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El FGS pondrá $2 billones en juego para reactivar el crédito hipotecario

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El Gobierno anunció un nuevo Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario: a través del FGS, destinará $2 billones a plazos fijos UVA a 1 y 5 años, para que los bancos puedan fondear préstamos sin asumir todo el descalce de plazos. Según la consultora INVECQ la medida no resuelve el problema de fondo —la escasez de ahorro de largo plazo en pesos— pero sí funciona como puente transitorio para dinamizar un mercado hipotecario que hoy es acotadoy busca además reactivar la demanda interna vía expansión del crédito en general.

El crédito hipotecario en la Argentina es muy bajo: representa menos del 2% del PBI, contra 25% en Chile, 10% en Brasil u 8,5% en Colombia, por mencionar algunos ejemplos de la región. Si bien se multiplicó por cinco en términos reales desde diciembre 2023 a julio 2026, aún está 25% por debajo del promedio de 2018-2019. Esto se explica, sobre todo, por el tamaño del mercado de capitales local: las entidades financieras no logran fondearse a largo plazo y, en consecuencia, tampoco pueden prestar al ritmo que el mercado necesitaría. En otras palabras, toman depósitos a 30 días pero deben prestar a 25-30 años, un descalce de plazos que limita estructuralmente la oferta.

Además, luego del fuerte aumento entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el stock actual —$16,5 bn—perdió dinamismo: pasó de crecer 10% m/m real en promedio durante 2025 a menos de 1% en el primer semestre de este año. Si se mira solo el segmento UVA, los desembolsos cayeron de $470.000 M promedio mensual el año pasado a $245.000 M en lo que va de 2026.

En ese contexto, el Gobierno anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario, que busca atacar justamente ese problema de descalce. A través del FGS, licitará plazos fijos UVA por $2 bn en tramos semanales de $200.000 M (con un tope de 20% por entidad), divididos en dos ventanas: una a 1 año (UVA + 2,5% mínimo) y otra a 5 años (UVA + 4,5% mínimo). Una vez constituido el depósito, los bancos tendrán 90 días corridos para canalizar esos fondos hacia nuevos préstamos.

Sin ser un game changer, el impacto tampoco es menor: i) los $2 bn (USD 1.300 M) equivalen a poco más del 10% del stock vigente, ii) para tener como referencia: el año pasado se otorgaron créditos en el segmento UVA el equivalente a USD 3.200 M y en lo que va de 2026 USD 1.100 M y iii) según el cálculo oficial, el esquema podría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones, equivalente a cerca del 40% de las 43.700 familias que accedieron a un préstamo hipotecario nuevo durante todo 2025.

En síntesis, el programa no resuelve el problema de fondo —la falta de ahorro de largo plazo en pesos— pero sí ofrece un puente transitorio para que la banca pueda prestar a mayor plazo sin asumir todo el riesgo de descalce. Además, el objetivo excede lo habitacional: se trata de reimpulsar el crédito en general, en un momento en que la actividad viene “fría” —con excepción de algunos sectores “ganadores”—. La medida debería leerse junto con la flexibilización de créditos en dólares anunciada dos semanas atrás: ambas apuntan a que el financiamiento vuelva a ser uno de los motores de la economía.

Finanzas y mercados

Esta semana el Tesoro logró cubrir casi la totalidad de sus vencimientos en una licitación desafiante por el monto, alcanzando un rollover menor al 100% -algo que no se veía desde junio- priorizando instrumentos de corto plazo. En paralelo, con el fixing de fin de mes de la LELINK, el tipo de cambio tuvo una suba de 1% semanal.

El Tesoro enfrentó una licitación desafiante, con vencimientos por más de $12 bn, en un contexto de liquidez ajustada y reciente volatilidad en las tasas. Ante la necesidad de alcanzar un rollover elevado, volvió a modificar su estrategia en sintonía con la licitación anterior: ofreció instrumentos de corto plazo (con vencimientos de hasta mayo de 2027) y, por primera vez hasta ahora, no incluyó el bono hard-dollar AO29. La decisión se da luego de la suba del riesgo país de las últimas semanas y de las tasas en general, que llevó el rendimiento del AO29 por encima del 10%, evitando así que el Tesoro convalide tasas elevadas.

