sáb. Sep 26th, 2026

BOLSONARO

Trump, tras la condena a Bolsonaro: “Es muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo”

By Redacción Economis 1 año ago
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El presidente de Estados Unidos sostuvo que es “muy sorprendente”. La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable por el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Washington ejerció fuertes presiones en las últimas semanas para apoyar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil. “Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”, agregó Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó el fallo de la Corte y lo calificó de “injusto”. Además, sostuvo que Estados Unidos “responderá en consecuencia”. Además, apuntó contra el emblemático juez de la corte Alexandre de Moraes, a quien llamó “el sancionado abusador de derechos humanos” y ser responsable de “persecuciones políticas”.

“La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, publicó en la red social X.

Más temprano, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había advertido que responderá al gobierno estadounidense “en la medida” en que se anuncien nuevas sanciones contra Brasil, y subrayó con dureza que Estados Unidos “necesita saber que no está tratando con una república bananera”.

“No temo (nuevas sanciones). Las acusaciones contra Brasil son todas falsas y el presidente Trump lo sabe. No hay déficit comercial; es arrogancia suya no querer que la Justicia brasileña juzgue a alguien que cometió un crimen. El presidente de un país no puede estar interfiriendo en las decisiones de otro país soberano. Si él va a tomar otras medidas, es un problema suyo”, declaró Lula en una entrevista con la cadena Band, en la mañana de este jueves, antes de conocerse la condena a Bolsonaro.

Sus palabras reflejan el creciente clima de tensión diplomática entre Brasilia y Washington, en un momento en que Trump no solo endureció su discurso contra el fallo del Supremo Tribunal Federal, sino que ya dispuso aranceles punitivos a productos brasileños y deslizó nuevas represalias, lo que añade un componente internacional al terremoto político que atraviesa Brasil tras la sentencia.

La condena

El panel cinco jueces decidió sentenciar a Bolsonaro por 4 votos a 1. Lo acusaron de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse a su lugar en el poder. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta penas de hasta más de 40 años de prisión en el proceso. La sentencia se dará a conocer mañana.

No es la primera vez que Trump se posiciona en contra del proceso judicial que pesa sobre Bolsonaro. Previamente lo ha calificado como una “caza de brujas”, como hizo este jueves Rubio. El caso del expresidente abrió una crisis diplomática y comercial sin precedentes con la potencia norteamericana.

Trump impuso una suba de aranceles de hasta 50% para algunas exportaciones brasileñas, adoptó sanciones contra el presidente del tribunal y revocó visados de la mayoría de los miembros del alto tribunal del país.

La condena a Bolsonaro

El núcleo de las acusaciones contra el expresidente estaba centrado en el intento de golpe de Estado y de abolir el Estado democrático de derecho, aseguró la jueza Carmen Lucia. Fue ella quien, a primera hora de la tarde, votó a favor de condenarlo y se sumó a los votos de los jueces de Moraes y Flavio Dino.

Bolsonaro estaba acusado junto a otros siete excolaboradores de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado. Entre ellos se encuentran el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el extitular de Justicia Anderson Torres.

“La Fiscalía aportó pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Judicial”, explicó.

Al voto de Lucia se sumó el de Cristiano Zanin. El magistrado Luiz Fux votó a favor del expresidente, alegó una “absoluta falta de jurisdicción” y sumó que “no compete al suprema realizar un juicio político”.

Bolsonaro negó las acusaciones, aseguró que se trata de una persecución política y dijo que fue víctima de un fraude electoral en 2022. Estos ataques al sistema de votación electrónica le valieron ser inelegible hasta 2030.

El expresidente se encontraba hace casi un mes en arresto domiciliario y con tobillera electrónica en su casa de Brasilia. Es el cuarto exmandatario brasileño en ser detenido desde el retorno de la democracia.

El líder de derecha no se presentó en las audiencias en el tribunal en la capital brasileña alegando problemas de salud. El domingo deberá someterse a un procedimiento médico menor en un hospital.

