BOLSONARO

Bolsonaro condenado: el fin de un ciclo y la incógnita de la derecha regional

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Crónica de una caída del poder con una consecuente y coherente condena. Jair Bolsonaro, quien supo ser la voz de las masas derechistas latinoamericanas, hoy se ve acorralado por las demandas judiciales que lo señalan como cabecilla de un intento de golpe de Estado en Brasil. Suficiente para sacarlo de combate, pero ¿alcanzará para sofocar a la derecha?

Carnaval de Brasil

Tal y como se anticipaba en las últimas semanas, el veredicto final del principal tribunal brasileño fue contundente: 27 años de prisión para Bolsonaro. Una pena que parece excesiva para sus seguidores y la defensa del ex presidente, aunque justa para una parte importante de la sociedad brasileña y, por qué no, para los observadores internacionales que siguen minuto a minuto la situación.

La acusación: orquestar un golpe de Estado fallido. El asalto a la sede de los tres poderes en el Planalto, el 8 de enero de 2023, buscaba interrumpir el proceso de ascenso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado a Bolsonaro en las urnas. Ese hecho deriva hoy en la condena y en su paulatina despedida del escenario político.

¿Victoria de Lula? ¿Derrota de la derecha? Ni lo uno ni lo otro, o un poco de ambas cosas. La condena allana el camino para que Lula gobierne con mayor tranquilidad desde lo institucional, aunque difícilmente eso se traduzca en paz social. Bolsonaro ha contado con un amplio respaldo en las calles, donde miles piden su liberación o la suspensión de las causas judiciales. Con Bolsonaro condenado, la derecha buscará nuevos líderes. Algunos podrían surgir de su propio círculo íntimo, dispuestos a tomar el fierro caliente.

La derrota de la derecha como movimiento tampoco puede interpretarse de manera absoluta. El ejemplo argentino sirve como espejo: Cristina Fernández de Kirchner, condenada en causas judiciales, encontró en esa condición un punto de reorganización para el peronismo desde las bases. Sin una figura clara, la condena a Bolsonaro abre la puerta a un proceso similar de reconfiguración para la derecha brasileña.

Además, es improbable que Bolsonaro cumpla condena en una cárcel común. Apelará a todas las instancias posibles, incluso internacionales, lo que puede prolongar el desenlace por meses o años. En caso de cárcel efectiva, probablemente sea en un cuartel militar, dada su trayectoria, o en una unidad con la seguridad adecuada para un ex presidente. A esto se suma su edad avanzada y su deteriorado estado de salud, factores que también incidirán en el proceso.

Sensaciones mundiales

La noticia recorrió el mundo. En Estados Unidos, Donald Trump perdió un aliado clave en su estrategia para América Latina, aunque sorprendió su declaración en pasado: “era un buen hombre”. ¿Tan rápido le soltó la mano?

En América Latina, la condena reavivó debates sobre la doble vara: Bolsonaro es condenado por una intentona golpista, mientras Nicolás Maduro continúa señalado como dictador sin que haya avances similares. En ambos casos, la vigencia del Estado de derecho queda en entredicho.

A escala regional, la condena a Bolsonaro envía un mensaje contra los populismos extremistas que buscan instalarse en el poder por la fuerza. América Latina ofrece ejemplos de debilidad institucional: Venezuela como dictadura consolidada, Cuba y Nicaragua en la misma senda, Perú atrapado en la inestabilidad, Bolivia con dificultades para consolidar el orden, y El Salvador entregando por voto popular un poder casi absoluto a Nayib Bukele.

No se trata de una tendencia pasajera: la fragilidad democrática parece un rasgo estructural de la región cuando se baja la guardia. Por eso, el caso Bolsonaro debe leerse como un llamado de atención. América Latina debe redoblar los esfuerzos para sostener sistemas democráticos genuinos y dejar atrás los fantasmas autoritarios que aún la acechan.

La región goza de un privilegio que en otros continentes parece lejano: paz social. Europa, Asia y África arrastran conflictos bélicos interminables. En el Cono Sur, más allá de los problemas vinculados al narcotráfico, esa paz es un valor inquebrantable. Cuando alguien intenta quebrarla, como Bolsonaro, la condena se convierte en un recordatorio de que la democracia, aun con todas sus imperfecciones, sigue siendo el marco institucional que garantiza estabilidad.

