COPARTICIPACIÓN

Envíos extracopa: resistir el ajuste massista que pega más en las provincias

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El ajuste de Sergio Massa en las cuentas nacionales ya dejó de ser un supuesto para ser una realidad muy cruda, sobre todo, para todas las provincias: en diciembre se fortaleció el recorte de fondos extracoparticipables llegando a -64% en ese mes y finalizó el año en -21% en términos reales, con 22 de las 24 jurisdicciones exhibiendo caídas. Las excepciones fueron Tucumán, que tuvo fuerte apoyo financiero del Estado nacional vía financiamiento del Tesoro que apuntaló la gestión local (¿guiño a Jaldo-Manzur 2023?) y Corrientes, alejada políticamente pero que basó su crecimiento en las asistencia vía ATN y otros programas para emergencia ante los incendios que sufrió la provincia que impactaron en términos relativos de manera muy fuerte ya que en el 2021 la asistencia fue mínima. 

¿Buenos Aires? Tuvo caída real de los fondos captados pero sigue siendo dueña de la porción más grande de la torta (41,4% del reparto total del año). Mendoza sigue siendo, entre las denominadas grandes jurisdicciones, la más perjudicada, tanto en el desembolso global como en la variación relativa. 

La gran incógnita en las provincias es hasta cuando durará este fuerte recorte. Los distritos aliados tendrán el grifo más abierto de cara al calendario electoral, principalmente en fondos para obras, pero la dimensión del reparto general tendrá algo más de claridad una vez se resuelva -parcialmente- la cuestión vinculada al fallo de la CSJN sobre la asignación coparticipable a la CABA.

Del total distribuido entre las 24 jurisdicciones subnacionales del país, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de los envíos no automáticos de diciembre 2022 con $ 32.653,3 millones (41,4% de la distribución global); segunda se ubica CABA (13,3% con $ 10.559,3 millones); luego le siguen Santa Fe (5,0% del total con $ 3.982,2 millones), La Rioja (4,5% con $ 3.596,7 millones) y Entre Ríos (4,1% con $ 3.225,5 millones).

Con niveles de participación de entre el 2% y 3,6% del total, se ubicaron Córdoba, Chaco, Tucumán, Santa Cruz, Neuquén y Misiones; entre el 1% y el 1,8%, quedaron Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta y San Juan. Finalmente, con niveles de participación inferior al 1%, se ubicaron Jujuy, Tierra del Fuego, San Luis, Chubut y Mendoza. Estas dos últimas son las únicas provincias que no logró superar los $ 500 millones en fondos captados durante el mes.

Transferencias no automáticas medidas per cápita
La distribución per cápita exhibe una alta disparidad en los fondos captados por los distritos: en diciembre, La Rioja lidera el ranking con muchos cuerpos de ventaja. Los fondos captados por dicha provincia equivalen a unos $ 8.909,7 por habitante, mientras que en el segundo, Santa Cruz, representan “apenas” $ 5.341,0 por habitante.

El promedio nacional de diciembre se ubica en torno a los $ 1.716,6 por habitante; por encima quedan, además de las mencionadas, Tierra del Fuego, CABA, Catamarca, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Buenos Aires.

Por debajo de la media nacional se ubican Río Negro, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, San Juan, San Luis, Santa Fe y Corrientes con transferencias per cápita por encima de los $ 1.000 por habitante; y menores a ese nivel quedan Jujuy, Córdoba, Salta, Chubut y Mendoza. Esta última es, de hecho, la única que tiene envíos per cápita menores a los $ 500 por persona en este mes de análisis.

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Gobierno terminará de definir en los próximos días proyecto de ley para compensar fallo de la Corte

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El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley para compensar al Tesoro por los fondos extras que puede reclamar la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado nacional implementar un aumento en la masa coparticipable del distrito, estimado en alrededor de $200.000 millones.

El objetivo es que la iniciativa sea tratada junto a otros proyectos pendientes de tratamiento, como el blanqueo de capitales, la ley de agroindustria, el marco normativo para dar estabilidad a las inversiones de Gas Natural Licuado e hidrógeno y la creación de nuevas universidades, que no pudo ser tratada en la última sesión del año debido a que no se alcanzó el quórum.

En el Palacio de Hacienda estiman que la recaudación extra que se necesita para cubrir esos fondos extras, que no están contemplados en el Presupuesto 2023, rondaría los $200.000 millones.

Lo que resta definir son las herramientas que se utilizarán para obtener esos fondos, que serán de carácter impositivo.

