El exmandatario paraguayo Horacio Cartes inscribió hoy formalmente, con una inusual anticipación de seis meses, su candidatura a la jefatura del gobernante Partido Colorado y la fórmula de su sector para la presidencia y vice del país.
Cartes llegó hasta la sede central de la Asociación Nacional Republicana (ANR) -el nombre oficial del coloradismo- para anotarse como candidato a jefe partidario y anotar al exministro Santiago Peña y al actual titular de la fuerza, Pedro Alliana, como binomio para las internas de diciembre.
Esa fórmula deberá competir con la del sector interno que responde al presidente Mario Abdo Benítez, seguramente encabezada por el vice Hugo Velázquez, para ver con qué binomio el oficialismo va a las elecciones generales de abril de 2023.
En sus redes sociales, Cartes explicó que su sector es el primero en inscribirse porque tiene “un proyecto de país y un equipo entusiasmado con ponerlo en marcha”.
“De mi parte, ser presidente de la ANR sería un gran honor que retribuiré con mucho trabajo por el partido y el Paraguay”, agregó.
Se estima que el propio Abdo Benítez pujará con Cartes por el sillón principal del coloradismo, según los diarios locales ABC Color y Última Hora.
Otro elemento curioso de la presentación de Cartes de hoy es que se da apenas días después de que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) diera a conocer un informe en el que advierte sobre maniobras de lavado de dinero en varias empresas propiedad del exmandatario.
Un gobernador de un departamento de Paraguay que está con prisión domiciliaria acusado de haber usado irregularmente fondos para atender la pandemia de Covid-19 pidió hoy que se lo autorice a vivir en la sede de la Gobernación “para seguir trabajando”, aunque horas después su abogado desistió de esa pretensión.
La defensa de Hugo Javier González, detenido desde hace una semana, solicitó a primera hora ante la jueza de Delitos Económicos María Elena Cañete que su cliente pueda cumplir su arresto domiciliario en la sede de la Gobernación del departamento Central.
Pero después él mismo presentó otro escrito en el que desistía de la solicitud inicial, consignaron los sitios de los diarios Última Hora y ABC Color.
El abogado Fausto Portillo había pedido que el dirigente del Partido Colorado cumpliera el arresto domiciliario en la sede de la Gobernación, porque era su domicilio legal, después de que la justicia había rechazado que González pudiera ir al edificio del Ejecutivo en horario de trabajo.
Desde la detención domiciliaria del mandatario, el presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quedó como encargado de despacho.
González está imputado junto a 14 personas por el presunto uso irregular de dinero que debía ser destinado a obras para la reactivación económica, a través de facturas clonadas, en medio de la pandemia de Covid-19.
Además del arresto domiciliario, se le embargó una propiedad valuada en 1.500 millones de guaraníes (220.000 dólares).
Los cargos en contra del gobernador son por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, tras la presunta mala ejecución de 6.352 millones de guaraníes (1 millón de dólares) del llamado fondo Covid-19, en cuya rendición aparecen facturas clonadas, facturas anuladas y otras anomalías.
Primero, González fijó domicilio en la ciudad de Fernando de la Mora y después pidió el cambio hacia una casa de un barrio cerrado en el distrito de Ypacaraí para cumplir con su “rol de padre responsable” y ejercer simultáneamente su cargo de gobernador.
Pero como la Ley de Gobiernos Departamentales establece que la Gobernación debe ser administrada desde su sede y que esta debe estar asentada en la capital departamental, en este caso Areguá, el mandatario no pudo cumplir su objetivo.
Entonces, el letrado Fausto Portillo solicitó nuevamente una revisión de medidas para plantear que González se mude a la Gobernación para vivir allí, cumplir con su arresto y, a la vez, ejercer. Pero después el abogado desistió de esa aspiración.
El fallo, con fecha del martes, ordena al presidente Tapia a convocar a elecciones en un plazo de 90 días, quedando él a cargo hasta entonces.
La Sala B de la Cámara Civil dispuso este martes que AFA intervenga la Liga Profesional de Fútbol y convoque a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. El fallo, en respuesta a la medida cautelar presentada por Marcelo Tinelli, quien, en su carácter de presidente de la LPF, interpuso el recurso con la intención de impugnar la única lista presentada por las irregularidades en los candidatos que la integraban, deja a cargo al presidente Claudio Tapia hasta que se designen nuevas autoridades de la Mesa Directiva del mencionado organismo.
“La medida de marras ha sido ordenada prescindiendo del agotamiento previo de la vía estatutaria interna de la Asociación del Fútbol Argentino y de la jurisdicción arbitral estatutariamente pactada. Es decir, en el primer caso y ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, con sede en Lausana, Suiza. Todo ello en virtud que la LPF es una liga que constituye un organismo interno de la AFA, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de la AFA y el Reglamento de la propia LPF”, indica uno de los pasajes centrales de la resolución, que señala a la LPF como un organismo interno de la AFA y que debe tomar intervención antes de determinar el “agostamiento de la vía estatutaria interna”.
