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Yerba mate: cooperativas sostienen precios, pero advierten que el mercado “aplasta” al productor

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En pleno inicio de zafra y con el precio de la hoja verde en caída, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP), Gustavo Hein, puso en evidencia el límite estructural del sistema cooperativo frente al nuevo escenario de mercado: aun sosteniendo mejores valores para sus socios, la competencia con operadores que compran más barato termina “aplastando” los precios.

El dato central es contundente: mientras el costo de producción ronda los 465 pesos (dato brindado por el INYM en septiembre de 2025), el mercado paga entre 210 y 250 pesos, con plazos de hasta 120 días. La tensión queda planteada: ¿puede el cooperativismo resistir en un esquema donde el precio lo fija el eslabón con mayor poder de compra?

El cooperativismo como amortiguador: hasta dónde alcanza

El planteo que Hein brindó a Economis no se limita a una queja coyuntural. Expone una dinámica que atraviesa a toda la cadena yerbatera. Las cooperativas, explicó, intentan trasladar la mayor cantidad de beneficios al productor, evitando intermediación y sosteniendo valores más altos para sus socios. Así quedó observado en los precios que pagan Las Tunas o la cooperativa que produce la marca Piporé que marcan los precios más elevados de la región entre 380 y 450

Ese esquema, que históricamente funcionó como regulador informal del mercado, hoy muestra fisuras. La razón es simple: “cuando otros actores acceden a materia prima más barata, logran competir con ventaja en la góndola”. Esa diferencia termina presionando a la baja los precios generales, explicó Hein.

El mecanismo es progresivo. “Primero cae el precio de referencia. Luego se reduce la capacidad de las cooperativas para sostener valores diferenciales. Finalmente, aparece la pérdida de mercado”.

Costos, precios y ecuación inviable

Los números que describe el sector muestran una brecha crítica. El último costo de producción sin rentabilidad se ubicaba en torno a los 465 pesos por kilo de hoja verde. A ese valor debería sumarse entre un 25% y un 30% de margen para alcanzar un precio sustentable, cercano a los 700 pesos.

Sin embargo, el mercado opera muy por debajo. En términos generales, los productores reciben entre 210 y 250 pesos. En algunos casos, incluso menos. Esto también se observa en la comercialización de yerba canchada que es otra opción que usan algunas cooperativas o pequeños molinos, allí el valor de comercialización oscila en los 800 pesos por kilo de canchada, cuando el valor no debería ser inferior a los 1440 pesos.

El problema no es solo el precio, sino la estructura de costos. Para producir un kilo de yerba canchada se requieren tres kilos de hoja verde, a lo que se suman los costos de secanza. Con valores deprimidos en origen, la ecuación se vuelve directamente inviable.

A eso se agrega otro factor crítico: los plazos de pago. La extensión a 120 días traslada la carga financiera al productor, que debe sostener costos sin ingresos inmediatos.

Gustavo Hein, presidente de Fedecoop

Competencia desigual y pérdida de referencia

El análisis de Hein introduce un concepto clave: la competencia desleal dentro del propio mercado. No se trata solo de diferencias de eficiencia, sino de estructuras de compra que permiten acceder a materia prima a valores más bajos.

Ese diferencial se traslada a la comercialización. Quien compra más barato puede vender más barato. Y quien intenta sostener precios más altos pierde competitividad (o mercados).

El efecto es sistémico. Las cooperativas, aun con voluntad de sostener precios justos, quedan atrapadas en una lógica de mercado que no controlan. El resultado es una pérdida progresiva de referencia en los valores.

Un modelo en tensión y un debate abierto

La situación del cooperativismo yerbatero refleja una discusión más amplia sobre el funcionamiento del mercado en las economías regionales. Sin herramientas de regulación, el precio se define por la capacidad de compra, no por los costos de producción.

En ese contexto, el sistema cooperativo intenta sostener un equilibrio que se vuelve cada vez más frágil. La zafra en curso será una prueba concreta de hasta dónde puede resistir ese modelo.

Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables: la evolución de los precios en plena cosecha y la capacidad del sector para sostener estrategias colectivas frente a la presión del mercado.

El interrogante no es solo económico. También es político: si el precio deja de ser una variable acordada y pasa a ser una imposición de mercado, el rol de cada actor dentro de la cadena vuelve a quedar en discusión.

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El INYM rechazó sugerir un precio de referencia y profundiza la tensión en la cadena yerbatera

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El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió rechazar la posibilidad de sugerir un precio de referencia para la hoja verde, en una decisión que vuelve a exponer la fractura interna del sector y profundiza la incertidumbre de cara a la zafra 2026.

Según fuentes oficiales, el rechazo al precio sugerido se sustentó en un dictamen técnico que consideró que la implementación de valores orientativos “va en contra del Decreto 812 del Gobierno nacional”, al entender que “distorsiona el mercado y afecta la competencia del sector privado”. La postura fue respaldada por la presidencia del organismo, en manos del libertario Rodrigo Correa, la representación de Corrientes y la mayoría de los sectores industriales, secaderos y cooperativas.

En la votación, dos representantes del sector productivo y el director por Misiones, Ricardo Maciel, se pronunciaron a favor de avanzar con una referencia de precios, mientras que un representante productivo y la UATRE optaron por la abstención. La correlación de fuerzas dejó sin efecto la iniciativa, en un escenario donde la pérdida de facultades regulatorias del INYM ya había debilitado su capacidad de intervención.

El documento sostiene que no resulta jurídicamente factible que el Instituto publique un precio de referencia, ya que cualquier señal institucional en ese sentido sería considerada una intervención en el mercado.

El argumento central se apoya en la modificación del marco normativo tras la desregulación. En particular, el dictamen cita el artículo 8° del Decreto 1240/2002 —modificado por el Decreto 812/2025—, que prohíbe expresamente al INYM “dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”.

Pero el punto más sensible es otro: el dictamen advierte que incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado. En un sector caracterizado como oligopsónico -como sostiene Misiones-, esa referencia institucional podría derivar en una coordinación indirecta de precios entre actores privados, lo que chocaría con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

En ese marco, la asesoría legal fue contundente: publicar un precio, bajo cualquier denominación, podría interpretarse como una práctica restrictiva equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”.

El dictamen se apoya en el cambio de rol del INYM. Tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores.

Esto implica que cualquier intento de reconstruir mecanismos de referencia -aunque sean informativos- podría exceder las funciones actuales del Instituto.

Otro de los argumentos del dictamen apunta a desarmar la comparación con otros mercados. Según el texto, las referencias de precios en granos o hacienda (como las de la Bolsa de Comercio o mercados ganaderos) no son fijaciones institucionales, sino simples publicaciones de operaciones ya realizadas entre privados.

En cambio, si el INYM difundiera un precio, aun como promedio o referencia, estaría emitiendo una señal institucional con capacidad de influir en la formación de precios, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

El dictamen también advierte sobre las consecuencias de avanzar en ese camino:

  • Posibles sanciones por violación de la Ley de Defensa de la Competencia
  • Riesgo de impugnación y nulidad del acto administrativo
  • Eventuales observaciones de la Secretaría de Agricultura de la Nación, bajo cuya órbita funciona el INYM

Incluso la publicación de costos de producción es puesta en discusión. El dictamen señala que determinar un único costo promedio podría distorsionar el mercado, ya que no refleja la heterogeneidad productiva del sector (tecnología, escala, logística, mano de obra).

La posición de Misiones

Hace apenas un mes, Maciel había formalizado el planteo mediante una nota dirigida al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, en la que solicitaba avanzar en la construcción de una “pizarra” de precios para la hoja verde y la yerba canchada antes del inicio de la cosecha.

El documento, fechado el 12 de febrero en Posadas, partía de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del mercado tras la desregulación. Allí, el funcionario reconocía que el INYM ya no cuenta con herramientas para fijar precios obligatorios, pero advertía sobre las consecuencias que esa pérdida tuvo en las últimas campañas.

