BOLSONARO

Al igual que Cristina, Bolsonaro cumplirá prisión domiciliaria con tobillera

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Así lo dispuso el Tribunal Supremo de Brasil y además no podrá comunicarse con su hijo. Está acusado de promover un golpe contra Lula en 2022.

El Tribunal Supremo de Brasil dispuso que el ex presidente Jair Bolsonaro cumpla arresto domiciliario y deberá estar con tobillera electrónica, al igual que la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, según informaron medios internacionales.

Además, se indicó que a Bolsonaro se le prohíbe salir de su domicilio durante la noche y los fines de semana, utilizar redes sociales, comunicarse con su hijo Eduardo y acercarse a embajadas.

El Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares, en una causa en la que está procesado por un supuesto entramado golpista, de acuerdo con la información del sitio France 24.

El exmandatario de extrema derecha y siete de sus antiguos colaboradores están siendo investigados por el máximo tribunal por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Esta etapa del proceso ha estado marcada por las críticas de Donald Trump, quien considera que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y amenazó al gobierno brasileño de imponer aranceles del 50% a las importaciones que Estados Unidos realiza desde el país sudamericano.

Desde entonces, la familia Bolsonaro insistió que en que la única alternativa para que Trump no avance con esa política arancelaria sería que el Congreso de Brasil determine una amnistía contra el expresidente, que ya fue inhabilitado a ejercer cargos públicos en otra causa a cargo de la justicia electoral.

“Solo existe ese camino” [el de la amnistía], señaló el diputado Eduardo Bolsonaro, que está desde marzo pasado en Estados Unidos abogando ante el gobierno de Trump por “justicia” para su padre y se atribuye haber influido en la amenaza del líder republicano en torno a los aranceles para presionar a Lula da Silva.

Bolsonaro padre tendrá que estar bajo arresto domiciliario desde la noche hasta la mañana (desde las 19hs a las 7hs), y también los fines de semana, precisa el sitio del canal francés.

El máximo tribunal de Brasil aún no definió una sentencia, pero según fuentes del STF citadas por el diario O Globo, la misma podría conocerse entre septiembre y octubre.

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Revés para Lula da Silva: la oposición tumba su plan fiscal

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La oposición del gobierno de Brasil logró impedir el “impuesto a los ricos”: el plan fiscal de la actual administración de Lula da Silva para gravar las transacciones financieras.

Los legisladores de la Cámara Baja de Brasil aprobaron este lunes una iniciativa que deja sin efecto el ambicioso paquete fiscal impulsado por el gobierno de Lula da Silva, el cual incluía un aumento de impuestos sobre ciertas transacciones financieras.

La oposición logró impedir que avanzara el llamado “impuesto a los ricos”, como lo bautizó el Palacio do Planalto, lo que representa, sin duda, un revés para la política de redistribución del ingreso público del gobierno de Lula, orientada a transferir recursos desde los sectores más acomodados hacia los más desfavorecidos.

Con 364 votos a favor y solo 97 en contra, la oposición brasileña aprobó una iniciativa de urgencia para anular el decreto presidencial que eleva los llamados impuestos IOF (gravámenes a las transacciones financieras, que podían llegar hasta el 3,5%).

La derrota de Lula en la Cámara de Diputados (16) contó con el apoyo masivo de los partidos que controlan 12 ministerios: los de centroderecha y derecha Unión Brasil, PP, Republicanos, PSD y MDB e incluso el de centroizquierda PDT.

Tras pasar por la votación de Diputados, la decisión final la tendrá el Presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos -PB), un dirigente dialoguista que podría ceder ante las presiones del Gobierno.De qué trata el polémico plan fiscal de Lula da Silva

El plan fiscal de Lula —el quid de la cuestión—, que estimaba ingresos anuales de 7.200 millones de reales para las arcas públicas, desató el pánico en los mercados en mayo. El principal fondo de inversión cotizado de acciones brasileñas en Wall Street, índice de referencia de la bolsa del país sudamericano en Nueva York, se desplomó más de un 3% (24/05/25).

Fue en mayo pasado cuando el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un ambicioso paquete fiscal que incluye ajustes impositivos a instituciones financieras, una nueva regulación sobre los intereses sobre el capital propio (JCP) y tributos más altos para las apuestas en línea y las ganancias de capital.

La noticia llegó, justamente, en la misma semana en que Lula anunció la “exención de la factura de la luz” para 60 millones de brasileños, una medida que fue catalogada como “un arsenal populista”.

