crisis yerbatera

Decisiones trascendentales

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No fue un discurso más. Había una enorme expectativa por sus palabras, por el tono político y las miradas externas e internas. No defraudó ese interés. El mensaje del gobernador Hugo Passalacqua marcó un cambio de época en una de las políticas centrales: la rigurosidad fiscal. Instaurado en 2007, el pago a cuenta en los controles fiscales había sido un pilar que marcó a Misiones, para bien, en cuanto al control recaudatorio y para mal, en cuanto a las quejas empresarias y opositoras. En rigor, nunca se trató de una “Aduana Paralela”, sino de un pago a cuenta que obligó a exteriorizar la mercadería que compraban o pretendían ingresar. Un dedo en la llaga para muchos. 

El problema dejará de ser un tema de discusión, tras la decisión tomada por el Gobernador de que se levanten los controles ruteros. “Aclaro: No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, insistió Passalacqua en el pasaje más sorpresivo de su mensaje de Estado ante la Cámara de Diputados. 

El anuncio, que rompe muestra una dinámica que choca con los dogmas, desarticula el andamiaje argumentativo de la oposición y las cámaras empresarias, que cuestionaban el impacto del pago a cuenta, que comenzó a cobrarse en 2007, hace casi 20 años. 

La exclusión, que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta 10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados. Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia. 

Finalmente, se dispone para los nuevos contribuyentes, la exclusión del pago a cuenta desde su alta, a efectos de atraer aún más inversiones legítimas a la provincia.

Además de la relevancia política, la decisión toma otra dimensión porque se toma en medio de una fuerte caída de los recursos federales y de la recaudación propia.

En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de 2026 es la más baja desde el año 2020. Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual. 

Según los datos oficiales, este desequilibrio se profundiza al observar los montos que los misioneros aportan por mes en impuestos nacionales (IVA, ganancias y cheques): cerca de $476.000 millones, de los que sólo retornan $170.000 millones, en concepto de coparticipación. El impacto se acentúa porque, históricamente, la Nación compensaba esa asimetría financiando obras de infraestructura, viviendas y programas de incentivos. Hoy ese escenario cambió. La caída drástica de las transferencias y la paralización de las obras nacionales significan que el Estado nacional concentra en sus arcas los recursos que antes redistribuía. Hoy las provincias son las que deben cubrir esa ausencia. 

El Gobernador venía masticando la reforma fiscal desde hace varias semanas y la preparó como anuncio estelar de su mensaje legislativo. Además del impacto en el discurso opositor, la medida también apunta a demostrar que la caída del consumo y los precios altos poco y nada tienen que ver con la política fiscal de Misiones, sino a decisiones que se toman en Buenos Aires. 

La distancia que tenemos con las políticas implementadas desde Nación, es similar a la distancia geográfica que nos separa de la capital. La gestión política va mucho más allá de lo macroeconómico. Se construye sobre una lectura profunda y constante, conectados cara a cara con la gente que nos marca una agenda propia, alejada de los ruidos y videos virales de redes sociales”, describió Passalacqua.

Y los datos sustentan esa posición. Desde diciembre de 2023, el padrón de Convenio Multilateral en Misiones creció diez por ciento, sumando 4.600 nuevas firmas (entre empresas, PyMEs y unipersonales) que hoy eligen operar en la provincia. Mientras Misiones suma firmas, la tendencia nacional es drásticamente opuesta: en el resto del país, este padrón de contribuyentes cayó en casi 18 mil, detalló Passalacqua. ¿Cómo puede coincidir ese dato con el discurso de que Misiones ahuyenta inversiones?

Passalacqua fue más allá en rebatir los argumentos opositores -libertarios- y exhibió datos que colocan a Misiones lejos de los primeros lugares en la presión fiscal. 

