Perú: Pedro Castillo declara por acusaciones de corrupción
El Presidente de Perú, Pedro Castillo, se presento hoy a declarar por investigaciones sobre corrupción de su gobierno.
A un mes de cumplir su 1 año de mandato, Pedro Castillo se encuentra declarando en la Fiscalía General de Perú por acusaciones por presuntos delitos de organizaciones criminales, tráfico de influencias y colusión que lo conciernen a él y a su gobierno.
Pedro Castillo culmina su turbulento primer año de mandato declarando ante el fiscal general de Perú, Pablo Sanchez, luego de haber sacudido por completo a su país desde su llegada: renovó mas de 3 veces su gabinete, se vio envuelto en escándalos de corrupción, y se enfrento varias veces a mociones de censura por parte del Congreso de Perú.
Corrupción
Recordemos que el caso de exploto la administración de Pedro Castillo fue cuando Karelin Lopez, una empresaria la cual tuvo estrechos lazos con el gobierno, haya declarado sobre las operaciones de corrupción que Pedro Castillo llevaba a cabo, principalmente negocios, concesiones y licitaciones a empres as familiares y/o de amigos para con el estado del Perú.
El escándalo fue tal que llevó a Castillo a renovar su gabinete múltiples veces y a recibir una moción de censura por parte del Congreso de Perú, que sin embargo, logró zafar, al hacer concesiones con grupos de la oposición.
Pero las acusaciones de corrupción contra Castillo se mantienen. Ya citado por segunda vez por la Fiscalía de Perú, Pedro Castillo debe declarar por el caso de Puente Tarata.
Caso Puente Tarata
El caso Puente Tarata supuestamente involucra al presidente de Perú y a su ex ministro de Transportes, Juan Silva, en una red criminal que entregaba licitaciones de obras públicas a empresas privadas a cambio de un importante soborno.
Según reveló un colaborador anónimo a la justicia, la licitación para la construcción del puente Tarata sobre el Río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres. tuvo vínculos con sobrinos de Pedro Castillo, Fray Castillo y Gian Marco Castillo, con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como Alcides Villafuerte; además del papel del empresario Samir Villaverde, desde el inicio del a gestión de Castillo
El colaborador afirmó también que sí se habló de coimas en el caso de la licitación del Puente Tarata y que sí se habría buscado direccionamiento de obras.
En las declaraciones se indica que se habría ofrecido el 0.05% de la obra a algunos de los lobistas. Cabe indicar que el monto del contrato adjudicado fue de S/ 232′587.014, por lo que el 0.5% ascendería a S/1′162.935.
Medios locales reseñaron que esta obra fue convocada por Provias Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones; adjudicada al Consorcio Puente Tarata III, el cual está compuesto por las empresas Tableros y Puentes, de España, H. B. Estructuras Metálicas y Terminex, de China.
Sin embargo, a medida de que los “colaboradores”, presuntos empresarios arrepentidos, revelaban información sobre los implicados, el exministro de Transportes, Juan Silva, el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, huyeron de la justicia.
El Ministerio de Interior de Perú fijó una recompensa de U$S 13.400 para quien permita la captura del ex titular de Transportes, y montos menores para el exsecretario Pacheco y el sobrino del jefe de Estado.
Campaña “anticorrupción”
El mandatario de Perú mencionó varias veces que trabajará junto a la justicia de Perú para esclarecer la situación, y que no “se dejará manchar su nombre”.
“A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”, señaló Castillo en Twitter antes de partir caminando hacia la sede fiscal, ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.
En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar.
Inclusive, en la Cumbre de las Américas realizada el pasado viernes, el presidente de Perú dio un discurso sobre la lucha contra la corrupción que toda Latinoamérica debe enfrentar.
Recordó que hace 4 años el Compromiso de Lima plasmó 57 acciones para “orientar los esfuerzos que realizan nuestros países para combatir y erradicar la corrupción, y fortalecer la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos”.
En dicha oportunidad los países de Américas establecimos también la necesidad de ir más allá de la sola adopción de los acuerdos y reconocimos la importancia de dar continuidad a los compromisos alcanzados.
También agregó: “Para ellos habilitamos un mecanismo de seguimiento que permite tanto a los estados como a las organizaciones de la sociedad civil y en general a los ciudadanos y ciudadanas del continente constatar el cumplimiento de cada uno de los compromisos y conocer el grado de avance de la ampliación de las políticas públicas en contra de la corrupción”.
Pero no todo es lo que parece: en las últimas semanas su abogado planteó dos recursos para anular la investigación: uno ante la fiscalía y otro ante un juez constitucional. Finalmente será un juez el que decida si la fiscalía puede continuar la pesquisa o tendrá que esperar a que concluya el mandato.
Pedro Castillo a duras penas está logrando terminar su primer año de mandato, donde ya sufrió la amenaza de varias mociones de censura por parte de su Congreso. Inclusive, hace solo 2 semanas, Dina Boluarte, su vicepresidenta, está en medio de una causa por faltas a la Constitución en la que podría ser destituida.
Castillo parece continuar con la larga tradición de presidentes peruanos envueltos en escándalos de corrupción y de debilidad institucional. Inclusive, su ineficacia para gobernar y para elegir a su gabinete, está haciendo estragos en la sociedad peruana, que ya no le tiene confianza, credibilidad ni apoyo.
Sólo el 36% de los peruanos aprueban hoy su gestión. Muy pocos. Y el 58%, en cambio, la desaprueba expresamente. Más de la mitad, entonces está insatisfecho. En torno a Lima, la desaprobación a Pedro Castillo es realmente gigantesca: del 74%. Las alarmas en Perú se mantienen.
Pero Castillo tiene aún posibilidades de zafar, de nuevo. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien tiene el caso, dijo que el miércoles próximo tomará la decisión de continuar con la causa o desestimarla.
Si declara fundada la tutela de derechos, queda nula la denuncia de la fiscalía, y por lo tanto, quedará sin efecto la investigación iniciada.
