Los números de agosto
Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso.
La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario.
La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.
No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.
Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa.
Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.
“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.
Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.
«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.
“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.
En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.
“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.
Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor.
El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco.
Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición.
Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.
Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos.
No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.
Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera.
El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado.
Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.
Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.
Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema.
Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.
Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo.
“La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo.
El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.
Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes.
Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.
La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones.
La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país.
Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.
El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.
Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.
