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Misiones frente a un nuevo debate por la tierra: qué cambia con el proyecto que elimina los límites a la extranjerización

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La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió al centro de la agenda política nacional y Misiones aparece como uno de los principales focos del debate. El proyecto de ley denominado “De Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Exp. PE 27/2026) propone eliminar los principales límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 para regular la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

En ese contexto, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra presentó un informe dirigido al Senado de la Nación en el que sostiene que Misiones reúne condiciones que la convierten en una de las provincias más vulnerables frente a una eventual liberalización del mercado de tierras.

El documento combina datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, estadísticas económicas provinciales y un análisis de la crisis que atraviesa el sector yerbatero para argumentar que la eliminación de los límites podría acelerar un proceso de concentración de la propiedad rural.

Una provincia con alta participación de tierras en manos extranjeras

El informe señala que, según datos procesados por el Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales, unas 325.000 hectáreas de Misiones están en manos extranjeras, equivalentes al 11,2% de la superficie provincial.

Sin embargo, advierte que el promedio provincial oculta fuertes diferencias territoriales. Cinco departamentos ya superarían el límite del 15% previsto por la legislación vigente:

  • Iguazú: 40%
  • Montecarlo: 18%
  • Libertador General San Martín: 17%
  • Eldorado: 16%
  • Concepción: 16%

El informe sostiene que, de aprobarse el proyecto oficial, esos topes dejarían de existir y las provincias perderían parte de las herramientas institucionales para intervenir en este tipo de operaciones.

Qué propone el proyecto

La Ley 26.737 estableció límites a la tenencia extranjera de tierras rurales y creó un esquema de control compartido entre Nación y provincias.

Según el análisis presentado por la Coalición, el nuevo proyecto elimina las restricciones cuantitativas para compradores extranjeros y modifica el régimen de control vigente. El documento interpreta que esto supone, en los hechos, una derogación de los principales artículos de la ley aprobada en 2011.

Desde el Gobierno nacional, el argumento es diferente: la iniciativa busca fortalecer el derecho de propiedad y facilitar inversiones privadas, diferenciando las adquisiciones realizadas por particulares de aquellas impulsadas por Estados extranjeros. Ese punto constituye uno de los principales ejes del debate parlamentario.

Uno de los aspectos centrales del informe es que la discusión no puede analizarse aislada del contexto económico.

El documento menciona una caída del empleo privado registrado, una reducción en la cantidad de empresas activas y un deterioro del mercado laboral formal durante los últimos años. También destaca que el Producto Bruto Geográfico mostró recuperación respecto de la pandemia, aunque sin traducirse plenamente en creación de empleo privado.

La tesis de la Coalición es que un escenario de menor rentabilidad productiva podría incentivar la venta de establecimientos rurales, especialmente entre pequeños productores con dificultades financieras.

La crisis yerbatera entra en la discusión

El reporte dedica un capítulo completo a la situación de la yerba mate.

Sostiene que la desregulación del mercado iniciada tras el DNU 70/2023 redujo la capacidad de intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y profundizó el deterioro de los ingresos de los productores.

Entre los indicadores que cita figuran:

  • una participación del productor equivalente al 11% del precio final en góndola;
  • una caída del 43% en la cosecha de hoja verde entre enero-abril de 2024 y el mismo período de 2026;
  • una pérdida del 74% del poder adquisitivo del precio pagado al productor respecto de la inflación.

El documento plantea que esa pérdida de rentabilidad puede aumentar la presión para desprenderse de explotaciones rurales, aunque se trata de una interpretación elaborada por los autores del informe y no de una proyección oficial.

Un debate que trasciende a Misiones

La Coalición amplía el análisis hacia una dimensión geopolítica. Cita información del Observatorio de Tierras y de Land Matrix según la cual Argentina registra alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, mientras 36 departamentos del país ya superarían el límite legal establecido por la normativa vigente.

Sobre esa base, sostiene que la tierra rural adquiere un valor estratégico creciente por factores como el acceso al agua dulce, la biodiversidad, la producción de alimentos y el cambio climático.

La discusión, en definitiva, enfrenta dos visiones sobre el régimen de tierras rurales. Por un lado, quienes sostienen que flexibilizar las restricciones favorecerá la inversión y el desarrollo productivo. Por otro, quienes consideran que eliminar esos límites incrementará los riesgos de concentración de la propiedad y reducirá la capacidad del Estado para resguardar recursos considerados estratégicos.

