crisis yerbatera

Santilli llegó a Misiones con un mensaje incómodo sobre la recuperación: “El cambio va a llegar a todos los sectores”

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande tendrá este miércoles en Posadas una agenda que excede la tradicional discusión sobre infraestructura y federalismo. El encuentro llega atravesado por reclamos concretos de las provincias y, al mismo tiempo, por una negociación política entre la Casa Rosada a cargo del jefe de gabinete, Diego Santilli y los gobernadores para avanzar con el régimen de Zonas Frías y abrir posteriormente una discusión específica para las regiones que soportan temperaturas extremas durante el verano.

En la previa de la reunión, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, anticipó que el Gobierno nacional llevará a la mesa una agenda vinculada con energía, rutas, transporte y desarrollo productivo. Pero la conversación con los gobernadores tendrá un componente inevitablemente político: Misiones reclama respuestas sobre el costo energético, la infraestructura vial y la situación de la cadena yerbatera, mientras el oficialismo busca sostener su estrategia de transformación económica frente a un escenario social que todavía exhibe fuertes tensiones.

“Todos vamos a hablar”, señaló Santilli al ser consultado sobre los planteos que llevará Misiones. El funcionario sostuvo que la agenda del encuentro será “de gestión” y enumeró entre los temas centrales la energía, las rutas y una propuesta de cabotaje que habría sido presentada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a partir de pedidos de los gobernadores.

El funcionario también mencionó cuestiones vinculadas con la coparticipación y aseguró que existe una agenda amplia de trabajo con las provincias. En ese marco, buscó separar la negociación institucional de las diferencias políticas y electorales: “La agenda hoy es una agenda de gestión”, remarcó.

Energía: el reclamo misionero por las tarifas llega a la mesa nacional

La cuestión energética será uno de los puntos sensibles del encuentro. Misiones viene planteando la necesidad de contar con un esquema que contemple las particularidades climáticas de la región y permita reducir el impacto de las tarifas sobre hogares, comercios y actividades productivas.

Santilli confirmó que el Gobierno está trabajando con los gobernadores sobre el concepto de “zonas cálidas”, una discusión que aparece como contrapartida de la iniciativa de Zonas Frías que ya avanzó en el Congreso. “Estamos discutiendo el tema de las cálidas horas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, sostuvo.

La definición es relevante porque abre una puerta institucional para un reclamo que el Norte Grande viene planteando desde hace tiempo: que la política energética incorpore no sólo las necesidades de calefacción durante el invierno, sino también los costos asociados al consumo eléctrico y la refrigeración durante los meses de temperaturas elevadas.

En el caso de Misiones, el planteo tiene una dimensión económica adicional. La energía es un insumo transversal para la industria, el comercio y los servicios, por lo que el costo tarifario incide directamente sobre la competitividad de las empresas y sobre el ingreso disponible de los hogares.

Rutas: Nación asegura que avanzará con el esquema de concesiones

La infraestructura vial será otro de los ejes de la conversación. Santilli sostuvo que el Gobierno nacional está avanzando en el proceso de concesión de la Red Federal de Concesiones y destacó que se trata de más de 9.000 kilómetros por los que circula, según sus palabras, alrededor del 70% de la red vial argentina.

El jefe de Gabinete aseguró que ya se completó una etapa del proceso y que resta adjudicar unos 3.000 o 3.500 kilómetros, con la expectativa de que las obras comiencen hacia fines de agosto o principios de septiembre.

En el caso de Misiones, afirmó que existen dos rutas incluidas en el paquete de obras que la Nación está discutiendo con el gobierno provincial. Santilli también mencionó acuerdos alcanzados con otras jurisdicciones, como San Juan, y trabajos proyectados en Corrientes.

La discusión vial adquiere especial importancia para el Norte Grande porque la infraestructura no constituye solamente una cuestión de conectividad. Para economías alejadas de los principales centros de consumo y puertos, el estado de las rutas determina costos logísticos, tiempos de traslado y capacidad de competir en mercados nacionales e internacionales.

Yerba mate: Santilli reivindicó las exportaciones, pero deberá escuchar el reclamo de los tareferos

Consultado específicamente por la crisis yerbatera, el jefe de Gabinete evitó anticipar medidas y sostuvo que escuchará el planteo del gobernador Hugo Passalacqua. Su argumento se concentró en el comportamiento externo del complejo: “Yerba está exportando mucho”, afirmó, y señaló que los números hacia afuera muestran un fuerte desempeño.

El dato exportador, sin embargo, convive con una problemática interna que constituye uno de los principales reclamos productivos de Misiones. La fortaleza de las ventas externas no necesariamente se traduce de manera automática en una mejora de los ingresos de todos los eslabones de la cadena, particularmente en el segmento de productores y trabajadores rurales.

