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Misiones es la sexta provincia de menor presión fiscal sobre los bancos

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El Banco Central de la República Argentina dio un paso técnico con alto impacto político y fiscal: habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas de manera no presencial en cualquier sucursal del país, independientemente del domicilio real del cliente. La medida, ya vigente, apunta a reducir el peso de Ingresos Brutos y otras cargas provinciales y municipales sobre la actividad financiera, uno de los factores que encarecen el crédito en la Argentina.

La decisión reabre una discusión de fondo: cuánto de la tasa que paga un usuario o una empresa responde al riesgo financiero y cuánto corresponde a la presión fiscal aplicada sobre los bancos. En un sistema donde buena parte de las operaciones ya se realizan por canales digitales, el BCRA introduce una posibilidad concreta: que las entidades asignen las cuentas abiertas por internet o por aplicación a sucursales ubicadas en jurisdicciones con menor carga tributaria. La única exigencia operativa es que el banco informe claramente al cliente cuál es la sucursal elegida.

El dato central surge del informe de ADEBA difundido por el propio BCRA: las diferencias entre provincias son muy marcadas. La Pampa encabeza el ranking de mayor presión sobre la actividad financiera, con una alícuota de 9,1% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con alícuotas del 9%. En el otro extremo aparece Santiago del Estero, que aplica 3% sobre el spread, mientras Corrientes tributa 4,7% y Formosa 5,5%.

Misiones queda en la parte media-baja del ranking, pero todavía por encima de las jurisdicciones más competitivas: figura en el puesto 19 sobre 24, con una alícuota del 7,8% sobre Ingresos Brutos. Además, según el cuadro de ADEBA, grava títulos públicos, pero no créditos hipotecarios. Esa combinación la diferencia de provincias como Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Luis, que sí registran carga sobre créditos hipotecarios.

El punto más sensible está en la transmisión de esa carga al precio del crédito. En la práctica, una mayor presión de Ingresos Brutos sobre los bancos puede trasladarse a tasas más altas, comisiones o menor incentivo a prestar. Por eso la medida del BCRA opera como una forma indirecta de competencia fiscal: las provincias con menor carga pueden volverse más atractivas para la radicación administrativa de cuentas digitales, aun cuando el cliente viva y opere en otra jurisdicción.

Para Misiones, el nuevo esquema deja una señal ambivalente. Por un lado, no se encuentra entre las provincias de mayor presión, como La Pampa o Buenos Aires. Por otro, tampoco aparece entre las más competitivas. Con 7,8%, queda por debajo del pelotón del 8% y 9%, pero bastante lejos de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. En un mercado financiero cada vez más digital, esa diferencia puede ganar relevancia.

La discusión excede a los bancos. El BCRA busca empujar una baja de costos en el crédito, pero también tensiona la relación entre Nación y provincias, porque Ingresos Brutos es una fuente clave de recaudación subnacional. El dilema es conocido: aliviar la carga fiscal puede mejorar el acceso al financiamiento; mantenerla sostiene ingresos fiscales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.

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Bancos y cripto: la custodia emerge como prioridad estratégica en Argentina

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Los bancos de Brasil y Argentina están ingresando al mercado de activos digitales a través de la misma puerta de entrada: los servicios de custodia. En Brasil, el Banco Central publicó las Resoluciones BCB 519, 520 y 521 en noviembre de 2025, estableciendo tres categorías operativas formales para los proveedores de servicios de activos virtuales —intermediarios, custodios y brokers—, reconociendo oficialmente la custodia como una función regulada e independiente. En Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó un marco regulatorio que permite a los bancos comerciales ofrecer servicios de trading y custodia de criptomonedas, cuya implementación se espera para mayo de 2026, revirtiendo la restricción impuesta en 2022. En ambos países, reguladores e instituciones financieras están siguiendo el mismo camino: primero la custodia, después todo lo demás.