Con información de AFP, OGlobo y Reuters

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Bolsonaro: El Tribunal Supremo condenó a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

By Economis Redacción 1 año ago
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Por 4 votos a 1, la Primeira Turma del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete aliados por los delitos de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ponente del caso, mientras que Luiz Fux votó por la absolución. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Cármen Lúcia se une a Alexandre de Moraes y Flávio Dino, que también votaron a favor de la condena de Bolsonaro el martes (9). El ministro Luiz Fux se desmarcó de sus colegas y absolvió al expresidente el miércoles (10). Se espera que el ministro Cristiano Zanin vote justo después de Cármen Lúcia.

En su voto, Cármen Lúcia dijo que “hay pruebas de la presencia de un complot entre estas personas, en el sentido de una organización que se integra, con el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”. Para ella, el expresidente practicó los cinco delitos de los que se le acusa.

-Lo que más se alega es que no hay una firma formal. Hasta donde tenemos algún conocimiento de la historia, pasar un recibo por notaría no es exactamente lo que sucede en estos casos. Él no fue arrastrado, él es el causante, el líder de la organización-, dijo.

Además de Bolsonaro, serán condenados:

  • Almir Garnier, excomandante de la Marina;
  • Anderson Torres, exministro de Justicia;
  • Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional;
  • Mauro Cid, ex edecán de la Presidencia;
  • Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa;
  • Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil;
  • Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin (en este caso, menos por daños calificados y deterioro del patrimonio catalogado).

Después de la proclamación del resultado, las defensas de los acusados podrán presentar los llamados embargos de declaración, para aclarar puntos de la decisión, y los embargos de infracción, en caso de que no sea unánime. Solo después de eso se tomarán eventuales decisiones sobre el encarcelamiento.

Cómo votaron los ministros

El juicio comenzó la semana pasada y, esta semana, los ministros empezaron a votar. El martes (9), el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en votar a favor de la condena del expresidente. Moraes calificó al expresidente como “líder de una organización criminal” y afirmó que no hay dudas de que hubo un intento de golpe de Estado.

— Estamos olvidando poco a poco que Brasil casi vuelve a una dictadura que duró 20 años porque una organización criminal, constituida por un grupo político, no sabe perder elecciones. Porque una organización criminal constituida por un grupo político liderado por Jair Bolsonaro no sabe que la alternancia de poder es un principio democrático y republicano —dijo Moraes, en un fragmento.

A continuación, fue el turno del ministro Flávio Dino. Él acompañó a Moraes, pero dijo que ve niveles de culpabilidad diferentes, con Jair Bolsonaro y Braga Netto ejerciendo un papel dominante y, por lo tanto, teniendo una mayor culpabilidad. También mencionó a Almir Garnier, Anderson Torres y Mauro Cid con alta culpabilidad en el intento de golpe. En cuanto a Alexandre Ramagem, Augusto Heleno y Paulo Sérgio, afirmó que tuvieron una participación de menor importancia.

— No se trató de una mera conjetura. No se trató de meras reflexiones, que fueron indebidamente puestas en agendas, cuadernos y hojas —afirmó.

El miércoles (10), Luiz Fux votó por la nulidad del proceso. El ministro aceptó tres cuestiones previas (alegaciones de abogados para cuestionar los ritos del proceso): que el STF no sería el foro adecuado para juzgar a los acusados; que la acción debería ser juzgada por el plenario, y no por la Primera Sala; y la violación de la garantía de amplia defensa.

El ministro Luiz Fux también votó para absolver al expresidente Jair Bolsonaro (PL) de los cinco delitos citados por la Fiscalía General de la República (PGR) en el proceso de la trama golpista. El ministro declaró que no hay ninguna prueba de que el expresidente hubiera ordenado a los involucrados en el 8 de enero que dañaran un edificio público, en mención a los delitos de daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio catalogado.

El voto decisivo ha sido el emitido este jueves por Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la alta corte. La jueza considera probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”. 

Tras recordar que Brasil recuperó la democracia hace 40 años, la magistrada ha destacado que “los hechos descritos no han sido, en esencia, negados” por los acusados. 

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antes abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, lo considera “jefe” de la “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.

Vea cómo fue el juicio

Los primeros indicios sobre el posible desenlace del caso del golpe ya se vieron en las sesiones de los primeros días. En la apertura del juicio, el ministro Alexandre de Moraes, al leer el informe del proceso que investiga la trama golpista, dio señales de la probable inclinación a la condena de los acusados.