Misiones está en la mitad de la tabla, exactamente en el puesto 13. “Hay 12 provincias que cobran una alícuota superior a nuestro 4,5%. Y la diferencia de fondo es que varias de esas jurisdicciones con impuestos más altos hoy están emitiendo bonos para tapar agujeros financieros o tienen peores calificaciones de riesgo crediticio internacional. Nosotros, con un enorme esfuerzo propio, elegimos el camino del orden, cumpliendo nuestras obligaciones sin hipotecar el futuro”, remarcó. 

La novedad sorprendió en el recinto, donde los diputados parecieron no tomar dimensión del cambio. Incluso, los más acérrimos opositores quedaron en una suerte de offside argumentativo. Otros, como el ex tenista Diego Hartfield optaron por relatar la noticia por las redes sociales desde el confort de su hogar, su lugar elegido para “hacer política”. E ironizar sobre los anuncios. “Sobre el programa Ahora Sepelios prometo no hacer ningún comentario. Solo leeré los vuestros”, se mofó el especialista financiero. 

Los programas Ahora son una herramienta fundamental para sostener el consumo y aliviar a miles de familias misioneras, ante el incesante aumento diario de precios y costos. 

El primero fue el Ahora Pan en 2018, que permite hoy tener el pan más barato de la Argentina, en un acuerdo con las panaderías a cambio de mitigar el costo de la electricidad. Passalacqua anunció varios nuevos capítulos, como el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y el Ahora Sepelios, que permitirá a trabajadores, autónomos o monotributistas, todos los días de la semana, pagar los servicios en hasta 6 cuotas sin interés y con reintegro de hasta el 25% con tarjetas de crédito y otras alternativas de pago. 

Cada uno de los planes impacta en el consumo. En 2025 generaron ventas por 105 mil millones, representando más del diez por ciento del total de ventas minoristas. A la Provincia le cuesta 775 millones de pesos al mes mantener el financiamiento. Pero en una una familia misionera de cuatro integrantes puede representar un ahorro combinado de hasta 273.000 pesos mensuales, equivalente al 23% de su ingreso. “Este ahorro cotidiano es un respiro económico vital para que nuestras familias lleguen a fin de mes en este contexto”, remarcó Passalacqua. 

Llegar a fin de mes es una odisea para millones de argentinos y miles de misioneros. La actividad económica se desploma a diario y el cierre de empresas que no logran “reconvertirse” es abrumador. No es una actividad en particular, sino una realidad transversal a toda la economía. “Nunca… lo que nunca me pasó en la vida, para el mes de junio, ni una sola reserva. Saqué una promoción del 40% con unos precios increíbles. Ayer recién a la noche a última hora ingresaron dos reservas para el 25 de junio al 29. Pero viene horrible la mano, viene horrible la mano”, contó un hotelero de Iguazú, asombrado por la parálisis de la actividad.

En contraste, la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos puede reactivar la actividad. El grupo inversor del hotel Marriot que se construye en Iguazú debe traer todo el sistema antiincendios. Lo iba a importar desde Córdoba, con una inversión de 130 mil dólares. El pago a cuenta le significaba inmovilizar cerca de 10 millones de pesos, que ahora volcará a comprar insumos en Misiones. La operación se hará en julio. 

En el sector industrial también fue bien recibida la noticia. No sólo por la supresión del pago a cuenta, sino por la exención a la salida de productos desde la provincia. Una yerbatera que acumulaba 1.200 millones en retenciones y analizaba mudar su sede a la provincia matriz, ahora revisará sus planes.  

La yerba también tuvo un capítulo en el mensaje de Passalacqua. “Esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico”, sentenció el gobernador. En una respuesta tácita al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el libertario Rodrigo Correa, Passalacqua insistió en que “la crisis SI EXISTE (la mayúscula es del Gobernador) pero no la están pagando todos por igual”.

El mandatario le puso números a la desregulación. “Hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar 505 pesos y ese valor hoy sería $700 por el kilo de hoja verde. El ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía. Es dinero que ya no llega a la despensa, a la carnicería del barrio. La plata que siempre da vueltas, ya no gira porque no hay, deja de llegar, el yerbatero la deja de percibir”, detalló. 

