El dictamen del Presupuesto 2023 incluyó un artículo donde se especifica el sistema de pago de las deudas que las empresas de distribución de energía eléctrica tienen con la mayorista Cammesa, y que establece que las provincias deberán acordar en seis meses el sistema para saldar las facturas atrasadas.
Uno de los puntos donde se modificó el artículo 90 es que a las provincias no se les podrá descontar fondos de la coparticipación-como establecía el proyecto original- pero que si no hay un plan de pagos de esa deuda sí se les podrá reducir fondos de convenios firmados por algún ente público con las provincias.
En ese sentido expresa que “en ningún caso la retención indicada en el presente párrafo podrá afectar la Coparticipación Federal de Recursos”
El artículo fija que el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y municipios, “como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción” , deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción.
Se establece que habrá seis meses desde la sanción de la ley para que cada jurisdicción determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita CAMMESA.
Señala que la Secretaria de Energía “establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.
“Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, agrega.
En ese contexto fija que la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad nacional, la suma que por consumos de energía se adeude a Cammesa, el prestador del servicio público de distribución de energía.
La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá fue intervenida por el ministerio de Acción Cooperativa en relación con las deudas que mantiene con Energía de Misiones SA por la compra de energía. La deuda supera los mil millones de pesos y además sigue acumulando intereses. La Provincia había propuesto un plan de pagos, pero la entidad presidida por Pedro Helgue Andersson incumplió cada una de las cuotas. La Justicia trabó un embargo por 200 millones, aunque la deuda total asciende a 1.080 millones de pesos.
Midori Kayriyama, fiscalizadora del Ministerio de Acción Cooperativa es la encargada de supervisar los libros de la organización que provee los servicios públicos en una de las tres ciudades más importantes de Misiones. En paralelo, Energía de Misiones nombró recaudadores en las diez cajas de la CELO, que desde diciembre del año pasado no pagó un centavo de la deuda por compra de energía.
Las autoridades de la CELO buscaron frenar la intervención y evitar la presencia de los recaudadores en las bocas de cobro, que tuvieron que ser acompañados por la fuerza pública.
El objeto de la intervención es realizar una pericia para fiscalizar las cajas recaudadoras de la CELO, con presencia policial y acompañados por el funcionario César Pereyra Piguers, escribano público.
La ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Liliana Rodríguez firmó la Resolución 157/22 con la cual ordenó la fiscalización administrativa y financieramente de las cajas recaudadoras Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO).
A tal efecto designó a la contadora Midori Kayriyama quien, a las 12:15 se presentó en la sede central de la entidad para dar cumplimiento al mandamiento ministerial que entre otras cosas requiere un informe pormenorizado sobre el estado de la situación financiera actualizada de ingresos semanal e histórica.
La ministra de Acción Cooperativa fundamenta lo resuelto, entre otras cosas, a la grave a situación económica y financiera en que se encuentra esa entidad y que pone en riesgo la provisión de servicios públicos esenciales para la comunidad, asociados y usuarios.
“En ejercicio de las facultades y atribuciones que me otorga la Ley designé a la contadora para que inicie la fiscalización de la cajas recaudadora, tarea que se inició al mediodía”, confirmó Rodríguez y adelantó que “estamos analizando ampliar medidas a los efectos de verificar y establecer la situación real en la cual se encuentra la cooperativa”.
Ixpandit Fintech Factory, fintech dedicada a brindar préstamos online con más de 10 años de experiencia en el sector, realizó su primera encuesta de lo que va del año entre sus usuarios de Adelantos.com para detectar cuáles siguen siendo sus necesidades al momento de solicitar un préstamo.
En esta muestra, que se realizó durante este mes, la cancelación de deudas (36.2%) destinada específicamente a cancelar rubros como: cuentas a pagar, tarjetas de crédito, impuestos u otros créditos, sigue siendo el principal motivo para requerir un préstamo con Adelantos.com. Si bien refleja un notable descenso respecto a la última encuesta realizada en noviembre 2021, continúa liderando dentro de la categoría.
LA EVOLUCIÓN DEL DESTINO DE LOS FONDOS
También, existen otros motivos para el destino de los fondos. Los arreglos del hogar, refleja un ascenso de un 14.3% contra un 12% respecto de la muestra realizada en noviembre del año pasado. Mismo comportamiento sucedió con el ítem abono de servicios que ascendió a un 9%. Además, se detectan otros destinos como comprar medicamentos (8.9%), reparar vehículo (6.7%), supermercado (8.9%) y viajar (4.4%).
En cuanto a la frecuencia con que solicitan ayuda financiera, los que lo hacen por primera vez ascienden al 30%, luego los que recurren a préstamos cada tres meses (12%), una vez al año (28%) y todos los meses (16%).