— En estos momentos, la historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, ya que el camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, que es el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia, como lamentablemente el pasado reciente en Brasil demuestra —afirmó.

Moraes también defendió que la pacificación está condicionada al respeto a la Constitución y sostuvo que el STF debe juzgar la trama golpista con imparcialidad, ignorando “coacciones” y “presiones externas”, en referencia a sanciones de Estados Unidos.

El procurador general de la República, Paulo Gonet, también defendió el castigo de los involucrados afirmando que la impunidad “recrudece ímpetus de autoritarismo” en la sociedad. También defendió que, para que un intento de golpe se consolide, “no es indispensable que haya una orden firmada por el presidente de la República”.

— Los actos que componen el panorama espantoso y tenebroso de la denuncia son fenómenos de atentado con relevancia criminal contra las instituciones democráticas. No pueden ser tratados como actos de menor importancia, como desvaríos utópicos anodinos ni como precipitaciones a ser reducidas, con el paso de los días, a un plan bonachón e irreverente —afirmó.

Bajo arresto domiciliario, Bolsonaro no compareció al juicio. La defensa, a cargo de los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador Thomas Alves da Cunha Bueno, alegó que el expresidente “fue arrastrado” al 8 de enero y que no tiene relación con los actos. Los abogados argumentaron, además, que el expresidente tampoco tendría relación con los planes Puñal Verde y Amarillo y Copa 22, y que él habría autorizado la transición de gobierno.

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Bolsonaro a juicio

By Economis Redacción 1 año ago
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Por Ana Ionova. Reportando desde Brasilia, New York Times. El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzará este martes.

Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.

Para muchos en Brasil, un país que resurgió de una brutal dictadura militar hace apenas cuatro décadas, un proceso exitoso contra Bolsonaro representaría una victoria de la democracia.

Sin embargo, la forma en que Brasil está buscando esa victoria —a través de un tribunal supremo extraordinariamente empoderado— también ha hecho que el país enfrente interrogantes incómodas sobre la propia democracia que pretendía proteger.

Y para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones equivalen a una persecución política diseñada para frustrar su participación en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro afirma que él sencillamente exploró medios legales para permanecer en el cargo tras perder unas elecciones que, según él, le robaron. (No hay pruebas de que se haya cometido fraude).

El caso contra Bolsonaro también ha desencadenado una crisis diplomática entre las dos naciones más grandes del hemisferio occidental, ya que el presidente Donald Trump se ha valido de aranceles y sanciones en un intento de forzar al poder judicial de Brasil para que retire los cargos contra su exdirigente, quien también es aliado político de Trump.

Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un antiguo jefe de espionaje, serán juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.

En el juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se espera que dure dos semanas, se evaluarán las pruebas reunidas por los investigadores a lo largo de casi dos años. Esto incluye el testimonio clave del secretario personal de Bolsonaro, quien confesó como parte de un acuerdo de colaboración.

Su confesión condujo a los investigadores a otras pruebas, como mensajes de texto, notas de voz y documentos encontrados en casas, oficinas y celulares de Bolsonaro y sus aliados.

En una parte especialmente siniestra de la trama, se acusa a los ayudantes cercanos de Bolsonaro de haber elaborado un plan para asesinar a Lula antes de su investidura. Los investigadores afirman que las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó el plan.

Bolsonaro ha negado haber conspirado para matar a Lula y afirma que nunca planeó dar un golpe de Estado, sino que analizó “formas previstas en la Constitución” para quedarse en el poder.

Dado el cúmulo de pruebas, es probable que Bolsonaro sea declarado culpable por la mayoría del tribunal de cinco jueces. Podría enfrentar una pena de hasta 43 años en prisión, o se le podría ordenar que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a su estado deficiente de salud y a su edad, avanzada según la ley brasileña.

El país se prepara para posibles disturbios durante el juicio.

Los partidarios de Bolsonaro han planeado manifestaciones masivas en todo el país el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. En Brasilia, la capital, el edificio del Supremo Tribunal está rodeado de barricadas, y hay fuerzas policiales adicionales montando guardia frente a otros edificios gubernamentales. En enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron esos mismos edificios en un destructivo motín similar al ataque al Capitolio estadounidense ocurrido dos años antes.