La custodia es, en general, el punto de entrada regulatorio más práctico y de menor riesgo para los bancos que buscan comenzar a ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. Además, crea la base para expandirse hacia otros servicios como trading, tokenización, staking, stablecoins, gestión de tesorería y liquidación.

Según el Banco Central de Brasil, el mercado brasileño de criptomonedas procesó más de 500 mil millones de reales en 2025, siendo una de las principales tendencias la migración desde la autocustodia hacia instituciones financieras tradicionales. En Argentina, el volumen de transacciones cripto superó los USD 93.900 millones entre 2024 y mediados de 2025, en un país donde el 18,9% de la población ya posee activos digitales.

En las finanzas tradicionales, los bancos siempre han sido las principales instituciones responsables de resguardar activos como acciones, bonos y oro. Los inversionistas confían en las instituciones financieras para custodiar estos mercados.

Los activos digitales funcionan de manera diferente. Los inversionistas pueden almacenar sus propios activos en billeteras digitales, incluidas las cold wallets, sin depender de un banco o intermediario. Como resultado, las instituciones financieras necesitan ofrecer más que seguridad para convencer a los clientes de colocar sus activos bajo custodia institucional.

La ventaja competitiva proviene de los servicios habilitados por esta infraestructura. Cuando los activos se mantienen bajo custodia institucional, los clientes pueden acceder a soluciones como trading, staking, tokenización, pagos, gestión de tesorería y operaciones con stablecoins. Por eso, la custodia debe ser tratada como una prioridad estratégica para los bancos que avanzan hacia el sector de activos digitales.

Mike Schwitalla, Chief Commercial Officer de Crypto Finance, señala: “En activos digitales, los bancos no solo compiten con otros bancos. También compiten con la posibilidad de que los clientes decidan mantener sus propios activos en billeteras privadas. Eso significa que los servicios de custodia deben ofrecer más que protección de activos. Necesitan dar acceso a servicios y operaciones que serían difíciles de ejecutar de manera independiente con el mismo nivel de escala, integración y eficiencia. Esta infraestructura es la que habilita servicios como staking, tokenización, pagos y gestión de liquidez dentro del entorno bancario”.

Crypto Finance, parte del Deutsche Börse Group, se especializa en infraestructura institucional para activos digitales y opera precisamente en la intersección entre la decisión de un banco de ingresar al mercado cripto y su capacidad para hacerlo de manera segura, regulada y escalable. La compañía ofrece servicios de custodia, corretaje y liquidación para instituciones financieras que prefieren no desarrollar esta infraestructura internamente, pero que igualmente la necesitan para atender a sus propios clientes. Funciona bajo la misma lógica de los proveedores tecnológicos de la banca tradicional, aplicada al ecosistema de activos digitales.

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El endeudamiento avanza mientras se deteriora la capacidad de pago

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En Misiones, el crédito al sector privado mostró un importante crecimiento durante 2025. En principio, ese fenómeno podría interpretarse como una señal positiva: más hogares y empresas accediendo a financiamiento, con impacto potencial sobre el consumo, la actividad económica y la inversión. Sin embargo, al observar el otro lado del balance aparece una señal de alerta que comienza a crecer silenciosamente: la morosidad avanza a un ritmo mucho más acelerado que el propio crédito.

Los datos muestran justamente esa doble dinámica. De acuerdo con la información suministrada por el BCRA, por un lado se observa un fuerte incremento real de los saldos de crédito (es decir, del total otorgado) en buena parte de los segmentos; pero, al mismo tiempo, los saldos en mora exhiben una expansión muy superior. Veamos caso por caso.

Al cierre de 2025, en Misiones había $1,3 billones en créditos al sector privado, cuando 2024 había finalizado con un saldo de $0,8 billones. Medido en términos reales, el crecimiento fue del 13,6%. 

Sin embargo, mientras que en 2024 el saldo en mora ascendía a $25 mil millones, en 2025 ya trepaba a casi $120 mil millones. En términos reales, el saldo moroso creció 237,3%.

