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Planes de pago permanentes: ARCA reduce el porcentaje del pago a cuenta para Bienes Personales y Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las condiciones de adhesión a los Planes de Facilidades de Pago permanentes. A través de la Resolución General 5681/25, que será publicada en el Boletín Oficial, el organismo redujo  el porcentaje del pago a cuenta obligatorio para planes por deuda de impuestos anuales, permitiendo así financiar una mayor parte del monto adeudado.

La medida tiene por objetivo optimizar la administración tributaria y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales correspondientes a los impuestos a los Bienes Personales y Ganancias.

De esta manera, según el tipo de contribuyente el pago a cuenta obligatorio a ingresar al momento de la adhesión quedó de la siguiente manera:


Tipo de contribuyente

Pago a cuentaAntes

Pago a cuentaAhora
Pequeños Contribuyentes, Micro y Pequeñas Empresas, Entidades sin fines de lucro 

25%


17%

Medianas Empresas Tramo 1

25%

23% 

Medianas Empresas Tramo 2

30%

23%

Demás Contribuyentes

35%

28%

¿Cómo se realiza la adhesión?

Para adherir a los planes de facilidades de pago se deberá ingresar a “Mis Facilidades”, opción “RG 5321 – Plan de Facilidades de Pago Permanente”. Se puede consultar esta guía de solo 7 pasos https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaspasopaso/VerGuia.aspx?id=461 

¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Los contribuyentes deberán tener: 

  • Domicilio Fiscal Electrónico constituido.
  • Declaraciones juradas presentadas.
  • CUIT activa.
  • CBU informada.

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El Gobierno denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero

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A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito” por más de $33.000 millones. La demanda describe el sistema empleado e identifica 23 “usinas” de facturas truchas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), denunció al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por presunto lavado de dinero.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal para que se inicie una investigación por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”.

En la denuncia, firmada por Felicitas Achábal en carácter de Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, se detalla que Tabacalera Sarandí S.A. “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.

La agencia fiscal gubernamental detectó además diferentes irregularidades en la facturación electrónica, patrones atípicos en la emisión de comprobantes, ausencia de pagos tributarios y uso exclusivo de efectivo, lo que impide la trazabilidad de los fondos.

“Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”, detalla la denuncia, que tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.

La investigación oficial destaca también que estas empresas funcionaban como “usinas” para blanquear dinero de origen ilícito mediante la incorporación de efectivo en el circuito financiero formal.

La presentación se originó en el informe elevado por la División Fiscalización Externa II, que pertenece a la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales.

ARCA realizó tareas de investigación y fiscalización enfocadas “en analizar con profundidad la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos”, dice un comunicado de la agencia estatal.

A través de esos relevamientos, el organismo que ahora encabeza Juan Pazo, un funcionario de la más alta confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió iniciar una investigación por “maniobras de legitimación de bienes u otros activos de origen ilícito”, que consiste en el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima.

Modus Operandi

Sobre el modus operandi que identificaron para Tabacalera Sarandí, la denuncia penal realiza la siguiente descripción:

La empresa fabrica y comercializa las marcas de cigarrillos Red Point, West, Kiel y Master. La cadena de comercialización de los productos fabricados está integrada por diferentes etapas.

  1. En la primera etapa, Tabacalera Sarandí SA (TSSA), vende los cigarrillos a contribuyentes mayoristas y, por estas operaciones, emite facturas Tipo A. Las características intrínsecas de este tipo de comprobante que se emite, permite conocer quién es el adquiriente del producto. En esta etapa, la comercialización está concentrada porque el producto se traslada desde el fabricante hasta el mayorista.
  2. En la segunda etapa, los contribuyentes mayoristas venden los productos mencionados a sujetos responsables de puntos de venta minorista. Es el momento en que la comercialización se atomiza “porque los contribuyentes mayoristas son los encargados de distribuir geográficamente el producto”.
  3. En la tercera y última etapa, los distribuidores minoristas comercializan los cigarrillos para que lleguen a los consumidores finales quienes los adquieren en los puntos de venta minorista, como pueden ser los kioscos y los almacenes de barrio.

Según la investigación de ARCA, del análisis del “módulo de facturación electrónica A, “Tabacalera Sarandí emitió comprobantes de venta de cigarrillos a ciertas personas humanas y jurídicas que declaran ante el Organismo la actividad de distribuidores mayoristas de cigarrillos”. De la consulta sistémica, prosigue la denuncia, “se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.