“Los préstamos que otorgamos de hasta $50 mil, con un promedio de $10 mil, pueden ser solicitados desde cualquier dispositivo las 24hs del día. En Adelantos.com tenemos un equipo de análisis de datos, que evalúa cada solicitud a través de distintas variables utilizando machine learning y fuentes no tradicionales. Esto nos permite obtener un promedio de aprobación del 30% de las solicitudes”, comentó Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory.
“Apuntamos al público sub-bancarizado, que dispone de una cuenta bancaria pero por su perfil de riesgo crediticio no accede a los productos o servicios que el banco ofrece. Por otro lado, a nuestros clientes renovadores les ofrecemos mayores montos y, según la clasificación de cada cliente, tasas más bajas o mayor cantidad de cuotas”, finalizó.
Los motivos por los cuales recurrieron a un préstamo a través de Adelantos.com, los usuarios priorizan nuevamente la velocidad con la que se realiza el depósito (24%); seguido por el monto aprobado según su riesgo crediticio (19%) y en tercer puesto, la cantidad de cuotas que ofrece la fintech (13%).
Por Mauricio Cardenas, Luca Antonio Ricci, Jorge Roldos y Alejandro Werner – La política fiscal latinoamericana enfrenta múltiples retos vinculados tanto a la respuesta que continúa exigiendo el shock de la pandemia de COVID-19 como a cuestiones que ya existían antes y que en algunos países contribuyeron a significativos disturbios sociales en 2019. En un estudio reciente, analizamos estos retos y argumentamos que en muchos países de la región se necesita un pacto fiscal amplio.
El objetivo de ese pacto fiscal sería doble: hacer frente a la necesidad de seguir respaldando a los hogares y las empresas durante las próximas fases de la pandemia, así como a los retos a mediano plazo que implican la ampliación de la red de protección social y la mejora de la calidad de los servicios públicos, y a la vez garantizar la sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas y crear amortiguadores adecuados para posibles shocks.
Estas metas requieren un proceso en dos etapas: lo más apremiante es lidiar con la próxima etapa de la respuesta a la pandemia de una manera que apuntale la recuperación sin suscitar inquietudes en torno a la sostenibilidad. A mediano y largo plazo, rediseñar la red de protección social y los sistemas de tributación y gasto requiere un diálogo social profundo sobre la función del Estado y el modo de financiar las presiones presupuestarias de manera sostenible.
Respaldar a la recuperación con responsabilidad en la primera etapa…
La primera, y urgente, etapa debería abarcar la trayectoria óptima de la política fiscal de manera tal que evite un repliegue prematuro y excesivo del respaldo fiscal durante la pandemia y, a la vez, ofrezca a los mercados financieros tranquilidad en cuanto a la sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas. Es importante evitar un repliegue prematuro del apoyo en 2021 y 2022 dado que los países aún enfrentan elevadas tasas de contagio y defunción, la vacunación probablemente avanzará con lentitud en la mayoría de los países y la recuperación económica probablemente será parcial, incierta y no lo suficientemente vigorosa como para ayudar a los más afectados por la doble crisis sanitaria y económica.
Consideramos que el espacio fiscal no es inmutable y que responde dinámicamente a las metas a mediano plazo y a los compromisos asumidos por los gobiernos de la región. La respuesta fiscal a la COVID-19 en la mayor parte de la región ha sido mucho más grande que durante la crisis financiera mundial, lo cual hace pensar que el espacio fiscal no es tan estrecho como lo sugieren las relaciones deuda/PIB. Por ende, además de apoyar a los hogares y las empresas y sustentar la recuperación económica después de la pandemia, la primera etapa del pacto puede sentar las bases de la correspondiente consolidación que tiene que ocurrir.
En particular, el anuncio anticipado de las medidas futuras de tributación y gasto que garanticen una sólida ancla fiscal a mediano plazo y la comunicación creíble de una trayectoria clara para alcanzar esas metas una vez que la situación se normalice ayudarían a crear espacio fiscal ya desde el comienzo y darían a los inversionistas tranquilidad en cuanto al valor de sus inversiones.
Gracias a los diferentes marcos de responsabilidad fiscal empleados en la región, los países pudieron tomar medidas contundentes durante los peores shocks de los 15 últimos años, la crisis financiera internacional y la pandemia. Sin embargo, los marcos no han sido tan eficaces a la hora de restablecer los balances fiscales a niveles normales a mediano plazo, creando un sesgo alcista para la deuda pública.
En varios países, la reactivación de las reglas fiscales suspendidas en 2020 ofrece la oportunidad de actualizarlas y complementarlas, donde sea necesario, con instituciones que las respalden, tales como consejos fiscales y presupuestación plurianual; de ese modo, los marcos fiscales podrán actuar mejor para anclar la deuda a mediano plazo y corregir las desviaciones respecto de las metas.
