24%. En tanto, bajo la lógica de pagos según ingresos se reducirían en 63%.

• En resumen, si el gobierno aplica una estrategia fiscal basada en cumplir la meta de déficit fiscal de 2,5%, deberá recortar, respecto al año pasado 0,5 p.p. en gasto flexible para compensar el aumento de los semi-flexibles, principalmente por energía. Si la estrategia es un endurecimiento aún mayor y a partir de julio se gasta lo que ingresa, el déficit rondaría el 1% del PIB debido a los recortes en el gasto flexible de 1,6 p.p. y de 0,2 p.p. en el gasto semi-flexible respecto al año pasado, administrando la disyuntiva tarifas-planes sociales.

• Cualquier escenario da cuenta de la dificultad política y social de la implementación del ajuste fiscal propuesto. La comunicación de las medidas y sus objetivos es fundamental, ya la credibilidad del gobierno está sumamente deteriorada. Las acciones deberán respaldar que realmente existe el compromiso de sanear la situación macroeconómica. Como dijo la ministra, el déficit es una herramienta fiscal, que bien usada puede ser contracíclica y progresiva, pero que su mal uso puede provocar desestabilizaciones financieras que impacten sobre los segmentos más vulnerables.

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Inflación: el Gobierno nacional apuesta “apenas” a que no acelere

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El último informe de Analytica Consultora hace foco en las medidas económicas del Gobierno nacional para controlar la inflación, el principal problema para los ciudadanos argentinos.

• Las proyecciones del FMI muestran que la invasión de Rusia a Ucrania provocará más inflación y un menor crecimiento en la economía global. Este diagnóstico supone una nueva aceleración inflacionaria en la Argentina, tras el incremento del 4.7% en el IPC y del 5.3% en los precios mayoristas, sin contar los bienes importados, durante febrero. Analytica estima que en marzo el índice de precios al consumidor crecerá 5,5%, el porcentaje más alto desde septiembre de 2019.

• La guerra contra la inflación declarada por Alberto Fernández se sintetiza en la lógica de cavar trincheras y resistir. Ordenar la macro con un programa consistente de estabilización de los precios no aparece entre las estrategias del gobierno, y el acuerdo con el FMI tiene a la inflación como un problema de segundo orden.

• El impacto del nuevo escenario internacional sobre la dinámica de precios es correcto: hay un salto de la inflación provocado desde el lado de la oferta. En esa línea, la suba de 2 puntos sobre las retenciones de la harina y aceite de soja y de un punto sobre el biodiésel para subsidiar la cadena del trigo tiene lógica. Sin embargo, el conflicto político de la coalición de gobierno y la ausencia de un plan de estabilización hacen que no existan incentivos para acompañar iniciativas como ésta. Lo mismo sucede con las negociaciones con los principales productores de alimentos para retrotraer los precios a comienzos de marzo. En este caso, además, se duda del efectivo cumplimiento de un eventual acuerdo, precisamente por la percepción de debilidad política del gobierno.

• Un dato relevante surge de la inflación mayorista de febrero: los precios de los productos importados crecieron mucho menos que los de los productos agropecuarios, que siguen los precios de las exportaciones (+2,8% versus +9,3%). Esto indica que los términos del intercambio continúan al alza, con nuevos niveles máximos. Es decir, todavía la inflación importada no impacta plenamente y todo indica que seguirá en aumento. Hasta hoy, la aceleración en los precios de los alimentos obedece exclusivamente al salto en los precios de exportación

• El gráfico muestra la respuesta del precio relativo de los alimentos ante movimientosde los términos de intercambio (TI) desde el año 2007. Desde agosto de 2021 la suba en los TI es del 15%, en tanto el precio relativo de los alimentos creció 3,3% (elasticidad de un tercio). El índice general acumuló un 23.6% de incremento y el de alimentos, un 27,7% en el período.

• En períodos donde los términos de intercambio aumentaron más de 5% y se sostuvieron por más de un mes, el impacto sobre los precios de alimentos fue similar (julio 2013-febrero 2014 o agosto y noviembre 2015).