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Bolsonaro: 27 años y tres meses

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Rafael Mafei, especial para Piauí. Cármen Lúcia comenzó su voto en un ambiente de cierta aprensión. No porque hubiera dudas de que condenaría a Jair Bolsonaro y a los demás acusados de la conspiración golpista, como de hecho hizo, ya que esto era más que esperado. Sino por la expectativa de que ella usaría parte de su tiempo para reaccionar específicamente al voto de Luiz Fux. El día anterior, él emitió un voto que sorprendió incluso al más optimista de los abogados de los acusados. Aceptó tesis que ni siquiera las propias defensas habían presentado.

En medio de uno u otro punto relevante en las preliminares procesales, cuya futura discusión no debe ser ignorada solo porque fueron presentados en el paquete de disparates de un voto que causó perplejidad en el mundo jurídico, Fux pasó casi catorce horas desfilando contradicciones que espantaron incluso a los peores críticos que nunca esperaron de él cohesión o coherencia. Contradicciones con su pasado de sabido desprecio por las tesis defensivas propias del verdadero garantismo, que beneficiarían a acusados de hurtos insignificantes y a mujeres pobres encarceladas, cuyos hábeas corpus él sistemáticamente niega. Contradicciones con su paso por la presidencia del Supremo, cuando, el 8 de septiembre de 2021, firmó una nota llamando “antidemocráticas, ilícitas e intolerables” a las mismas declaraciones que ayer minimizó como “declaraciones desafortunadas” y “discursos inflamados e irreflexivos”. Contradicciones con sus votos en los casos del 8 de enero, especialmente en cuanto a los delitos de organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio catalogado. Contradicciones con la regla ética por la cual los jueces deben guiarse, absteniéndose de comentarios sin valor jurídico y políticamente explosivos, como la absurda alusión que hizo a Adélio Bispo y a la puñalada de 2018. Contradicciones, en fin, con la lógica básica de la experiencia y de la vida, que guía al juez de buena fe en el análisis de las pruebas, y jamás admitiría la condena de Mauro Cid por ejecutar un golpe a favor de Jair Bolsonaro, pero absolver a Jair Bolsonaro por falta de pruebas en relación con el mismo golpe que se considera probado para Mauro Cid.

Fue una verdadera “revelación” de Fux. Bolsonaro ya había dicho que tenía el 20% del Supremo, en referencia a Kássio Nunes Marques y André Mendonça. Al adoptar ideas que solo se ven en los grupos de WhatsApp del bolsonarismo más radical – como la afirmación de que el verdadero crimen contra la democracia fue el “Mensalão” –, Jair puede actualizar su contabilidad. La postura de Fux en la sesión de este jueves (11), manteniéndose en silencio, cabizbajo y con los ojos fijos en el celular mientras los demás ministros interactuaban libremente, incluso lanzándole indirectas nada sutiles, explicita su posición como un outsider entre sus pares.


El voto de Cármen Lúcia fue claro, rápido y objetivo. Disipando la aprensión del inicio de la sesión, no polemizó con Fux. Comenzó por la discusión de la acusación de organización criminal, una reacción directa, aunque no nominal, al voto del día anterior. Al afirmar su comprensión de que el delito estaba caracterizado, Cármen Lúcia ya explicitó que consideraba a Jair Bolsonaro el líder de la organización, sellando la mayoría necesaria para condenar al ex presidente por ese delito. Inmediatamente después, concluyó rápidamente su voto para acompañar a Moraes y Dino en su totalidad, condenando a todos los acusados por todas las imputaciones, aunque señalando alguna posible divergencia con el ponente en la dosimetría de las penas.

Cristiano Zanin habló por último y también despejó algunas cautelas que existían sobre sus posturas. La primera se refería a la alegación de indefensión, por el llamado document dump – el agobio de las defensas con cantidades excesivas de documentos, para ser analizados en un plazo corto. Se sospechaba que Zanin, quien como abogado fue un célebre crítico de tácticas de lawfare y defensor de las prerrogativas de la abogacía, pudiera ser sensible a ella. Pero él rechazó el argumento, como también rechazó las demás preliminares, incluida la relativa a la nulidad de la delación de Mauro Cid, por la cual algunas defensas, especialmente la de Braga Netto, lucharon mucho.


