Otra vez Alecrín: La urgencia de cumplir y hacer cumplir los derechos indígenas en Misiones (y la Argentina)
Por Carlos Salamanca Villamizar* – Para muchos indígenas en Argentina, vivir sin monte, sin tierras aptas y suficientes, sin agua, es atentar contra sus derechos fundamentales al agua, a la alimentación, al hábitat y a la vida, como personas, pero también como Pueblo. Así declararon entenderlo los países signatarios de instrumentos internacionales de Derechos Humanos como el Convenio 169 de la OIT (1989) o la Declaración Universal de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (2006) entre los que, por supuesto, se encuentra la Argentina.
Visité en el 2011 y 2012 Alecrín, atraído por el relevamiento territorial que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había realizado de sus tierras y territorios. La manera en que el INAI se apegó al derecho internacional a la hora de llevar a cabo el relevamiento en Alecrín fue el objeto central de un libro que publiqué al año siguiente, con el fin de difundir esa experiencia entre comunidades indígenas de todo el país que ya, por ese entonces, enfrentaban serias amenazas de desalojo. Pero el libro también se detiene en las razones por las cuales, actualmente se tiende a favorecer los derechos de terceros por encima de los derechos territoriales de los Mbya; haciendo eco de situaciones más recientes, el libro alude también a las nuevas amenazas de empresas que se presentan como “ambientales”, pero no se proponen otra cosa que la comercialización de la naturaleza.
Por estos días, la comunidad mbya Alecrín, localizada en el municipio de San Pedro, enfrenta uno más de los muchos ataques de terceros que, con distintos argumentos, pretenden explotar sus tierras y apoderarse de su territorio. Quien se presenta como titular de esas tierras, la compañía “Hijas de Harriet”, es heredera de una tradición colonial y latifundista, propia del siglo pasado, que desconocía la presencia y los derechos indígenas y que, sobre la base de ese desconocimiento, se hizo a un título que hoy el relevamiento del INAI cuestiona. Los habitantes de Alecrín por su parte, son herederos y parte constitutiva del pueblo Mbya Guaraní cuya pre-existencia y derechos territoriales son reconocidos por la Constitución Nacional.
Al igual que cientos de comunidades en todo el país, los Mbya de Alecrín se encuentra en una grave situación de inseguridad jurídica como consecuencia de la negligencia estatal. En el caso de Alecrín, se trata de un Estado que, con una mano releva y reconoce esas tierras como parte de Alecrín y con la otra autoriza a terceros a desmontar parte de esas mismas tierras. Detener este y los próximos desmontes es una deuda que el Estado mantiene con los habitantes de Alecrín. Frente a esa deuda tantas veces aplazada, podríamos preguntarnos entonces, ¿Por qué una mano del Estado no le cuenta a la otra mano lo que hace?; ¿Por qué los relevamientos efectuados por el INAI no tienen ningún efecto en las otras oficinas del Estado? O, pensando en otras comunidades, ¿Por qué a 15 años de sancionada la ley de emergencia territorial el INAI no ha finalizado los relevamientos? Todas preguntas que aquí no podemos responder. Lo que si podemos afirmar es que, naturalmente, la responsabilidad no está en los Mbya y no tendrían ellos por qué pagar la negligencia estatal.
En cuestión de los derechos territoriales, en efecto, es necesario salir de la emergencia, dar pasos efectivos en la titularidad de las tierras y romper el círculo de violación de derechos en que hoy viven los habitantes indígenas de Misiones y de todo el país. Mientras tanto, el Ministerio de Ecología debe revocar la aprobación del Plan de Aprovechamiento con el que favoreció a Hijas de Harriet en el 2015 y asegurar los derechos humanos de los Mbya de Alecrín hasta tanto el mismo Estado no arbitre las condiciones necesarias para llevar a cabo la titularidad. No hacerlo es no solo violar los derechos de los Mbya, sino ir en contra de los mismos actos administrativos llevados a cabo por el Estado que son, en últimas, un reconocimiento explícito de esos derechos.
*Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) adscripto al Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, Universidad de Buenos Aires. Director del Programa Interdisciplinario en Espacios, Políticas, Sociedades, Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario. Docente de la Especialización y Maestría en Gestión del Desarrollo Socio Territorial, Universidad Nacional de Misiones.
