CONDENA

Bolsonaro condenado: el fin de un ciclo y la incógnita de la derecha regional

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Crónica de una caída del poder con una consecuente y coherente condena. Jair Bolsonaro, quien supo ser la voz de las masas derechistas latinoamericanas, hoy se ve acorralado por las demandas judiciales que lo señalan como cabecilla de un intento de golpe de Estado en Brasil. Suficiente para sacarlo de combate, pero ¿alcanzará para sofocar a la derecha?

Carnaval de Brasil

Tal y como se anticipaba en las últimas semanas, el veredicto final del principal tribunal brasileño fue contundente: 27 años de prisión para Bolsonaro. Una pena que parece excesiva para sus seguidores y la defensa del ex presidente, aunque justa para una parte importante de la sociedad brasileña y, por qué no, para los observadores internacionales que siguen minuto a minuto la situación.

La acusación: orquestar un golpe de Estado fallido. El asalto a la sede de los tres poderes en el Planalto, el 8 de enero de 2023, buscaba interrumpir el proceso de ascenso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado a Bolsonaro en las urnas. Ese hecho deriva hoy en la condena y en su paulatina despedida del escenario político.

¿Victoria de Lula? ¿Derrota de la derecha? Ni lo uno ni lo otro, o un poco de ambas cosas. La condena allana el camino para que Lula gobierne con mayor tranquilidad desde lo institucional, aunque difícilmente eso se traduzca en paz social. Bolsonaro ha contado con un amplio respaldo en las calles, donde miles piden su liberación o la suspensión de las causas judiciales. Con Bolsonaro condenado, la derecha buscará nuevos líderes. Algunos podrían surgir de su propio círculo íntimo, dispuestos a tomar el fierro caliente.

La derrota de la derecha como movimiento tampoco puede interpretarse de manera absoluta. El ejemplo argentino sirve como espejo: Cristina Fernández de Kirchner, condenada en causas judiciales, encontró en esa condición un punto de reorganización para el peronismo desde las bases. Sin una figura clara, la condena a Bolsonaro abre la puerta a un proceso similar de reconfiguración para la derecha brasileña.

Además, es improbable que Bolsonaro cumpla condena en una cárcel común. Apelará a todas las instancias posibles, incluso internacionales, lo que puede prolongar el desenlace por meses o años. En caso de cárcel efectiva, probablemente sea en un cuartel militar, dada su trayectoria, o en una unidad con la seguridad adecuada para un ex presidente. A esto se suma su edad avanzada y su deteriorado estado de salud, factores que también incidirán en el proceso.

Sensaciones mundiales

La noticia recorrió el mundo. En Estados Unidos, Donald Trump perdió un aliado clave en su estrategia para América Latina, aunque sorprendió su declaración en pasado: “era un buen hombre”. ¿Tan rápido le soltó la mano?

En América Latina, la condena reavivó debates sobre la doble vara: Bolsonaro es condenado por una intentona golpista, mientras Nicolás Maduro continúa señalado como dictador sin que haya avances similares. En ambos casos, la vigencia del Estado de derecho queda en entredicho.

A escala regional, la condena a Bolsonaro envía un mensaje contra los populismos extremistas que buscan instalarse en el poder por la fuerza. América Latina ofrece ejemplos de debilidad institucional: Venezuela como dictadura consolidada, Cuba y Nicaragua en la misma senda, Perú atrapado en la inestabilidad, Bolivia con dificultades para consolidar el orden, y El Salvador entregando por voto popular un poder casi absoluto a Nayib Bukele.

No se trata de una tendencia pasajera: la fragilidad democrática parece un rasgo estructural de la región cuando se baja la guardia. Por eso, el caso Bolsonaro debe leerse como un llamado de atención. América Latina debe redoblar los esfuerzos para sostener sistemas democráticos genuinos y dejar atrás los fantasmas autoritarios que aún la acechan.

La región goza de un privilegio que en otros continentes parece lejano: paz social. Europa, Asia y África arrastran conflictos bélicos interminables. En el Cono Sur, más allá de los problemas vinculados al narcotráfico, esa paz es un valor inquebrantable. Cuando alguien intenta quebrarla, como Bolsonaro, la condena se convierte en un recordatorio de que la democracia, aun con todas sus imperfecciones, sigue siendo el marco institucional que garantiza estabilidad.