“No hace falta redundar en la pérdida de facultades para fijar precios, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que esa decisión generó en el sector productivo primario”, señalaba.

El eje central del planteo de Misiones giró en torno a la estructura del negocio yerbatero, caracterizada como un mercado “oligopsónico”, donde pocos compradores concentran la demanda y tienen capacidad para incidir en los valores que perciben los productores.

La advertencia apuntaba a una asimetría estructural: unos 12.500 productores frente a un número reducido de molinos. En ese contexto, sin precios de referencia ni herramientas regulatorias, el eslabón primario queda sujeto a negociaciones individuales, con fuerte dispersión de valores.

“El libre mercado no existe o es injusto en este escenario”, sostenía el documento, al tiempo que reclamaba información oficial que contemple costos de mano de obra, energía, combustibles y fertilizantes, además de un margen mínimo de rentabilidad.

La discusión no es teórica. Hoy el mercado está pagando alrededor de 220 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo de los costos estimados por el sector productivo y lo que empiezan a pagar a sus asociados las cooperativas, como Las Tunas -380 pesos- o Piporé -450-.

Distintos trabajos técnicos indican que el costo de producción para un yerbal de alto rendimiento ronda los 391,2 pesos por kilo. Si se incorpora una rentabilidad mínima del 30%, el precio debería ubicarse en torno a los 508,56 pesos.

La brecha es significativa y, según advierten los productores, se amplifica en explotaciones de menor escala, donde los costos son aún más elevados por menor productividad.

Un conflicto que excede lo productivo

El planteo de Maciel introducía una definición que atraviesa el actual conflicto: “La yerba mate no está en crisis; lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

La negativa del INYM a establecer siquiera una referencia de precios deja al descubierto el cambio de paradigma tras la desregulación nacional: de un esquema con intervención estatal a uno donde predomina la lógica de mercado, en un sector históricamente regulado.

Mientras la industria sostiene que el mercado debe autorregularse, el sector productivo y el Gobierno de Misiones insisten en la necesidad de mecanismos que compensen las asimetrías y eviten una mayor concentración.

Con la zafra 2026 a punto de comenzar, la decisión del Directorio implica que la actividad se desarrollará sin precios orientativos oficiales, en un contexto de alta volatilidad y tensión en la cadena.

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El reclamo yerbatero llegó a Kicillof con un planteo de fondo: “territorio o commodity”

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La crisis de la yerba mate dejó de ser un conflicto sectorial para ingresar en la agenda política ampliada. Este 30 de marzo, organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones entregaron al gobernador bonaerense un documento de más de 700 páginas en el que denuncian el impacto de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y advierten sobre una definición de fondo: “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”. La movida no es menor. ¿Se trata de un intento por reconfigurar alianzas frente a un cambio de reglas o de instalar una agenda federal en disputa?

El INYM en el centro de la discusión institucional

El documento plantea como eje la pérdida de herramientas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Según los productores, esa desregulación “alteró de manera sustancial el equilibrio” del sector, eliminando mecanismos de regulación que impactaban directamente en la formación de precios.

La consecuencia, describen, es concreta: una caída abrupta del valor de la materia prima que no cubre costos básicos de producción. En términos políticos, el diagnóstico apunta a una “transferencia regresiva de ingresos” hacia los sectores más concentrados de la cadena, con un correlato directo en la descapitalización del productor primario.

El planteo también incluye una advertencia institucional: el “progresivo desmantelamiento” del INYM reduce la capacidad del Estado para regular, controlar calidad y sostener políticas públicas. Traducido al terreno real, implica menos herramientas para intervenir en un mercado que históricamente requirió equilibrio entre actores de distinto peso.

El documento no se limita a un reclamo coyuntural. Propone una lectura estructural del conflicto. Por un lado, identifica un modelo de agronegocio orientado a la escala, la estandarización y la maximización de rentabilidad, con uso intensivo de tecnología y tendencia a la homogeneización del producto. Por otro, reivindica el esquema histórico de Misiones: agricultura familiar, cooperativismo, arraigo territorial y diversificación.