El resultado de la licitación fue positivo: el Tesoro adjudicó $12,16 bn, lo que representó un rollover del 95,96% y permitió cubrir prácticamente la totalidad de los vencimientos. Sin embargo, la contracara de este proceso sigue siendo una política monetaria son sesgo contractivo: la liquidez volcada al mercado fue muy baja, situándose en apenas $0,51 bn en un contexto en el que la liquidez general ya se percibe más ajustada. Del total adjudicado, el 90% se concentró en Lecap/Boncap -con TIREAs de 30% en promedio, similares a las del mercado secundario-. Además, el 7% correspondió a la letra CER y el 3% restante a la Lelink, una participación acotada pese a la mayor demanda de cobertura cambiaria que se venía observando.

El cambio de estrategia también se reflejó en los plazos. En agosto, el Tesoro dejó de priorizar el alargamiento de vencimientos y optó por satisfacer la demanda del mercado por instrumentos de corto plazo. El plazo promedio ponderado de colocación del octavo mes del año se ubicó en 134 días, menos de medio año y el menor registro desde octubre de 2025 (contexto de elecciones legislativas). En paralelo, la mayor volatilidad reciente de las tasas comenzó a reflejarse también en los rendimientos: la tasa promedio ponderada por volumen del mes de agosto de las Lecap fue de 30% (+3.p.p vs mes anterior) y el nivel más elevado desde mayo.

Otro aspecto positivo de la semana fue el comportamiento del tipo de cambio frente al fixing de la LELINK D31G6, que anticipábamos podía generar mayor volatilidad. Finalmente, el tipo de cambio registró una suba de 1% semanal, mientras que el BCRA compró divisas puntualmente el miércoles del fixing -algo que no había ocurrido el mes pasado- aunque la otra cara fue que volvió a intervenir en el mercado de dólar linked por aproximadamente $1,33 bn, frente a los $1,0 bn que intervino el día del fixing de la Lelink del mes julio y $1,2 bn en junio, de acuerdo con estimaciones propias.

Pese a la intervención, el BCRA sumó aproximadamente USD 723 M a las reservas en lo que va de agosto, aunque el ritmo se desaceleró respecto a los meses previos de 2026, en los que las compras alcanzaron consistentemente cifras de cuatro dígitos. Si se lo compara en términos diarios, las compras en agosto fueron por USD 38 M, frente a los USD 103 M de julio y a la media diaria de USD 95 M acumulada entre enero y julio. Hacia adelante, consideramos clave mantener la acumulación de divisas hasta fin de año, aun contemplando un menor dinamismo por estacionalidad, con el fin de llegar con un perfil de reservas más robusto al año electoral.

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Desde septiembre, el nuevo sistema del BCRA cambia cómo se pagan las cuotas de los préstamos

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A partir del 31 de agosto, bancos y billeteras deberán tener disponible el Cobro con Transferencia (CCT), el nuevo mecanismo diseñado por el Banco Central para modificar la forma en que se cobran las cuotas de los préstamos. La herramienta permitirá que una entidad acreedora solicite el pago desde una cuenta bancaria o de pago previamente autorizada por el cliente, aunque esa cuenta pertenezca a otra institución.

El cambio llega en un momento particularmente sensible para el sistema financiero. La morosidad de los créditos otorgados por proveedores no financieros aumentó con fuerza y convirtió la eficiencia de los mecanismos de cobranza en una cuestión estratégica para bancos, fintech y empresas de crédito. La nueva herramienta busca ordenar ese proceso, pero su capacidad para reducir efectivamente la mora dependerá de que el deudor tenga fondos disponibles en la cuenta que autorizó.