Por ello, dice ARCA, se comprobó que estos presuntos distribuidores mayoristas poseen una serie características, a saber:

  • Venden los cigarrillos que compran a TSSA a consumidores finales no identificados, emitiendo por dichas operaciones facturas Tipo B.
  • Las facturas emitidas por estos mayoristas contienen un precio de venta similar a los valores por los que adquieren los cigarrillos de TSSA, dando una rentabilidad muy baja. Estos mayoristas exhiben un patrón de emisión de los comprobantes (facturas Tipo B) “que resulta altamente irregular, con intervalos de apenas segundos, entre cada documento. Esta modalidad de emisión de comprobantes automatizada y secuencial, es incompatible con una atención presencial genuina, dado el volumen y frecuencia de emisión de comprobantes, en ubicaciones que no corresponden a zonas comerciales de alta afluencia de público y/o inconsistentes con los domicilios comerciales declarados por éstos.
  • No registran pagos tributarios, ni acreditaciones bancarias de acreditaciones mínimas. Los cobros por la venta minorista fueron en efectivo y los pagos a los proveedores, a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos. –
  • No cuentan con estructura edilicia ni de personal.

Se detalla que Tabacalera Sarandí “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar”

A partir de esos elementos, prosigue la denuncia, ARCA efectuó tareas de investigación y fiscalización que se enfocaron en analizar con profundidad, la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos. El objetivo de estas diligencias consistió en verificar la autenticidad de las operaciones y, en caso de resultar procedente, incluirlos en la Base de Contribuyentes No Confiables, de conformidad con las normas internas del Organismo.

Un cuadro posterior, incluido en el documento de denuncia, detalla los clientes de Tabacalera Sarandí categorizados como “usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”.

La investigación fiscal se orienta a detectar el uso de facturas emitidas por distribuidoras falsas que buscan “facilitar o encubrir maniobras orientadas a disminuir el saldo de impuesto a ingresar y/o transferir fondos del circuito formal a uno informal, como respaldo de operaciones inexistentes, con el fin de sustentar erogaciones que constituyen una simple transferencia de fondos hacia un circuito marginal de difícil trazabilidad”.

La calidad de “usina” no recae sobre los proveedores, sino sobre los clientes, “evidenciando una transferencia de dinero desde el circuito informal hacia uno formal”, esto es, el paso final de una maniobra de lavado de dinero.

Según la investigación y denuncia de ARCA, la operatoria entre Tabacalera Sarandí S.A. y los 23 distribuidores identificados le permitió a Otero recibir fondos de operaciones de venta por un monto de $33.632 millones de 2021 a 2023 lo que representa “aproximadamente un 31% del total facturado en dichos periodos”.

Según la denuncia, “los pagos por las ventas realizadas a TSSA a las distribuidoras, se realizaron mediante depósitos en efectivo a las cuentas recaudadoras de la vendedora. No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero”.

Finalmente, los fondos derivados de las ventas a distribuidoras catalogadas como “usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera” se incorporan al circuito financiero formal, como pagos en las cuentas bancarias de Tabacalera Sarandí “ y por ello es que se pone en conocimiento la maniobra observada”.

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La preocupación por el cierre de la sede de Arca en Oberá llegó al Congreso

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El diputado nacional por Misiones, Carlos Alberto Fernández, manifestó en el Congreso su “profunda preocupación” por la eventual clausura de la sede de ARCA (ex AFIP) en la ciudad de Oberá, en el marco de un proceso de reestructuración dispuesto por la Disposición N°36/2025 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El legislador solicitó de manera urgente la reconsideración de la medida, que entraría en vigencia 45 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Según explicó, el cierre de esta dependencia implicaría un grave perjuicio para empresas, comerciantes y contribuyentes de la zona centro de Misiones, que dependen de la atención presencial para realizar trámites fiscales, tributarios y administrativos.

“Esta dependencia atiende a contribuyentes de más de 20 municipios, muchos de los cuales no tienen acceso a servicios digitales o enfrentan dificultades de conectividad”, señaló Fernández. Y agregó: “No estamos en contra de la modernización, pero estas decisiones deben tener en cuenta la realidad local”.

De concretarse el cierre, las personas deberían trasladarse hasta la sede más cercana, ubicada en Posadas, a más de 100 kilómetros de distancia. “Eso implica costos y tiempos adicionales que perjudican especialmente a pequeños y medianos productores”, advirtió el diputado. En su presentación, también destacó que la sede de Oberá atiende a un total de 37.464 contribuyentes, entre pymes, sociedades, responsables inscriptos y monotributistas.

Fernández también remarcó el impacto que tendría la medida sobre los 17 trabajadores de la dependencia —14 empleados directos y un equipo de fiscalización agropecuaria—, quienes se verían forzados a realizar extensos viajes diarios o relocalizarse.

El rechazo a la medida ha sido expresado por diversas entidades locales como la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco), contadores de la zona, y organismos como la Confederación Económica de Misiones (CEM), CAME y la Cámara Argentina de Comercio. También se pronunciaron en contra el intendente de Oberá, Pablo Hassan; el presidente de CODEIM, Carlos Sartori; y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes elevaron notas al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y al titular de ARCA, Juan Alberto Pazo.