En ese sentido, el diario O Estado de São Paulo afirma que “al ampliar las franjas de exención y los descuentos en las tarifas de energía para las personas de bajos ingresos, Lula refuerza su estrategia de consolidar apoyo entre los sectores más vulnerables, aunque a costa de una mayor presión sobre las cuentas públicas”.

Sin embargo, la oposición, incluso el propio exmandatario Jair Bolsonaro, se han mostrado en contra de tal iniciativa fiscal de Lula al sugerir que frenara la inversión del capital privado y le costará al país varios empleos.

“Esta es una decisión que tiende a desalentar la inversión y encarecer el acceso al crédito, con efectos negativos para la economía brasileña”, escribió Bolsonaro en un posteo en X.

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La prisión de Collor de Mello enciende las alarmas al bolsonarismo

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Por Darío Pignotti. Sonaron las alertas en el entorno de Jair Bolsonaro. La prisión del expresidente Fernando Collor de Mello ocurrida el viernes pasado por orden del Supremo Tribunal Federal, causó preocupación en el hospital donde permanece internado el capitán retirado convaleciente de una cirugía.

Según dirigentes de esa corriente de ultraderecha, el arresto de Collor puede ser el precedente de un eventual prisión de Jair Mesias Bolsonaro a quien el Supremo le abrió un proceso – en el que también fueron imputados generales y coroneles -por cinco delitos, entre los que se destacan los de golpe de Estado e intento de abolición violenta del estado democrático de derecho-.

Fuentes ligadas al político hospitalizado, dijeron a los diarios O Globo y Estado que el Supremo ordenó el arresto de Collor después de rechazar una nueva apelación de sus abogados para retrasar la aplicación de una sentencia a ocho años y diez meses de prisión. Y que ese gesto indicaría que la Corte no permitirá recursos para retrasar el proceso contra los involucrados en el golpe de 2023 para derrocar y asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva.

En el equipo de abogados contratados por Bolsonaro, a la cabeza del cual está el prestigioso y muy bien pago doctor Celso Berardi, se fijaron como prioridad postergar el proceso mediante una catarata de apelaciones y la nominación de testigos que demoren su comparecimiento ante los jueces.

Junto a esas maniobras jurídicas fueron montadas acciones de impacto mediático y movilizaciones en reclamo de una amnistía, que garantizaría la impunidad de los golpistas.

Con ello se busca demorar hasta 2026 – año de elecciones presidenciales – una probable condena y una posible prisión del caudillo internado , sin previsión de alta, en un hospital de Brasilia. 

Agravios

Siguiendo ese plan dilatorio, Bolsonaro increpó a una oficial de justicia que el miércoles pasado se presentó en el hospital DF Star para requerirle que firme el acta donde fue notificado del inicio del procesamiento por golpe de Estado.

Fueron once minutos en los que el militar retirado hizo alegaciones inusitadas delante de la empleada del Supremo.

El paciente, con una sonda en la nariz, llegó a comparar a la funcionaria con los agentes al servicio de “Hitler” encargados de enviar prisioneros a las “cámaras de gas”.

La perorata fue filmada por tres cámaras ubicadas estratégicamente por el equipo de propaganda bolsonarista dentro de la sala de terapia intensiva.

Una versión editada de la conversación entre Bolsonaro y la representante del Supremo fue reproducida simultánea y coordinadamente en decenas de perfiles de extrema derecha en la noche del miércoles pasado.

Junto a las imágenes fueron posteados textos sobre el fin de la democracia en Brasil donde imperaría un sistema totalitario controlado por la Corte y el “comunista” Lula da Silva.

A pesar de ser sometida a once minutos de amenazas más o menos explícitas, la empleada del Poder Judicial permaneció al lado de la cama ortopédica hasta que el imputado estampó su firma al acta en cuestión poco antes del mediodía del 23 de abril, fecha a partir de la cual tendrá cinco días hábiles para entregar su defensa.

Con ese acting Bolsonaro logró impacto en las redes y gracias a la internación dio un paso en su intención de dar de demoras a la causa. Retrasó doce días el plazo para que comience formalmente el proceso en su contra, ya que los otros siete acusados firmaron sus respectivas notificaciones judiciales a partir del 11 de abril.

Denuncias

Ante el destrato contra la servidora pública, el Sindicato Nacional de Oficiales de la Justicia Federal “repudió” la conducta de Bolsonaro. A través de un documento el gremio anunció que debe procesar al capitán retirado por una serie de razones, como el intento de no acatar una orden del Supremo.

A la vez el sindicato criticó la grabación “indebida” de la conversación con la funcionaria y su posterior divulgación de forma “sensacionalista” en las redes.