Qué cambia con el Cobro con Transferencia

El CCT fue creado mediante la Comunicación “A” 8406 y apunta a reemplazar las modalidades de transferencias inmediatas utilizadas para determinados cobros recurrentes. El Banco Central estableció este mecanismo como la única modalidad de transferencias inmediatas habilitada para ese tipo de operaciones.

En términos prácticos, el funcionamiento tendrá similitudes con un débito automático. La diferencia es que técnicamente se tratará de una transferencia iniciada por el acreedor a partir de un consentimiento previo del titular de la cuenta.

El cliente deberá seleccionar y vincular una cuenta bancaria o de pago identificada mediante CBU o CVU. Una vez otorgada la autorización, la entidad que concedió el crédito podrá solicitar el cobro de cada cuota. El consentimiento podrá ser revocado posteriormente a través de los canales electrónicos habilitados.

La principal novedad para el usuario es que ya no será indispensable que la cuenta desde la cual se paga el préstamo pertenezca al mismo banco o entidad que otorgó el crédito. Una persona podrá autorizar, por ejemplo, una cuenta de otra institución financiera o una billetera virtual, siempre que se encuentre dentro del esquema habilitado.

El sistema no permite buscar dinero en cualquier lugar

El nuevo mecanismo tiene límites precisos sobre los fondos que pueden utilizarse para cancelar una cuota. El CCT alcanza los saldos disponibles en cuentas a la vista o cuentas de pago identificadas mediante CBU o CVU.

Eso significa que no habilita a las entidades acreedoras a recorrer indiscriminadamente todos los activos financieros de un cliente.

Los fondos depositados en cuentas de inversión o instrumentos financieros que no formen parte directamente de la cuenta autorizada quedan fuera del mecanismo. Por eso, tener dinero dentro del sistema financiero no implica necesariamente que ese saldo pueda ser utilizado para cancelar automáticamente un préstamo mediante CCT.

La distinción adquiere importancia a medida que se multiplican las relaciones financieras de una misma persona. Un cliente puede cobrar su sueldo en un banco, mantener ahorros en otra entidad y utilizar una billetera virtual para sus gastos cotidianos. El CCT no unifica automáticamente esos fondos: requiere que el usuario haya autorizado específicamente la cuenta correspondiente.

Hay un límite para los intentos de cobro

El mecanismo tampoco habilita una búsqueda permanente de fondos. La normativa contempla un intento de cobro por cada período y hasta dos reintentos, separados según los plazos establecidos.

Si los intentos fracasan porque no existe dinero suficiente en la cuenta autorizada, el acreedor deberá recurrir a otra vía para reclamar la cuota. No podrá utilizar el CCT indefinidamente ni ejecutar mediante este mecanismo un cobro retroactivo cuando el cliente haya recibido fondos posteriormente.

Este aspecto constituye uno de los principales puntos de preocupación para bancos y fintech. Una persona puede no disponer de saldo el día del vencimiento y recibir su salario algunos días después. Si para entonces ya se agotaron los intentos previstos, la entidad deberá utilizar otro mecanismo de cobranza.

La limitación también evita que el sistema se transforme en una herramienta de extracción automática de fondos sin límites temporales.

Qué préstamos pueden cobrarse mediante CCT

El diseño regulatorio establece condiciones para los créditos que pueden utilizar este mecanismo. En principio, alcanza préstamos cuyas cuotas sean fijas e iguales durante la vigencia del contrato, con excepciones específicas.

Entre ellas aparecen los intereses moratorios o punitorios generados por intentos fallidos de cobro y determinadas variaciones vinculadas con seguros.

La normativa también establece que la relación entre cuota e ingreso no debe superar el 30% al momento de originación del crédito. De esta manera, el CCT no fue concebido como una autorización general para cobrar cualquier obligación recurrente, sino como una herramienta encuadrada dentro de determinadas condiciones crediticias.

Por qué el cambio llega en medio del aumento de la mora

La implementación se produce mientras crece la irregularidad de los préstamos otorgados por proveedores no financieros de crédito.

