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Se renueva el sistema de alerta ante las emisiones de metano

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IPS Noticias – El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) anunció la ampliación de sus sistemas de observación, alerta y respuesta ante las emisiones de metano, para ayudar a reducir el calentamiento global durante las próximas décadas.

Las nuevas medidas, con soporte de la organización filantrópica estadounidense Bloomberg Philanthropies, ampliarán el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Pnuma y su Sistema de Alerta y Respuesta sobre el Metano, conocido como Mars.

La herramienta utiliza datos satelitales independientes para localizar grandes emisiones casi en tiempo real y enviar avisos a los gobiernos y operadores responsables, a quienes se pide investigar el origen, comunicar sus conclusiones y adoptar medidas para detenerlas.

Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma, dijo que “ahora podemos observar la contaminación por metano en tiempo casi real, desde el espacio. Con esta capacidad, la inacción no es un descuido, sino una decisión. Los países y los operadores deben actuar”.

“El Pnuma garantizará que cuenten con los datos y el apoyo técnico necesarios para tomar decisiones informadas, incluso mediante la colaboración directa con aquellos que tienen mayor capacidad y oportunidad de actuar, incluidas las compañías petroleras nacionales”, agregó Andersen.

El objetivo es que, para 2030, los gobiernos y las empresas respondan al menos al 80 % de las alertas sobre estas emisiones, conocidas como “superemisores”, que liberan grandes cantidades del gas a la atmósfera y pueden corregirse de manera rápida y a bajo costo.

Hasta ahora solo 10 países han alcanzado esa tasa de 80 %, y a nivel mundial apenas 13 % de las alertas generan una investigación y el envío de información al Programa, pese a que el sistema ya permite identificar casi en tiempo real dónde se están produciendo las emisiones y quiénes tienen capacidad para intervenir.

El anuncio de la renovación del sistema Mars se produjo después de que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, plantease que “es hora de priorizar la reducción de las emisiones de metano. Una reducción drástica podría generar un alivio visible de la temperatura en el plazo de una generación”.

El metano es responsable de aproximadamente un tercio del calentamiento global actual, y entre las fuentes de sus emisiones están la producción de petróleo, gas y carbón, la agricultura (arrozales) y ganadería (vacas), y los vertederos de basura.

El dióxido de carbono sigue siendo el principal causante del aumento de las temperaturas a largo plazo, mientras que el metano permanece menos tiempo en la atmósfera, por lo que reducirlo ahora puede generar beneficios climáticos más rápidos y ayudar a frenar el calentamiento en las próximas décadas.

Las grandes fugas pueden proceder de instalaciones de petróleo y gas, minas de carbón o vertederos, y en muchos casos se resuelven con reparaciones sencillas y de bajo costo o incluso sin costo neto, señala el Pnuma.

Por ello, la agencia considera que actuar sobre los superemisores es una de las formas más accesibles de obtener reducciones inmediatas, mientras los países avanzan hacia transformaciones de sus sistemas energéticos y productivos.

Desde su lanzamiento en 2023, el sistema ha emitido más de 5000 alertas en 33 países, y contribuido a verificar más de 40 intervenciones en diez de ellos.

En Argelia, por ejemplo, uno de esos avisos condujo a la reparación de una fuga que llevaba décadas activa y cuyo impacto climático a corto plazo equivalía a retirar medio millón de automóviles de las carreteras cada año.

La nueva iniciativa busca reforzar la capacidad de los países para interpretar y responder a las alertas, facilitar el uso de la información por parte de las empresas y mejorar la transparencia y accesibilidad de los datos.

También prestará apoyo específico a compañías nacionales de petróleo y gas, que desempeñan un papel decisivo en muchos de los países donde se encuentran algunas de las mayores fuentes de emisiones.

El Pnuma advirtió, sin embargo, que disponer de mejores imágenes y mediciones no garantiza por sí solo que las emisiones disminuyan, pues se requiere un compromiso político más firme, capacidad técnica, financiación y una mayor cooperación entre gobiernos, empresas y organizaciones internacionales.

“Los satélites nos dan claridad. Ahora debemos responder a esa claridad con acciones”, resumió Andersen.

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Schwarz relativiza los temores por una devaluación: “No veo ningún salto cambiario en los próximos meses”

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El debate sobre el futuro del dólar volvió a instalarse tras las declaraciones del economista Adrián Ravier, quien planteó que el tipo de cambio podría ubicarse en torno a los $1.800 en los próximos meses. Para Gerardo Alonso Schwarz, economista y formador de dirigentes de La Libertad Avanza, ese escenario no implica necesariamente una devaluación ni representa un motivo de alarma.

En diálogo con Economis, Schwarz explicó que el actual régimen de flotación administrada establece un amplio margen para la evolución del dólar, con bandas que se ajustan mensualmente.

“Hoy la banda superior de flotación está cerca de los $1.880, mientras que la inferior ronda los $750. Dentro de ese rango el dólar puede fluctuar libremente y el Banco Central se comprometió a no intervenir”, señaló el economista que también pertenece a la Fundación Mediterránea.