El mayor stock de crédito corresponde a las personas físicas en relación de dependencia, que concentraron el 43,9% del saldo total. En este segmento, el stock de crédito creció 22,8% interanual, pero el saldo en mora avanzó 302,8%. Como resultado, el ratio de morosidad pasó de 2,6% a 8,4%. Aunque el deterioro es significativo, no fue el más pronunciado entre los distintos segmentos de la economía misionera.

La industria manufacturera exhibió el segundo mayor stock de crédito de la provincia, concentrando el 16,6% del total. En este caso, el saldo total otorgado a la industria cayó respecto a 2024, pero el saldo en mora se disparó 1074%, llevando el ratio de morosidad del 0,4% al 7,1% en 2025. 

Dentro de esta actividad, el mayor deterioro se observó en el subsector de elaboración de productos alimenticios y bebidas, donde la mora creció 842%, elevando el ratio del 0,4% al 6,9%. También se registró un fuerte salto en la fabricación de productos textiles y de cuero, donde los saldos en mora crecieron 662,6% real en el año y el ratio pasó de 0,7% a 12,7%.

Por su parte, el comercio explicó el 14% del stock de crédito de la provincia y mostró un desempeño relativamente más favorable. Si bien el saldo en mora aumentó 7,6%, el crédito total otorgado creció a un ritmo mayor (+20,6%), permitiendo que el ratio de morosidad descendiera del 9,9% al 8,8%. 

Sin embargo, hacia el interior del sector aparecen fuertes disparidades. En la venta y reparación de vehículos y expendio de combustibles, el saldo en mora cayó 91,4% y el ratio bajó de 18,2% a 1,3%. En el comercio minorista, el saldo moroso retrocedió 3,7% y el ratio pasó de 12,5% a 9,5%. Pero en el comercio mayorista ocurrió lo contrario: el saldo en mora se disparó 822,8% y el ratio saltó del 1,5% al 12,2%.

En el rubro de servicios, que concentra el 12,6% del crédito otorgado en Misiones, la mora creció 346,2% y el ratio de morosidad escaló al 8,8%, cuando en 2024 era del 3,1%. Los mayores deterioros se observaron en Hotelería y Restaurantes (de 3,1% a 10,5%) y en Transporte y Comunicaciones (de 1,7% a 14,0%).

En otros sectores también se verifican señales preocupantes. En la producción primaria, el crédito otorgado creció 7,6%, pero el saldo en mora se disparó 1473%, llevando el ratio del 1,0% al 14,7%. Dentro de este rubro, la situación más crítica se registra en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde la morosidad pasó del 1,0% al 15,7%. Finalmente, en la construcción, la mora subió del 1,4% al 6,8%, tras un incremento del 934,5% en los saldos atrasados.

De este modo, el escenario que muestran los datos es mucho más complejo de lo que sugiere una lectura superficial del crecimiento del crédito. Porque detrás de la expansión de los préstamos no necesariamente hay una economía más sólida o una mejora genuina en la capacidad de consumo e inversión. En muchos casos, lo que aparece es una creciente dependencia del financiamiento para sostener gastos corrientes, cubrir costos operativos o incluso compensar la pérdida de ingresos reales. Y cuando ese proceso ocurre en paralelo con una aceleración tan fuerte de la mora, el mensaje de fondo es que cada vez más actores económicos llegan al límite de su capacidad de pago.

El fenómeno es particularmente preocupante porque no se concentra en un único sector, sino que atraviesa de manera transversal a buena parte de la estructura económica misionera. Se observa en hogares asalariados, en industrias, en actividades primarias, en servicios y también en segmentos comerciales específicos. Es decir, no parece tratarse de problemas aislados o coyunturales, sino de una señal más profunda de deterioro financiero. Incluso sectores que lograron expandir el crédito muestran ratios de mora crecientes, reflejando que el acceso al financiamiento ya no necesariamente implica mayor fortaleza económica, sino muchas veces una necesidad creciente de endeudamiento para sostener la actividad.