La provincia ya demandó al Estado Nacional para restaurar las facultades del INYM; ahora también lo están haciendo varias asociaciones gremiales yerbateras, con el respaldo provincial. La Justicia federal posadeña, que en primera instancia había intervenido, ahora dilata una definición y, por el contrario, partió la demanda en varias partes, entre Oberá e Iguazú, lo que genera más desasosiego a los productores. 

En las próximas horas habrá nuevas medidas para la yerba mate, en la búsqueda de inclinar la balanza para subir el precio. No serán los 700 pesos, pero habrá herramientas financieras y de gestión apuntadas a secaderos y molinos para elevar el precio de referencia, bastante por encima de los valores actuales.  

Passalacqua abrió y cerró su mensaje con referencias al tiempo político que se vive de cara a las elecciones de 2027. “Misiones se ha consolidado como precursora de una idea que el Santo Padre, el Papa Francisco, supo bautizar como la “Cultura del Encuentro”, comenzó, en velada referencia al Encuentro Misionero lanzado hace unas semanas. “Les aseguro que tengo la fortaleza y la templanza necesarias para navegar estos tiempos difíciles hoy y mañana”, cerró. No hacen falta muchas lecturas subterráneas. El discurso tuvo una enorme carga simbólica, que reveló el estado de situación de la economía y medidas para mejorar lo que se pueda mejorar, con recursos propios. “Todos los logros alcanzados son el mérito del enorme esfuerzo de la gente, de los intendentes que
siempre están y del reflejo de una cohesión y una visión de Estado que se han sostenido en el tiempo. Iniciativas claves que fueron proyectadas bajo la visión del ingeniero Rovira, otras se consolidaron durante la gestión de Closs, y muchas otras han sido impulsadas por el doctor Herrera y sus respectivos equipos de trabajo”, remarcó Passalacqua.

El contraste fue fuerte con lo que sucedió en el Congreso, donde Manuel Adorni tuvo que defender la gestión libertaria. El jefe de Gabinete, acorralado por las denuncias por enriquecimiento acelerado y gastos VIP, repitió el esquema del propio Presidente: sencillamente hacer oídos sordos de los gritos de la realidad. Sobre la yerba, negó una crisis, descartó asistir a los productores y recomendó a los industriales ir a los bancos a financiarse para cubrir la rentabilidad perdida.

Lo más saliente que dejó su paso por el Congreso, además de nuevas revelaciones de la lujosa vida que ostenta junto a su pareja, fue un desliz, o quizás una advertencia: su informe incluyó un minucioso informe sobre los gastos de una tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica. Gastos por 313.000 dólares en menos de un año en consumos que incluyen hoteles de lujo, free shops, peluquerías, discotecas, servicios de playa y compras en tiendas de ropa en distintos países. Los gastos corresponden al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, etapa que coincide casi por completo con la gestión de Demian Reidel al frente de la empresa estatal. Según el documento, la cuenta identificada bajo el número 338402 acumuló consumos que exceden ampliamente los gastos operativos habituales de una misión corporativa y abren interrogantes sobre los mecanismos de control interno. Reidel es uno de los asesores más cercanos, influyentes e íntimos amigos del presidente argentino Javier Milei.

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La Justicia dilata el fallo sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y fragmenta el reclamo yerbatero

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La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.

La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.

Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.

En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.

La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.

Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva

Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.

En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.

La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.

El argumento de fondo: el juez ya había prevenido

La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.

Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.

“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.

En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.

Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.

Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.

Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.

Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.

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Adorni defendió la desregulación yerbatera y descartó auxilio nacional para pequeños productores

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El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.

La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%

“No intervención” y defensa del libre mercado

La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.

“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.

Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.

“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.

La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.

Nación no asistirá a los pequeños productores

Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.

“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.

Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.

La industria deberá financiarse con deuda nueva

Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.

