BOLSONARO

Bolsonarista mata a tiros al tesorero del PT en Foz dos Iguaçu

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La intolerancia política provocó una tragedia este sábado, 9, en Foz do Iguaçu. Armado y gritando, el agente penitenciario federal, Jorge José da Rocha Guaranho, invadió la fiesta de cumpleaños del guardia municipal Marcelo Arruda, y lo mató de tres tiros.

Arruda celebró sus 50 años, con poco más de 40 personas, en una fiesta de cumpleaños con la temática PT y Lula en la sede de Aresfi en Foz do Iguaçu.

Todo iba bien hasta que Guaranho invadió la fiesta gritando Bolsonaro y maldiciones, sacó un arma diciendo que mataría a todos en la fiesta. La esposa del verdugo, con un niño en el auto, gritó y pidió abandonar el evento. Tras una rápida discusión, Guaranho abandonó el evento y prometió volver para “una matanza”.

Los que estaban en la fiesta no prestaron mucha atención al episodio, pero Marcelo Arruda, con casi 30 años de experiencia en la Guardia Municipal, les dijo a sus amigos: “Este loco va a volver, por si acaso voy a buscar mi arma en el auto”. No sé equivocó. El loco bolsonarista volvió y ejecutó al guardia municipal de tres tiros. Aunque estaba herido, Arruda logró dispararle al guardia de la prisión, evitando la masacre anunciada momentos antes de la fiesta.

Intolerancia

El episodio muestra el clima de intolerancia política que ha ido en aumento en el país desde 2018, cuando un maestro fue asesinado en Salvador (BA) después de que declarara que votaba por el PT en las elecciones presidenciales.

Marcelo Arruda fue tesorero del PT en Foz do Iguaçu, fue candidato a vicealcalde en las elecciones de 2020 y director del sindicato de funcionarios municipales.

Deja a su esposa y cuatro hijos (una niña de seis años y un bebé de un año). Herido, fue ingresado en un hospital de la ciudad. “Una situación de intolerancia y falta de respeto. Marcelo Arruda y yo siempre pensamos diferente y eso nos hizo profundizar nuestra amistad con horas de conversación y debate sobre entender el pensamiento de los demás. Esta situación es lamentable”, reaccionó el publicista Thiago Kodama en las redes sociales.

“Cuando digo que la gente está enferma y que la falta de respeto y diálogo es una tragedia, algunos piensan que es una exageración. La gente se está atacando entre sí por la política y ahora sabemos que también tiran bombas y matan a mis mejores amigos. “, dijo el PT André Alliana.

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El programa de gobierno de Lula bajo la lupa

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones de octubre en Brasil, difundió su programa de gobierno, en que defiende una mayor participación del Estado en la economía más grande de Latinoamérica.

El programa del Partido de los Trabajadores (PT) esboza la oposición a los planes del gobierno actual de privatizar empresas como el holding eléctrico Eletrobras, el servicio Correios y las petroleras Petrobras y Pré-Sal Petróleo (PPSA). Esta última fue creada en 2013 para representar los intereses del Estado en los contratos de producción compartida de hidrocarburos.

“[Petrobras] volverá a ser una empresa energética integrada que invierte en exploración, producción, refinación y distribución, pero también que actúa en los segmentos que se conectan a la transición ecológica y energética, como gas, fertilizantes, biocombustibles y energías renovables”, dice el programa del PT, que lidera el candidato de izquierda.

“Lula y su Partido de los Trabajadores están reforzando su antigua visión del papel de las empresas estatales como una especie de rama del gobierno en los sectores económicos en los que operan”, dijo a BNamericas el analista político sénior Mario Sergio Lima, de Medley Global Advisors.

Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro, quien competirá por un segundo mandato en las elecciones del 2 de octubre, pasó a acelerar la venta de activos secundarios de Petrobras en los últimos años.

El programa, llamado Juntos pelo Brasil, tiene 121 párrafos de propuestas y puede consultarse en este enlace.

“Este documento no es la [versión] final, sino un punto de partida”, indicó Aloizio Mercadante, miembro de varios gabinetes durante la pasada administración del PT y actual director del centro de estudios Fundação Perseu Abramo, que redactó el documento.

EL PAPEL DE LOS BANCOS ESTATALES

También en contraste con la actual administración de derecha, el programa de Lula defiende una mayor participación de los bancos estatales, como el banco de desarrollo BNDES.

“También fortaleceremos a los bancos públicos, como Banco do BrasilCaixa Econômica Federal, BNDES, BNB, Basa y Finep, en su misión de promover el desarrollo económico, social y ambiental y en la provisión de crédito a largo plazo y garantías en la estructuración de proyectos, comprometidos con la sostenibilidad financiera de estas operaciones”, señala el programa.