Asociación de médicos

La espectacularización de la internación del paciente de setenta años en una habitación de tratamientos intensivos en uno de los hospitales más caros del país también preocupa a al Consejo Regional de Medicina de Brasilia. La entidad envió un oficio al hospital DF Star para recordarle que el ingreso de personas a ese tipo de habitaciones debe ser restringido al máximo.

En el oficio, el Consejo Regional anuncia la apertura de una investigación que puede derivar en algún tipo de sanción al centro médico privado cuya sala de terapia intensiva fungió de estudio televisivo entre el lunes y viernes pasados.

Allí Bolsonaro concedió una entrevista al canal SBT, fue la estrella de una transmisión en vivo de más de dos horas en las redes sociales con sus hijos y el excampeón de Fórmula Uno, Nelson Piquet y se reunió con el presidente de su partido, Valdemar da Costa Neto. Por fin el viernes acompañó desde su lecho, con el rostro exhausto (acaso sobreactuando su padecimiento) una declaración del pastor Silas Malafaia.

Entre soportes para fluidos intravenosos y un electrocardiógrafo el predicador evangélico maldijo al Supremo y deslizó sus habituales amenazas sobre un alzamiento popular derechista. Tanto Malafia como Bolsonaro no desistieron, hasta la fecha, de lanzar otro zarpazo golpista tras el fracaso del perpetrado hace dos años.

Intrigas en el hospital

La operación de casi doce horas a la que fue sometido Bolsonaro el domingo 13 de abril en Brasilia estuvo a cargo del cirujano Claudio Birolini.

Por decisión de la esposa del enfermo, Michelle Bolsonaro, Birolini desplazó al médico Antonio Luiz Macedo, responsable de las cirugías realizadas al político desde setiembre de 2018 cuando, faltando un mes para las elecciones, fue víctima de una puñalada durante un acto proselitista.

Sorprendido, el médico Macedo, que operó cinco veces a Bolsonaro en San Pablo, declaró aceptar las determinación de “doña Michelle” de quien dijo no haber recibido explicaciones sobre su remoción.

Al despedirse el ex médico de cabecera afirmó haber trabajado con “abnegación” y deseó suerte a su sucesor Birolini.

Por lo bajo médicos y políticos quedaron sorprendidos ante lo que algunos calificaron como un golpe de Estado de la ambiciosa ex primera dama Michelle. Ella figura entre las potenciales candidatas a presidente en 2024, si se mantiene la inhabilitación de su esposo, a quien ya condenó la justicia electoral.

Con la deposición del anterior cirujano Michelle asumió el comando de la situación en el centro médico de Brasilia, donde el recién llegado doctor Birolini parece ser bastante dócil a sus sugerencias. Y a sus caprichos.

Ella controla la agenda de visitas en la sala de terapia intensiva, organiza plegarias evangélicas en la puerta del hospital y aparece en la mayoría de los videos grabados por su esposo.

La comunicación desde el sanatorio, muestra una y otra vez al ex presidente con el vientre desnudo atravesado por cicatrices. Todo lo cual busca victimizar al enfermo aumentando la presión en favor de una amnistía que lo blinde a él y sus cómplices.

Esos videos tributan a una “estética del grotesco” , según la observación del doctor en comunicación social, Leandro Aguiar. Son imágenes destinadas a causar “horror, asco, sorpresa” en el gran público .Al mismo tiempo que tienden a incendiar los ánimos del aún numeroso electorado bolsonarista.

Collor preso

En su discurso insurreccional, divulgado a través de videos o posteos de texto, Michelle Bolsonaro tiene como aliados a los hijos del ex mandatario (el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos) y varios congresistas ultras, envueltos en la intentona golpista de 2023 cuando fueron depredados los palacios de la Presidencia, el Supremo y el Parlamento.

Todos ellos repudiaron a coro la prisión de Fernando Collor de Mello en la madrugada del viernes pasado y el posterior traslado a una prisión de Maceió, en el nordestino estado de Alagoas, donde pasó este fin de semana. El argumento es el mismo: Collor es un preso político contra el cual se ensaña una Corte cuya próxima víctima será Bolsonaro.

Desde el bolsonarismo hay una simpatía histórica hacia el recién encarcelado.

Bolsonaro y Collor hicieron alianza en las elecciones de 2022 contra la candidatura del a la postre presidente electo Lula, de quien son enemigos jurados.