Además, los bajos niveles prolongados de las tasas de interés y el fácil acceso a los mercados permitirán mantener contenido el costo financiero de la deuda pública en el futuro próximo, a pesar del aumento del endeudamiento global. Esto generaría un margen más amplio para continuar apuntalando la recuperación. Para complementar esta estrategia, el apoyo de las instituciones financieras internacionales podría contribuir a limitar los efectos de mercado negativos reduciendo la emisión de deuda soberana y afianzando la credibilidad de los compromisos fiscales a mediano plazo.
… y abordar las deficiencias sociales de manera sostenible en la segunda etapa
Una vez consolidada la recuperación y establecido un panorama fiscal sólido a mediano plazo, la segunda etapa del pacto fiscal debería arrancar con una consulta nacional sobre cómo ampliar y financiar las redes de protección social para comprender las preferencias de la sociedad en cuanto al destino que debería recibir la recaudación pública y para dejar perfectamente en claro las disyuntivas muy significativas que se plantearán. Este diálogo público debería servir de base a un proceso legislativo que, a lo largo del próximo par de años, revise los sistemas de pensiones, salud y educación, y reforme los marcos tributarios que los financiarán.
El sistema fiscal latinoamericano no es lo suficientemente progresivo teniendo en cuenta los niveles de desarrollo regionales y las preferencias de las sociedades, como lo demostraron las recientes protestas sociales y sucesos políticos. También es mucho menos eficaz que el de las economías avanzadas a la hora de mejorar la distribución del ingreso. La reducción de la desigualdad (medida según los coeficientes de Gini) atribuible a los impuestos directos y las transferencias de efectivo es inferior a la observada en otros mercados emergentes. Aunque algunos países de la región tienen que mejorar la cobertura y la focalización del gasto, otros necesitan incrementar la recaudación tributaria y su progresividad, además de expandir y focalizar mejor las redes de protección.
Estas metas son definitivamente difíciles y riesgosas. Pero ignorarlas es mucho más peligroso. La continuación de un crecimiento anémico, del descontento social y de la polarización política podría encauzar a América Latina por una senda muy peligrosa de declive institucional y económico. Creemos que un pacto fiscal es la mejor manera de catalizar profundos cambios que requieren un amplio consenso social y cohesión política en torno a varias dimensiones cruciales de las finanzas públicas de los países.
Según un reciente análisis de Equifax, compañía global de Big Data & Analytics, el 57.6% de las madres de la muestra de familias con empleo tiene trabajo formal, bajo las modalidades de relación de dependencia o a través de una actividad independiente, como Autónomas o Monotributistas.
Las principales actividades de empleo de este grupo etario están relacionadas al comercio, venta y reventa de mercadería (27,5%), seguido por servicios comunitarios, sociales y personales que incluyen belleza y estética corporal entre otros (23,4%); y por último salud y servicios sociales tales como atención a ancianos, menores, mujeres con o sin alojamiento el 10,2%.
Respecto al perfil familiar de las madres, en los casos donde se logró establecer relaciones de madres con hijos, el 39% tiene un hijo, el 35% tiene dos hijos y el 26% pertenecen a una familia numerosa –con tres hijos o más. A su vez, el 60% tiene niños, el 57% tiene adolescentes, el 9% tiene bebés y el 1% tiene hijos mayores.
Por otra parte, según refleja el análisis, el ingreso promedio es de $17.000, mientras que los padres argentinos perciben un ingreso promedio de $31.000. El 86% percibe ingresos hasta $27.300 y un 10% entre $27.301 y $49.300. Un 3.3% recibe ingresos medio altos de entre $49.301 y $93.800 y un 0.6% gana más de $ 93.801.
En cuanto a estado de endeudamiento, las madres tienen deudas promedio por $46.000. Dentro de los grupos familiares estudiados, la mayor distribución de madres se da en las generaciones X (40 a 55 años) representando 51% y Millennials (24 a 39 años) un 43%. Las Baby Boomers (56 a 74 años) representan un 5% y las Centennials (18 a 23% años) un 1%.
Acerca del perfil financiero, el 64% posee algún producto crediticio como préstamos, tarjetas o cuentas corrientes. El 46% de las madres son titulares de tarjeta de crédito y el 29% cuenta con préstamos. Las madres buscan crédito en financieras y retails un 15% más que la población total argentina.
El análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinada con información pública del BCRA, de ANSES y Obras Sociales, y segmentó a un universo de 1.253.853 madres argentinas que trabajan.
“Los resultados que arroja nuestro análisis ponen de manifiesto que la bancarización y la posibilidad de mayor acceso a productos financieros continúa siendo un tema a abordar en el segmento de madres, teniendo en cuenta que cumplen un rol central en la fuerza laboral argentina. Estoy convencida que la transformación digital, junto con las necesidades de las nuevas madres, tendrá un rol protagónico para impulsar la inclusión financiera y las nuevas oportunidades no sólo de este grupo, sino de forma transversal”, explica Erica Grimberg, Gerente de Analytics de Equifax para Argentina, Paraguay y Uruguay.