• Evidentemente, se agudiza el problema para los niveles de indigencia y pobreza. La canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT), que determina cada uno de estos indicadores, se ven especialmente afectadas. La inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires fue del 8,6% en febrero, similar al aumento de la CBA (+9%). En la actualidad, un hogar de cuatro integrantes necesita un ingreso mensual de $37.414 para no caer en la indigencia y de $83.807 en la pobreza. Para dimensionar el problema, desde abril el salario mínimo será de $38.940.

• Además de las extremas dificultades internas de gestión, no triviales para atacar con profundidad el problema, existen al menos dos explicaciones centrales para que el gobierno no intente un programa sólido de lucha contra la inflación, y sólo se limite a contener las recientes subas de precios.

o En primer lugar, la propia estructura de gasto público dificulta una reducción rápida de la inflación en un contexto de ajuste fiscal en términos nominales acordado con el FMI. Veamos. Las jubilaciones se ajustan 50% por la variación trimestral del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del INDEC y 50% por la recaudación de la ANSES, medida en forma interanual trimestralizada. Así, mientras que la movilidad jubilatoria vía salarios permitiría cierta corrección fiscal a estas tasas de inflación, la recaudación previsional muestra mayor inercia. Esta última pasó de crecer un modesto 27% i.a. en 2020 a un significativo 56% i.a. en 2021; en el último trimestre del año pasado lo hizo nada menos que 65% i.a. En 2022 se mantiene la tendencia (+64,6% i.a. en enero y +66,1% i.a. en febrero). Para marzo proyectamos una variación del 56%. Este mecanismo de ajuste jubilatorio proyecta un fuerte impulso a los haberes y, como contrapartida, un límite a su licuación inflacionaria. En 2021, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 1,5% en términos del PIB respecto de 2020, pero apenas 4% en términos reales, mientras la inflación se aceleró casi 20 puntos entre puntas, pasando de 30% en diciembre 2020 a 49% en diciembre 2021. Reducir la inflación no sólo no licuaría el gasto real, sino que aumentaría el déficit nominal, sujeto a un objetivo trimestral, dado que la recaudación se frena más rápido que el gasto. En nuestro informe Mirada #25 cuantificamos el impacto para 2022 de una reducción de la inflación en el déficit fiscal.

o El otro motivo de relevancia por el cual el gobierno no avanza en un plan consistente de estabilización es que la imposibilidad de reducir la inflación con crecimiento económico y superávit externo. Es decir, si el gobierno quiere bajar la inflación, dado que los compromisos con el FMI suponen acumular reservas netas y que no dispone de financiamiento externo voluntario, debe renunciar a crecer. Como contracara, un déficit en la cuenta corriente supondría apreciar el tipo de cambio y aumentar los salarios en dólares, impulsando la actividad económica y las importaciones y reduciendo la inflación de los bienes transables, lo que operaría como un ancla del nivel general de precios. Esta dinámica se observó en la gran mayoría de los planes de estabilización exitosos, como se observa en el gráfico.

• En el eje vertical figura el porcentaje de años dentro de la fase de desinflación en el que el país tuvo déficit en cuenta corriente. En el eje horizontal, en tanto, el desvío del crecimiento del período respecto de la media histórica. Se observan las experiencias de reducción de inflaciones moderadas y elevadas entre 1981 y 2020 para Chile, Colombia, Grecia, Italia, México, Paraguay, Polonia, Portugal y España. En el lado derecho figuran los países que crecieron y al mismo tiempo bajaron la inflación. Entre los que destacamos Chile y Polonia, que mantuvieron déficits en cuenta corriente durante casi toda la transición a la baja inflación. Mientras de toda la muestra sólo Portugal tuvo superávit en cuenta corriente, creció y logró bajar la inflación. Lo hizo sosteniendo su tipo de cambio real1 y reduciendo el déficit fiscal2. Claro que su ingreso a la Comunidad Económica Europea en 19853, le dio un salto discreto a la calidad de sus instituciones, generando un shock positivo de credibilidad.