Bolsonaro ha pasado las últimas semanas antes del juicio bajo arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ya había ordenado que el acusado llevara un monitor en el tobillo y se mantuviera alejado de embajadas extranjeras. Recientemente reforzó las medidas de seguridad, al considerar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

El hijo de Bolsonaro, Eduardo, vive en Estados Unidos desde marzo y ha presionado enérgicamente a la Casa Blanca para que intervenga en el caso de su padre.

Durante meses, el juicio a Bolsonaro fue un asunto de carácter interno. Luego, en julio, Trump amenazó repentinamente a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento si no ponía fin a la “cacería de brujas” contra Bolsonaro.

La amenaza fue cumplida, y Trump aplicó duras sanciones contra De Moraes. Una condena a Bolsonaro podría tensar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y a algunos funcionarios y analistas brasileños les preocupa que pueda desencadenar más aranceles o sanciones estadounidenses.

Bolsonaro ha argumentado que la clave para llegar a una tregua económica con Estados Unidos es otorgar una amnistía a él y sus partidarios. Sus aliados en el Congreso de Brasil están promoviendo un proyecto de ley para indultar a los alborotadores implicados en el asalto a la capital. De aprobarse, algunos analistas afirman que la medida también podría beneficiar a Bolsonaro.

Pero Lula podría vetar esa ley, y aun si no lo hace, su aplicación en el caso de Bolsonaro probablemente sería impugnada ante el Tribunal Supremo.

También está en juego la cuestión de la elegibilidad de Bolsonaro para ocupar cargos públicos. Se le consideró inelegible hasta 2030 en otro caso, en el que las autoridades electorales determinaron que había abusado de su poder y había sembrado dudas infundadas sobre los sistemas de votación del país. Según lo establecido en la ley brasileña, una condena penal lo inhabilitaría de manera permanente para ocupar cargos públicos.

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¿Brasil inventó el futuro del dinero?

By Paul Krugman 1 año ago
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La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS, que impulsará el crecimiento de las monedas estables, allanando así el camino para futuras estafas y crisis financieras. El jueves, la Cámara también aprobó un proyecto de ley que prohibiría a la Reserva Federal crear una moneda digital emitida por un banco central (CBDC), o incluso estudiar la idea.

¿Por qué los republicanos están tan aterrorizados por la idea de una CBDC que literalmente están ordenando a la Reserva Federal que deje siquiera de pensar en ella?

En 2022, la Reserva Federal emitió un informe preliminar sobre la posibilidad de crear una CBDC, que describió como “similar a una forma digital de papel moneda”. Actualmente, los estadounidenses pueden poseer y gastar un tipo de pasivo de la Reserva Federal: billetes verdes con imágenes de presidentes fallecidos. Una CBDC ampliaría ese derecho, permitiéndonos poseer y gastar depósitos en la Reserva Federal, que, como todos los depósitos actuales, serían simplemente registros digitales.

Si esto suena descabellado, debe tener en cuenta que ya contamos con lo que equivale a una moneda digital emitida por un banco central, pero solo para instituciones financieras. Los bancos mantienen cuentas en la Reserva Federal y pueden transferirse fondos entre sí mediante un sistema de pagos electrónicos . ¿Por qué no deberían ofrecerse servicios comparables a particulares y empresas no financieras?

Los republicanos dicen estar preocupados por la invasión de la privacidad, ya que una CBDC abriría la puerta a una vigilancia gubernamental generalizada. Pero recuerden, estas son las personas que han entregado datos personales de Medicaid al ICE para facilitar arrestos y secuestros. Si creen que están profundamente preocupados por una posible vigilancia, tengo algunas monedas meme de la familia Trump que podrían interesarles.

También quisiera señalar que el gobierno puede acceder a los registros bancarios privados en determinadas circunstancias y, sin duda, cuenta con la capacidad tecnológica para supervisar cada movimiento financiero que realice. Lo único que se lo impide es la ley, en concreto la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera. Si alguna vez creamos una CBDC, sin duda implicará una protección de la privacidad comparable. O se confía en el Estado de derecho o no.

Lo que realmente temen los republicanos, con razón, es la probabilidad de que mucha gente prefiera una CBDC a las cuentas bancarias privadas, especialmente, pero no solo, a las stablecoins. Y, en general, cualquier intento de crear una CBDC completa se toparía con una férrea oposición del sector financiero.