La propia entrevista expuso esa tensión cuando se puso sobre la mesa la situación de los aproximadamente 12.000 tareferos que atraviesan dificultades laborales. Santilli respondió que el Gobierno debe mirar “toda la película”, en referencia a la situación económica general y al proceso de transformación que, según su interpretación, atraviesa el país.

La discusión resulta particularmente relevante para Misiones porque coloca frente a frente dos indicadores que pueden evolucionar en direcciones diferentes: el crecimiento de las exportaciones y la distribución interna del ingreso generado por una cadena productiva. Para una política pública orientada al desarrollo regional, el desafío consiste precisamente en lograr que una mayor inserción externa se traduzca en mejores condiciones para productores, trabajadores y comunidades vinculadas a la actividad.

“Los mejores años” y el reclamo que incomoda al Gobierno

La conversación también puso a prueba uno de los principales argumentos del Gobierno nacional: que la estabilización macroeconómica terminará dando paso a una etapa de crecimiento más extendido.

Frente al señalamiento de que el discurso sobre “los mejores años” de la economía lleva tiempo sin reflejarse en la vida cotidiana, Santilli reconoció que la recuperación todavía no alcanzó de manera homogénea a todos los sectores. “Hay sectores que están padeciendo, sí, es verdad”, admitió.

El jefe de Gabinete defendió, al mismo tiempo, el rumbo económico y sostuvo que la Argentina se encuentra en una transición desde una economía que, según su diagnóstico, destruía valor hacia otra que busca fortalecer los sectores productivos.

En su explicación apeló a la magnitud de la crisis heredada y recordó los niveles de pobreza e indigencia registrados al comienzo de la gestión de Javier Milei. Pero la respuesta más significativa llegó cuando se le planteó por qué el costo del proceso parece recaer todavía sobre las pequeñas empresas, los trabajadores y los hogares mientras la recuperación macroeconómica no termina de derramarse sobre el consumo.

“Yo creo que va a llegar”, respondió Santilli, y ubicó la transformación argentina dentro de un horizonte de entre tres y siete años al comparar con procesos de cambios estructurales atravesados por otros países.

El problema político de esa respuesta es evidente: el horizonte macroeconómico no necesariamente coincide con el horizonte social de una familia que no llega a fin de mes, de un comercio que perdió ventas o de un trabajador que quedó fuera del mercado laboral. La estabilización puede ser condición necesaria para el crecimiento, pero no constituye por sí sola una garantía de recuperación distributiva.

“Venimos de una película de terror”, la metáfora con la que Santilli defendió el rumbo

La entrevista terminó concentrando buena parte de la discusión que atravesará la Asamblea del Norte Grande. Ante el planteo sobre los misioneros que enfrentan dificultades para pagar la luz, sostener el consumo o conseguir trabajo, Santilli eligió reivindicar el esfuerzo social y pidió evitar una lectura exclusivamente pesimista.

“Primero, agradecerle por el esfuerzo que viene haciendo el misionero y el argentino”, afirmó. Luego reconoció que “llevamos dos años y no es fácil”, aunque insistió en que el cambio estructural todavía debe alcanzar a los sectores que permanecen rezagados.

La definición más gráfica llegó al final: “Venís de una película de terror y está cambiando esa película”.

El desafío para el Gobierno nacional es convertir esa metáfora política en resultados verificables. Para Misiones, la Asamblea representa una oportunidad para medir esa promesa en variables concretas: tarifas energéticas compatibles con la realidad climática regional, rutas que reduzcan costos logísticos, respuestas para las cadenas productivas y políticas capaces de transformar el crecimiento exportador en empleo e ingresos.

La reunión del Norte Grande, en ese sentido, no será sólo una fotografía institucional de gobernadores. Será una instancia para determinar cuánto de la agenda federal puede convertirse en decisiones concretas y, especialmente, si el proceso de recuperación que defiende la Casa Rosada comienza finalmente a llegar a aquellos sectores que Santilli reconoce que todavía están esperando.

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Crisis en la yerbatera de Puerta: despidos, salarios atrasados y menor actividad

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La crisis de la cadena yerbatera de Misiones comienza a trasladarse con mayor intensidad desde las chacras hacia las plantas industriales y el empleo. En San José, Yerbatera Misiones SRL, vinculada a la familia del exgobernador Ramón Puerta, concretó ocho despidos sobre una plantilla de 35 trabajadores y atraviesa dificultades financieras que afectan el pago de salarios, aguinaldos y la compra de materia prima.