Además, hay un dato especialmente sensible: varios de los mayores saltos de morosidad se registran en actividades estrechamente ligadas al mercado interno y al consumo cotidiano. Esto permite inferir que el debilitamiento del poder adquisitivo y la desaceleración económica empiezan a trasladarse con fuerza a la cadena de pagos. Cuando las familias pierden capacidad de compra, el impacto no queda solamente en el consumo: termina afectando ventas, capital de trabajo, capacidad de reposición de stock y cumplimiento financiero de empresas y comercios.

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Los bancos argentinos ya resuelven hasta el 60% de las consultas sin intervención humana

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En un escenario donde los bancos argentinos enfrentan una creciente demanda de atención con estructuras limitadas, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una solución concreta. Hoy, plataformas conversacionales impulsadas por IA ya permiten resolver hasta el 60% de las consultas bancarias sin intervención humana, según datos de Infobip.

El fenómeno se da en paralelo a un cambio estructural en la forma en que las personas se comunican con las empresas. De acuerdo con el Messaging Trends Report 2026 de Infobip, basado en 628 mil millones de interacciones móviles durante 2025, casi el 98% del tráfico global ya ocurre a través de múltiples canales, confirmando el paso definitivo hacia experiencias omnicanal impulsadas por inteligencia artificial.

En América Latina, y particularmente en Argentina, uno de los mercados con mayor penetración de mensajería móvil, el cambio es contundente. Según el informe, WhatsApp se consolida como el canal dominante de interacción entre usuarios y empresas y ya es utilizado por más del 80% de la población conectada en el país, mientras que en sectores como banca y fintech el uso de canales de mensajería creció un 54% en el último año. 

Este avance no es solo de adopción, sino también de comportamiento: hoy el 82% de los usuarios abre todos los mensajes que recibe, 4 de cada 10 responde en menos de cinco minutos y el 59% percibe que obtiene respuestas más rápidas a través de mensajería, consolidándola como el canal más eficiente para la atención financiera.

Consultas como estado de cuenta, movimientos, transferencias, activación de tarjetas o recuperación de claves, históricamente gestionadas por call centers, están siendo absorbidas por chatbots inteligentes que operan 24/7, reduciendo tiempos de espera y costos operativos.

“El gran cambio no es solo tecnológico, sino estratégico: la IA permite escalar la atención sin escalar costos en la misma proporción. En un contexto como el argentino, donde la eficiencia es clave, esto se vuelve crítico para el negocio”, explica Janeth Rodríguez, VP Revenue Latam de Infobip.

“El usuario ya no está dispuesto a esperar ni a repetir su problema varias veces a distintos agentes. Quiere inmediatez, personalización y continuidad. La IA conversacional permite resolver eso integrando canales, datos y contexto en una sola interacción”, agrega Rodríguez.

El avance de estas tecnologías no implica la desaparición del factor humano, sino una redistribución del trabajo. Hoy, la IA conversacional en banca ya puede gestionar de forma autónoma consultas de saldo y movimientos, estado y bloqueo de tarjetas, transferencias simples, información de productos y recuperación de accesos.

Esto permite que los equipos humanos se enfoquen en casos de mayor complejidad, como fraudes, asesoramiento financiero o retención de clientes, donde la intervención humana sigue siendo clave.

En paralelo, el informe de Infobip también muestra una evolución hacia experiencias cada vez más contextuales y continuas. La nueva generación de soluciones, basada en IA agéntica, integra canales, datos y contexto en tiempo real, eliminando uno de los principales puntos de fricción actuales: las derivaciones innecesarias y la repetición de información por parte del usuario.

“La nueva generación de soluciones no responde con scripts rígidos. Aprende del negocio, del historial del cliente y del contexto de cada interacción. Eso permite ofrecer respuestas coherentes con la marca y mucho más efectivas y empáticas”, concluye la ejecutiva.

