Escribe Francisco Parra Galaz de Dialogo Chino – La crisis climática y ecológica, el buen vivir y los derechos de la naturaleza son algunos de los conceptos introducidos en el nuevo texto constitucional chileno, que será sometido a un plebiscito a comienzos de septiembre
“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
Así comienza el primer artículo de la propuesta de nueva Constitución chilena. De entrada, el texto entrega pistas del cambio que puede tomar el país a partir del 4 de septiembre de este año, si el borrador es aprobado en un plebiscito nacional.
Tras casi un año de trabajo arduo, un total de 155 personas electas (de forma paritaria entre hombres y mujeres) elaboró una propuesta de nueva Constitución para que reemplace la antigua, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, en una inédita solución política e institucional al estallido social de 2019.
La protección al medio ambiente es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el nuevo texto constitucional. El Observatorio Constitucional Ambiental de la Universidad de Chile identificó 50 normas ambientales aparecen en el borrador. Varias están en el capítulo “Medio Ambiente y Naturaleza”, pero otras tantas repartidas a lo largo del texto, desde los derechos fundamentales hasta las normas transitorias.
“La nueva Constitución se hace cargo de la crisis climática y ecológica de una forma que ninguna otra constitución en el mundo hasta ahora lo ha hecho. Su aprobación convertiría a Chile en un país que estaría a la vanguardia, en términos legislativos al menos, de la lucha contra la crisis global. En ese sentido es un avance muy significativo”, afirma el abogado Ezio Costa, director de la ONG Fima.
La Convención Constitucional ya aprobó el contenido de las normas permanentes y de las transitorias. Esta semana le entregó el texto final al presidente Gabriel Boric. Así comenzó formalmente los dos meses de campaña electoral, en la que la opción de “Apruebo” parte en desventaja, ya que hoy las encuestas le dan una amplia ventaja al “Rechazo”.
Los pilares ecológicos de la nueva Constitución
La Constitución de 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, sí tuvo una “innovación” ambiental para la época: En su artículo 19 garantiza “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
La Constitución del 2022 va más allá: Prácticamente la totalidad de las demandas del mundo ambientalista ante la Constituyente terminaron reflejadas en el texto: derecho humano al agua, justicia intergeneracional, buen vivir, derechos de la naturaleza, acción climática justa.
“Hemos determinado que la Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad,” afirma la constituyente Gloria Alvarado. “Esta no sólo es una Constitución ecológica, es socioecológica, pues somos parte de la naturaleza y desde esa mirada hemos propuesto y aprobado estas normas”.
La palabra “ecológico” aparece 17 veces en el texto: Desde el “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, la obligación del Estado de “adoptar una administración ecológicamente responsable”, la protección de la “función ecológica de la tierra”, hasta la necesidad de determinar la “función social y ecológica” de la propiedad.
Para Ezio Costa, la Constitución establece una serie de normas que permiten de categorizarla de ecológica: El reconocimiento a la crisis climática y ecológica, el valor inherente de la naturaleza (expresada en los derechos de la naturaleza y los bienes comunes naturales), los derechos humanos ambientales (al agua, al ambiente sano y a la participación y acceso a justicia); y en la distribución del poder en la toma de decisiones ambientales.
La nueva Constitución establece una idea de justicia ambiental que debería llevar a que no se reproduzcan las zonas de sacrificio
“Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad”, dice otro artículo, que de aprobarse el orden propuesto, sería el octavo artículo.
Con esto, se apunta a que toda la organización del Estado y la sociedad se ajusten a los ciclos naturales.
Se reconocen también los Bienes Comunes Naturales como elementos de la naturaleza frente a los que el Estado “tiene un deber especial de custodia, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”. Se reconocen dentro de esa categoría el mar, playas, glaciares, humedales, campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, bosques nativos y subsuelos, entre otros.
Sobre los bienes comunes, se permiten “autorizaciones de uso” que no constituyen “derechos de propiedad”.
En términos organizativos, la Constitución establece que Chile es un Estado “regional”, organizado en entidades territoriales autónomas: comunas, regiones y autonomías territoriales indígenas. Todas dotadas de funciones especiales de protección al medio ambiente, como la planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas.
El tránsito a un nuevo modelo
A mediados de junio, las localidades de Quintero y Puchuncaví sufrieron, una vez más, episodios de intoxicación que derivaron en cientos de personas con síntomas de vómitos, mareos y dolores de cabeza. La bahía es, como se le conoce en Chile, una “zona de sacrificio”, donde la población convive hace medio siglo con un parque industrial repleto de termoeléctricas a carbón, a gas, refinería de petróleo, una fundición de cobre, entre otras.