Con una elevada participación de capital extranjero en algunos departamentos, una estructura productiva fuertemente ligada a la tierra y una crisis persistente en sectores como la yerba mate, Misiones aparece como una de las provincias donde el resultado del debate parlamentario podría tener mayor impacto.

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Uñac respaldó a los productores yerbateros en Misiones y reclamó un INYM que garantice precios justos

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El exgobernador de San Juan y dirigente peronista Sergio Uñac visitó la ciudad de Apóstoles, en Misiones, donde expresó su respaldo a los productores yerbateros y volvió a poner en el centro del debate el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en la regulación de una de las principales economías regionales del país.

Durante su recorrida, Uñac sostuvo que “no hay una Argentina fuerte sin un interior fuerte”, al destacar el peso estratégico de las economías regionales en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo territorial. En ese marco, definió a Apóstoles como una muestra del potencial productivo del interior argentino, al señalar que la ciudad constituye uno de los principales polos de la actividad yerbatera.

El dirigente remarcó que la cadena productiva de la yerba mate sostiene a miles de familias misioneras y advirtió que ese entramado económico necesita reglas claras y previsibilidad para garantizar su sostenibilidad. En ese sentido, reclamó un Instituto Nacional de la Yerba Mate que pueda cumplir plenamente con sus funciones de regulación del mercado.

“La producción necesita reglas justas y un INYM que haga su trabajo”, afirmó, al referirse a la situación que atraviesa el sector tras los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional, que limitaron las facultades del organismo para intervenir en la fijación de precios de la hoja verde.

Uñac advirtió que cuando no existen mecanismos que aseguren precios competitivos para la materia prima, la pérdida de rentabilidad termina trasladándose a toda la cadena productiva. “Quienes pagan las consecuencias son los productores, los trabajadores y las comunidades del interior”, señaló durante el encuentro con representantes del sector yerbatero.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión dentro de la actividad, donde productores y cooperativas vienen reclamando la recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro de los ingresos en origen y sostener la rentabilidad de una economía regional clave para Misiones.

Durante la visita, el exmandatario sanjuanino fue recibido por la intendenta de Apóstoles, Eugenia Safrán, a quien agradeció por la bienvenida, al tiempo que destacó la importancia del diálogo directo con quienes integran la cadena productiva.

“Escuchar a quienes producen es el mejor camino para construir un proyecto verdaderamente federal”, afirmó Uñac, reforzando un discurso centrado en el fortalecimiento del interior productivo como condición para el crecimiento económico nacional.

La visita se suma a una serie de recorridas que distintos referentes políticos realizan por Misiones, una provincia donde la situación de la yerba mate continúa ocupando un lugar central en la agenda económica y política debido al impacto que la rentabilidad del sector tiene sobre el empleo, la producción y el desarrollo de numerosas localidades del interior.

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La relatividad de los tiempos

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La Persistencia de la memoria, la célebre obra que Salvador Dalí pintó en 1931 en apenas cinco horas, funciona como una metáfora apropiada para describir el momento que atraviesa el oficialismo misionero. Los relojes blandos representan el paso del tiempo, pero también la capacidad de una idea para sobrevivir a los cambios de época. Quienes hoy nutren Encuentro Misionero apelan precisamente a esa memoria política y a la génesis del espacio que dio origen al Frente Renovador a comienzos de este siglo. Un movimiento que, lejos de permanecer inmóvil, fue mutando desde aquella alianza inicial entre peronistas, radicales e independientes hacia conceptos como la transversalidad, el misionerismo y, más recientemente, los “blends” políticos. En más de una oportunidad, incluso, adoptó posiciones que terminaron anticipándose al debate nacional.

El interrogante es si esa capacidad de adaptación sigue siendo suficiente. Sus críticos sostienen que la política ya no dispone del tiempo que antes tenía para procesar sus transformaciones y que una sociedad atravesada por la inmediatez demanda respuestas más veloces, liderazgos más flexibles y estructuras menos ancladas en la memoria de sus propios éxitos. En esa tensión entre la persistencia y el cambio se juega buena parte del desafío político del oficialismo para los próximos años.