El economista recordó que esas bandas se actualizan aproximadamente un 1% mensual, por lo que el techo permitido para la cotización seguirá incrementándose con el paso del tiempo.

“Si alguien habla de un dólar a $1.800 dentro de algunos meses, ese valor está perfectamente dentro del esquema cambiario vigente. Es una posibilidad que contempla el propio régimen”, explicó.

Tres años de estabilidad cambiaria

Schwarz invitó además a observar el comportamiento del dólar en una perspectiva más amplia. Según indicó, el tipo de cambio oficial se mantiene desde hace casi tres años en una franja similar a la actual.

“Hoy el dólar está alrededor de los $1.500 o $1.550, valores muy parecidos a los que tenía hacia fines de 2023. Si uno mira ese período completo, prácticamente no hubo movimientos significativos. Los argentinos solemos preocuparnos con cualquier variación, pero cuando se observa la serie completa, la estabilidad ha sido bastante importante”, sostuvo.

Para el economista, esa estabilidad reduce la probabilidad de un ajuste abrupto y permite pensar en una evolución mucho más gradual del tipo de cambio.

Sin expectativas de un salto devaluatorio

Schwarz consideró razonable que el dólar comience, en algún momento, a acompañar parcialmente el ritmo de la inflación, aunque descartó que eso implique una devaluación brusca.

“La inflación anual hoy está en torno al 30% y las proyecciones apuntan a niveles cercanos al 20% hacia el próximo año. Es posible pensar que el dólar empiece a moverse en esa dirección, pero estamos hablando de variaciones muy lentas”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que no observa condiciones para un salto cambiario.

“No veo ningún salto devaluatorio ni nada por el estilo. El mercado cambiario luce muy calmo. Puede haber movimientos graduales, pero no veo un problema por ese lado en los próximos meses”, enfatizó.

Finalmente, Schwarz señaló que proyectar un valor puntual del dólar siempre implica un elevado grado de incertidumbre.

“Que el dólar pueda llegar a esos valores es una posibilidad. La cuestión es cuándo y cuál será la cotización exacta. Eso nadie puede predecirlo. Lo que sí puede observarse es una tendencia de largo plazo, no un salto abrupto”, concluyó.

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Cuando la realidad irrumpe en el relato

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Hay semanas que condensan un cambio de etapa. No porque ocurra un hecho extraordinario, sino porque una sucesión de acontecimientos, aparentemente inconexos, termina revelando que algo empezó a modificarse en el relato.

La última dejó varias señales en esa dirección.

Mientras el INDEC confirmó una nueva caída de la actividad económica, el consumo continúa deprimido y cerca del 70% de los sectores productivos permanecen en recesión, el Gobierno debió enfrentar otra dificultad: el incumplimiento de algunas de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, el próximo lunes 27 llegará al país la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, invitada por el presidente Javier Milei, en una visita que se extenderá hasta el martes 28 y que buscará ratificar el respaldo político del organismo al programa económico argentino.

Sin embargo, los mercados parecieron enviar una señal distinta. La caída de las acciones argentinas y el aumento del riesgo país reflejan que las dudas sobre la marcha de la economía ya no provienen únicamente de la oposición o de los sectores críticos, sino que también comienzan a expresarse en variables que el propio oficialismo suele presentar como un termómetro de la confianza de los inversores.

Es en ese escenario donde cobran especial significado las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Voy a la posibilidad de estar equivocado y que las cosas no nos salgan bien. Ni aun así el kirchnerismo es una opción. ¿Está claro?”.

Y agregó: “La gente ve que el kirchnerismo es el infierno”.

La frase pasó casi desapercibida entre tantas noticias. Sin embargo, constituye probablemente una de las definiciones políticas más importantes desde que Javier Milei llegó a la Presidencia.

Hasta hace pocos meses, el Gobierno pedía acompañamiento porque aseguraba que el éxito del plan económico era inevitable. Ahora, el propio ministro admite públicamente la posibilidad de que las cosas no salgan como esperaba. Pero, incluso en ese escenario, sostiene que la sociedad debería seguir respaldando el mismo rumbo porque la alternativa sería peor.

Es un cambio de narrativa.

La legitimidad ya no se apoya exclusivamente en la promesa de un futuro mejor. Comienza a apoyarse, también, en el temor al regreso del adversario político.

En la misma semana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el dólar podría ubicarse, “en algún momento”, entre los 1.700 y 1.800 pesos. Más allá del debate técnico, las palabras del vocero de un gobierno nunca son neutras. En una economía tan sensible como la argentina, también construyen expectativas. Y las expectativas, en nuestro país, suelen convertirse rápidamente en decisiones de consumo, de inversión y, muchas veces, en nuevos aumentos de precios.

Como si fuera poco, buena parte de la agenda pública quedó absorbida por una operación mediática montada sobre una fake news contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, amplificada por comunicadores cercanos al oficialismo y desmentida poco después.

No hace falta demostrar una coordinación entre todos estos hechos para advertir que confluyen en una misma lógica.