El último informe del Banco Central sobre ese segmento registró una tasa de irregularidad del 26,9% en febrero de 2026, 9,7 puntos porcentuales más que en agosto de 2025. En los préstamos personales, la irregularidad llegó al 34,1%.

El universo involucrado es amplio: alrededor de 12,1 millones de personas tenían financiamiento de proveedores no financieros de crédito y más de 7 millones estaban vinculadas al segmento fintech.

En ese contexto, un sistema que facilite el cobro de cuotas cuando existen fondos disponibles puede reducir costos operativos y mejorar la previsibilidad de las cobranzas. Pero hay una diferencia fundamental entre hacer más eficiente el cobro y reducir la morosidad.

El CCT puede resolver el problema de una persona que tiene dinero en una cuenta autorizada pero no realizó manualmente el pago. No puede resolver, en cambio, una situación de incapacidad efectiva para afrontar la cuota.

Bancos y fintech cuestionan la implementación

El sector financiero planteó reparos vinculados principalmente con la operatoria y los tiempos de implementación. La preocupación central pasa por los casos en que el cliente posee fondos, pero no en la cuenta que autorizó para el cobro o no los tiene disponibles durante los momentos en que se realizan los intentos.

También genera interrogantes la imposibilidad de buscar automáticamente dinero en diferentes cuentas pertenecientes al mismo titular.

A pocos días de la entrada en vigencia, distintas entidades trabajaban en los desarrollos técnicos necesarios y trascendieron pedidos de precisiones e incluso planteos para postergar o revisar determinados aspectos de la implementación.

Según información publicada por iProUP, Banco Galicia aparecía entre las entidades más avanzadas en el desarrollo, mientras otras instituciones y al menos una fintech especializada en préstamos todavía realizaban ajustes.

La situación técnica será relevante porque la obligación regulatoria comienza el 31 de agosto, pero la experiencia efectiva del usuario dependerá de que bancos, billeteras y prestamistas puedan integrar correctamente sus sistemas.

Una reforma que puede cambiar la relación entre bancos y clientes

El CCT introduce una modificación relevante en la arquitectura de los pagos recurrentes. Hasta ahora, buena parte de los mecanismos de cobranza dependía de una relación más directa entre el acreedor y la entidad donde se encontraba la cuenta del cliente.

El nuevo esquema habilita una lógica interoperable: el préstamo puede ser otorgado por una institución y pagado desde una cuenta administrada por otra.

Para los usuarios, esto amplía la capacidad de elegir desde dónde pagar y puede simplificar la administración de las cuotas. Para las entidades, supone una nueva infraestructura de cobranza que podría reducir fricciones, aunque también obliga a resolver problemas técnicos y operativos que no existían bajo esquemas más cerrados.

El punto decisivo será el equilibrio entre ambas partes. La herramienta debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin convertir el consentimiento del usuario en una autorización ilimitada sobre sus recursos.

Por eso, la entrada en vigencia del CCT será apenas el primer paso. El verdadero test comenzará cuando millones de operaciones cotidianas permitan comprobar si la interoperabilidad mejora el pago de préstamos, reduce costos de cobranza y disminuye los incumplimientos asociados exclusivamente a problemas de disponibilidad o de canal de pago.

En un escenario de morosidad creciente, el desafío del Banco Central será que una reforma pensada para hacer más eficiente el sistema de pagos también preserve reglas claras sobre consentimiento, límites de cobro y control por parte de los usuarios. La tecnología puede hacer más automático el pago de una cuota, pero no puede sustituir la capacidad económica necesaria para afrontarla.

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Caputo apeló a la justicia social para defender el uso del FGS para dar nuevos créditos hipotecarios

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Durante la presentación, el funcionario aseguró que facilitar el acceso a una vivienda “hace a la justicia social”.

Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social”, afirmó Caputo durante la conferencia de prensa en la que explicó el funcionamiento del esquema.