El PT estuvo en el poder desde enero de 2003 hasta mediados de 2016. Lula fue presidente durante los primeros ocho años, mientras que Dilma Rousseff encabezó la presidencia entre enero de 2011 y agosto de 2016, cuando fue destituida por denuncias sobre el mal manejo de cuentas fiscales.

Durante el mandato del PT, los bancos estatales, principalmente el BNDES, se utilizaron para impulsar la economía. En el caso de BNDES, el banco inyectó efectivo en grandes proyectos y empresas de peso mediante préstamos subsidiados, estrategia que criticaron diversos analistas porque generaba distorsiones en la economía.

La estrategia actual de BNDES deja más espacio para que los bancos privados otorguen préstamos a compañías y proyectos, situación que podría ser difícil de revertir.

“El hecho de que el financiamiento del BNDES ya no se base en la antigua [tasa de interés subsidiada] TJLP, [que era inferior a la referencial Selic], redujo la participación del banco en el financiamiento de proyectos. Antes, el mercado de financiamiento de infraestructura dependía bastante del BNDES, pero actualmente depende mucho menos”, dijo a BNamericas Fernando Guimarães, jefe de project finance de Bradesco BBI, rama de banca de inversión de Banco Bradesco.

INFRAESTRUCTURA

El PT también insta a poner fin a las reglas de tope del gasto, que limitan los aumentos del gasto público a la inflación, para apuntar a una mayor inversión pública en proyectos de infraestructura.

“Es necesario garantizar la modernización y ampliación de la infraestructura de transporte y la logística social y urbana con un vigoroso programa de inversión pública”, indicó. “Aseguraremos la reanudación inmediata de la inversión en infraestructura, que es crítica para retomar el crecimiento y decisiva para reducir los costos de producción”.

El programa subraya que el partido incentivará además la participación privada en la inversión en infraestructura.

“La inversión privada también será fundamental en la reconstrucción de Brasil y será estimulada a través de créditos, concesiones, sociedades y garantías”, indica.

De hecho, los analistas prevén que los planes de concesión de infraestructura se mantendrán en marcha después de las elecciones de octubre.

“La agenda de concesiones de infraestructura comenzó a dar sus primeros pasos en la década de 1990 y durante anteriores gobiernos del PT esta agenda continuó, con varias subastas de carreteras y aeropuertos. No veo cambios en estos modelos de concesión a futuro”, dijo el consultor en infraestructura Bernardo Figueiredo, quien fue titular del regulador de transporte terrestre ANTT.

“Si miramos algunos sectores económicos, como es el caso de la infraestructura, necesitamos encontrar un equilibrio para tener inversiones tanto del sector público como del privado. Ningún país importante del mundo crece solo con inversión pública o solo con inversión privada”, agregó Figueiredo, quien también presidió la firma estatal de planificación y logística EPL durante el gobierno de Lula.

MINERÍA

El programa del partido de izquierda aboga por una cadena de valor más integrada en la industria minera y se opone a cualquier intento de posibilitar faenas mineras en tierras indígenas de la Amazonía, algo que ha defendido el gobierno de Bolsonaro.

“Brasil es un gran productor de minerales, la actividad minera debe ser estimulada a través de mayores vinculaciones industriales internas y el compromiso con la protección del medioambiente, los derechos laborales y el respeto a las comunidades locales. Debe mejorarse el estándar de regulación minera y abordarse la minería ilegal, particularmente en la Amazonía”, dice el partido en su programa.

DERECHOS LABORALES

El programa del partido también defiende una revisión de las leyes laborales que fueron aprobadas durante la administración de Michel Temer tras el derrocamiento de Rousseff, lo que implicó recortar ciertos derechos laborales.

“El nuevo gobierno propondrá, sobre la base de un amplio debate y negociaciones, una nueva legislación laboral que brinde una generalizada protección social para todas las formas de empleo y relaciones laborales, con especial atención a los trabajadores independientes”, agrega.

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Bolsonaro pone a la venta tres refinerías de Petrobras en medio de la crisis del precio del petróleo

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El gobierno de Brasil anunció que puso a la venta tres refinerías de la petrolera estatal Petrobras que son responsables por el 50% del refinamiento de los combustibles producidos en el país, en el marco de la política del presidente Jair Bolsonaro de reducir la presencia pública en el mercado de energía, una medida que fue tachada de “entreguismo” por la oposición.