El presidente petista , por su parte, evitó hablar sobre el encarcelamentio del ex jefe de Estado entre 1990 y 1992, tema que delegó en su ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffman. Contra Collor y contra Bolsonaro no hay persecusión, “hay pruebas” de los delitos cometidos , resumió Hoffmann. 

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Arrestan al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello condenado por corrupción

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El expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue arrestado esta madrugada, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) considerara agotados los recursos contra una condena por haber recibido cerca de 3,5 millones de dólares en sobornos de una empresa subsidiaria de la petrolera Petrobras, entre 2010 y 2014.

Collor, de 75 años, fue detenido en el aeropuerto de Maceió, capital del estado de Alagoas, noreste de Brasil, cuando se preparaba para viajar a Brasilia para ponerse a disposición de las autoridades.

La detención se produjo horas después de que el juez Alexandre de Moraes, del máximo tribunal, rechazara recursos contra la condena a ocho años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero que el expresidente recibió en 2023, en un desdoblamiento de la operación Lava Jato.

El exmandatario, quien tuvo un período breve en el Palacio del Planalto debido a un proceso de impeachment que lo removió del cargo, se convierte en el tercer presidente de Brasil desde la redemocratización en ser encarcelado.

En abril de 2018, el expresidente Lula da Silva fue detenido por corrupción y lavado de dinero. Michel Temer fue arrestado un año más tarde, salpicado por denuncias de corrupción en obras para la construcción de una central nuclear en Río de Janeiro.

Moraes es el mismo juez que conduce la investigación por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados.

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Piden captura de Léo Índio, sobrino de Bolsonaro que estaría escondido en Iguazú

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La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó la prisión preventiva para Léo Índio, sobrino de Bolsonaro, tras fuga a Puerto Iguazú, Argentina: El Procurador General de la República, Paulo Gonet, remitió este martes (1 de mayo) al Supremo Tribunal Federal (STF), una solicitud para la orden de prisión preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido como Léo Índio. Acusado de participar en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, es primo de los tres hijos mayores del expresidente Jair Bolsonaro (PL) y huyó a Puerto Iguazú, Argentina, alegando temor a ser arrestado en Brasil.

En la solicitud enviada a la Corte, Gonet argumenta que la fuga constituye un incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el STF, como la orden de cancelación de los pasaportes del acusado en enero de 2023. A pesar de esta restricción, Léo Índio logró ingresar a Argentina, a través de la frontera de Foz do Iguaçu, utilizando solo un documento de identidad, lo cual está permitido en el ámbito del Mercosur.

En las últimas elecciones, en octubre de 2024, Léo Índio fue candidato a concejal en Cascavel, a 140 kilómetros de Foz do Iguaçu, recibiendo 739 votos, el equivalente al 0,45% de los votos válidos para el legislativo local.

Sin alternativas

Para el Procurador General, la evasión demuestra la insuficiencia de las medidas alternativas y una falta de respeto a las decisiones judiciales. En el dictamen, sostiene que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la aplicación de la ley, según lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal.

La fuga de Léo Índio al país vecino fue confirmada por él mismo en un video publicado en las redes sociales. En la grabación, afirmó estar buscando asilo político para preservar su integridad física y moral. Su defensa presentó un documento migratorio que autoriza su permanencia provisional en Puerto Iguazú hasta junio. Sin embargo, en una entrevista con el portal UOL, declaró estar en Mendoza, a más de 2.000 kilómetros del lugar informado oficialmente.

El ministro Alexandre de Moraes, ponente del caso en el STF, ya había ordenado a la defensa que diera explicaciones sobre la posible fuga. Los abogados confirmaron que el acusado está en Argentina, pero no detallaron los motivos del viaje.

Léo Índio fue denunciado por la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero de 2023 por cinco delitos: golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. Según las acusaciones, participó activamente en las invasiones a las sedes de los Tres Poderes, registrando y divulgando imágenes durante los ataques. La PGR también adjuntó conversaciones en las que sugería un ataque al STF.

La defensa niega todas las acusaciones y califica la denuncia como una persecución política. Los abogados afirman que Léo Índio no financió ni organizó los actos golpistas y que las pruebas presentadas son insuficientes para incriminarlo. En una entrevista con el periódico Estadão, declaró que regresará a Brasil “tan pronto como termine la persecución injusta”.

La decisión sobre la solicitud de prisión preventiva está ahora en manos del ministro Alexandre de Moraes. Si se aprueba, Léo Índio podría ser arrestado al regresar a Brasil o extraditado, dependiendo de las negociaciones entre las autoridades brasileñas y argentinas.

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