El dirigente entrerriano denunció una “persecución política” por parte de la magistrada. Es investigado en la Argentina por enriquecimiento ilícito y en Paraguay por contrabando.
El exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, presentaron una solicitud este jueves para recusar a la jueza Sandra Arroyo Salgado y pedir la eximición de prisión.
El pedido lo formalizó el abogado de ambos, quien solicitó que la investigación que se realice en la Argentina sea con ambos acusados estando en libertad. Hasta ahora, tanto Kueider como Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria en un hotel de lujo de Paraguay.
Por otra parte, los imputados pidieron apartar a Arroyo Salgado de la investigación que se abrió en la Argentina porque entienden que se trata de una persecución política por parte de la magistrada.
La jueza federal había enviado el martes un exhorto internacional en la causa contra el exsenador por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el que pidió la extradición de Kueider y de su secretaria para tomarles indagatoriaen la Argentina.
Arroyo Salgado solicitó el traslado de ambos acusados en calidad de “detenidos comunicados” a su Juzgado Federal de San Isidro. También pidió el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron detenidos.
En el exhorto también solicitó que se realice un allanamiento en el departamento de lujo que comparten Kueider y Guinsel Costa para cumplir la prisión domiciliaria que dictó la justicia paraguaya.
Rodolfo González, socio y dueño del vehículo en el que fue detenido el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay, se presentó este miércoles en los Tribunales de Concordia para realizar los trámites de identificación en la jefatura policial.
El empresario, conocido como “Gonzalito” o “Pajarito”, se presentó en el marco de la causa abierta contra Kueider en Entre Ríos donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos económicos. Estuvo acompañado por su abogado Juan Grimberg y comparecieron ante el fiscal José Arias.
González, de 63 años, figura como empleado del Senado de la Nación, asignado en la Biblioteca del Congreso, y su nombre aparece en operaciones inmobiliarias por la compra de tres departamentos de lujo en una exclusiva torre de Paraná. Además, es el titular de la camioneta Chevrolet Trailblazer.
El 69% de los argentinos creen que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Es uno de los resultados que arroja el Barómetro de las Américas, una encuesta que, desde 2004, se realiza cada dos años en la mayoría de los países de la región.
Pese a la profunda insatisfacción y la creciente irascibilidad que manifiestan con su clase dirigente, los argentinos están entre las sociedades de América Latina y Caribe que más aprecian el valor de la democracia.
Según los resultados de la última edición del Barómetro de las Américas, “casi 7 de cada 10 argentinos apoya la democracia (69%), un valor que se encuentra por arriba de lo que ocurre en el resto de la región, donde el respaldo alcanza un promedio de 61%”, señala Fernanda Boidi, Directora de trabajo de campo y alianzas regionales de LAPOP Lab, Vanderbilt Universito.
De la encuesta, que desde 2004 se realiza cada dos años en más de veinte países de América Latina, surgió que los argentinos son, a su vez, uno de los países latinoamericanos que menos justifican un golpe de estado en casos de mucha corrupción, con un 30% de adhesión a esta alternativa, contra una media del 40% que sí la considera como una solución en el resto de la región.
“Esto no significa que los argentinos cierren sus ojos ante la corrupción”, agrega Boidi. En nuestro país, el 69% cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, por encima de lo que sucede en la región, donde este porcentaje alcanza en promedio el 64%.
Producido por LAPOP Lab (siglas en inglés de Latin American Public Opinion Project), con base en la Universidad de Vanderbilt, en la ciudad de Nashville, Tennessee, EE.UU., el Barómetro de las Américas es la única encuesta comparada con una base científica tan rigurosa en la región, basada en al menos 1500 entrevistas promedio que conforman estudios representativos a nivel nacional en cada uno de los países donde se lleva adelante.
La Argentina es, por otro lado, el segundo país con el menor porcentaje de personas que justificarían que el presidente cierre el Congreso, donde solo el 16% apoyaría esta medida, “casi la mitad del respaldo que una opción de estas características tiene en el resto de la región, donde el 31% consideró en promedio que podría apoyarla”, aclara.
El Salvador, con 51% de adhesión a un eventual cierre del Congreso y Uruguay, con tan solo el 11% dispuesto a sostener esa salida, son los dos polos de esta suerte de ranking de defensa de la acción parlamentaria y la división de poderes.
Empero, los porcentajes de respaldo al régimen democrático en la Argentina conviven con un nivel de insatisfacción que, en este caso, sí está en línea con lo que ocurre en los restantes países de América Latina y el Caribe.
Del sondeo se desprende que sólo dos de cada cinco argentinos están satisfechos con la democracia (43%), una cifra que refleja el promedio regional, que también es del 43%. Uruguay es el país con mayor satisfacción, un 82% que casi duplica el promedio de los otros países y contrasta rotundamente con el 11% que exhibe Haití.