La decisión ocurre a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de octubre y luego de que Bolsonaro culpara a la conducción de Petrobras, que el mismo designa, de buscar lucros para los accionistas privados elevando el precio interno de los combustibles mediante la paridad del precio internacional.

Para el Partido de los Trabajadores (PT) del exmandatario y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, favorito a vencer a Bolsonaro el 2 de octubre, la decisión es “burra y criminal” contra los intereses brasileños.

“Estamos necesitando en Brasil refinar el petróleo para frenar la importación de combustible dolarizado. ¿Y qué hace el gobierno de Bolsonaro? Retoma la venta de tres refinerías. Es un entreguismo burro y criminal”, afirmó la presidenta del PT, diputada Gleisi Hoffmann.

En un comunicado, Petrobras informó que las refinerías que retomarán su proceso de venta son Abreu e Lima (Rnest), en Pernambuco; Presidente Getúlio Vargas (Repar), en Paraná; y Alberto Pasqualini (Refap), en Rio Grande do Sul.

La petrolera brasileña puso en marcha en 2019 un plan para vender ocho de sus trece refinerías, responsables por la mitad de la capacidad de refino del país.

El lunes reinició el proceso para vender tres de ellas, entre ellas Abreu e Lima, ubicada en el Puerto de Suape, cuya construcción había sido producto de acuerdos entre los entonces gobiernos de Lula (2003-2010) y del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

El presidente Bolsonaro, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el de Minas y Energía. Adolfo Sachsida, anunciaron este año la intención de privatizar Petrobras en caso de la reelección del mandatario.

El pasado 30 de noviembre el gobierno vendió la refinería Landulpho Alves (Rlam) en el estado de Bahía, que es la que vende el combustible más caro del país, según el diario O Globo.

La empresa tiene capital abierto pero el control del Consejo de Administración depende del Gobierno federal, que ha aplicado la política de paridad de precios internacionales iniciada en 2016 por la gestión de Michel Temer tras el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff.

El lunes el Consejo de Administración de Petrobras aprobó el nombramiento de Caio Mario Paes de Andrade como nuevo presidente de la compañía, por decisión del gobierno de Bolsonaro.

Paes de Andrade es el cuarto presidente de Petrobras del Gobierno de Bolsonaro.

Este proceso de aceleración de venta de los activos de Petrobras se profundizó con la inflación mundial provocada por la guerra en Ucrania y las sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia.

El Gobierno logró privatizar en mayo la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras, donde el Estado redujo del 75% al 42% la participación accionaria.

En el plano interno, el portal de noticias Metropoles reveló que el primer presidente de Petrobras de Bolsonaro, el ultraliberal Roberto Castello Branco, escribió a economistas que tiene en el teléfono celular corporativo de la petrolera mensajes y amenazas que pueden incriminar a Bolsonaro por supuestamente realizarle pedidos no republicanos sobre la conducción de la petrolera, la empresa más grande del país.

Por ello, senadores del PT y de otros partidos de oposición pidieron a la Fiscalía y al Ministerio de Minas y Energía acceder a esas informaciones.

Castello Branco no desmintió lo publicado por Metropoles.

“Si yo no quise atacar a Bolsonaro no fue por falta de oportunidad. Cada vez que él produce una crisis se pierden miles de millones de dólares de los accionistas. En mi celular corporativo tenía mensajes y audios que podían comprometer al presidente. Lo devolví intacto el día que me fui. Nunca seré político”, dicen los mensajes de Castello Branco, que calificó al mandatario como “psicópata”.

El término psicópata es porque Castello Branco contó en el grupo de chat de economistas amigos que Bolsonaro alimentaba una noticia falsa basada en una teoría de la conspiración surgida en las redes sociales de que la minera Vale exporta oro a China bajo la apariencia de que es mineral de hierro.

La oposición pidió a Bolsonaro intervenir en el mercado para evitar que el consumidor interno pague los precios internacionales del crudo que aplica Petrobras, pero el mandatario ha seguido la política del ministro Guedes de no involucrarse en el precio.

Desde que asumió en 2019, Bolsonaro continuó la desinversión en Petrobras iniciada por Temer, luego de que el empresa fuera desde 2014 el eje de una investigación por sobornos en los contratos para la construcción de refinerías por parte de la Operación Lava Jato, cuya investigación frenó las obras públicas vinculadas a la industria de petróleo y gas.

Para ello, la mayoría oficialista en el Congreso logró una ley que entró en vigor el lunes para que los estados reduzcan los impuestos locales a las naftas.