La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.

“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.

La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.

A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.

“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.

Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.

En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.

La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.

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Vicepresidente de Playadito avaló que “el INYM fije precios de referencia” para la yerba

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Orlando Stvass, vicepresidente de la cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, cuya principal marca comercial es Playadito, sorprendió al avalar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera un precio de referencia, aunque no sea obligatoria, medida que fue rechazada por el resto de la industria y por el presidente del organismo, el libertario Rodrigo Correa. La voz de Stvass tiene peso específico: Playadito es hoy la yerba más vendida dentro de la Argentina. El ejecutivo planteó un diagnóstico crítico sobre la situación del mercado yerbatero: “la sobreoferta de materia prima y la debilidad del consumo están presionando a la baja los precios al productor y no se prevén mejoras en el corto plazo”.

En una entrevista radial en La Red Rural, el referente de la firma que comercializa la marca Playadito describió un escenario de cambio abrupto respecto a años anteriores. “Hoy el mercado está sobreofrecido y eso tira todo para atrás”, explicó, al tiempo que vinculó la situación con el aumento de plantaciones en Misiones y Corrientes y una demanda que no logró expandirse al mismo ritmo.

Comparto que el productor está en una situación difícil, pero la realidad de todo esto es que hubo una oferta enorme. En su momento, con el pleno auge que tuvo la yerba, con eso del ‘oro verde’, vinieron muchos inversores a la zona y muchas plantaciones nuevas”, señaló.

“Corrientes y Misiones plantaron cincuenta y cinco mil hectáreas nuevas, toda alta densidad, alta producción, y el mercado está sobreofrecido. Cuando el mercado está sobreofrecido genera esta situación“, apuntó.

La única solución hoy es que haya algún factor climático, que es lo que pasó anteriormente: hubo tres o cuatro años de sequía y eso fue lo que realmente cambió la situación. Ahí el productor tenía todo el poder para defender el precio”, advirtió.

El rol del INYM en un mercado tensionado

Stvass se refirió al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en medio de cuestionamientos de productores por la falta de regulación efectiva.

Según su visión, el organismo “es una herramienta fundamental” para ordenar el sector, aunque señaló que no logró cumplir plenamente su función de promoción y desarrollo del mercado. En particular, planteó que el instituto debe fijar precios de referencia y fortalecer la estadística y el control de producción, pero advirtió sobre las limitaciones de imponer valores en un contexto de exceso de oferta.

“No me metería en el tema de regular precio, porque el Instituto lo que tiene que fijar es un precio de referencia. Ahí es donde está la competencia del productor. No es bueno en ningún lado fijar un precio por ley. Porque si te falta materia prima, se paga sobre el precio que fija el Instituto. Y cuando sobra materia prima, hay todo un artilugio para no pagar ese precio. El Instituto tiene que cumplir sus funciones: marcar un precio de referencia, hacer la estadística, la promoción, el desarrollo y el control de producción”, describió.

El planteo introduce una tensión con el resto de la industria y la política económica del presidente Javier Milei, que a través del DNU 70/23 le quitó al INYM todas las facultades de regulación de precios y de producción.

Decime qué herramienta puede tener el gobierno nacional o provincial para solucionar un tema de sobreoferta. Nos gustaría que la soja valga 600 dólares, que el maíz valga 300 o 400 dólares, pero cuando tenés un commodity, el mercado te marca el piso y el techo. Yo entiendo a todos los productores, yo soy productor también y a mí me gustaría que la yerba valga por lo menos lo que cubra los costos de producción hoy, pero no se está dando por la sobreoferta”.

El eje del problema, de acuerdo al diagnóstico, es el incremento de la producción. Stvass indicó que se incorporaron unas 55.000 hectáreas nuevas en la región, lo que derivó en un excedente de materia prima.