La confianza de los argentinos en las elecciones también está entre las más altas de la región. Es del 48%, mientras que el promedio de la región es de 41%. La máxima confianza se registra en Uruguay, con 81%, y la mínima en Colombia, con 22%.
Entre 2004 y 2019, el Barómetro de las Américas se realizó en base a entrevistas cara a cara en ocho idiomas, usando dispositivos móviles. En 2021, a causa de la pandemia por COVID-19 que impidió la realización de encuestas presenciales, se realizaron entrevistas telefónicas a muestra representativas a nivel nacional de adultos en edad de votar que usan un teléfono celular. Los resultados se ponderaron por región, edad, género y nivel de educación.
Impacto en la región
La evaluación del pulso de la democracia en la región de América Latina y el Caribe (ALyC) en 2021 arroja resultados mixtos. Los datos del Barómetro de las Américas de 2021 confirman que el apoyo a la democracia permaneció estable en la región de ALyC, mientras que aumentó la tolerancia a una centralización del poder en el ejecutivo.
Los especialistas del LAPOP advierten que la pandemia hizo que el público necesitase más los servicios del gobierno a la vez que generó tensiones y disminuyó la capacidad del estado para proporcionarlos. “El hecho de que el apoyo a la democracia permaneciese estable en medio de esta crisis es una señal impresionante de resiliencia. De hecho, la satisfacción con la democracia aumentó marginalmente en 2021, una señal de que el público no culpa a la democracia por el sufrimiento colectivo que padece“, subrayan.
No obstante, persiste un escepticismo en torno a la democracia electoral. Un gran número de ciudadanos no está de acuerdo con que la democracia sea el mejor sistema político disponible, advierte el documento y se pregunta: “¿Qué quiere el público en su lugar?” Una respuesta proporcionada por el Barómetro de las Américas de 2021 es la voz. “Cuando se les pide que elijan entre libertad de expresión o acceso garantizado a ingresos y servicios básicos, la inmensa mayoría de los residentes en ALyC optan por la libertad de expresión“, advierte el informe.
Según el Barómetro, “estas actitudes revelan un reto crítico para la salud de la democracia en la región: en la medida en que los ciudadanos sientan que sus voces no están siendo escuchadas a través de las elecciones, pueden aceptar desviaciones de las prácticas democráticas“.
Fernanda Boidi del LAPOP Lab
Photo: Anne Rayner
LAPOP Lab es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, con más de 30 años de experiencia. Como centro de excelencia en investigación por encuestas, LAPOP usa enfoques y métodos innovadores con los “estándares más altos” para llevar a cabo encuestas nacionales; conducir estudios de evaluación de impacto, y producir reportes acerca de las actitudes, evaluaciones y experiencias de los individuos. El Barómetro de las Américas es la única encuesta comparativa y científicamente rigurosa que cubre 34 naciones incluyendo Norte, Centro y Sur América, así como también, un significativo número de países en el Caribe. Cada año publica docenas de estudios académicos de alta calidad y artículos de relevancia para la elaboración de políticas públicas
El Gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que continuará colaborando con Paraguay en su lucha contra con la corrupción y ratificó que usará “todas las herramientas disponibles”, tras prohibir el ingreso a su territorio del vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, y del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), señalados por Washington como “significativamente corruptos”.
“Vamos a continuar utilizando todas las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción: restricciones de visas, sanciones financieras, extradiciones, entre otras”, dijo a la prensa el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, tras asistir a una reunión en la Cancillería paraguaya junto al subsecretario del Departamento de Estado norteamericano para el Cono Sur y el Hemisferio Occidental, Mark Wells.
Al ser consultado sobre si existe una investigación en su país contra Cartes y Velázquez y si eventualmente son extraditables, el embajador evadió la respuesta, pero tampoco descartó ambas situaciones, reportó el diario ABC Color.
“Las designaciones de funcionarios de gobiernos extranjeros como significativamente corruptos es una parte de nuestro trabajo para apoyar al Gobierno y el sistema paraguayo en esa lucha”, sostuvo el diplomático, quien aclaró que no puede desvelar “ningún detalle” sobre posibles investigaciones en curso o futuras en su país.
El Ministerio Público paraguayo decidió abrir una investigación contra el vicepresidente Velázquez, tras ser acusado de ofrecer un soborno de un millón de dólares a un funcionario para obstruir una investigación en su contra.
En cuanto a Cartes, la Fiscalía aún no comunicó sobre una causa abierta tras su designación por los Estados Unidos, pese a que fue acusado de estar vinculado a corrupción, crimen transnacional y organizaciones terroristas.
“Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal y vamos a continuar nuestro trabajo y cooperación con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y con las instituciones paraguayas”, concluyó el representante estadounidense.