Esa contraposición redefine el conflicto. Ya no se trata solo de precios o rentabilidad, sino de qué tipo de economía regional se sostiene. En esa línea, los productores advierten que la yerba mate no es un cultivo más: su origen vinculado a la especie Ilex paraguariensis en una región específica le otorga una ventaja geoeconómica que podría diluirse si se avanza hacia una lógica global estandarizada.

El planteo expuesto ante el gobernador bonaerense también tiene implicancias en la correlación de fuerzas dentro de la cadena yerbatera. Según el documento, la actual dinámica favorece procesos de concentración económica, mientras pone en riesgo la continuidad de miles de unidades productivas.

En ese esquema, los productores y sus organizaciones buscan reposicionar el debate en términos de política pública. Reclaman recuperar facultades regulatorias, fortalecer cooperativas y promover marcas con valor agregado en origen. El objetivo es disputar no solo precios, sino reglas de juego.

El hecho de canalizar el reclamo a través de la Confederación General de la Producción (CGP) y en un ámbito político fuera de Misiones sugiere una estrategia: ampliar el conflicto más allá del territorio y vincularlo con la agenda nacional de economías regionales.

Una disputa que excede al sector

La definición que proponen los productores es explícita: “no es meramente económica, sino profundamente política”. En ese marco, la yerba mate aparece como un caso testigo de un debate más amplio sobre el rol del Estado, la regulación de mercados y el lugar de las economías regionales en el modelo de desarrollo.

El documento también incorpora una dimensión estratégica: la yerba como recurso con valor científico, nutricional y cultural, cuya defensa se vincula con la soberanía alimentaria. Esa ampliación del argumento busca reforzar el carácter estructural del reclamo.

Presentación Problema Yerbatero by CristianMilciades

Entre la regulación y el mercado

El planteo deja abiertos varios interrogantes. ¿Habrá margen para recomponer herramientas del INYM en el actual contexto normativo? ¿Se consolidará un esquema más concentrado o habrá espacio para reequilibrar la cadena? ¿Qué rol jugarán las provincias y las organizaciones en esa disputa?

Por ahora, el movimiento de los productores marca un intento de reposicionar el conflicto en la agenda política nacional. El resultado dependerá de cómo evolucione la relación entre regulación y mercado en un sector donde, más que un producto, se discute un modelo.

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Yerba: en febrero hubo caídas en el mercado interno y una desaceleración externa

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Mientras el debate de fondo sigue siendo el precio de la materia prima, la cadena yerbatera muestra señales mixtas en el inicio de 2026. La cosecha de hoja verde comienza a tomar ritmo, pero los despachos al mercado interno y las exportaciones evidencian una desaceleración que impacta en el balance general del sector y que contrastan con el cierre del año pasado.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en febrero se cosecharon 18.126.439 kilos de hoja verde, lo que representa un incremento del 10,35% respecto a enero y una suba del 8,79% interanual. Este crecimiento en la materia prima confirma un buen arranque de la zafra en términos productivos, a pesar de la fuerte disputa por el precio de la hoja verde, que en promedio no supera los 220 pesos, aunque aparecen algunas señales que ubican los nuevos valores entre 380 y 450 pesos.

Sin embargo, el desempeño comercial no acompaña esa dinámica. La salida de molinos alcanzó los 19.261.816 kilos en febrero, con una caída del 10% mensual y del 9% en comparación interanual, lo que refleja un menor ritmo de colocación tanto en el mercado interno como en los canales de distribución, lo que avala el argumento de la industria de no tener rentabilidad para aumentar el precio de la materia prima.

El dato más llamativo aparece en el frente externo. Las exportaciones totalizaron 2.725.681 kilos, con una fuerte contracción del 23,72% mensual y del 30% interanual, marcando un retroceso significativo en uno de los motores clave del negocio yerbatero, que el año había cerrado con un récord. El primer bimestre sumó 6,3 millones de kilos, apenas por debajo del mismo período del año pasado.

Un bimestre en retroceso

En el acumulado de enero y febrero, la yerba mate alcanzó 46.961.725 kilos, frente a los 48.020.466 kilos del mismo período del año anterior, lo que implica una caída del 2,2%.