Ya pasaban de las seis de la tarde cuando la palabra volvió al ponente, que inició la dosimetría de las penas. Moraes recordó la forma de cálculo de las penas, que según el Código Penal se realiza en tres fases, y también recuperó la jurisprudencia de la Primera Sala en la dosimetría de los casos del 8 de enero, sugiriendo que las penas de los acusados del núcleo crucial, incluso las menores, tendrían que quedar por encima del umbral de los ya condenados. Posiblemente su objetivo también era estimular al ministro Fux a mantener en el juicio de hoy los mismos estándares que ya había aplicado en cientos de esos casos. Hizo poca diferencia, ya que Fux, aunque pudo hacerlo, optó por no votar las penas de los acusados que absolvió – prácticamente todos.

En la fase del cálculo de las penas, quien respiró aliviado fue Mauro Cid. Sin dejar de señalar omisiones del colaborador, Moraes reconoció la efectividad de su cooperación y le concedió todos los beneficios que había acordado con la Policía Federal. Cid salió con una pena de dos años de reclusión, en régimen abierto. En el extremo opuesto quedó Bolsonaro, el líder de la organización criminal: 27 años y tres meses. Un poco por debajo quedó Braga Netto, con 26 años. Anderson Torres y Almir Garnier tuvieron la pena fijada en un nivel ligeramente inferior, en 24 años. Las penas menores, pero aún así altas, quedaron para Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Alexandre Ramagem: respectivamente, 21 años, 19 años y 16 años, 1 mes y 15 días de prisión con pérdida del mandato parlamentario. Ramagem y Torres perderán sus cargos de delegados de la Policía Federal. Todos fueron declarados inelegibles por un período de ocho años.

Los acusados deben comenzar a cumplir sus penas en régimen cerrado. La cuestión del lugar de reclusión de Bolsonaro debe ser un debate aparte. El tribunal tendrá que decidir el peso que deben tener tanto su condición de militar retirado, aunque el Ejército ya ha dicho que no desea recibirlo como huésped carcelario, como su condición de ex presidente de la República, que no le confiere en sí mismo derecho a un trato diferenciado, pero lo convierte en una persona cuya seguridad merece especial atención, como ocurrió con Lula. Por isonomía, es posible que su celda sea un ambiente análogo a la sala de la Policía Federal donde Lula estuvo detenido. La condición de salud de Bolsonaro también es un hecho que debe ser considerado: es seguro que el ex presidente buscará la llamada prisión domiciliaria humanitaria, que no debe ser concedida antes de que un perito médico lo evalúe, y los responsables del establecimiento donde esté encerrado respondan si hay, o no, condiciones para que reciba un seguimiento médico adecuado allí mismo.

Antes de hablar del cumplimiento de las penas, hay que esperar la firmeza de la sentencia, porque – a diferencia de lo que defendía el ministro Luiz Fux cuando este debate se libró en el STF y le interesaba directamente a Lula – el inicio del cumplimiento de una pena criminal presupone que la sentencia condenatoria sea firme, agotándose todos los recursos aplicables. Además de los embargos de declaración, un recurso que rara vez cambia el resultado de lo que se decidió. Por lo tanto, las defensas deben buscar llevar el caso al plenario del STF a través de los llamados embargos infringentes. Para que sean exitosos, el Supremo tendrá que cambiar el entendimiento que viene adoptando desde 2018, cuando (a mi parecer erróneamente) pasó a exigir dos votos absolutorios, y no solo una divergencia cualquiera, para la recepción de este recurso. La procedencia de los embargos debe ser la principal cuestión jurídica que anime el resto del juicio.