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El Banco Central reduce exigencias de capital para el agro y libera crédito a grandes productores

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El Banco Central dispuso el 9 de abril eliminar una exigencia adicional de capital mínimo que pesaba sobre los créditos otorgados a productores agrícolas no Mipyme que mantuvieran acopios superiores al 5% de su capacidad anual. La medida, formalizada en la Comunicación A 8418 y con vigencia desde el día siguiente a su publicación, modifica un punto sensible del esquema prudencial bancario. El dato técnico es claro; la lectura política abre interrogantes: ¿se trata de un alivio financiero sectorial o de una señal más amplia de recalibración del vínculo entre el sistema financiero y el agro?

Un ajuste puntual en la regulación prudencial

Hasta ahora, las entidades financieras debían aplicar una mayor exigencia de capital —es decir, inmovilizar más recursos propios— cuando financiaban a clientes agrícolas de gran escala que retenían parte de su producción por encima del umbral del 5%. Esa sobrecarga operaba como desincentivo: encarecía el crédito o directamente limitaba su disponibilidad.

La nueva disposición elimina ese recargo para las financiaciones que se acuerden a partir de la entrada en vigencia de la norma. En términos prácticos, reduce el costo regulatorio de prestar a ese segmento y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para productores no encuadrados como Mipyme.

El cambio se incorpora al texto ordenado de “Capitales Mínimos de las Entidades Financieras”, el núcleo del esquema prudencial que regula cuánto capital deben mantener los bancos en función del riesgo de sus activos. No se trata de una política crediticia directa, pero sí de una señal que impacta en la oferta de financiamiento.

Del castigo al incentivo: un giro en la lógica regulatoria

El esquema anterior partía de una premisa: penalizar, desde el punto de vista financiero, la retención de producción agrícola. La exigencia adicional de capital funcionaba como un mecanismo indirecto para desalentar ese comportamiento.

La eliminación de ese recargo implica un cambio de enfoque. El Banco Central deja de considerar esa situación como un factor que amerite mayor cobertura de riesgo, al menos en términos regulatorios. No prohíbe ni promueve explícitamente la retención, pero elimina un costo asociado.

En ese movimiento se redefine la relación entre regulación prudencial y política económica. El organismo mantiene su rol técnico, pero introduce una modificación que tiene efectos concretos sobre decisiones productivas y financieras.

Impacto en el sistema financiero y el sector agrícola

Para los bancos, la medida libera capital regulatorio. Al reducir la exigencia sobre determinados créditos, mejora la eficiencia en el uso de recursos propios y amplía el margen para otorgar financiamiento sin necesidad de incrementar capital.

Para el sector agrícola no Mipyme, el efecto es directo: acceso potencialmente más fluido y menos costoso al crédito. En particular, para productores con capacidad de almacenamiento, que hasta ahora enfrentaban condiciones más restrictivas.

En términos de correlación de fuerzas, el ajuste favorece a actores de mayor escala dentro del agro, un segmento con peso económico relevante. Al mismo tiempo, no modifica las condiciones para el resto de los sectores ni introduce beneficios explícitos para otros segmentos productivos.

La decisión no pasa por el Congreso ni requiere acuerdos legislativos. Se inscribe en la capacidad del Banco Central de modificar regulaciones prudenciales, lo que refuerza su margen de maniobra en la política económica cotidiana.

Una señal en construcción

La Comunicación A 8418 no es una reforma estructural del sistema financiero. Es un cambio puntual, pero con impacto concreto. Se inscribe en una serie de medidas recientes que ajustan regulaciones sin desmontar el andamiaje general.

Queda por ver cómo reaccionan los bancos: si trasladan el alivio regulatorio a mejores condiciones crediticias o si priorizan otros usos del capital liberado. También será clave observar si este tipo de decisiones se extiende a otros sectores o queda circunscripto al agro.

El Banco Central mueve una pieza específica, pero en un tablero más amplio. La dirección general todavía no está cerrada.

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