El concepto elegido por el titular del Palacio de Hacienda tiene una fuerte carga política e histórica. La justicia social es una de las tres banderas tradicionales del justicialismo, junto con la independencia económica y la soberanía política, y durante décadas fue utilizada por el peronismo para justificar políticas de ampliación de derechos y una mayor intervención estatal.

Caputo, uno de los principales referentes económicos de un Gobierno que cuestiona buena parte de la doctrina peronista y reivindica las ideas liberales, recurrió a esa expresión para sostener que una persona con empleo debería poder comprar una propiedad sin tener que ahorrar durante varias décadas.

Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”, planteó el ministro.

“Negocio para pocos”

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un programa de créditos hipotecarios utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES está generando muchísimas repercusiones negativas. Desde la oposición, pero también periodistas y usuarios de las redes sociales, criticaron esta medida.

El cuestionamiento principal tiene que ver con el uso del Fondo de los jubilados, pero también con los requisitos para acceder a dichos créditos que los hace prácticamente inalcanzable para la clase trabajadora. Muchos coinciden que es “negocio para pocos” y que es “sarasa para la tribuna”.

“El limitado monto y segmento de la población al que apunta esta política hacen que su resultado luzca moderado en materia de mejora de la actividad”, aseguró Julia Strada, diputada de Unión por la Patria y directora de CEPA.

Desde la Izquierda, el diputado Nicolás del Caño fue uno de los que criticó duramente el anuncio: “Caputo mete mano en el Fondo de Garantía y sustentabilidad del ANSES, en la plata de los jubilados que hoy cobran una miseria, para fondear a los bancos que harán un gran negocio. Otra estafa a los que trabajaron toda su vida”.

Desde el Frente Patriótico, César Biondini también fue muy crítico: “¿A que no adivinan quiénes son los que van a calificar para estos créditos? Sí, los amigos del régimen”, lanzó en X.

También varios economistas dieron su opinión tras el anuncio de Luis Caputo, como Roberto Cachanosky:

Desde el sindicalismo también lanzaron duras críticas, como el secretario de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano.

En la red social X no cesan las repercusiones tras el anuncio de Luis Caputo. 

Cómo funcionarán los nuevos créditos hipotecarios UVA

El programa anunciado por el Ejecutivo utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para mejorar el fondeo de los bancos y aumentar la oferta de préstamos destinados a la compra de la primera vivienda.

El Gobierno pondrá a disposición de las entidades financieras un total de $2 billones, equivalentes a unos US$1.500 millones, mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo ajustados por UVA.

Los bancos podrán acceder a esos fondos por períodos de uno o cinco años. La tasa mínima será de UVA más 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA más 4,5% para aquellas pactadas a cinco años.

A partir de ese fondeo, las entidades deberán ofrecer créditos hipotecarios con una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de devolución de 15 años y un límite de hasta 150.000 UVA por operación.

El dinero solamente podrá emplearse para financiar la adquisición de una primera vivienda. Además, el Banco Central controlará que los recursos entregados a las entidades sean destinados efectivamente a esos préstamos.

La primera licitación se realizará la próxima semana a través del sistema SIOPEL y tendrá un monto inicial de $200.000 millones. El esquema busca resolver una de las principales dificultades del mercado: los bancos captan depósitos mayoritariamente a corto plazo, pero necesitan prestar el dinero durante 15, 20 o 30 años.

La relevancia del financiamiento ajustado por UVA ya es significativa dentro del sistema: durante abril de 2026, más del 95% de las nuevas altas hipotecarias fueron pactadas bajo esa modalidad, según datos publicados por el Banco Central.

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Créditos hipotecarios UVA + 7,5%: cómo funciona el nuevo programa del Gobierno

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El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo mecanismo para ampliar el acceso al crédito hipotecario y atacar una de las restricciones estructurales del sistema financiero argentino: la falta de fondeo de largo plazo. El programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla movilizar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES mediante licitaciones destinadas a los bancos.