A medida que se cierran las cortinas de su juicio en el Supremo, Jair Bolsonaro y los demás acusados deben volcar sus esperanzas y esfuerzos hacia las instancias políticas. Se espera, en primer lugar, que sus partidarios desaten de inmediato una guerra visceral contra el Supremo. Si en los últimos tiempos este combate está siendo protagonizado por los bolsonaristas que están bajo la guarda y protección de Donald Trump, como Paulo Figueiredo y Eduardo Bolsonaro, no causará sorpresa si aquellos que desde hace un tiempo han observado una relativa y estratégica discreción ahora vuelven a la carga con todo contra el tribunal. Idealmente, en los casos en que los miembros de la falange sean también parlamentarios, sus propias casas legislativas deberían encuadrarlos, pero no hay ninguna esperanza de que eso ocurra: si ni siquiera Eduardo Bolsonaro es molestado por las instancias disciplinarias de la Cámara, nadie más lo será. Con esto, seguiremos en el diapasón de siempre: los mismos partidos que hablan de pacificación a través de la amnistía crean todos los estímulos para que los diputados y senadores más radicales minen cualquier paz posible con sus ataques al tribunal.

La segunda consecuencia esperada es que el bolsonarismo debe jugar todas sus fichas en las elecciones para el Senado y, claro, para la Presidencia de la República. Si hacen un cálculo racional, Jair y sus hijos, especialmente Eduardo, deben dejar de producir confusión en torno a la definición del candidato del campo bolsonarista, pues el futuro del padre fuera de la prisión dependerá en gran medida del éxito de esa candidatura. El Senado, que será renovado en dos tercios en 2026, es la casa donde comienzan y terminan los procesos de impeachment de ministros del STF, lo que debe convertirse en una obsesión bolsonarista tan grande como lo es hoy la amnistía. Ya sea para la presidencia, o para el Senado, “acabar con la dictadura de la toga” será el lema de campaña más adoptado en todo Brasil.

Aún quedan las incógnitas que se avecinan para el futuro de la política en general. El próximo presidente de la República tendrá la oportunidad de nombrar al menos a tres ministros para el Supremo. Si es un bolsonarista, los tres ministros que hoy Bolsonaro puede considerar como “suyos” llegarán a cinco – pues uno de ellos, Fux, se irá por jubilación obligatoria. En este escenario, lógicamente, cualquier iniciativa para deshacer las condenas que hoy fueron encaminadas pasaría a tener más posibilidades de prosperar. Aún más si las amenazas al Supremo provenientes de un Senado más bolsonarizado son suficientemente concretas. La conclusión de las acciones penales contra el golpe es histórica y debe ser celebrada, pero aún queda camino por recorrer hasta el final de la maratón por la defensa de la democracia.

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Trump, tras la condena a Bolsonaro: “Es muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo”

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El presidente de Estados Unidos sostuvo que es “muy sorprendente”. La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable por el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Washington ejerció fuertes presiones en las últimas semanas para apoyar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil. “Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”, agregó Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó el fallo de la Corte y lo calificó de “injusto”. Además, sostuvo que Estados Unidos “responderá en consecuencia”. Además, apuntó contra el emblemático juez de la corte Alexandre de Moraes, a quien llamó “el sancionado abusador de derechos humanos” y ser responsable de “persecuciones políticas”.

“La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, publicó en la red social X.

Más temprano, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había advertido que responderá al gobierno estadounidense “en la medida” en que se anuncien nuevas sanciones contra Brasil, y subrayó con dureza que Estados Unidos “necesita saber que no está tratando con una república bananera”.

“No temo (nuevas sanciones). Las acusaciones contra Brasil son todas falsas y el presidente Trump lo sabe. No hay déficit comercial; es arrogancia suya no querer que la Justicia brasileña juzgue a alguien que cometió un crimen. El presidente de un país no puede estar interfiriendo en las decisiones de otro país soberano. Si él va a tomar otras medidas, es un problema suyo”, declaró Lula en una entrevista con la cadena Band, en la mañana de este jueves, antes de conocerse la condena a Bolsonaro.

Sus palabras reflejan el creciente clima de tensión diplomática entre Brasilia y Washington, en un momento en que Trump no solo endureció su discurso contra el fallo del Supremo Tribunal Federal, sino que ya dispuso aranceles punitivos a productos brasileños y deslizó nuevas represalias, lo que añade un componente internacional al terremoto político que atraviesa Brasil tras la sentencia.