La situación adquiere una dimensión mayor por el lugar que ocupa la planta dentro de la cadena de valor según informa el sitio iProfesional. La empresa realiza tareas de secado, canchado y empaque a fasón para grandes compañías y, según la información aportada por fuentes sindicales, desde sus instalaciones se procesan productos de Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, dos marcas de fuerte presencia en el mercado argentino.

El ajuste laboral podría profundizarse. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sostienen que la empresa proyectaría reducir su dotación hasta unos 15 trabajadores. De concretarse, significaría una reducción de casi el 60% de los puestos directos actuales y convertiría a la planta en uno de los focos más visibles del deterioro que atraviesa la industria yerbatera.

El problema no se limita a los despidos. El atraso en la liquidación de sueldos y aguinaldos se combina con una severa restricción de liquidez que habría interrumpido la adquisición de hoja verde a productores de la zona. “Hoy la fábrica está paralizada porque no hay hoja verde para procesar”, señalaron voceros sindicales.

La falta de materia prima constituye, en este contexto, una consecuencia directa de una crisis que atraviesa distintos eslabones simultáneamente. Cuando el productor no encuentra un precio que permita cubrir sus costos, el secadero pierde volumen, la industria reduce su actividad y la menor producción termina impactando sobre el empleo. La dificultad de una planta industrial deja así de ser un problema exclusivamente empresarial y pasa a comprometer el funcionamiento de una cadena productiva regional.

El cambio regulatorio y el nuevo escenario para la cadena yerbatera

El trasfondo se encuentra en la transformación del esquema de regulación del mercado yerbatero. Los cambios impulsados por el Gobierno nacional redujeron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), incluyendo la capacidad de establecer precios de referencia para la hoja verde y la materia prima canchada.

En el nuevo escenario, los productores quedaron expuestos a una mayor presión negociadora de los compradores. La caída de los valores pagados por la materia prima, combinada con costos productivos elevados, redujo el margen disponible en las chacras y tensionó progresivamente la relación entre productores, secaderos y molinos.

El problema se trasladó también al funcionamiento del propio sistema de fiscalización. Los cambios en la estructura del INYM y la reducción de personal vinculada a las tareas de control agregaron otro elemento de incertidumbre para una actividad cuya cadena requiere seguimiento sobre volúmenes, origen y condiciones comerciales.

La advertencia de la Provincia apunta precisamente a ese efecto dominó. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, señaló que sin un piso de referencia para la hoja verde “el pequeño productor no puede cosechar y los secaderos se quedan sin volumen de procesamiento”.

La ecuación industrial se vuelve todavía más compleja cuando se incorporan los costos energéticos y financieros. Las plantas yerbateras necesitan electricidad para sostener procesos de secado, molienda, transporte interno y empaque. Con tarifas más elevadas y dificultades para acceder a crédito a tasas razonables, una empresa con menor volumen de ventas tiene menos margen para absorber aumentos de costos fijos.

A esa presión se suma la evolución de la demanda. El consumo de yerba mate atraviesa un período de debilidad y las empresas de distribución habrían extendido los plazos de pago hacia las industrias, llevando operaciones a períodos de 90 y 120 días. Para una planta con problemas de liquidez, esa extensión transforma una caída comercial en un problema financiero.

De la crisis de precios al riesgo de concentración

El caso de Yerbatera Misiones SRL expone una de las principales consecuencias potenciales del actual escenario: la posibilidad de que la crisis termine acelerando la concentración de la actividad industrial.

Una industria con menor capacidad financiera enfrenta dificultades para comprar materia prima, sostener el empleo, financiar capital de trabajo y afrontar costos energéticos mientras espera el cobro de sus ventas. Si esa combinación persiste, las empresas de menor escala pierden capacidad para competir y aumenta la posibilidad de que el procesamiento quede progresivamente concentrado en actores con mayor espalda financiera.

La señal es especialmente relevante para Misiones porque la yerba mate no constituye solamente una actividad agropecuaria. Es una cadena territorial que articula productores, secaderos, molinos, transportistas, trabajadores industriales, comercios y proveedores de servicios. Una interrupción en un eslabón puede multiplicar sus efectos sobre los demás.

Por eso, el desafío de corto plazo no pasa solamente por evitar nuevos despidos en una planta determinada. La discusión de fondo es cómo preservar el entramado productivo mientras se atraviesa una etapa de menor consumo, precios deprimidos de la materia prima, costos industriales elevados y restricciones financieras.

La respuesta, en términos de política productiva, requiere actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: recuperar previsibilidad en la relación entre productores e industria, facilitar capital de trabajo para las empresas, reducir el impacto de los costos críticos y sostener mecanismos eficaces de fiscalización. La eventual declaración de emergencia en las zonas más afectadas o medidas de alivio fiscal que evalúa la Provincia aparecen dentro de ese debate.