Ese cambio de escenario generó: dificultades para absorber toda la cosecha (parte no se levantó el año pasado y ahora está sucediendo lo mismo en Misiones), presión a la baja sobre el precio pagado al productor y reducción de márgenes en toda la cadena.

En paralelo, la industria ajustó su estrategia. Según lo informado, se aplicaron bajas de entre 20% y 25% en precios de góndola en años recientes y se redujeron márgenes operativos para sostener la comercialización.

El consumo interno, sin embargo, “no bajó”, aunque se registró una absorción de stocks acumulados en mayoristas y supermercados, lo que también impactó en la dinámica del mercado.

Productores presionan, pero el mercado fija límites

El conflicto expone una puja interna dentro de la cadena yerbatera. Por un lado, productores -especialmente los no integrados- reclaman mejores precios. Por otro, las cooperativas y la industria advierten que el margen de maniobra es limitado.

Stvass, en su doble rol de productor e industrial, reconoció la situación social del sector, pero sostuvo que el problema excede la capacidad de intervención directa. “Cuando hay sobreoferta, el mercado marca el piso y el techo”, planteó.

El escenario descrito combina varios factores económicos: caída del precio de la materia prima. Incremento de costos operativos (energía, impuestos). Endeudamiento elevado en la industria.

Según el dirigente, gran parte de las industrias del sector enfrenta niveles altos de deuda, en un contexto donde anteriormente debían pagar precios elevados por la hoja verde para asegurar abastecimiento. “El productor tenía todo el poder y no te entregaba la materia prima si no pagabas de contado. “Después cambió la política nacional, se cortó la expectativa de suba permanente y los mayoristas empezaron a consumir el sobrestock que tenían. Eso generó una contracción de todo el mercado”, precisó.

Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%. Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%

A esto se suma el impacto impositivo. Entre las medidas sugeridas, mencionó la necesidad de revisar tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, además de avanzar en un fondo anticíclico para amortiguar crisis de sobreproducción.

Presión directa sobre Misiones y Corrientes

El núcleo del problema se concentra en Misiones y Corrientes, donde se expandió la superficie cultivada. La sobreoferta impacta de manera directa en las economías regionales, especialmente en pequeños productores que no están integrados a estructuras cooperativas o industriales.

En ese contexto, las cooperativas aparecen como actores con mayor capacidad de amortiguar la crisis, al capturar valor en toda la cadena productiva.

El corto plazo aparece condicionado por factores que no dependen exclusivamente de decisiones internas del sector. Stvass señaló dos posibles vías de ajuste: un evento climático que reduzca la producción, como ocurrió en años de sequía, o la apertura o consolidación de nuevos mercados de exportación.

También dejó abierta la necesidad de intervención estatal, aunque con herramientas indirectas, como alivio fiscal o instrumentos financieros.

Mientras tanto, el sector transita un período de reacomodamiento, con reuniones entre actores para sostener a los productores más afectados y evitar una salida masiva del sistema.

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Correa niega una crisis en la yerba y defiende la desregulación: “Hay un cambio de modelo”

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En medio de un escenario de protestas, reclamos por precios y advertencias de una “crisis terminal” en el sector yerbatero, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, trazó una lectura diametralmente distinta: negó que se trate de una crisis estructural y sostuvo que la actividad atraviesa una transición derivada de la desregulación.

“Hay un cambio de modelo (…) la desregulación trajo buenas noticias, como por ejemplo, el frente exportadores creció, tuvo récord, el consumo interno se estabilizó (…) pero hay variables que se están corrigiendo”, señaló en una entrevista concedida a Radio Rivadavia. Sin embargo, los datos no convalidan esa tesis. Si bien hubo un récord de exportaciones, el consumo interno está por debajo de 2023, el último año con el mercado regulado, que cerró con 285.430.373 de kilos, el volumen más alto de la historia. El año pasado se vendieron en el mercado interno 266 millones de kilos. 

Lejos de convalidar el diagnóstico de los productores, Correa encuadró el momento actual como un proceso de ajuste tras años de intervención estatal.