Dentro de ese total, el mercado interno absorbió 40.662.630 kilos, mientras que las exportaciones sumaron 6.299.094 kilos.

El INYM destaca que este indicador incluye tanto los envíos a centros de distribución como las compras de mayoristas y supermercados, por lo que funciona como un termómetro directo del consumo

En paralelo, el ingreso de hoja verde a secaderos durante el primer bimestre alcanzó 34.552.751 kilos, consolidando el aumento en la oferta primaria. Este desfasaje entre mayor producción y menor salida comercial podría generar tensiones en los precios de la materia prima en el corto plazo, en un contexto donde ya existe discusión abierta entre industria y productores.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, no se registran cambios relevantes. Los paquetes de medio kilo concentran el 54,04% de las ventas en el mercado interno, seguidos por los de un kilo con el 41,08%. Entre ambos formatos explican el 95,13% del total, confirmando la estabilidad estructural del consumo.

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El acopio yerbatero comienza con precios más bajos que hace dos años y menos demanda industrial

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La zafra gruesa de yerba mate en Misiones vuelve a arrancar con señales de alarma. Este año, incluso antes de comenzar formalmente, el proceso ya muestra signos de parálisis: varias de las principales industrias del sector anticiparon que no iniciarán el acopio en abril, en un escenario atravesado por la falta de precios de referencia y condiciones productivas que aún no acompañan.

La Cooperativa Flor de Jardín, de Jardín América, puso sobre la mesa una grilla de precios que refleja la dispersión actual del mercado: ofrece $240 por kilo de hoja verde con pago a 120 días, una alternativa mixta de $230 (con $100 al contado y el saldo diferido a 120 días) y un valor de $210 totalmente al contado. La propuesta, además, contempla descuentos adicionales -como costos de cosecha y eventuales penalizaciones por falta de certificaciones-, lo que en la práctica reduce aún más el ingreso efectivo del productor y profundiza las dificultades para alcanzar un precio de equilibrio en la cadena.

El comunicado de la Flor de Jardín refleja ese intento de ordenar un mercado que, en la práctica, funciona sin brújula. Allí se fijan valores escalonados según modalidad de pago, pero que no logran traducirse en acuerdos generalizados. La consecuencia es directa: la zafra no arranca o lo hace a cuentagotas.

“Yerba con mucha semilla aún, por lo que con seguridad no vamos a iniciar el acopio antes del 15 de abril”, explicó un ejecutivo del sector, dejando en claro que el retraso no responde únicamente a una cuestión económica, sino también agronómica. Sin embargo, el trasfondo del problema es otro: la dificultad para encontrar un precio que cierre en toda la cadena.

Hoy, los valores que comienzan a circular -entre $210 y $240 por kilo de hoja verde, según condiciones de pago- no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras. La frase resume con crudeza el momento: no hay precio de equilibrio.

El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, todavía lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.

Ahora, en 2026, no solo hay una baja nominal de precios -que en términos reales es aún más profunda- sino también una novedad más preocupante: parte de la industria directamente decide no comprar.

Ese freno tiene implicancias inmediatas. Para los productores, significa postergar ingresos en un contexto de costos crecientes. Para los tareferos, implica un retraso en el inicio del empleo estacional. Para la industria, suma incertidumbre en la planificación productiva. Y para el mercado en general, abre interrogantes sobre el abastecimiento y la evolución de los precios en los próximos meses.

El punto de fondo sigue siendo la desregulación del sector. Sin un precio de referencia oficial, el sistema quedó librado a negociaciones directas entre actores con distinto poder de mercado. En ese marco, la falta de acuerdos en un momento clave como el inicio de la zafra expone las tensiones de un modelo que todavía no logra encontrar un nuevo equilibrio.

Así, la cosecha 2026 de yerba mate no solo empieza más tarde: arranca con un nivel de incertidumbre que atraviesa a toda la cadena y que vuelve a poner en debate la sostenibilidad del esquema actual.

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