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Bolsonaro: El Tribunal Supremo condenó a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

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Por 4 votos a 1, la Primeira Turma del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete aliados por los delitos de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ponente del caso, mientras que Luiz Fux votó por la absolución. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Cármen Lúcia se une a Alexandre de Moraes y Flávio Dino, que también votaron a favor de la condena de Bolsonaro el martes (9). El ministro Luiz Fux se desmarcó de sus colegas y absolvió al expresidente el miércoles (10). Se espera que el ministro Cristiano Zanin vote justo después de Cármen Lúcia.

En su voto, Cármen Lúcia dijo que “hay pruebas de la presencia de un complot entre estas personas, en el sentido de una organización que se integra, con el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”. Para ella, el expresidente practicó los cinco delitos de los que se le acusa.

-Lo que más se alega es que no hay una firma formal. Hasta donde tenemos algún conocimiento de la historia, pasar un recibo por notaría no es exactamente lo que sucede en estos casos. Él no fue arrastrado, él es el causante, el líder de la organización-, dijo.

Además de Bolsonaro, serán condenados:

  • Almir Garnier, excomandante de la Marina;
  • Anderson Torres, exministro de Justicia;
  • Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional;
  • Mauro Cid, ex edecán de la Presidencia;
  • Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa;
  • Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil;
  • Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin (en este caso, menos por daños calificados y deterioro del patrimonio catalogado).

Después de la proclamación del resultado, las defensas de los acusados podrán presentar los llamados embargos de declaración, para aclarar puntos de la decisión, y los embargos de infracción, en caso de que no sea unánime. Solo después de eso se tomarán eventuales decisiones sobre el encarcelamiento.

Cómo votaron los ministros

El juicio comenzó la semana pasada y, esta semana, los ministros empezaron a votar. El martes (9), el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en votar a favor de la condena del expresidente. Moraes calificó al expresidente como “líder de una organización criminal” y afirmó que no hay dudas de que hubo un intento de golpe de Estado.

— Estamos olvidando poco a poco que Brasil casi vuelve a una dictadura que duró 20 años porque una organización criminal, constituida por un grupo político, no sabe perder elecciones. Porque una organización criminal constituida por un grupo político liderado por Jair Bolsonaro no sabe que la alternancia de poder es un principio democrático y republicano —dijo Moraes, en un fragmento.

A continuación, fue el turno del ministro Flávio Dino. Él acompañó a Moraes, pero dijo que ve niveles de culpabilidad diferentes, con Jair Bolsonaro y Braga Netto ejerciendo un papel dominante y, por lo tanto, teniendo una mayor culpabilidad. También mencionó a Almir Garnier, Anderson Torres y Mauro Cid con alta culpabilidad en el intento de golpe. En cuanto a Alexandre Ramagem, Augusto Heleno y Paulo Sérgio, afirmó que tuvieron una participación de menor importancia.

— No se trató de una mera conjetura. No se trató de meras reflexiones, que fueron indebidamente puestas en agendas, cuadernos y hojas —afirmó.

El miércoles (10), Luiz Fux votó por la nulidad del proceso. El ministro aceptó tres cuestiones previas (alegaciones de abogados para cuestionar los ritos del proceso): que el STF no sería el foro adecuado para juzgar a los acusados; que la acción debería ser juzgada por el plenario, y no por la Primera Sala; y la violación de la garantía de amplia defensa.

El ministro Luiz Fux también votó para absolver al expresidente Jair Bolsonaro (PL) de los cinco delitos citados por la Fiscalía General de la República (PGR) en el proceso de la trama golpista. El ministro declaró que no hay ninguna prueba de que el expresidente hubiera ordenado a los involucrados en el 8 de enero que dañaran un edificio público, en mención a los delitos de daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio catalogado.

El voto decisivo ha sido el emitido este jueves por Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la alta corte. La jueza considera probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”. 

Tras recordar que Brasil recuperó la democracia hace 40 años, la magistrada ha destacado que “los hechos descritos no han sido, en esencia, negados” por los acusados. 

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antes abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, lo considera “jefe” de la “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.

Vea cómo fue el juicio

Los primeros indicios sobre el posible desenlace del caso del golpe ya se vieron en las sesiones de los primeros días. En la apertura del juicio, el ministro Alexandre de Moraes, al leer el informe del proceso que investiga la trama golpista, dio señales de la probable inclinación a la condena de los acusados.