Pero ¿qué hay de la posibilidad de crear una CBDC parcial? ¿Podríamos mantener las cuentas bancarias privadas, pero ofrecer un sistema público y eficiente para realizar pagos desde ellas?

Sí, podríamos. Lo sabemos porque Brasil ya lo hizo.

La mayoría de la gente probablemente no considere a Brasil un líder en innovación financiera. Pero la economía política brasileña es claramente muy diferente a la nuestra; por ejemplo, se llevan a juicio a expresidentes que intentan anular elecciones. Y los grupos de interés cuyo poder, al menos por ahora, imposibilita una moneda digital estadounidense parecen tener mucha menos influencia allí. De hecho, Brasil planea crear una CBDC. Como primer paso, en 2020 introdujo Pix, un sistema de pagos digitales gestionado por el banco central.

Según tengo entendido, Pix es una especie de versión pública de Zelle, el sistema de pagos operado por un consorcio de bancos privados estadounidenses. Pero Pix es mucho más fácil de usar. Y aunque Zelle es grande, Pix se ha vuelto simplemente enorme, siendo utilizado por aproximadamente el 93 % de los adultos brasileños. Parece estar desplazando rápidamente tanto al efectivo como a las tarjetas.

Fuente: The Economist

¿Y por qué no? Según un informe del FMI ,

Las transacciones con Pix son casi instantáneas . Un pago con Pix se liquida en un promedio de 3 segundos, en comparación con los 2 días que tardan las tarjetas de débito y los 28 días que tardan las tarjetas de crédito.

y

Los costos de transacción son bajos . Las autoridades han establecido que Pix sea gratuito para particulares, y el costo de una transacción de pago para empresas/comerciantes es de tan solo el 0,33 % del importe, frente al 1,13 % para las tarjetas de débito y el 2,34 % para las tarjetas de crédito.

No puedo evitar notar que Pix está logrando lo que los promotores de criptomonedas afirmaban, falsamente, ofrecer a través de la cadena de bloques: bajos costos de transacción e inclusión financiera. Comparen el 93 % de los brasileños que usan Pix con el 2 % (sí, el 2 % de los estadounidenses) que usaron criptomonedas para comprar o realizar un pago en 2024.

Ah, y el uso de Pix no crea un incentivo para secuestrar personas y torturarlas hasta que entreguen sus claves criptográficas.

Entonces, ¿tendremos un sistema tipo Pix en Estados Unidos? No. O al menos no por mucho tiempo, por dos razones.

En primer lugar, el sector financiero estadounidense tiene demasiado poder y jamás permitiría que un sistema público compitiera con sus productos, ni siquiera, o especialmente, si el sistema público fuera superior. De hecho, la administración Trump sugiere que la mera existencia de Pix en Brasil constituye una competencia desleal para las compañías estadounidenses de tarjetas de crédito y débito.

En segundo lugar, la derecha estadounidense está firmemente convencida de que el gobierno siempre es el problema, nunca la solución. Los republicanos jamás admitirán que un sistema de pagos operado por el gobierno pueda ser mejor que las alternativas del sector privado.

Es posible que otras naciones aprendan del éxito de Brasil en el desarrollo de un sistema de pagos digitales. Pero Estados Unidos probablemente seguirá atrapado en una combinación de intereses creados y fantasías criptográficas.

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El club de los presodentes

By Lucas Doronuk 1 año ago
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Un fenómeno poco común viene asolando desde hace algunos años a América Latina, aunque con mayor intensidad en Sudamérica: la reiterada resolución judicial de encarcelar o al menos procesar a distintos expresidentes. Todos ellos ya fuera del poder, pero en una dinámica que refleja con nitidez las complejidades que atraviesa la política regional. ¿Se trata de una lucha legítima contra la corrupción o de una utilización política del sistema judicial?

El disparador más reciente de este análisis es la medida cautelar dictada contra Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil está imputado como presunto instigador de un intento de golpe de Estado contra la gestión recién asumida de Luiz Inácio Lula da Silva, a través del asalto a las sedes de los tres poderes en el Planalto. La justicia ordenó colocarle una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales.