Los tiempos se aceleraron con una movida de Encuentro Misionero, que el jueves, tras la confirmación del Tribunal Electoral de haber aceptado el cambio de nombre del partido de la Concordia, publicó en redes los nombres de las autoridades partidarias, entre los que estaban Carlos Rovira, Hugo Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad, Maurice Closs y tantos otros. Varios eran autoridades del partido de la Concordia que no habían avalado la mudanza al Encuentro. 

Closs fue el primero en desmarcarse, con un tuit irónico. El gobernador Hugo Passalacqua, compartió la publicación y así oficializó sus diferencias. El jefe de Gabinete, Carlos Sartori, terminó de clarificar el panorama al advertir que Passalacqua no estaba dentro de Encuentro Misionero y que varios podrían renunciar porque no habían autorizado su inscripción en el nuevo espacio. 

Se cristalizaron así las diferencias que ya eran visibles pero no tajantes desde el ya lejano abril, cuando el propio Rovira daba por fenecida a la Renovación y anunciaba el nacimiento del nuevo espacio. Sutiles, mínimas diferenciaciones, gestos que ahora son ostensibles.  

La pregunta que recorre el ambiente es si la distancia es definitiva. Sólo los protagonistas podrán responder fehacientemente esta incógnita que seguramente se mantendrá por algunas semanas más. Ningún puente está dinamitado y tanto Rovira como Passalacqua saben que una ruptura podría venir acompañada por una inexorable derrota en las elecciones.

Hasta ahora los embates públicos tuvieron otros protagonistas, arietes esperables de la retórica que mide fuerzas en medio de un intenso debate que definirá el futuro de la coalición gobernante. Pasó en la sucesión de Rovira y también antes de que Passalacqua sea electo gobernador. Una vez encauzadas las diferencias, primó siempre el interés superior de la Provincia.

La incontinencia de algunos dirigentes, de ambos lados de la trinchera, no debería obnubilar ni deslumbrar.  ¿Por qué apurar definiciones con tiempo suficiente hasta las elecciones? Se verán varias capítulos “ordenadores”, como el achique del gabinete y eventuales cambios de nombre. Habrá que esperar las respuestas.

La certeza por estas horas es que Passalacqua buscará un tercer mandato, convencido de que tiene la adhesión necesaria -muchos intendentes, varios ministros y algunos con asistencia perfecta a las reuniones de las siestas de los jueves-, una gestión que lo avala y que lo mantiene entre los mejor valorados de la Argentina.  

Las dos veces que le tocó gobernar fue en las malas. Primero con la alianza Cambiemos y sus embestidas permanentes, pérdida de recursos y asimetrías. La crisis de 2018 dejó a la Argentina al borde del abismo. 

Ahora con Javier Milei, recesión, ajuste y una enorme sangría de recursos, además de la concreción de un anhelo expresado por el propio Mauricio Macri en abril de 2018: la desregulación yerbatera, que impactó de lleno en la economía misionera. 

El nuevo ciclo sin reglas de mercado provocó una profunda crisis en el sector primario y una latente tensión política, con productores que habían confiado en las mieles de la Libertad Avanza y hoy mascullan la hiel de su enojo, que se propaga a la política provincial. No admiten que la Provincia tiene escasas herramientas para resolver un problema que se extiende más allá de la geografía propia. 

Desde la desregulación, la yerba es una de las economías regionales que está en rojo constante en el semáforo de Coninagro. Y los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate confirman la turbulencia estructural que atraviesa el sector. En mayo se registró una caída simultánea en los tres principales indicadores de la actividad: producción, consumo y exportaciones. Casi cuatro millones de kilos menos entre el consumo interno y exportaciones que se frenaron, se suman a una parálisis de la cosecha provocada por el desplome de los precios. Entre enero y mayo ingresaron a secaderos 275,17 millones de kilos de hoja verde, lo que representa una caída del 13,06% respecto del acumulado previo y una baja interanual del 13,46%

El escenario encendió las alarmas incluso entre los libertarios más convencidos, ya que el relato belicoso y triunfalista se cae ante la evidencia. 

No es casualidad que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien se jacta de los resultados de la desregulación, haya aceptado recibir a representantes de la cadena yerbatera. Aunque la comitiva que irá a Buenos Aires el 8 de julio no estará integrada por los productores más combativos, en el sector tomaron la convocatoria como una inesperada bandera blanca. 