Otro punto de conflicto es que el eventual cierre dejaría sin efecto la pronta habilitación del Resguardo Aduanero en Oberá, clave para convertir a la región en un polo de exportaciones e importaciones. “La decisión es incoherente con los proyectos estratégicos que Nación, Provincia y Municipio vienen impulsando en conjunto”, concluyó Fernández.

El diputado solicitó a sus pares que acompañen el proyecto de resolución y se comprometió a buscar una solución equilibrada que garantice la eficiencia del Estado sin perjudicar el acceso a servicios esenciales para la comunidad.

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La recaudación subió 86,5% en febrero a pesar de la baja de algunos impuestos

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Después de ocho meses, la recaudación tributaria subió en febrero por encima de la inflación. Ya rigió plenamente el descenso de las retenciones.

La recaudación llegó a $13,52 billones en febrero, lo que implicó un aumento del 86,5% interanual, por encima de la inflación.

Fue impulsada por lo recolectado por los impuestos de Ganancias y de los aportes a la seguridad social, así como los derechos de importación.

Durante este mes impactó la disminución de los aranceles a los Derechos de Exportación para aquellos exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025. 

Las principales modificaciones fueron en:
• porotos de soja de 33% a 26%
• aceite y pellets de soja de 31% a 24,5%
• trigo y maíz de 12% a 9,5%
• 0% para economías regionales

Por otra parte, se eliminó el Impuesto Solidario PAIS, mientras que en el año pasado el mismo había recaudado $ 575.917 millones.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $4,75 billones y tuvo una variación interanual de 77,9%. El IVA Impositivo aumentó 76,5%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 81,9%.

En el IVA Impositivo:

Incidieron negativamente mayores devoluciones de IVA a exportadores y del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior.

En el IVA Aduanero:

Incidieron a favor:
• El aumento del tipo de cambio.
• El incremento de las importaciones respecto al año anterior.
• Un día hábil más de recaudación en relación con el año anterior.

Durante este mes se encontró vigente la excepción del régimen de percepción del IVA de un conjunto de productos de la canasta básica y medicamentos para las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con el certificado MiPyME vigente.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 139,5% recaudando $ 2,61 billones.

Incidieron favorablemente:
• El incremento de las retenciones de los empleados en relación de dependencia y jubilados. Esto obedece a una menor base de comparación debido a que en febrero 2024 se encontraba vigente el “Impuesto cedular a los altos Ingresos” que establecía un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles  ($2.340.000) y otra escala para las remuneraciones alcanzadas.

Asimismo, incidió el aumento de las remuneraciones.

• Mayor ingreso de anticipos por el incremento del impuesto determinado de las sociedades.

• Una mayor distribución de facilidades de pago favorecida por la recaudación de las cuotas de la moratoria y la cancelación del saldo de declaración jurada de los impuestos anuales de personas humanas y de las sociedades con cierre junio, que fueron regularizados mediante el plan de facilidades.

Afectaron negativamente la variación interanual:

• Ingresos en febrero 2024 del pago a cuenta extraordinario establecido para las entidades financieras y proveedores de pago y para empresas del sector hidrocarburífero.

En el Impuesto a los Créditos y Débitos se alcanzaron $ 995.684 millones, con un incremento interanual de 74,4%.

Incidió favorablemente un día hábil más en comparación con el año anterior.

Durante este mes se realizaron devoluciones a determinados agentes de percepción por los saldos a favor del Impuesto PAIS, los cuales fueron efectivizados mediante el mecanismo de compensación con importes devengados del Impuesto a los Créditos y Débitos (R.G. 5.638/2025).

Sin embargo, se presenta un efecto negativo en este impuesto por las compensaciones no realizadas.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 119,1%, alcanzando $ 3.393.967 millones.

Incidieron favorablemente:

• El aumento de la remuneración bruta promedio.
• El incremento del tope máximo de la base imponible de aportes de empleados en comparación al año anterior. El mismo es actualizado mensualmente. 

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 541.000 millones y una variación interanual de 92,8%.

Incidieron positivamente:
• La suba del tipo de cambio.
• Un día hábil más de recaudación en relación al año anterior.
Durante este mes rigió la disminución de aranceles para estos derechos para aquellos exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025.

En Derechos de Importación y otros ingresaron $ 455.504 millones con una variación de 107,6%.

Incidieron positivamente:
• El incremento del tipo de cambio.
• El aumento de las importaciones respecto del año anterior.
• Un día hábil más de recaudación en relación al año anterior.

En bienes personales, se alcanzaron $ 67.601 millones con una variación
interanual negativa de – 11,5%.