• La economía argentina enfrenta dos opciones para bajar la inflación: sacrificios en términos de actividad o la puesta en marcha de un plan de estabilización basado en consensos que generen un cambio institucional (como el que “compró“ Portugal en 1985). La segunda opción, la menos costosa en términos económicos y sociales, parece lejana ante un oficialismo desorientado y una oposición que parece radicalizarse.

1 https://data.worldbank.org/indicator/PX.REX.REER?locations=PT
2 https://data.worldbank.org/indicator/GC.NLD.TOTL.GD.ZS?locations=PT
3 https://eucenter.as.miami.edu/_assets/pdf/202101-roywebpaper.pdf

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Bajar o no la inflación, la clave del dilema fiscal

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El reciente informe de la Consultora Analytica sobre el acuerdo con el FMI hace foco en la posibilidad Argentina de frenar la inflación y lograr reducir el déficit fiscal.

• La inflación de enero fue de 3,9%, caracterizada por un fuerte salto en los precios con estacionalidad (+9%), como frutas, verduras y hoteles. Sin embargo, se desaceleró el componente núcleo, de +4,4% en diciembre a +3,3% el mes pasado. Sin embargo, no hay razones para ilusionarse. Los precios mayoristas, que anticipan a los minoristas, también tuvieron una fuerte aceleración en enero hasta llegar a 4,5%, casi 2 puntos porcentuales más que en diciembre.

• Febrero, que suele ser un mes de menor presión sobre los precios, mostrará entonces malas noticias para la inflación, especialmente porque la suba en los mayoristas fue liderada por los productos agropecuarios (+9,4%) con fuerte impacto sobre los alimentos.

• Es en ese contexto en el cual llegará la próxima semana al Congreso la carta de intención con el FMI para respaldar el nuevo pedido de endeudamiento. Allí se explicitarán las correcciones de las tarifas de servicios públicos y del tipo de cambio, que ponen más presión sobre los precios para los próximos meses. Sin embargo, en la reducción del déficit primario está el nudo gordiano para bajar la inflación.

• A través de nuestro modelo de consistencia macro-financiera agregamos dos escenarios a nuestra proyección base de déficit primario que, como analizamos en informes anteriores (ver Mirada #22), alcanza a 3,5% del PIB para este año.

• Por un lado, modelamos qué sucedería con el déficit fiscal si la inflación fuese 45%, 6 puntos porcentuales menos que en 2021, y 10 puntos por debajo de nuestra proyección a diciembre. A su vez, simulamos cuánto deberían subir los precios de modo de hacer caer los salarios reales y, con ellos, licuar el gasto público indexado por la movilidad jubilatoria hasta alcanzar la meta de 2,5% de déficit primario
comprometido con el FMI.

• La ley de movilidad estipula que la variación de las jubilaciones y pensiones surge de ponderar un 50% con la variación de los salarios del trimestre anterior y 50% con la recaudación de ANSES (tasa interanual trimestralizada). Bajo esta estructura de ajuste, la suba de la inflación debe ser rápida para reducir la carga efectiva del gasto indexado a través de una caída en los salarios reales. Por el contrario, una reducción sorpresiva de la inflación supondría un aumento del gasto primario ya que las paritarias se fijaron anteriormente considerando una inflación más alta y, como dijimos, la fórmula de movilidad jubilatoria se mueve por salarios y recaudación de ANSES.

• A continuación, se presentan ambos escenarios:

Escenario 1. Licuación a través de una megadevaluación. El ajuste fiscal comprometido con el FMI se alcanza a través de un brusco salto del tipo de cambio que acelera la inflación al 120% anual y provoca una caída de los salarios reales superior al 13% y del consumo del 4%. Obviamente, bajo este escenario el
PIB se estanca. Desaparece la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas. Así, la unificación del mercado de cambios y la consolidación fiscal van de la mano.