El funcionario apuntó directamente al esquema previo de regulación de precios como origen de los desequilibrios actuales.

“Venimos de un proceso de intervención estatal (…) donde el Estado intervenía mediante la fijación de un precio. Eso trajo a colación que muchos oportunistas se metieran en el rubro porque el Estado les garantizaba una rentabilidad”, argumentó.

Según su mirada, esa lógica distorsionó el mercado. “Eso benefició a algunos y a la gran mayoría de los argentinos le trajo un perjuicio, sobre todo al productor genuino (…) porque eso trajo sobreproducción de yerba mate”.

Correa detalló que “del 2016 al 2025 crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Eso denota el oportunismo”. Ante esa expansión el INYM había emitido la resolución 170, que limitaba las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor, pero las grandes industrias, de Corrientes y de Misiones lograron que la Justicia frene esa medida. 

Correa en cambio, sin identificar actores puntuales, remarcó que las nuevas plantaciones pertenecen a “nuevos jugadores” atraídos por un negocio con rentabilidad asegurada.

Correa defendió el nuevo esquema sin intervención estatal, donde los valores se determinan entre privados. “Estamos en un modelo que se rige por oferta y demanda y ahí se establecen los precios”, resaltó en defensa del DNU presidencial que provocó un desplome del valor de la hoja verde, que se paga hoy menos que hace dos años. 

Y fue enfático respecto al rol del organismo: “EI Instituto hoy no cuenta con facultades para intervenir en los precios (…) y yo como representante del Ejecutivo nacional apoyo esa idea”.

Para el titular del INYM, la caída del precio de la hoja verde responde a un reacomodamiento tras la sobreoferta generada en años previos.

Cuando las cosas iban bien, no se quejaron y hoy día (…) al establecer los precios entre privados hay resistencia y la distribución se modificó”, remarcó. 

En respuesta a los reclamos de los sectores productivos, Correa también relativizó la dimensión del universo afectado. “Tenemos registrados productores por 14.200, pero en los últimos 6 años entregaron hoja verde 9.200 (…) pequeños productores no tenemos más de 5.000”, criticó. 

“Cuando digo pequeños productores, digo productores que van de 5 hasta 10 hectáreas (…) y hasta 15 hectáreas”, diferenció. 

En línea con la política de desregulación que emana del Gobierno, el presidente del INYM planteó que la solución pasa por expandir el consumo. “La solución acá es trabajar en la demanda de producto, es aumentar la demanda”.

Y vinculó directamente la desregulación con un cambio en la estructura comercial. “Históricamente las exportaciones representaban un 10% (…) hoy representan cercano al 20% a dos años de implementación”.

“Eso nos está mostrando el camino por donde debemos encauzar esta situación”, aseguró. Sin embargo, las principales industrias advierten que el aumento de las exportaciones no es sinónimo de rentabilidad, afectada por la suba de tarifas y el combustible. De hecho, Argentina exporta a un valor menor por tonelada que Brasil, el principal competidor global.  

Correa planteó que el futuro del sector no pasa sólo por el consumo tradicional, sino que “tenemos que ir detrás de las necesidades del mundo y abrir otros rubros como el energizante, cosmético, farmacéutico”.

En paralelo, propuso una transformación del rol del productor que “tiene que integrar todo el ciclo productivo y eso se está dando con pequeñas marcas”.

Sobre el debate por los costos, cuestionó los esquemas homogéneos: “Hay una resolución (…) que establece una única modal productiva y eso es lo que nos oponemos (…) debería haber tantas modalidades productivas como productores haya”.

Para Correa, la eficiencia individual será clave en los nuevos tiempos de la yerba. “Va a depender el costo real de cuán eficiente es cada productor”.

Finalmente, el titular del INYM dejó en claro que no espera soluciones inmediatas: “Acá no hay soluciones de la noche a la mañana. Acá es trabajo y tenemos que incrementar la demanda”.

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