De todos modos, no hay motivos para pensar que Sturzenegger se haya apiadado. Hasta ahora no ha atendido quejas de ningún sector. Los madereros pueden dar fe del ninguneo pese a los numerosos pedidos de auxilio para un sector que también atraviesa una crisis terminal al mismo tiempo en que el Gobierno nacional celebra récord de exportaciones: el aumento de los costos de producción neutraliza la rentabilidad y el colapso del mercado interno tiene a cientos de aserraderos al borde del cierre. 

El intendente de Puerto Leoni, Elvio Rivas, lo graficó en la reunión que tuvo con el gobernador en el club Sarmiento: confirmó que 12 de los 37 aserraderos PYME del municipio dejaron de operar por la crisis del sector maderero a nivel nacional. La situación impacta de forma directa en la economía local, donde la industria forestal es una de las principales fuentes de empleo. La falta de venta de materia prima está afectando la continuidad de la actividad y el trabajo de cientos de familias. Rivas advirtió que alrededor de 450 puestos laborales están en riesgo, incluyendo trabajadores de municipios vecinos. El cierre de establecimientos representa un 30% del total del rubro en Puerto Leoni. El resto de los aserraderos redujo sus jornadas de trabajo pero no ve perspectivas de que mejore la situación.

Atender esas crisis que estallan en el territorio demanda un expertise que Passalacqua considera haber acumulado en los años de gestión. La alta política también debe pensar un poco más allá de la coyuntura y en ese rol se siente mucho más cómodo Rovira. 

Lo llamativo de la disputa interna del oficialismo misionero es su escaso timing. Tiene su pico al mismo momento en que el Gobierno nacional está exhibiendo sus miserias, con un Manuel Adorni obligado a renunciar acorralado por las denuncias de corrupción, una economía que no repunta y desigualdad creciente. 

Adorni le puso fin a la saga de corruptelas que se reveló hace ya cuatro meses. Fue la crónica de una muerte (política) anunciada tras revelarse sus gastos exorbitantes, compra de propiedades, viajes lujosos y hasta lujos extravagantes difíciles de justificar aún con la más imaginativa ingeniería contable. 

El costo político ha sido elevado para el gobierno de Milei, que llegó al poder con la promesa de terminar con “la casta” y no tardó nada en mimetizarse con sus prácticas más nefastas. Dicen que lo que convenció a Milei de eyectar a su petulante jefe de Gabinete fue la comparación con Martín Insaurralde, ex funcionario -en este caso despedido por Axel Kicillof- también envuelto en un escándalo de enriquecimiento acelerado en la función pública. La Justicia, siempre oportuna, desempolvó esa causa a partir de un video que se “filtró” de la vedette Jesica Cirio ostentando dólares en el vestidor. 

Durante meses, Milei sostuvo públicamente a Adorni, desacreditó las investigaciones periodísticas, atacó a la prensa y aseguró que no lo desplazaría. Finalmente, la realidad política terminó imponiéndose sobre el discurso. El desgaste en la opinión pública, el impacto de las investigaciones judiciales y el deterioro de la credibilidad oficial hicieron inviable una continuidad que hasta hace pocos días parecía innegociable.

Más allá del destino personal de Adorni, el episodio deja una enseñanza para el oficialismo. En política, la construcción de autoridad no depende solamente de la lealtad interna, sino también de la capacidad de administrar las crisis antes de que consuman el capital político del Gobierno. Cuando un funcionario pasa a monopolizar la agenda por denuncias, explicaciones patrimoniales y contradicciones con los propios principios que la administración dice defender, el costo deja de ser individual y se convierte en un problema para toda la gestión. La salida de Adorni cierra un capítulo, pero difícilmente clausure el debate sobre los estándares de transparencia y coherencia que el propio Milei prometió convertir en una marca distintiva de su gobierno. La mugre salpicó a todos, explotó una crisis en el PRO y expuso a senadores que no dieron el quórum para interpelarlo. 

La carta de renuncia de Adorni también deja una lectura política. Más que un documento institucional, es una pieza de reivindicación personal. A lo largo de varias páginas no hay una sola autocrítica sobre los hechos que erosionaron su permanencia en el cargo, sino un esfuerzo por instalar la idea de que fue víctima de una persecución mediática y política. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, escribe, al tiempo que atribuye su salida al “hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad”. 

El eje del texto no es la gestión ni el balance de gobierno, sino la construcción de un relato de agravio y resistencia.