Mientras la economía ofrece señales cada vez más preocupantes, el centro de la conversación pública se desplaza hacia otros temas. La discusión deja de girar alrededor de la producción, el empleo, el salario o el consumo y pasa a concentrarse en enemigos permanentes, operaciones mediáticas y escenarios hipotéticos.

No es un fenómeno nuevo.

Arturo Jauretche llamó a ese mecanismo “colonización pedagógica”: la capacidad de construir un sentido común que lleva a una sociedad a discutir cuestiones secundarias mientras los problemas centrales quedan fuera del foco. Antonio Gramsci, desde otra tradición intelectual, explicó que la hegemonía consiste precisamente en eso: lograr que una determinada mirada del mundo sea aceptada como la forma natural de interpretar la realidad.

Quien consigue definir de qué habla una sociedad también condiciona la manera en que esa sociedad comprende lo que le ocurre.

Por eso esta semana no puede leerse como una simple sucesión de declaraciones desafortunadas.

Lo que aparece es un cambio de estrategia política.

Cuando los resultados económicos dejan de alcanzar para sostener, por sí solos, el consenso social, la comunicación oficial busca otros recursos: la polarización, la construcción permanente de un adversario, la administración de las expectativas y el miedo como herramienta de cohesión.

La visita de Kristalina Georgieva será, seguramente, una nueva oportunidad para que el Gobierno exhiba respaldo internacional. La pregunta es si ese respaldo alcanzará para disipar las dudas que hoy plantean la economía real, los mercados y, por primera vez, las propias palabras de sus principales funcionarios.

Quizá por eso la frase más reveladora de la semana no fue la proyección de un dólar a 1.800 pesos ni una operación mediática contra la AFA.

Fue aquella en la que el propio ministro de Economía pidió respaldo incluso frente a la posibilidad de que su plan no funcione.

Porque cuando un gobierno comienza a preparar a la sociedad para el eventual fracaso de su programa, ya no está discutiendo únicamente economía.

Está intentando construir, anticipadamente, el sentido político de ese posible fracaso.

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Ravier abrió el debate cambiario: admitió que el dólar podría llegar a $1.800

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El Gobierno nacional volvió a colocar al tipo de cambio en el centro de la escena. Esta vez no fue por una medida económica, sino por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que un dólar ubicado entre los $1.700 y $1.800 “en los próximos meses es una posibilidad”, al considerar que ese nivel se encuentra dentro de los márgenes esperados del actual régimen cambiario.

Las afirmaciones, realizadas durante una entrevista en un canal de streaming, generaron una inmediata reacción en el mercado y en redes sociales, donde economistas y analistas debatieron si el mensaje constituye simplemente una descripción del funcionamiento del esquema de bandas cambiarias o una señal que podría modificar las expectativas de los agentes económicos.

Ravier buscó transmitir tranquilidad y descartó un escenario de sobresaltos financieros. Sostuvo que el Gobierno no observa riesgos de una corrida cambiaria y defendió la estrategia económica implementada por el Ministerio de Economía y el Banco Central. En ese sentido, afirmó que la acumulación de reservas internacionales y el superávit de la cuenta corriente respaldan la consistencia del programa económico y permiten absorber una eventual suba gradual del tipo de cambio.

Sin embargo, el reconocimiento de que la cotización podría ubicarse cerca de los $1.800 abrió un nuevo debate sobre el efecto que una depreciación cercana al 20% podría tener sobre la inflación y el poder adquisitivo, especialmente en una economía donde el dólar continúa funcionando como una referencia para la formación de precios.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. El analista financiero Carlos Maslatón cuestionó públicamente las declaraciones y consideró que fijar un valor esperado para la divisa puede incentivar una mayor demanda de cobertura cambiaria. En la misma línea, la economista Natalia Motyl sostuvo que cuando un funcionario menciona un precio objetivo para el dólar “establece un nuevo piso para las expectativas”, lo que podría alterar el comportamiento del mercado.

Por su parte, el economista Christian Buteler planteó una mirada más técnica. Explicó que un dólar de $1.800 puede ser compatible con el esquema de bandas administradas por el Banco Central, aunque advirtió que una corrección cambiaria de esa magnitud inevitablemente tendría efectos sobre los precios internos y, por consiguiente, sobre la inflación.

El episodio vuelve a poner de relieve el papel que cumplen las expectativas en la política económica. Más allá de que el Gobierno insista en que la evolución del tipo de cambio responde a un esquema previamente diseñado, las declaraciones oficiales tienen capacidad para influir sobre decisiones de consumo, ahorro e inversión.

Para provincias con fuerte perfil exportador como Misiones, la evolución del dólar tiene implicancias directas sobre sectores como la forestoindustria, el té, el tabaco y la yerba mate, aunque también impacta sobre los costos de insumos importados y sobre el comportamiento del comercio fronterizo con Brasil y Paraguay. En ese contexto, la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los factores más observados tanto por el sector productivo como por los consumidores.

Mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria, el desafío seguirá siendo administrar las expectativas. En mercados altamente sensibles, las palabras de los funcionarios pueden convertirse en un factor tan relevante como las propias decisiones de política económica.

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Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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