La condena

El panel cinco jueces decidió sentenciar a Bolsonaro por 4 votos a 1. Lo acusaron de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse a su lugar en el poder. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta penas de hasta más de 40 años de prisión en el proceso. La sentencia se dará a conocer mañana.

No es la primera vez que Trump se posiciona en contra del proceso judicial que pesa sobre Bolsonaro. Previamente lo ha calificado como una “caza de brujas”, como hizo este jueves Rubio. El caso del expresidente abrió una crisis diplomática y comercial sin precedentes con la potencia norteamericana.

Trump impuso una suba de aranceles de hasta 50% para algunas exportaciones brasileñas, adoptó sanciones contra el presidente del tribunal y revocó visados de la mayoría de los miembros del alto tribunal del país.

La condena a Bolsonaro

El núcleo de las acusaciones contra el expresidente estaba centrado en el intento de golpe de Estado y de abolir el Estado democrático de derecho, aseguró la jueza Carmen Lucia. Fue ella quien, a primera hora de la tarde, votó a favor de condenarlo y se sumó a los votos de los jueces de Moraes y Flavio Dino.

Bolsonaro estaba acusado junto a otros siete excolaboradores de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado. Entre ellos se encuentran el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el extitular de Justicia Anderson Torres.

“La Fiscalía aportó pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Judicial”, explicó.

Al voto de Lucia se sumó el de Cristiano Zanin. El magistrado Luiz Fux votó a favor del expresidente, alegó una “absoluta falta de jurisdicción” y sumó que “no compete al suprema realizar un juicio político”.

Bolsonaro negó las acusaciones, aseguró que se trata de una persecución política y dijo que fue víctima de un fraude electoral en 2022. Estos ataques al sistema de votación electrónica le valieron ser inelegible hasta 2030.

El expresidente se encontraba hace casi un mes en arresto domiciliario y con tobillera electrónica en su casa de Brasilia. Es el cuarto exmandatario brasileño en ser detenido desde el retorno de la democracia.

El líder de derecha no se presentó en las audiencias en el tribunal en la capital brasileña alegando problemas de salud. El domingo deberá someterse a un procedimiento médico menor en un hospital.

Con información de AFP, OGlobo y Reuters

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Bolsonaro: El Tribunal Supremo condenó a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

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Por 4 votos a 1, la Primeira Turma del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete aliados por los delitos de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ponente del caso, mientras que Luiz Fux votó por la absolución. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Cármen Lúcia se une a Alexandre de Moraes y Flávio Dino, que también votaron a favor de la condena de Bolsonaro el martes (9). El ministro Luiz Fux se desmarcó de sus colegas y absolvió al expresidente el miércoles (10). Se espera que el ministro Cristiano Zanin vote justo después de Cármen Lúcia.

En su voto, Cármen Lúcia dijo que “hay pruebas de la presencia de un complot entre estas personas, en el sentido de una organización que se integra, con el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”. Para ella, el expresidente practicó los cinco delitos de los que se le acusa.

-Lo que más se alega es que no hay una firma formal. Hasta donde tenemos algún conocimiento de la historia, pasar un recibo por notaría no es exactamente lo que sucede en estos casos. Él no fue arrastrado, él es el causante, el líder de la organización-, dijo.

Además de Bolsonaro, serán condenados:

  • Almir Garnier, excomandante de la Marina;
  • Anderson Torres, exministro de Justicia;
  • Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional;
  • Mauro Cid, ex edecán de la Presidencia;
  • Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa;
  • Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil;
  • Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin (en este caso, menos por daños calificados y deterioro del patrimonio catalogado).

Después de la proclamación del resultado, las defensas de los acusados podrán presentar los llamados embargos de declaración, para aclarar puntos de la decisión, y los embargos de infracción, en caso de que no sea unánime. Solo después de eso se tomarán eventuales decisiones sobre el encarcelamiento.

Cómo votaron los ministros

El juicio comenzó la semana pasada y, esta semana, los ministros empezaron a votar. El martes (9), el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en votar a favor de la condena del expresidente. Moraes calificó al expresidente como “líder de una organización criminal” y afirmó que no hay dudas de que hubo un intento de golpe de Estado.