— En estos momentos, la historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, ya que el camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, que es el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia, como lamentablemente el pasado reciente en Brasil demuestra —afirmó.

Moraes también defendió que la pacificación está condicionada al respeto a la Constitución y sostuvo que el STF debe juzgar la trama golpista con imparcialidad, ignorando “coacciones” y “presiones externas”, en referencia a sanciones de Estados Unidos.

El procurador general de la República, Paulo Gonet, también defendió el castigo de los involucrados afirmando que la impunidad “recrudece ímpetus de autoritarismo” en la sociedad. También defendió que, para que un intento de golpe se consolide, “no es indispensable que haya una orden firmada por el presidente de la República”.

— Los actos que componen el panorama espantoso y tenebroso de la denuncia son fenómenos de atentado con relevancia criminal contra las instituciones democráticas. No pueden ser tratados como actos de menor importancia, como desvaríos utópicos anodinos ni como precipitaciones a ser reducidas, con el paso de los días, a un plan bonachón e irreverente —afirmó.

Bajo arresto domiciliario, Bolsonaro no compareció al juicio. La defensa, a cargo de los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador Thomas Alves da Cunha Bueno, alegó que el expresidente “fue arrastrado” al 8 de enero y que no tiene relación con los actos. Los abogados argumentaron, además, que el expresidente tampoco tendría relación con los planes Puñal Verde y Amarillo y Copa 22, y que él habría autorizado la transición de gobierno.

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Teléfonica deberá pagar más de $20000 millones a 3 millones de usuarios de todo el país

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Un juez federal condenó a la empresa Telefónica a pagar más de $20000 millones a 3 millones de usuarios de todo el país, por un cargo dentro de la facturación desde el año 2014.

La sentencia del juzgado federal número 2 de La Plata en la causa colectiva que inició el Centro de Orientación Defensa y Educación del Consumidor (Codec) contra Telefónica de Argentina, declaró “la nulidad del cobro del Servicio de Valor Agregado de Telefónica Básica (SVA-TB)”, que la empresa impuso en la facturación sin consentimiento de los usuarios.

“En una condena con pocos antecedentes jurídicos, el Juzgado Federal N°2 de La Plata, ordenó a la empresa Telefónica S.A. pagar más de 20 mil millones de pesos a tres millones de usuarios de todo el país”, difundió Codec en el un comunicado.

Precisaron que la sentencia “obliga a la empresa a devolver todo lo ya cobrado por este concepto, más los intereses que corresponden a tasa activa, una multa del 25% por facturación indebida y el daño punitivo por la gravedad de la conducta de la empresa”.

El concepto SVA-TB, según explicó Codec, “no se correspondía en realidad con ningún servicio, sino que era una suerte de ´derecho a acceder a servicios de valor agregado´ que era cobrado independientemente de adquirir alguno de esos servicios”.

Indicaron que según la pericia en la causa “la empresa cobró este cargo hasta mediados del año 2022, e incluso en algunos casos lo seguiría haciendo hasta la actualidad”.

Dante Rusconi, abogado de Codec explicó al medio Télam que se trata de una sentencia de primera instancia y que los demandantes van a apelar por la modalidad de devolución de recursos a los usuarios, dado que, entre otras cuestiones, “en estos años muchos dieron de baja el servicio de telefonía fija”.

El monto, con los intereses hasta el año 2022, alcanza los $10.000 millones, a lo que se suma la multa del 25% sobre el capital cobrado lo que llega a otros $5.000 millones, más otro monto extra por el tope legal del concepto daño punitivo.

La base de la denuncia es que la imposición del cargo viola la ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo 35 prohíbe la “propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.

Fuente: Télam

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Condena a Cristina Fernández: confirmó que no será candidata en 2023

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El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

El Tribunal también condenó a 6 años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

Sin embargo,  Cristina Fernández, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti fueron absueltos del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Fernández sostuvo hoy que tal cual lo había dicho el 2 de diciembre de 2019, la condena a a 6 años en su contra por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita”.

“Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, subrayó la vicepresidenta en un mensaje a los argentinos que dio a través de sus redes sociales apenas se conoció la sentencia.

Al expresarse en sus redes sociales después del fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria planteó que “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

El edificio de Comodoro Py 2002 amaneció con fuertes medidas de seguridad, doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia.