Hay, además, un dato político significativo: Adorni presenta su renuncia como una decisión destinada a proteger a Milei antes que a sí mismo. “Estoy yendo en contra de sus deseos” y “he tenido que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo”, afirma en dos pasajes que buscan dejar en claro que la salida no fue una decisión presidencial sino una renuncia impulsada por el propio funcionario. 

Esa construcción narrativa intenta preservar la autoridad del Presidente y sostener la imagen de lealtad absoluta que caracterizó su paso por el Gobierno. Sin embargo, el texto también revela el costo político que tuvo el caso: cuando una despedida necesita justificar durante varias páginas las denuncias, los ataques y las explicaciones patrimoniales, queda en evidencia que la crisis ya había trascendido a la persona y se había convertido en un problema para toda la administración.

¿Se cierra el capítulo y a otra cosa? Difícil que Adorni se libere tan fácilmente de las investigaciones periodísticas y judiciales. Tanto tiempo de burlas y ninguneo tendrá consecuencias. El humor social no parece estar dispuesto a aceptar la despedida como si nada hubiera pasado. 

¿Podrá el Gobierno recuperar la agenda? El nuevo jefe de Gabinete sería Diego Santilli, el actual ministro del Interior. El ex PRO tiene varias sospechas de corrupción en su haber. Fin.

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La Multisectorial Oberá llevó al Concejo su reclamo contra el DNU 70 y pidió respaldo a la demanda judicial por la yerba

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volvió a llegar al ámbito institucional. Durante la sesión de este martes, representantes de la Multisectorial Oberá se presentaron ante el Concejo Deliberante local para solicitar el acompañamiento formal a la medida cautelar y al pedido de declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, particularmente en los artículos que modificaron el funcionamiento del mercado yerbatero.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por asociaciones de productores y cooperativas para intentar revertir los efectos de la desregulación implementada por el Gobierno nacional, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios y regular distintos aspectos de la actividad.

En ese marco, los representantes de la Multisectorial entregaron una copia de la carta de apoyo firmada por los concejales Pablo Ullón, Verónica Noguera, María Luisa Glum, Maximilian Binder y Marcelo Sedoff, quienes expresaron su respaldo al planteo de las entidades productivas.

La nota presentada ante el cuerpo deliberativo lleva las firmas de Milcíades Mazacote y Hugo Sand, en representación de la Multisectorial Oberá. El documento solicita el acompañamiento institucional a la acción judicial promovida por seis asociaciones de productores y una federación de cooperativas que buscan frenar los efectos de la desregulación introducida por el DNU 70/2023.

Según argumentan las entidades, la norma “no es ni de necesidad ni de urgencia” y su aplicación generó un fuerte deterioro en la economía yerbatera. Sostienen que la eliminación de herramientas regulatorias profundizó la crisis de los pequeños y medianos productores, debilitó el poder de negociación de la producción primaria y agravó la situación social en las zonas rurales.

En la presentación también se advierte sobre el impacto que la crisis tiene sobre los trabajadores de la actividad. Los productores señalaron que cada vez más tareferos optan por cruzar la frontera para buscar empleo en Brasil, ante la falta de oportunidades y la caída de los ingresos vinculados a la cosecha de yerba mate.

La actividad tiene un peso determinante en la economía provincial. De acuerdo con los datos expuestos por la Multisectorial, la cadena yerbatera involucra a cerca de 13 mil productores y alrededor de 15 mil tareferos y tareferas, constituyéndose en una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos de Misiones.

Tras la sesión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, agradeció el acompañamiento de los concejales y describió el escenario social que atraviesan numerosas familias vinculadas al sector.

“Estamos acá haciendo un eco de miles de familias que deben viajar a Brasil a buscar el pan para sus hijos. Me refiero a los tareferos que tenemos. Oberá es mucho barrio tarefero y esto ocurre en toda la provincia de Misiones”, expresó.

Sand insistió en la necesidad de recuperar condiciones que permitan garantizar un precio justo para la hoja verde y sostuvo que la crisis requiere respuestas políticas concretas. En ese sentido, convocó a los distintos sectores de la dirigencia provincial y nacional a involucrarse en la búsqueda de soluciones para la producción y el empleo rural.