La medida no implica una nueva línea de préstamos que las familias puedan solicitar directamente al Estado. El mecanismo funciona en otra dirección: el FGS colocará depósitos a plazo en entidades financieras y, a cambio, los bancos deberán utilizar esos recursos para otorgar créditos hipotecarios destinados exclusivamente a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

El diseño apunta a resolver el descalce de plazos que limita actualmente la expansión del crédito. Mientras las entidades financieras captan depósitos principalmente a corto plazo, las hipotecas requieren fondeo compatible con préstamos que pueden extenderse durante 15, 20 o 25 años.

Cómo se distribuirán los $2 billones

El programa tendrá un monto total de $2 billones y comenzará con una primera licitación por $200.000 millones. El esquema prevé sucesivas subastas, de modo que la utilización de los recursos por parte de los bancos pueda ser monitoreada antes de avanzar con nuevas adjudicaciones.

Los depósitos que coloque el FGS estarán denominados en pesos y ajustados por UVA más un spread. Habrá dos alternativas de plazo: un tramo a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA más 4,50%.

La competencia entre los bancos determinará las condiciones finales de adjudicación. Cada entidad podrá acceder como máximo al 20% del monto correspondiente a cada licitación. Una vez constituidos los depósitos, tendrá 90 días corridos para aplicar esos recursos al otorgamiento de los créditos hipotecarios previstos por el programa.

El destinatario final del financiamiento será la persona que solicite la hipoteca en el banco. El FGS, en cambio, no asumirá el riesgo crediticio de los tomadores: serán las entidades financieras las encargadas de evaluar a cada cliente y responder por el préstamo.

¿Qué significa UVA + 7,5%?

La tasa UVA + 7,5% es uno de los puntos centrales del programa. Significa que el capital del crédito se actualiza de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), mientras que sobre ese capital actualizado el banco puede aplicar una tasa de interés anual que no podrá superar el 7,5%.

Por lo tanto, no se trata de una tasa fija tradicional. La evolución de la UVA incide sobre el saldo de capital y, consecuentemente, sobre la dinámica de las cuotas y del monto adeudado en pesos.

El 7,5% constituye el techo para las entidades que reciban estos fondos. Los bancos podrán ofrecer una tasa inferior si así lo deciden, pero no podrán superar ese límite dentro del programa.

Además, los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA. El destino estará restringido a la primera vivienda, ya sea para comprar, construir, ampliar o refaccionar.

Una simulación permite dimensionar el alcance

El Ministerio de Economía presentó un ejemplo para mostrar cómo podría funcionar el esquema. Sobre una propiedad valuada en US$106.667, el crédito cubriría el 75% del valor, equivalente a $120.920.000.

La simulación contempla una tasa de UVA + 7%, inferior al máximo previsto por el programa, y un plazo de 25 años. En ese escenario, la cuota inicial estimada sería de $865.098 y el grupo familiar debería acreditar un ingreso neto mensual de $3.460.391 para mantener una relación cuota-ingreso del 25%.

El ejemplo es ilustrativo y no representa una oferta crediticia concreta de un banco. Las condiciones efectivas dependerán de cada entidad, del perfil del solicitante, del valor de la propiedad y de las condiciones financieras vigentes al momento de contratar el préstamo.

El objetivo es ampliar la oferta, no subsidiar directamente la demanda

La lógica económica del programa está puesta en el lado de la oferta. El Gobierno no entrega directamente el dinero a quienes buscan una vivienda, sino que intenta generar una fuente de fondeo más estable para que los bancos puedan prestar durante períodos mucho más largos.

Ese punto resulta determinante para evaluar el impacto de la iniciativa. El volumen anunciado es significativo, pero su capacidad para transformar el mercado dependerá de cuántos créditos se originen efectivamente, qué tasas terminen ofreciendo las entidades y cuántas familias puedan cumplir con los requisitos de ingresos.

En términos de política económica, el programa busca reconstruir un circuito de financiamiento de largo plazo que permita conectar ahorro, bancos, construcción y acceso a la vivienda. Si las licitaciones consiguen traducirse en una mayor oferta hipotecaria, el efecto potencial también alcanza al mercado inmobiliario y a la construcción, dos sectores estrechamente vinculados con la generación de actividad y empleo.