— Estamos olvidando poco a poco que Brasil casi vuelve a una dictadura que duró 20 años porque una organización criminal, constituida por un grupo político, no sabe perder elecciones. Porque una organización criminal constituida por un grupo político liderado por Jair Bolsonaro no sabe que la alternancia de poder es un principio democrático y republicano —dijo Moraes, en un fragmento.

A continuación, fue el turno del ministro Flávio Dino. Él acompañó a Moraes, pero dijo que ve niveles de culpabilidad diferentes, con Jair Bolsonaro y Braga Netto ejerciendo un papel dominante y, por lo tanto, teniendo una mayor culpabilidad. También mencionó a Almir Garnier, Anderson Torres y Mauro Cid con alta culpabilidad en el intento de golpe. En cuanto a Alexandre Ramagem, Augusto Heleno y Paulo Sérgio, afirmó que tuvieron una participación de menor importancia.

— No se trató de una mera conjetura. No se trató de meras reflexiones, que fueron indebidamente puestas en agendas, cuadernos y hojas —afirmó.

El miércoles (10), Luiz Fux votó por la nulidad del proceso. El ministro aceptó tres cuestiones previas (alegaciones de abogados para cuestionar los ritos del proceso): que el STF no sería el foro adecuado para juzgar a los acusados; que la acción debería ser juzgada por el plenario, y no por la Primera Sala; y la violación de la garantía de amplia defensa.

El ministro Luiz Fux también votó para absolver al expresidente Jair Bolsonaro (PL) de los cinco delitos citados por la Fiscalía General de la República (PGR) en el proceso de la trama golpista. El ministro declaró que no hay ninguna prueba de que el expresidente hubiera ordenado a los involucrados en el 8 de enero que dañaran un edificio público, en mención a los delitos de daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio catalogado.

El voto decisivo ha sido el emitido este jueves por Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la alta corte. La jueza considera probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”. 

Tras recordar que Brasil recuperó la democracia hace 40 años, la magistrada ha destacado que “los hechos descritos no han sido, en esencia, negados” por los acusados. 

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antes abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, lo considera “jefe” de la “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.

Vea cómo fue el juicio

Los primeros indicios sobre el posible desenlace del caso del golpe ya se vieron en las sesiones de los primeros días. En la apertura del juicio, el ministro Alexandre de Moraes, al leer el informe del proceso que investiga la trama golpista, dio señales de la probable inclinación a la condena de los acusados.

— En estos momentos, la historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, ya que el camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, que es el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia, como lamentablemente el pasado reciente en Brasil demuestra —afirmó.

Moraes también defendió que la pacificación está condicionada al respeto a la Constitución y sostuvo que el STF debe juzgar la trama golpista con imparcialidad, ignorando “coacciones” y “presiones externas”, en referencia a sanciones de Estados Unidos.

El procurador general de la República, Paulo Gonet, también defendió el castigo de los involucrados afirmando que la impunidad “recrudece ímpetus de autoritarismo” en la sociedad. También defendió que, para que un intento de golpe se consolide, “no es indispensable que haya una orden firmada por el presidente de la República”.

— Los actos que componen el panorama espantoso y tenebroso de la denuncia son fenómenos de atentado con relevancia criminal contra las instituciones democráticas. No pueden ser tratados como actos de menor importancia, como desvaríos utópicos anodinos ni como precipitaciones a ser reducidas, con el paso de los días, a un plan bonachón e irreverente —afirmó.

Bajo arresto domiciliario, Bolsonaro no compareció al juicio. La defensa, a cargo de los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador Thomas Alves da Cunha Bueno, alegó que el expresidente “fue arrastrado” al 8 de enero y que no tiene relación con los actos. Los abogados argumentaron, además, que el expresidente tampoco tendría relación con los planes Puñal Verde y Amarillo y Copa 22, y que él habría autorizado la transición de gobierno.

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Bolsonaro a juicio

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Por Ana Ionova. Reportando desde Brasilia, New York Times. El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzará este martes.

Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.

Para muchos en Brasil, un país que resurgió de una brutal dictadura militar hace apenas cuatro décadas, un proceso exitoso contra Bolsonaro representaría una victoria de la democracia.