Velázquez fue acusado por Estados Unidos de ser “singnificativamente corrupto” hace dos semanas y de inmediato anunció que renunciaría a la vicepresidencia del país. Luego revió esta postura porque, dijo, no había ninguna investigación fiscal en su contra, pero anteayer la Fiscalía inició esa investigación.
El presidente Mario Abdo Benítez partió hoy al frente de una delegación que visitará el Vaticano para el nombramiento del primer cardenal paraguayo, dejando como mandatario en ejercicio a Hugo Velázquez, quien enfrenta una investigación del Ministerio Público luego de haber sido acusado de “corrupción significativa” por Estados Unidos.
Este jueves, alrededor del mediodía, partió del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi una comitiva encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez con destino al Vaticano, donde participará el sábado de la ceremonia de nombramiento del arzobispo Adalberto Martínez como el primer cardenal paraguayo en la historia de la Iglesia Católica.
La partida de Abdo deja como presidente en ejercicio al vicepresidente Hugo Velázquez, semanas después de que el Gobierno de los Estados Unidos lo señalara como partícipe de actos de “corrupción significativa” y días después de que el Ministerio Público anunciara la apertura de una investigación de esa acusación.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dice tener “pruebas creíbles” -cuyos detalles aún no se han hecho públicos- de que el vicepresidente Velázquez, por medio de un colaborador suyo, el exdirector jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá Juan Carlos Duarte, ofreció un soborno de un millón de dólares a un funcionario público paraguayo para frenar una investigación contraria a sus intereses.
La acusación vino acompañada de una prohibición de ingreso a los Estados Unidos para Velázquez, Duarte y sus respectivas familias.
Consultado sobre la situación de tener como presidente en ejercicio a una persona investigada por la justicia y acusada de corrupción por una nación aliada, el ministro del Interior Federico González dijo hoy que se trata de una situación “sui generis”, inédita, pero que es lo que corresponde según la Constitución Nacional, que dicta que el vicepresidente debe asumir las funciones del presidente mientras este está fuera del país.
Consultado sobre si la situación genera “incomodidad” en el Poder Ejecutivo, el ministro González se limitó a decir que hay que cumplir “lo que dice la ley”.
Tras la acusación en su contra, hecha pública el 12 de agosto, el vicepresidente Velázquez renunció a su precandidatura para la Presidencia de la República y anunció que renunciaría a la Vicepresidencia. Sin embargo, se retractó en su intención de apartarse de su cargo argumentando que quiere detalles sobre la acusación antes de tomar esa decisión.
El presidente Abdo y su comitiva –que incluye a la primera dama Silvana Abdo y varios funcionarios y escoltas- regresarán a Paraguay el domingo.
La Fiscalía de Paraguay abrió hoy una investigación contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, a raíz de las acusaciones vertidas por Estados Unidos sobre su supuesta implicación en un soborno, lo que lo llevó a presentar la renuncia y poco después a desestimarla.
El gobierno del mandatario demócrata Joe Biden catalogó diez días atrás a Velázquez de “significativamente corrupto” por intentar, presuntamente, sobornar a un funcionario público y entorpecer una investigación contra él.
Velázquez respondió inicialmente anunciando que renunciaría, pero días más tarde descartó hacerlo alegando que no tenía constancia de que la Fiscalía hubiese abierto causa alguna.
Por orden de la fiscal general, Sandra Quiñónez, el Ministerio Público confirmó hoy en un comunicado la “apertura de una causa penal” por los señalamientos de Estados Unidos, en los que se exponen “hechos que pudieran ser de relevancia penal”, informó la agencia de noticias Europa Press y medios locales.
De las pesquisas se encargará la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía.
El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se refirió esta semana al caso en una entrevista a Telemundo para apuntar que, en su opinión, “lo correcto” sería que Velázquez dimitiera.
“Yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión”, expuso el gobernante conservador, quien acotó que si él “hubiese estado en esa situación, habría renunciado”.
En un principio, Velázquez anunció la decisión de “dar un paso al costado para no afectar el entorno del dignatario ni al Partido Colorado”, medida que extendió además a su pretensión de pelear por una candidatura presidencial por el oficialismo para las elecciones del año que viene.
En ellas, los colorados enfrentarán a una amplia coalición opositora que integran partidos políticos, gremios y movimientos sociales.
Sin embargo, días más tarde dijo que esperaría las pruebas en el marco de una investigación oficial.
El embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, anunció el 12 de agosto pasado que Velázquez fue señalado por obstruir una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros, y precisó que el presunto soborno sería por un millón de dólares.
Otras personas acusadas son los familiares cercanos de Hugo Velázquez, Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza y Hugo José Velázquez Escauriza.
Estados Unidos también agregó a su lista negra al exfiscal y asesor jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte.
La publicación señala que Duarte, un colaborador personal y profesional cercano al vicepresidente, fue el encargado de ofrecer el presumible soborno referido.
La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí.