Asimismo, reclamó una resolución rápida de la Justicia respecto de la demanda presentada contra el DNU 70/2023. “Hay miles de familias esperando una definición”, sostuvo el dirigente agrario, quien considera que una decisión favorable podría contribuir a restablecer mecanismos de protección para la actividad.

La presentación ante el Concejo Deliberante de Oberá se suma a una serie de acciones que productores, cooperativas y organizaciones rurales vienen desarrollando en distintos ámbitos institucionales con el objetivo de recuperar herramientas de regulación para una economía regional que atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

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APAM pidió la renuncia del presidente del INYM

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo institucional. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos eslabones de la actividad y que el organismo perdió capacidad de respuesta en el contexto de la desregulación del mercado.

La nota, enviada el 21 de junio, sostiene que desde la llegada de Correa a la presidencia del Instituto se profundizaron los problemas que afectan a productores, tareferos, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. Para la entidad, la conducción actual no solo fracasó en la defensa del sector, sino que además debilitó el funcionamiento institucional del organismo en un momento considerado crítico para la economía yerbatera.

Entre los principales cuestionamientos figura el derrumbe del precio de la materia prima. APAM afirma que actualmente la hoja verde se comercializa, en muchos casos, en torno a los 200 pesos por kilo, con modalidades de pago mediante cheques diferidos a 90 e incluso 180 días, una situación que, según la organización, compromete seriamente la sustentabilidad económica de los productores primarios.

La entidad también advirtió sobre el deterioro de los indicadores productivos y comerciales. Citando estadísticas del propio INYM, recordó que la cosecha de hoja verde cayó un 43% en apenas dos años de desregulación. Mientras entre enero y abril de 2024 se habían cosechado más de 268 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la producción descendió hasta 151,9 millones de kilos.

A esa retracción productiva se suma una disminución del consumo interno. Según los datos mencionados por APAM, durante los primeros meses de 2026 las ventas en el mercado doméstico alcanzaron 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una caída del 5,5% y el nivel más bajo de los últimos cinco años.

Cuestionamientos a la gestión del INYM

Más allá de la situación económica, APAM apunta directamente al funcionamiento institucional del Instituto. La organización sostiene que durante la gestión de Correa se redujo la actividad del organismo “a su mínima expresión” mediante el despido de 21 trabajadores especializados y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, como el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestiona la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que ello limitó los espacios de debate y construcción de consensos en un contexto donde el sector demanda respuestas frente a la desregulación del mercado, el incremento de los costos productivos y la pérdida de rentabilidad.

La entidad también formuló críticas sobre decisiones administrativas adoptadas por la conducción del organismo. En ese sentido, cuestionó la incorporación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica, señalando que el nombramiento se habría realizado sin informar previamente al Directorio y sin respetar los procedimientos institucionales habituales.

En la misma línea, APAM también objetó la designación de un secretario privado para la Presidencia cuando el organismo ya cuenta con una estructura administrativa destinada a cumplir esas funciones, además de expresar reparos sobre la organización del área de Recursos Humanos.

La polémica por la posible incorporación de la Ilex dumosa

Otro de los puntos centrales del planteo se vincula con las versiones periodísticas que señalaron la posibilidad de avanzar en una modificación normativa que habilite la incorporación de otras especies vegetales dentro de la denominación comercial de yerba mate.

APAM cuestionó que Rodrigo Correa no haya desmentido públicamente esas versiones y manifestó preocupación por la eventual posibilidad de equiparar la Ilex dumosa con la Ilex paraguariensis, especie que históricamente define la producción tradicional de yerba mate.

Para la organización, una eventual modificación de esas características implicaría un cambio estructural para toda la cadena productiva. Sostiene que incorporar otras especies bajo la misma denominación comercial podría afectar la identidad del producto, debilitar su posicionamiento como alimento funcional y erosionar uno de los principales atributos diferenciales que la yerba mate argentina logró construir tanto en el mercado interno como en el exterior.

La presentación de APAM eleva la presión política sobre la conducción del INYM en un escenario donde la desregulación impulsada por el Gobierno nacional continúa generando fuertes tensiones entre los distintos actores de la cadena yerbatera. El reclamo también refleja el creciente debate sobre el rol que debe cumplir el Instituto en un mercado sin facultades para fijar precios, pero que sigue siendo considerado por productores y cooperativas como una herramienta clave para sostener la competitividad y la identidad de una de las principales economías regionales de Misiones y Corrientes.

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