Sin embargo, la forma en que Brasil está buscando esa victoria —a través de un tribunal supremo extraordinariamente empoderado— también ha hecho que el país enfrente interrogantes incómodas sobre la propia democracia que pretendía proteger.

Y para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones equivalen a una persecución política diseñada para frustrar su participación en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro afirma que él sencillamente exploró medios legales para permanecer en el cargo tras perder unas elecciones que, según él, le robaron. (No hay pruebas de que se haya cometido fraude).

El caso contra Bolsonaro también ha desencadenado una crisis diplomática entre las dos naciones más grandes del hemisferio occidental, ya que el presidente Donald Trump se ha valido de aranceles y sanciones en un intento de forzar al poder judicial de Brasil para que retire los cargos contra su exdirigente, quien también es aliado político de Trump.

Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un antiguo jefe de espionaje, serán juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.

En el juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se espera que dure dos semanas, se evaluarán las pruebas reunidas por los investigadores a lo largo de casi dos años. Esto incluye el testimonio clave del secretario personal de Bolsonaro, quien confesó como parte de un acuerdo de colaboración.

Su confesión condujo a los investigadores a otras pruebas, como mensajes de texto, notas de voz y documentos encontrados en casas, oficinas y celulares de Bolsonaro y sus aliados.

En una parte especialmente siniestra de la trama, se acusa a los ayudantes cercanos de Bolsonaro de haber elaborado un plan para asesinar a Lula antes de su investidura. Los investigadores afirman que las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó el plan.

Bolsonaro ha negado haber conspirado para matar a Lula y afirma que nunca planeó dar un golpe de Estado, sino que analizó “formas previstas en la Constitución” para quedarse en el poder.

Dado el cúmulo de pruebas, es probable que Bolsonaro sea declarado culpable por la mayoría del tribunal de cinco jueces. Podría enfrentar una pena de hasta 43 años en prisión, o se le podría ordenar que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a su estado deficiente de salud y a su edad, avanzada según la ley brasileña.

El país se prepara para posibles disturbios durante el juicio.

Los partidarios de Bolsonaro han planeado manifestaciones masivas en todo el país el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. En Brasilia, la capital, el edificio del Supremo Tribunal está rodeado de barricadas, y hay fuerzas policiales adicionales montando guardia frente a otros edificios gubernamentales. En enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron esos mismos edificios en un destructivo motín similar al ataque al Capitolio estadounidense ocurrido dos años antes.

Bolsonaro ha pasado las últimas semanas antes del juicio bajo arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ya había ordenado que el acusado llevara un monitor en el tobillo y se mantuviera alejado de embajadas extranjeras. Recientemente reforzó las medidas de seguridad, al considerar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

El hijo de Bolsonaro, Eduardo, vive en Estados Unidos desde marzo y ha presionado enérgicamente a la Casa Blanca para que intervenga en el caso de su padre.

Durante meses, el juicio a Bolsonaro fue un asunto de carácter interno. Luego, en julio, Trump amenazó repentinamente a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento si no ponía fin a la “cacería de brujas” contra Bolsonaro.

La amenaza fue cumplida, y Trump aplicó duras sanciones contra De Moraes. Una condena a Bolsonaro podría tensar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y a algunos funcionarios y analistas brasileños les preocupa que pueda desencadenar más aranceles o sanciones estadounidenses.

Bolsonaro ha argumentado que la clave para llegar a una tregua económica con Estados Unidos es otorgar una amnistía a él y sus partidarios. Sus aliados en el Congreso de Brasil están promoviendo un proyecto de ley para indultar a los alborotadores implicados en el asalto a la capital. De aprobarse, algunos analistas afirman que la medida también podría beneficiar a Bolsonaro.

Pero Lula podría vetar esa ley, y aun si no lo hace, su aplicación en el caso de Bolsonaro probablemente sería impugnada ante el Tribunal Supremo.

También está en juego la cuestión de la elegibilidad de Bolsonaro para ocupar cargos públicos. Se le consideró inelegible hasta 2030 en otro caso, en el que las autoridades electorales determinaron que había abusado de su poder y había sembrado dudas infundadas sobre los sistemas de votación del país. Según lo establecido en la ley brasileña, una condena penal lo inhabilitaría de manera permanente para ocupar cargos públicos.

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