Caídas del salario real como las que proyecta este escenario se equiparan a momentos de crisis en la historia reciente, como se muestra en la tabla. Desde 1959 sólo hubo un desplome similar de los salarios reales en 1982. El ejercicio demuestra la inviabilidad de un sendero de ajuste fiscal vía ajustes violentos
del tipo de cambio.

Escenario 2. Desinflación sorpresiva. Si la tasa de inflación cae, digamos, al 45% en 2022, el déficit fiscal aumentaría en tanto que, en el corto plazo, el efecto sobre la actividad sería muy escaso. El gasto en jubilaciones crecería 5% en términos reales mientras la recaudación crecería menos, al ritmo de la inflación; esta dinámica no es compatible con el objetivo fiscal si no se quiere ajustar otras partidas de gasto. Bajo este escenario, el déficit primario sería más del doble del pautado con el FMI para el año (5,4% vs 2,5%).

• Es evidente que reducir la inflación, si no se desea ajustar el gasto real, contradice el cumplimiento de las metas fiscales del acuerdo con el FMI. Sin embargo, estas tasas sólo garantizan un deterioro constante de los indicadores sociales y del funcionamiento del sistema productivo. Reducir el gasto previsional no es el camino. Lo deseable, no lo más probable, sería poner en marcha un plan de estabilización con compromisos explícitos de los distintos estamentos de gobierno y el sector privado (empresas, sindicatos, movimientos sociales) que coordine una reducción del gasto público sin impactar sobre los ingresos reales de los más vulnerables.

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El acuerdo con el FMI ayudaría a cerrar el programa financiero 2022

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Un análisis de Analytica Consultora sobre el acuerdo de Argentina con el FMI por la deuda con el organismo multilateral plantea que permitirá que el país pueda presentar un programa financiero para el 2022.

• El compromiso fiscal con el FMI para el año habla de un déficit primario de 2,5% del PBI, medio punto por debajo del cierre de 2021. Como indicamos en nuestro informe de la semana pasada (Mirada#23), el esfuerzo fiscal acordado no es excesivo y el gobierno debería poder cumplirlo. La pregunta es cómo va a financiar el déficit comprometido. No existe un presupuesto que sirva de guía y apenas se informó que la asistencia del Banco Central al Tesoro debería caer a 1% del PIB. Un desafío para el oficialismo, qué más allá de los dos últimos años marcados por la excepcionalidad de la pandemia, entre 2012 y 2015 necesitó de 2,8% puntos del PIB de emisión monetaria por año.

• ¿Es factible que el gobierno reduzca a un cuarto la asistencia financiera del BCRA al Tesoro respecto a 2021? Para responderlo es necesario proyectar las necesidades de pesos y sus fuentes de financiamiento, dado que los vencimientos en dólares serán refinanciados en el marco del acuerdo con el FMI.

• Dentro de los requerimientos, aparecen el déficit primario y los vencimientos de deuda. Mientras que para dar respuesta las herramientas son: transferencias del BCRA, emisiones por mercado y “otros”. Dentro de esta última categoría puede estar la llave para el cierre del programa. A partir de nuestro modelo de consistencia macro-financiera realizamos un ejercicio de simulación del programa financiero
del presupuesto.

• El plazo promedio de la deuda emitida en 2021 fue de ocho meses, es decir que parte de los vencimientos de 2022 se deben refinanciar este mismo año. El acuerdo con el FMI podría estirar los plazos como consecuencia de una mayor confianza, mientras que no acordar con el Fondo los reduciría sensiblemente. Para ver las implicancias, asumimos un escenario base, donde la duración promedio de la deuda en pesos se mantiene en 8 meses; un escenario optimista, con acuerdo, que extendería los plazos a un año; y un escenario de ruptura con el Fondo donde la duración de la nueva deuda se reduce a 4 meses.

• Como se observa en el gráfico, la capacidad de generar esquemas de colocación de deuda de mayor duración condiciona sensiblemente el sendero financiero al que se enfrentará el Sector Público Nacional en 2022. A su vez, el BCRA tendría, acuerdo mediante, una política monetaria más agresiva, restringiendo la liquidez agregada y condicionando parcialmente la capacidad del mercado para financiar al fisco, en
particular de los bancos.