Esto ha generado una ola de reclamos de los gobernadores, que anunciaron, en el caso de San Pablo, el corte en el presupuesto educativo y de salud, sobre todo en la financiación de la investigación científica de las universidades más importantes del país, como Universidad de Sao Paulo (USP) y Universidad de Campinas (Unicamp).

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En el Amazonas el aire está irrespirable

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Eduardo Chaves, Amanda Gorziza e Renata Buono, revista Piauí. A diferencia de otros países, Brasil aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero durante la pandemia. Este es el resultado de la creciente deforestación en los bosques brasileños. En 2020, hubo un aumento del 24% en las emisiones de CO2 por cambios en el uso del suelo en comparación con el año anterior. 

El CO2, dióxido de carbono equivalente, se utiliza para medir el conjunto de gases de efecto invernadero. En un año, las emisiones de la Amazonia aumentaron en 187 millones de toneladas, el equivalente a las emisiones de Perú

La deforestación fue responsable por las tres cuartas partes del CO2 liberado en los nueve estados en 2020. Altamira (PA), líder en el ranking por municipios, emitió 35,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2019. 

En 2020, Brasil registró un aumento del 24% en las emisiones de CO2 por deforestación en comparación con el año anterior. En todo el país, se emitieron 998 millones de toneladas de gases de efecto invernadero debido a cambios en el uso del suelo, frente a 807 millones en 2019. La deforestación es el sector con la mayor parte de las emisiones de CO2 en Brasil, representando aproximadamente la mitad (46 %) de ellas.

Todos los días, las personas emiten gases de efecto invernadero debido a sus actividades, como viajar en autobús y encender el aire acondicionado. En 2020, la emisión media de CO2 de cada brasileño fue de 10,2 toneladas brutas. El promedio mundial está muy por debajo de las 6,7 toneladas. Por año, es como si un brasileño produjera, en gases de efecto invernadero, lo mismo que 30 autos corriendo 10 kilómetros por día, durante un año.

Entre 2019 y 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 20% en los estados de la Amazonía Legal. Juntos, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Maranhão registraron un crecimiento de 187 millones de toneladas de CO2, equivalente a las emisiones observadas en todo 2019 en Perú.

Los cambios en el uso del suelo, causados ​​básicamente por la deforestación, fueron responsables del 75% de las emisiones de CO2e en los nueve estados de la Amazonía Legal en 2020. La agricultura representó el 19% de las emisiones, la energía el 5% y los residuos el 1%.

En 2019, los 50 municipios brasileños que más emitieron gases de efecto invernadero fueron responsables de una cuarta parte de todas las emisiones del país. Altamira-PA (35,2 millones de toneladas de CO2), São Félix do Xingu-PA (28,8) y Porto Velho-RO (23,3) lideran el grupo, que totalizó 475,2 millones. Las otras 5.520 ciudades brasileñas sumaron 1.400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entre los estados, Pará fue el principal emisor de Brasil.

Altamira (PA) registró 35,2 millones de toneladas de CO2 en 2019. Si la ciudad fuera considerada un país, ocuparía el puesto 108 en el ranking mundial de emisiones. Países como Suecia, Noruega y Croacia produjeron menos gases de efecto invernadero que el municipio de Pará, aunque tienen al menos 35 veces más habitantes.

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Cumbre de las Américas de Los Ángeles: error de cálculo y mala lectura del presente regional

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(Por Francisco Alcácer, enviado especial) El grito rasga el silencio e interrumpe al secretario general de la OEA durante un evento al margen de la Cumbre de las Américas de esta semana en Los Ángeles: “¡Luis Almagro, usted tiene sangre en sus manos! ¡Por usted, hubo un golpe en Bolivia!”.

Almagro exige a los gritos al joven que se retracte y no mienta, ante un asombrado auditorio de estudiantes que se miran, funcionarios nerviosos, policías que se preparan a intervenir y fotógrafos y camarógrafos que buscan el mejor ángulo del escándalo.

Al final, no fue para tanto. El activista socialista estadounidense Walter Smolarek fue sacado por la policía y liberado rápidamente sin cargos, en la calle, dos pisos más abajo. Pero su clamor pareció resonar más allá de ese hotel de Los Ángeles.

Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández pedía ante su par estadounidense Joe Biden y los demás líderes americanos una reforma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la remoción de Almagro por “facilitar” un golpe en Bolivia en 2019.

Ayer, el canciller de México apoyó la propuesta de Fernández en su discurso en la cumbre.

Haber dado tal centralidad a la defensa de la democracia en la primera Cumbre de las Américas desde el golpe de Estado en Bolivia contra el expresidente Evo Morales no parece haber sido el mejor cálculo del Gobierno de Biden.