Este mes operó el vencimiento del cuarto anticipo de personas humanas, por el período fiscal 2024, que no adhirieron al régimen especial REIBP.

La recaudación se encuentra incidida negativamente debido principalmente a menores ingresos por anticipos de personas humanas ya que el impuesto correspondiente a los períodos fiscales comprendidos hasta el 2027 ya fue cancelado de forma unificada y anticipada si se optó por la adhesión al REIBP.

Durante febrero 2025 venció la manifestación y pago inicial de este régimen especial por los bienes regularizados en la Etapa 2.

En el caso del Impuesto a los Combustibles, ingresaron $ 339.280 millones, con una
variación interanual de 571,8%.

El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto.

Este mes no se encontró vigente el Impuesto Solidario PAIS, por lo que los ingresos en este período fueron residuales. En el año anterior la recaudación del impuesto había sido de $ 575.917 millones, e incluía como base del mismo la adquisición de moneda extranjera para turismo, atesoramiento e importaciones de bienes y servicios, entre otros. 

A su vez, en febrero 2024 también se encontraba vigente la aplicación del mismo para las operaciones con bonos y títulos que suscribieran los importadores (BOPREAL).

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Facturas apócrifas: riesgos, consecuencias y medidas de protección para las empresas

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La emisión y uso de facturas apócrifas se ha convertido en uno de los principales desafíos para ARCA (ex AFIP) en su lucha contra la evasión fiscal. Estas facturas, que documentan operaciones comerciales inexistentes o infladas, permiten a algunos contribuyentes generar créditos fiscales ficticios, afectando gravemente la recaudación tributaria. 

Existen contribuyentes que “compran” facturas con el claro propósito de reducir la carga fiscal en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado, ya sea encubriendo un gasto o una salida relacionada con el circuito marginal; disminuyendo la base imponible o generando crédito fiscal a su favor.

En este contexto, el organismo fiscal ha implementado una serie de medidas para detectar y sancionar estas prácticas, mientras que las empresas enfrentan el reto de fortalecer sus controles internos para evitar ser víctimas o partícipes involuntarios de estos esquemas fraudulentos.

Nos encontramos ante dos situaciones, las sociedades que son creadas exclusivamente para generar y comercializar este tipo de instrumentos, llamadas “usinas generadoras de crédito fiscal ficticio”, y los contribuyentes que comercializan de manera lícita, pero simulan algunas operaciones que no se efectúan en la realidad o emiten comprobantes por encima del valor correspondiente.

Ante esta problemática, ARCA ha implementado una serie de mecanismos de control destinados a detectar y neutralizar estas prácticas. Entre ellos, destaca la Factura M, que obliga a los Responsables Inscriptos que la reciben a actuar como agentes de retención. 

Asimismo, se ha creado una base de contribuyentes no confiables (Base APOC), accesible al público, que permite verificar la fiabilidad de los proveedores. 

El Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF) proporciona una evaluación de la capacidad económica de cada contribuyente para realizar transacciones. Las fiscalizaciones presenciales o electrónicas se utilizan para llevar a cabo controles preventivos y posteriores a las operaciones. La Matriz Perfil de Riesgo APOC es una herramienta clave para identificar casos complejos, como las “usinas” mixtas y los nuevos inscriptos en el IVA.

Adicionalmente, la Herramienta POTAPOC (Potenciales Usinas de Facturas Apócrifas) facilita la identificación temprana de posibles “usinas” mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. 

La utilización de facturas apócrifas puede acarrear graves consecuencias para las empresas, incluyendo la impugnación del gasto en el Impuesto a las Ganancias, la impugnación del crédito fiscal en el IVA, multas según la ley 11.683 y la aplicación del Régimen Penal Tributario.

Para evitar incurrir en estas prácticas y protegerse de posibles sanciones, los contribuyentes deben verificar la validez de los comprobantes y asegurarse de que estén debidamente autorizados por ARCA. Además, es fundamental utilizar medios de pago específicos para garantizar la validez de las deducciones y créditos fiscales, tales como depósitos en cuentas bancarias, transferencias bancarias, cheques (comunes, de pago diferido, cancelatorios), tarjetas de crédito, compra o débito, y facturas de crédito. En caso de no utilizar estos medios, los contribuyentes deben acreditar la veracidad de las operaciones.

Las empresas deben implementar acciones de control interno bajo el principio de “Conozca a su Proveedor“. Esto implica recabar y verificar información relevante de los proveedores, como el estatuto social, el acta de designación de autoridades, los estados contables, los datos bancarios, las referencias comerciales, el detalle de los principales clientes, los informes de Veraz o Nosis, los domicilios físicos, la constancia de CUIT, los registros tributarios, entre otros.  Esto implica detectar y evaluar señales de alerta que pudieran presentarse.

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