También se destinó en el lugar a la Brigada de Explosivos y perros labradores recorrieron la sala de audiencias que desde las 9.30 los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu destinaron a la audiencia para escuchar las últimas palabras del acusado expresidente de Vialidad Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y en la que anunciaron el veredicto para las 17.30.

La última audiencia del juicio abrió puntual a las 9.30 luego del ingreso a la sala de los tres jueces, custodiados por policías asignados a la seguridad de Comodoro Py y sin formular declaraciones a la prensa.

El único que se manifestó al llegar al edificio en el ingreso habilitado por la calle Letonia fue el juez Gorini, quien consultado por radio Mitre solo ponderó que “el juicio se hizo y llegó a su fin”.

Villafañe, un expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, quedó último en el cronograma para las palabras finales y le tocó hablar en el cierre del debate, algo que hizo a través de Zoom durante 40 minutos.

El exfuncionario, ahora jubilado, reclamó su absolución y negó haber cometido delitos al afirmar que “si hubiese tenido conocimiento de que esto que estábamos haciendo tenía algún viso de que fuese ilícito hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos.

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Un ex empleado de Twitter es condenado por espiar para Arabia Saudita

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Ahmad Abouammo fue sobornado por un alto asesor de Mohammed bin Salman, gobernante de Arabia Saudita, para silenciar a sus críticos.

Un empleado de la red social Twitter, fue condenado en un tribunal de California, EE.UU. por espiar para Arabia Saudita al entregar información personal de usuarios que habían utilizado la plataforma nombres anónimos para criticar al Reino Saudí y a su familia real.

Ahmad Abouammo, residente de EE.UU., nacido en Egipto, fue declarado culpable el martes por un jurado californiano, por actuar como agente de Arabia Saudita, blanqueo de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y falsificación de registros. El juicio que duró dos semanas ante un tribunal de San Francisco, lo hizo enfrentar una condena de entre 10 y 20 años de prisión.

Abouammo, gerente de asociaciones de medios de comunicación de Twitter en 2015, sostuvo que simplemente estaba haciendo su trabajo de promoción de la naciente red de medios sociales en Oriente Medio y el Norte de África. Los fiscales alegaron que su relación con un alto ayudante de Mohammed bin Salman, o MBS, ahora gobernante de facto de Arabia Saudita, fue mucho más allá, buscando ayudar al príncipe heredero a silenciar a sus críticos.

Ante el jurado se exhibieron pruebas de que Abouammo recibió un reloj Hublot y U$S 300000 en transferencias bancarias que según EE.UU. fueron sobornos del ayudante de MBS, Bader Al-Asaker, a cambio de información confidencial de cuentas de Twitter sobre disidentes saudíes.

Fotógrafo: David Paul Morris

El juicio se desarrolló con el telón de fondo con los acuerdos entre el presidente Joe Biden con el príncipe heredero a mediados de julio en un intento de fortalecer las relaciones con Arabia Saudita. A la que Biden calificó en ese entonces de nación “paria” después que sus agentes asesinaran y desmembraran al periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018.

A los fiscales se les prohibió, por decisión judicial, decir a los jurados explícitamente que EE.UU. y las organizaciones de derechos humanos creen que Arabia Saudita, bajo el mando de MBS, detuvo y torturó en secreto a sus críticos.

Aunque insinuaron las prácticas brutales a través de un testigo experto que testificó sobre la política y la cultura cambiante de Arabia Saudita. Además de una mujer que testificó a los miembros del jurado que su hermano guardó silencio en 2018, luego de publicar críticas satíricas al país en Twitter.

Angela Chuang, defensora pública federal, representante de Abouammo, señaló al jurado que el caso fue producto de una investigación mal conducida y del manejo descuidado de Twitter de los datos de sus usuarios. EE.UU. permitió que el verdadero objetivo de su investigación, el presunto co-conspirador de Abouammo, Ali Alzabarah, que trabajaba en Twitter como ingeniero, huyera a Arabia Saudita a pesar de estar bajo vigilancia, enfatizó Chuang.

“Tanto el gobierno como Twitter necesitan una forma de salvar la cara”, dijo Chuang al jurado. EE.UU. dejó escapar a su sospechoso principal y Twitter arrojó a Abouammo “debajo del autobús”, afirmó. “¿Este caso es lo mejor que se les ocurrió?” Preguntó.

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