Ayer, tras el rechazo inicial formulado por el Gobierno a la decisión de la Corte, se oficializó la decisión de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a través de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete.

“En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta”, sostiene la decisión administrativa en los considerandos.

En la víspera también, en dos escritos que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno interpuso una revocatoria “in extremis” para que la Corte deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

Por su parte, el Gobierno porteño rechazó el mecanismo de pago propuesto a través de bonos y presentó además, una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.

En el Palacio de Hacienda califican como “muy rara” a la decisión de la Corte de ordenar al Gobierno nacional implementar un incremento en la masa coparticipable del distrito.

A modo de ejemplo señalaron que las 23 provincias para modificar la coparticipación necesitan de un acuerdo federal, un entendimiento entre todas las partes.

Mientras que a la Ciudad de Buenos Aires en su momento le modificaron la coparticipación sin la intervención del resto de las provincias.

“Si es una jurisdicción que ingresa en la masa coparticipable está en el conjunto del resto de las jurisdicciones. Esto no está previsto en el fallo y es un enorme problema para adelante, porque podemos pasarnos los próximos 20 años con un Presidente que la sube o la baja sin consultar a otras jurisdicciones”, opinan.

Al respecto, añaden que es raro que la Corte Suprema emita una cautelar sin resolver la cuestión de fondo, sin mirar cómo opina el resto de las provincias.

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El gobierno nacional reclamó a la Corte que suspenda los efectos del fallo por coparticipación

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El Gobierno nacional realizó hoy una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.

El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.

Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa” y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.

“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional.

Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.

“Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”, insistió.

Las presentaciones formalizadas hoy habían sido anunciadas el lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.

“Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados ayer.

“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, agregó.

“Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”, sostuvo.

La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016.

El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.

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El Gobierno oficializó la decisión de pagar con bonos a CABA tras la cautelar de la Corte

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El Gobierno nacional oficializó hoy la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.

Lo hizo por medio de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, un día después del anuncio que hiciera en ese sentido el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de la red social Twitter.

“En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta”, dice en los considerandos.

Y reafirma que “a través del la Procuración del Tesoro de la Nación se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida”.

De acuerdo al artículo 1 de la disposición, “el Ministerio de Economía, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a pesos noventa y ocho mil quinientos millones ($98.500.000.000) en bonos del Tesoro TX31”.

En ese marco, se “dará instrucciones a esa entidad bancaria para que transfiera diariamente a una cuenta bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el uno coma cuatro (1,4%) que históricamente se le transfería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del artículo 8°de la Ley N° 23.548, y el dos coma noventa y cinco (2,95%) que dispuso la medida cautelar dictada” por la Corte Suprema la semana pasada.

En tanto, el artículo 2 dispone que “el Banco de la Nación deberá proceder a la apertura inmediata de la cuenta Bancaria consignada en el artículo anterior”, mientras que el 3 indica que “la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía promoverá las modificaciones presupuestarias pertinentes”.

La medida oficializada hoy, que ya fue rechazada por el Gobierno porteño, lleva las firmas de los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Economía, Sergio Massa.

La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires, fue comunicada ayer por el Presidente en Twitter.

“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, advirtió en un hilo de tuits el mandatario.

La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.

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Revés para el federalismo: la Corte falló a favor de CABA en la disputa por fondos de coparticipación

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La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El fallo, conocido este mediodía, fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal, según consignaron fuentes tribunalicias.

La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal y dispuso, en los hechos, la suspensión de la ley 27.606 que fijó en 2.32 por ciento la participación de la Ciudad en los impuestos que administra el Estado Nacional.

La Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida la Ciudad en 2016, y terminó resolviendo la Corte luego de una instancia larga de mediación y negociación en el ámbito del máximo tribunal.

El expresidente Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión de gobierno, subió la cuota porteña del 1.40 por ciento al 3.75, un incremento que, en septiembre de 2020, en la gestión del Frente de Todos, fue llevada al 2.32 por ciento.

Contra esa decisión recurrió a la Corte el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.

Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó.

El fallo es una cautelar, no resuelve la cuestion de fondo, que queda a criterio de la CSJN en resolver, lo que puede durar muchos años, pero por lo pronto, el Estado nacional debe afrontar el pago de la alicuota 2,95% reclamada por CABA desde su tesoro sin afectar la coparticipacion de las demas provincias, pero si pueden afectar sus transferencias discrecionales (programas de obras, u otros programas que requieran fondos de nacion).

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