La primera licitación por $200.000 millones será, en ese sentido, la primera prueba del mecanismo. El dato relevante no será solamente cuánto dinero coloque el FGS, sino cuánto de ese fondeo terminará convertido en nuevas hipotecas para familias que buscan acceder a su primera vivienda.

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La mora del crédito a personas se multiplicó casi por cinco desde 2024 y lleva 20 meses consecutivos de suba

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La mora total consolidada del crédito a personas físicas continúa creciendo y alcanzó en junio el 17,5% del monto total otorgado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con ECO GO. Se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo.

El deterioro registrado durante el último año y medio es significativo. En diciembre de 2024, la mora total por monto representaba el 3,6% del crédito; en diciembre de 2025 había escalado al 12,6% y en junio de 2026 llegó al 17,5%. En 18 meses, el nivel se multiplicó por 4,9.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advierte Martín E. Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

En junio, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos frente al mismo mes de 2025. Además, el 26,1% de los deudores registra mora, 8,8 puntos más que un año atrás.

Misiones exhibe una de las caras más sensibles del deterioro financiero de los hogares. En junio, el crédito a personas físicas alcanzó $1,6 billones, equivalente al 11,2% del Producto Bruto Geográfico provincial. Sin embargo, el financiamiento cayó 1,1% real respecto de mayo y apenas creció 3,2% frente al mismo mes del año pasado, muy por debajo del avance nacional del 9,1%. La provincia registra 369 deudores cada mil habitantes y una deuda promedio de $3,2 millones por persona endeudada.

El dato más preocupante está en la capacidad de pago. La mora por monto llegó al 18,9% en Misiones, contra 17,5% a nivel nacional, mientras que tres de cada diez deudores misioneros -30,3%- ya registran algún saldo irregular. En apenas un año, la mora por monto aumentó 10,8 puntos porcentuales. El deterioro es mucho mayor entre los proveedores no financieros de crédito: allí la irregularidad alcanza un extraordinario 38,2%, frente al 14,6% registrado dentro del sistema financiero. El dato sugiere que el segmento al que suelen acudir los hogares con menor acceso al crédito bancario es precisamente donde las dificultades de repago están alcanzando mayor intensidad.

ECONOMIS | CRÉDITO A LAS FAMILIAS

Misiones: crece la presión de la deuda sobre los hogares

Datos a junio de 2026. Crédito a personas físicas y calidad de la cartera.

Crédito en Misiones
$1,6 billones
▼ 1,1% real mensual
Crecimiento interanual
+3,2%
Nación: +9,1%
Mora por monto
18,9%
Nación: 17,5%
Indicador Misiones Nación
Mora por monto 18,9% 17,5%
Deudores con mora 30,3% 26,1%
Aumento interanual de la mora +10,8 p.p. +10,5 p.p.
Mora sistema financiero 14,6% 15,2%
Mora proveedores no financieros 38,2% 31,0%
Deuda promedio por deudor $3,2 millones $4,7 millones
El dato crítico
En Misiones, casi $4 de cada $10 prestados por proveedores no financieros están en mora.
Fuente: EcoGo + Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral, en base a BCRA, INDEC y CEPAL. Elaboración: Economis.

Fuertes diferencias entre provincias

La radiografía provincial muestra importantes contrastes. La Rioja registra la mayor mora por monto del país, con 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se encuentran La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%).

En términos de endeudamiento -medido como crédito sobre PBG provincial-, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más altos.

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, señala Martín E. Masci. Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan el 14,1% del crédito nacional a personas, pero presentan una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% del sistema financiero.

El deterioro de la calidad de la cartera convive con una expansión del crédito. Sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual. Además, las 24 jurisdicciones registraron crecimiento real frente a junio de 2025, con subas de entre 1,8% y 13,1%.

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio alcanzó los $97,1 billones, de los cuales $83,4 billones corresponden al sistema financiero y $13,7 billones a proveedores no financieros.

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