• En 2021 se emitió deuda en el mercado más allá de los vencimientos por el equivalente a 1,6% del PIB. Un punto fueron colocaciones intra sector público, 0,4% captaciones de entidades financieras y el resto, del mercado de capitales (compañías de seguros, fondos comunes de inversión, etc.).

• Durante enero, el Tesoro mantuvo la lógica de colocar deuda más allá de los vencimientos, con un saldo favorable de $139.070 millones (47% por encima de lo que necesitaba). Dado que más de la mitad de la deuda del Tesoro está atada a la inflación, ¿tendrá incentivos el Banco Central para aplicar una política muy contractiva que afecte seriamente la liquidez? Si la inflación no baja en respuesta a esta contracción monetaria, los vencimientos nominales, en particular de deuda atada a la evolución de los precios (CER), continuarían creciendo en un contexto de liquidez escasa. Si además la herramienta usada para la contracción monetaria es una suba de la tasa de interés, aumentaría el déficit cuasifiscal debido a la mayor carga de intereses a pagar por las Leliqs emitidas.

• A partir de los tres escenarios descriptos y sus consecuencias en los plazos de la nueva deuda en pesos, planteamos un programa financiero para cada uno y su correspondiente resultado como se observa en el cuadro a continuación.

• En el escenario base los vencimientos totales (públicos y privados) alcanzan 13,4% del PIB. En el caso del escenario optimista, las necesidades de pesos serían de 10,7% del producto, y en el pesimista, de 17,1%. Diferencias de porcentajes nada triviales para un mercado de pesos muy estresado y con poco margen de maniobra.

• Por el lado de las fuentes de financiamiento, al punto del PIB de emisión monetaria habría que sumar 2,7% de la renovación automática de la deuda con el sector público y 8,1% de fondeo privado. En este último caso, se supone que no habrá fondeo adicional este año dadas las mayores restricciones proyectadas sobre la liquidez. Es decir, en Analytica estimamos un fondeo total (público y privado) disponible para las necesidades de pesos del orden de 11,8% del PIB. Sin embargo, dado que el ejercicio es de consistencia y tiene la virtud de presentar diferentes escenarios, no implica que no pueda existir financiamiento adicional por parte de entidades, compañías de seguros y fondos comunes de inversión.

• En un escenario con acuerdo, extendiendo la maduración de la deuda del Tesoro, el programa financiero mostraría incluso un leve superávit en pesos de un punto del producto. Por su parte, si se mantuviera la dinámica de 2021, el financiamiento sin cubrir alcanza a 1,6%, en tanto que un escenario de default arrojaría de mínima un faltante de más de 5 puntos del producto

• En cuanto al financiamiento público, debe hacerse una distinción relevante. Si bien el déficit comprometido con el FMI para el sector público nacional es de 2,5% del producto, el Tesoro mostrará, al igual que el año pasado, un desbalance superior. Sucede que otras dependencias (como el PAMI, la ANSES, etc.) cuentan con excedentes de pesos que permiten reflejar menores niveles de déficit. Este año,
entonces, el Tesoro deberá absorber este superávit a través de colocaciones directas de letras en pesos. De hecho, ya habría empezado a ocurrir en enero. Puede esperarse una absorción de no menos de un punto del PIB este año, el equivalente al crecimiento de los plazos fijos del sector público nacional, excluido el Tesoro, durante 2021.

• Es factible además contar con algo de financiamiento adicional por parte de compañías de seguros y fondos comunes de inversión. El año pasado aportaron 0,7% del PBI. Y serán muy relevantes los créditos netos de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID. El gobierno espera 0,9% del PBI a
través de estas fuentes.

• En resumen, salvo que un acuerdo con el FMI extienda notablemente la duración de las colocaciones en pesos, el cierre del programa financiero de 2022 requerirá el uso de stocks acumulados, como los excedentes de ANSES, PAMI y los fondos fiduciarios, así como de un mayor aporte neto de los multilaterales.

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