La anterior administración estadounidense de Donald Trump y Almagro reconocieron en su momento a las autoridades de facto de Bolivia, que hoy están siendo juzgadas.

Tampoco parece haber sido la mejor lectura de Washington del panorama político regional.

La cumbre de Los Ángeles debería haberse celebrado el año pasado, pero se postergó por el coronavirus. Desde la anterior Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, en abril de 2018, mucha agua corrió bajo el puente en la región.

Un mes después, Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela. A los pocos días, el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente venezolano. Trump lo reconoció de inmediato. La OEA declaró ilegítimo el mandato de Maduro.

Ocho meses después de la cumbre de Lima, Andrés Manuel López Obrador se convertía en el primer presidente de izquierda de México de la historia reciente elegido en comicios plenamente democráticos.

Meses más tarde, en octubre de 2019, Morales fue reelecto en Bolivia. La oposición denunció fraude y convocó protestas, y el mandatario renunció presionado por el Ejército y la policía. Fue reemplazado de manera ilegal por Jeanine Áñez.

Días después, Almagro llamó a Áñez “presidenta del Gobierno provisional de Bolivia” tras haber hablado de supuestas irregularidades en los comicios.

Al mes siguiente, Fernández llegó al poder en Argentina. Con su ayuda, Morales se exilió primero en México y después en Argentina y luego regresó a Bolivia.

Su partido socialista ganó las elecciones en 2020 y recobró el poder, de la mano de Luis Arce. Áñez fue condenada ayer a 10 años de cárcel por la forma en que asumió la Presidencia.

Este año, tres gobernantes de izquierda reemplazaron a otros de derecha en Chile, Perú y Honduras: Gabriel Boric, Pedro Castillo y Xiomara Castro.

En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el favorito para las elecciones de octubre, mientras que en Colombia el exsenador Gustavo Petro puede hacer historia este mes y transformarse en el primer presidente de izquierda del país.

En ese contexto, al Gobierno de Biden le pareció una buena idea excluir de la cumbre de Los Ángeles a Cuba, Nicaragua y Venezuela por antidemocráticos.

Las consecuencias eran previsibles.

López Obrador confirmó que no iba a estar presente el mismo día que empezaba la cumbre, y a su previsto boicot ya se habían sumado Arce, Castro y otros líderes centroamericanos.

Estados Unidos trató de pasar página rápidamente anunciando esta semana con bombos y platillos en Los Ángeles una serie de iniciativas para la región, pero eso no evitó que la polémica acompañara la cumbre hasta el final.

Los discursos en las reuniones de mandatarios dieron a Fernández, Boric, y al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la oportunidad que buscaban de hacer oír a Biden su descontento.

“Ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión sobre los países miembros del continente”, planteó Fernández.

“La arquitectura, fundamentos y función de la Organización de los Estados Americanos está agotada. (…) Estoy solamente recogiendo lo que he escuchado, más lo que es la posición nuestra también, y nos unimos a ellos”, declaró Ebrard.

El despliegue público de división y recriminaciones fue otro revés diplomático para el Gobierno estadounidense, además de las ausencias.

Biden había diseñado la cumbre a fin de dar un poco más de pelea a las inversiones de China en las Américas y mostrarse diligente en problemáticas continentales de impacto en su país que le suman votos en un año electoral clave, como la inmigración.

China financia grandes proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, a las puertas de Estados Unidos.

El Gobierno de Biden intentó rivalizar con China con fondos estatales, pero las leyes para ello están bloqueadas en el Congreso por la oposición republicana. Así que trató de reclutar a las grandes corporaciones para hacerse cargo del esfuerzo mientras tanto.

El resultado fue que todas las medidas de ayuda económica a la región anunciadas por Estados Unidos durante la cumbre fueron compromisos de inversiones privadas.

De manera paradójica, el único aporte monetario directo de Estados Unidos para la región anunciado esta semana en Los Ángeles fueron 331 millones de dólares para prevenir la inseguridad alimentaria, un tema que no estuvo en la agenda del encuentro.

La inflación en Estados Unidos, una de las cuestiones que más se le reprocha a Biden, alcanzó su récord interanual en mayo, al ubicarse en el 8,6%, mientras Washington envía armas a Ucrania para que pueda sostener la guerra contra Rusia, que ha disparado los precios de los alimentos.

Mientras los líderes retomaban ayer las plenarias de la cumbre, Biden finalmente hablaba de inflación y medidas para contenerlas, pero no en el encuentro con sus pares americanos, sino en un discurso en el puerto de Los Ángeles, para una audiencia interna.

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