El caso de San José funciona así como una señal de alerta para toda la cadena. Los ocho despidos ya concretados son el dato inmediato, pero el riesgo mayor está en que la crisis deje de ser un episodio puntual y se convierta en una dinámica de cierre de plantas, pérdida de empleo y concentración industrial.

En una economía regional donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la yerba mate, sostener la actividad no implica únicamente preservar empresas. Significa evitar que el deterioro de un precio en origen termine transformándose, varios eslabones después, en menos trabajo, menor capacidad industrial y una estructura productiva más concentrada y vulnerable.

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Los números de agosto

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Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso. 

La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario. 

La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.

No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

Fotos gentileza Marcos Otaño.
Foto gentileza Marcos Otaño.

Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa. 

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.

“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.

En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.

“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.

Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor. 

El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco. 

Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición. 

Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.

Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos

No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.

Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera. 

El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado. 

Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.

Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.

Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema. 

Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.

Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo. 

La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo. 

El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes. 

Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes. 

Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.

La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones. 

La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país. 

Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.

El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.

Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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El Obispo Martínez respaldó el reclamo yerbatero y recordó que: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve”

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La crisis de la producción yerbatera sumó un nuevo actor institucional de peso. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, recibió este miércoles a representantes de productores, tareferos y organizaciones civiles de Misiones, quienes expusieron el profundo deterioro económico y social que atraviesa la actividad. Tras el encuentro, el titular de la Diócesis de Posadas advirtió que la provincia enfrenta una situación de emergencia y sostuvo que “todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

La reunión fue solicitada por las entidades que representan a miles de familias vinculadas a la producción de yerba mate. Para el obispo, el principal objetivo fue escuchar de manera directa una realidad que ya conoce a partir de sus recorridas pastorales por toda la provincia, pero que esta vez llegó con el respaldo de organizaciones que expresan la problemática de pequeños productores y trabajadores rurales.

Martínez diferenció la realidad del sector yerbatero misionero de otros conflictos agropecuarios del país. Remarcó que en Misiones predominan los pequeños productores y los tareferos, familias que dependen exclusivamente de la actividad para subsistir y que hoy enfrentan un escenario de extrema vulnerabilidad.

“Acá no estamos hablando de grandes terratenientes ni de grandes capitalistas. Estamos hablando de pequeños productores y tareferos que padecen circuitos de injusticia y que hoy, según ellos mismos manifestaron, ya no pueden sobrevivir”, afirmó.

El obispo explicó que la crisis trasciende al sector primario y termina afectando a toda la economía de los pueblos del interior. Cuando el ingreso de quienes producen y cosechan yerba desaparece, también se resiente el consumo, caen las ventas en los comercios y se deteriora la actividad económica local.

“Esa depresión económica alcanza al supermercado, al almacén, al comerciante, a las fuentes de trabajo. Es un problema social que impacta sobre toda la comunidad”, describió.

Durante la reunión surgió además la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001.

El obispo consideró que aquel antecedente demuestra que el diálogo institucional puede contribuir a ordenar situaciones complejas cuando los sectores afectados logran expresar sus demandas de manera organizada.

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a que las políticas públicas contemplen especialmente a los sectores más vulnerables y recordó que el desarrollo económico solo resulta sostenible cuando incorpora inclusión social.

Frente a las familias que hoy atraviesan la crisis productiva, Martínez dejó un mensaje de esperanza, pero también de organización comunitaria.

“Nunca hay que bajar los brazos. En los momentos difíciles es fundamental mantenerse unidos, organizarse y sostener la esperanza”, expresó.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

“Tenemos que defender nuestros minerales, el litio, el acuífero y todos aquellos recursos que forman parte del patrimonio nacional. Si no existe un discernimiento adecuado, podemos terminar entregando riquezas que condicionarán el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

Para el obispo, la actual crisis yerbatera también debe interpretarse como una oportunidad para fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, los sectores productivos y las organizaciones sociales. Consideró que las soluciones no surgirán únicamente desde los indicadores macroeconómicos, sino de la capacidad de construir consensos que permitan sostener el empleo, preservar la producción y evitar que miles de familias rurales continúen profundizando su situación de vulnerabilidad.

El respaldo de la Iglesia Católica al reclamo de productores y tareferos incorpora una nueva dimensión institucional a un conflicto que ya dejó de ser exclusivamente económico. La preocupación expresada por la Diócesis de Posadas refleja que la crisis de la yerba mate impacta sobre el tejido social de Misiones y plantea el desafío de encontrar respuestas antes de que las consecuencias sean aún más profundas.

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