En criollo, lo que sostiene el fallo judicial es que en tanto y en cuanto la LPF no pueda resolver sus problemas de manera interna es la AFA la que debe intervenir para regularlos. Y esto abre un montón de escenarios, desde la disolución del organismo hasta una nueva convocatoria a elecciones. Todo depende de lo que decida Tapia, quien actualmente se encuentra fuera del país.
Mientras tanto, la LPF seguirá funcionando con la Mesa Directiva actual, con Malaspina como vice primero y Arboleya como vice segundo, con las comisiones armadas y con las diferencias que existen en la actualidad entre los dirigentes, sumándole además ahora los permisos necesarios para aprobar cualquier cuestión, dado que es la máxima autoridad de la AFA quien ha quedado al mando. Al menos hasta que haya elecciones
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA B
Por lo demás, a criterio de este Tribunal, no corresponde validar la convocatoria efectuada por Francisco Duarte, Gerente General de la LPF, por una supuesta por instrucción del Presidente de la LPF (aquí actor), avalada por un correo electrónico y su declaración testimonial, dado que dilucidar las aseveraciones de cada uno de ellos sería más engorroso que la solución que se dará a la presente controversia, con el lógico perjuicio que ello tendría en el desarrollo de la actividad asociativa.
Pero lo cierto es que dichos elementos no malogran la verosimilitud del derecho demostrada, ni el peligro en la demora en la no adopción de una medida jurisdiccional.
De tal suerte, habiéndose comprobado con el grado de provisoriedad suficiente la deficiencia en el proceder para la realización del acto eleccionario, y efectos de permitir el normal desenvolvimiento de la entidad de que se trata, se ordenara al Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a que en el plazo de 90 días convoque a las elecciones para designación de la Mesa Directiva de la LPF resultando responsable hasta esa fecha de coordinar su total funcionamiento (cfr. art. 2 Estatuto).
Todo lo que así SE RESUELVE, con costas a cargo de la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 y 69 del CPCCN).
Devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado encomendándose la notificación del presente.
Horas después de que su ministro de Educación tuviera que renunciar en medio de un escándalo de corrupción, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, para someterse a exámenes debido a un “malestar” no precisado, informó una fuente oficial.
El mandatario fue hospitalizado cuando estaba previsto que asistiera a un acto del partido Republicanos, aliado del gobierno, reportó el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria.
La primera dama, Michelle Bolsonaro, quien sí asistió al acto de Republicanos, afirmó que el jefe del Estado estaba “bien”, según el portal de noticias G1, de la cadena Globo.
“Estoy seguro de que el presidente está bien, son solo unos exámenes que está haciéndose, por eso no está”, dijo en el acto el líder de Republicanos, el diputado Marcos Pereira.
Bolsonaro, de 67 años, se aprestaba a pasar la noche en el hospital, según G1.
En enero pasado, el mandatario estuvo internado dos días en un hospital de San Pablo, debido a una obstrucción intestinal.
Su médico, Antonio Luiz Macedo, explicó entonces que el problema había sido causado por un camarón en mal estado.
Bolsonaro fue apuñalado en 2018, durante la campaña electoral, y desde entonces fue sometido a cuatro cirugías en la región abdominal.
También fue operado por cálculos en la vejiga y se realizó una vasectomía.
Además, en julio de 2021 fue internado por un hipo persistente y también entonces se le diagnosticó obstrucción intestinal.
Bolsonaro dejó el Hospital militar en la madrugada de este martes (29). Según información de CNN Brasil, el convoy de la Presidencia salió del HFA alrededor de las 6:20. Según los asistentes de Bolsonaro, citados por la publicación, el presidente sintió molestias en la región del abdomen durante la tarde del lunes (28) y, por lo tanto, acudió a la unidad de salud.
Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país y seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, resolvió hoy un juez penal de la ciudad de Rosario.
De esta forma, el juez Román Lanzón rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, todos de la firma agroexportadora, al tiempo que le fijó una caución de 10U$S millones y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio, informaron a Télam fuentes judiciales.
El fiscal, que el martes acusó a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S600 millones, sostuvo tras la audiencia de hoy en la que se debatieron las medidas cautelares: “Nosotros creíamos que era procedente la prisión preventiva, y ahora vamos a evaluar si apelamos o no”.
Si bien rechazó la prisión solicitada por el fiscal, el juez estableció que los 14 acusados deberán fijar domicilio, y les dictó la prohibición de salir del país y les ordenó entregar a la Fiscalía de sus pasaportes.
Moreno también había solicitada la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Daniel Néstor Buyatti, expresidente del directorio de Vicentin, medida que fue rechazada por el juez.
A la vez, Lanzón dio por formalizada la acusación presentada el martes pasado por el fiscal, que imputó por más de una decena de estafas a quienes fueron miembro del directorio de la cerealera concursada hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando renunciaron con el fin de generar “confianza” en los acreedores de la compañía.
En concreto, el fiscal sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Entre los damnificados por esas presuntas maniobras de estafa hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de ese año.
También un pool de bancos internacionales que otorgó préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma.