Ya en 2019, la Corte Suprema había determinado la grave vulneración al “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” que reconoce la Constitución del 80, culpando a las empresas y al Estado por otra intoxicación masiva. Tres años después, el guion parece repetido, sin saber hasta el momento quiénes son los responsables del daño ambiental.
Para Ezio Costa, “la nueva Constitución establece una idea de justicia ambiental que debería llevar a que no se reproduzcan las zonas de sacrificio. También establece un principio de acción climática justa que debería llevar a que el proceso de descarbonización y el proceso de transición energética favorezca a lugares que hoy en día son zonas de sacrificio como Quintero”.
El nuevo texto además crea la figura de la Defensoría de la Naturaleza, que deberá fiscalizar al Estado y privados en el cumplimiento de las obligaciones que determina la Constitución.
Así, la diferencia radicaría en que este órgano autónomo podría actuar en casos como el de las zonas de sacrificio, además de entregarle una mayor amplitud de herramientas a la justicia para fallar, al reconocer los principios ambientales de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa.
El agua en la nueva Constitución de Chile
“Es el fin de la propiedad sobre las aguas (…) se terminarán las desigualdades de poder en la gestión de las aguas, nunca más personas tomando agua de camiones aljibes mientras otros riegan sus fundos. Recuperar las aguas para la vida y las personas”, aifrma la constituyente Carolina Vilches.
El agua fue uno de los temas más debatidos en el proceso constituyente. Chile vive desde hace más de una década una mega sequía, que hoy tiene a la capital, Santiago, preparando escenarios de racionamiento. Sobre el agua también pesa la herencia de la dictadura: la constitución del 80 la establece como un bien privado, lo que generó un mercado de especulación en torno a ella, con cuencas con más derechos de agua que agua disponible.
La nueva Constitución se hace cargo de la crisis climática y ecológica de una forma que ninguna otra constitución en el mundo hasta ahora lo ha hecho
El nuevo texto establece que el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases, siempre prevaleciendo el derecho humano al agua y al saneamiento. Se crea una Agencia Nacional de Aguas para este fin y los Concejos de Cuenca, responsables de la administración en base a una gestión integrada.
“Esto nos va a permitir abordar la sequía desde una perspectiva socioecológica, integral y de cuencas, como nunca antes había ocurrido en Chile, donde se lleva años y décadas enfrentándola a punta de decretos de escasez hídrica, otorgando millonarios fondos de emergencia para camiones aljibe”, dice Gloria Alvarado.
La Convención definió una serie de normas “transitorias”, donde las de agua fueron parte central de la discusión. Entre ellas, destaca un plazo de 6 meses para que se inicie un diagnóstico y evaluación de las cuencas en el país, especialmente aquellas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento de derechos; y otro de 12 meses al gobierno para que envíe al Congreso un proyecto para crear la Agencia Nacional de Aguas, la que podrá realizar procesos de redistribución de caudales con el fin de garantizar los usos prioritarios.
También quedó establecido un plazo de un año desde la puesta en vigencia para que el presidente convoque a una “comisión de transición ecológica”, encargada de diseñar leyes, decretos y políticas públicas que permitan implementar las normas ambientales.
De aprobarse el texto constitucional el próximo 4 de septiembre el presidente Boric estampará su firma y comenzará a regir de inmediato.
Sin embargo, la implementación de la nueva Constitución correrá por dos vías paralelas: la adaptación de la institucionalidad vigente al texto y los cambios legales necesarios para implementarla en su totalidad, los que tomarán varios años más.
Campaña del Apruebo vs Rechazo
Los últimos sondeos de opinión pública le han dado a la opción “Rechazo” una clara ventaja. Las cifras del “no” a la Constituyente parecen ir de la mano de la aprobación del gobierno de Gabriel Boric, el joven mandatario de 36 años que asumió recién en marzo pasado y se comprometió a un gobierno ecológico.
Para la socióloga Pamela Poo, la creciente conciencia ambiental en la población jugará un rol importante en la campaña, sobre todo en los más jóvenes. “Lo mismo con el agua, a la gente le importa y es consciente de la falta de agua, de la sequía y los efectos del cambios climáticos, por ahí también hay un ensanchamiento de un voto ambiental”, asegura.
La campaña ha estado marcada por la desinformación en torno a los alcances que tendrá la nueva Constitución. Hace unos días, un conocido académico difundió la falsa idea de que, por culpa de la propuesta Constituyente, la empresa británica BP habría rechazado un proyecto de hidrógeno de verde de 60 mil millones de dólares, sin ninguna fuente verificable.
Esta y otras situaciones llevaron al propio presidente Boric, en el momento en que recibió el texto el 4 de julio, a llamar a la ciudadanía a “debatir intensamente sobre los alcances del texto, no sobre falsedades o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad”.