Irónicamente, su contraparte política es el actual mandatario brasileño: Lula da Silva. Su historia judicial representa un caso de redención institucional. Condenado en 2017 por corrupción en el marco del caso Lava Jato, cumplió casi 600 días de prisión hasta que el Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias en 2021, debido a irregularidades procesales. Libre y rehabilitado, Lula regresó al poder en 2023 para disputar la presidencia justamente contra Bolsonaro.

En Argentina, el caso más emblemático es el de Cristina Fernández de Kirchner. Expresidenta y exvicepresidenta, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, vinculada a la obra pública en Santa Cruz. La sentencia incluyó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que muchos consideran una forma de proscripción, más allá de la validez de los cargos que se le imputan. Si bien la causa presenta inconsistencias, sectores conservadores, macristas y libertarios celebraron el fallo. No obstante, Cristina mantiene su peso político y simbólico, desde el balcón o desde la palabra.

Otros líderes sudamericanos también enfrentaron procesos judiciales o terminaron tras las rejas: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Pedro Castillo en Perú.

Morales fue acusado de fraude electoral y enfrenta causas por estupro y trata de personas. Esta situación derivó en su inhabilitación como candidato y en un fuerte rechazo por parte de sus seguidores, con manifestaciones y focos de insurrección en varias regiones del país.

En Ecuador, Rafael Correa también fue condenado por corrupción, acusado de liderar una red en el caso “Sobornos”. Desde su exilio en Europa, sigue proclamando su inocencia.

El caso de Pedro Castillo en Perú es paradigmático por la propia dinámica institucional de su país. Fue acusado de intentar un autogolpe de Estado tras anunciar el cierre del Congreso. La historia reciente de Perú muestra una secuencia de expresidentes con serios problemas judiciales. Alejandro Toledo fue detenido con prisión preventiva por el caso Odebrecht y luego extraditado a Estados Unidos. Por su parte, Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, fue liberado en 2023, a pesar de la gravedad de las causas que pesan sobre él.

Perú se presenta, sin exagerar, como un laboratorio donde lo judicial y lo político se mezclan en una danza de intereses en torno al poder. Salvo en el caso del fujimorismo -construcción autoritaria y centralizada-, lo institucional aparece como un elemento secundario en la balanza de decisiones políticas peruanas.

Todos expresidentes, todos líderes que ocuparon el máximo cargo de sus países y que terminaron debilitados ante un sistema que los excede. A veces, los nombres no alcanzan para el establishment.

El fenómeno judicial

Hay un patrón que se repite: la mayoría de estos líderes enfrentan causas por corrupción. Esta palabra parece ser la que más indignación despierta en el pueblo latinoamericano, al punto de provocar un rechazo generalizado hacia la clase política. Pero, ¿por qué la corrupción es siempre el eje acusatorio? Quizás porque es un concepto maleable. Los relatos públicos moldean los hechos para encuadrarlos como casos indignantes… o no. Un ejemplo: el escándalo por el caso Libra en la gestión presidencial actual en Argentina no genera el mismo revuelo mediático que las causas de CFK, aunque ambas involucran cuestiones graves.

La acusación de corrupción funciona como un puñal simbólico en la espalda del votante. La sensación de traición es crucial para que sectores moderados, medios de comunicación y figuras del “centro político” puedan reconfigurar sus apoyos de cara a la próxima elección, manteniendo así la maquinaria electoral activa.

Más allá de delitos más severos como sedición, intento de golpe de Estado o violaciones a los derechos humanos, la corrupción opera como un método de disciplinamiento político. El caso Lula–Bolsonaro expone con claridad ese juego de espejos: persecución, redención, revancha. Un péndulo que balancea sentencias y candidaturas.

El término lawfare -la judicialización con fines políticos- ha cobrado fuerza como explicación de estos procesos. Pero más allá de su validez conceptual, lo más interesante es el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos relatos. Las narrativas moldean la percepción pública, y la indignación selectiva cumple una función central en ese dispositivo.

Todo este fenómeno excede los casos individuales. Se trata de una lógica instalada en Sudamérica: la lucha política trasladada al ámbito judicial. Un vicio de la región, donde las causas penales terminan siendo, muchas veces, la prolongación del conflicto político por otros medios.

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