La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano de Posadas realizó la segunda jornada de formación destinada para quienes se desempeñan como tatuadores y colocadores de piercing en la capital provincial con el objetivo de garantizar procedimientos de actuación que respeten la higiene, seguridad y el uso de materiales adecuados al momento de desarrollar la actividad.
Durante la tarde del viernes, alrededor de 30 personas participaron del taller dictado por el Dr. Luis Esquivel, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la sede central ubicada sobre calle San Martín 1579. El mismo fue gratuito y obligatorio para todos aquellos que quieran habilitar un local. Allí, se trataron temas como: normas sanitarias, esterilización, higiene y bioseguridad, anatomía de la dermis, materiales hipoalergénicos, consideraciones legales, técnicas de primeros auxilios y RCP, entre otros tópicos.
“La realización de tatuajes o piercings, es una práctica cada vez más extendida en nuestra ciudad, y por desde la Municipalidad organizamos estos talleres, para garantizar los normas y los procedimientos de actuación que respeten la higiene, la seguridad, el uso de materiales adecuados, tanto para quienes llevan adelante su trabajo como para quienes depositan su confianza en estas personas”, explicó la Directora General de Control Alimentario y Fiscalización Urbana, Ana María Paredes, en la apertura del encuentro.
Aprobando el examen, el Municipio hará entrega de la certificación correspondiente que consta el cumplimiento de la capacitación, a fin de poder ser exhibida en el local habilitado. Esta actividad se realiza en el marco de la Ordenanza XII – Nº 39 (antes Ordenanza 2934/11) que establece las condiciones sanitarias requeridas por el Municipio para el desarrollo de la actividad, como así también el procedimiento y mecanismos de prevención al momento de llevar a cabo la realización de tatuajes y colocación de punciones.
Qué dice la legislación
La ordenanza XII – Nº 39 (antes Ordenanza 2934/11) establece las normas para la práctica del tatuaje y piercing en el ámbito de la ciudad capital: Las personas que realizan este tipo de actividad deberán ser mayores de 21 años y tendrán la licencia que los habilite para tales fines. Asimismo, deben participar de los cursos de capacitación para los tatuadores y piercers sobre normas sanitarias, esterilización, higiene y bioseguridad, anatomía de la dermis, primeros auxilios, entre otros.
Mientras que, las personas que soliciten alguna de estas prácticas, deberán ser mayores de 18 años y se les exigirá la presentación de cualquier documento que acredite su identidad (original o copia), o en el caso de ser menores de edad, deberán presentar una autorización expresa de los padres, tutores o encargados.
Un total de siete de los once implicados en la megacausa por contrabando de granos de soja y maíz a Brasil a través de la frontera de Misiones fueron procesados con prisión preventiva por decisión de la Justicia Federal de la ciudad de Oberá, entre ellos un exjefe de Gendarmería Nacional, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue tomada por Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien los acusa de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad”.
La investigación por contrabando comenzó en marzo de 2021 y ocho meses después el magistrado ordenó doce allanamientos simultáneos en las ciudades de Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.
Entre los investigados se encuentra el excomandante de Gendarmería Marco Antonio Duette (50), quien hasta el día de su detención fue jefe del Escuadrón 9 Oberá y al que se le agregó el delito de “cohecho pasivo”.
Otro de los procesados y sindicado cabecilla de la banda es el empresario Santiago Marino (54), dueño de un importante complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino, procesado además con el agravante de “organizador” y por el delito de “cohecho activo en concurso real”.
La medida judicial alcanzó también a Juan Carlos Tivano (68), Ricardo Fabián Gómez (47 y sargento de Gendarmería), Marcelo Da Silva (44), Ricardo Hildebrandt (46) y Francisco Eladio Morel (61).
Se determinó el embargo por 3 millones de pesos a cada uno y se dispuso la apertura de un nuevo expediente para investigar el delito de lavado de activos, dada la gran cantidad de bienes, vehículos y dinero incautados a los involucrados.
El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.
Una vez que esos camiones ingresaban a la provincia, casi siempre con un peso muy superior al declarado y permitido, saltaban los controles y esas cartas de porte eran eliminadas o modificadas.
Los efectivos de GNA eran los encargados de liberar la ruta nacional 14 y la ruta provincial 2 para que la soja llegue a destino sin inconvenientes.
Las cargas llegaban a la zona de frontera, donde se acopiaba en cercanías a la costa, se las cargaba en bolsas de 50 kilogramos y se las enviaban a Brasil en canoas por el río Uruguay.
La investigación permitió el decomiso de 298.000 kilogramos de soja.
Las detenciones y allanamientos fueron llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que la investigación está a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos del Juzgado, con la denuncia inicial efectuada por la Procelac conjuntamente con la Fiscalía Federal de Oberá.
En cuanto a perjuicio fiscal, las maniobras de evasión investigadas a esta organización fueron estimadas por la AFIP para el año 2020 en $139.652.145,35 en concepto de IVA y $465.507.151,16 en cuanto a Impuesto a las Ganancias.
Respecto a 2021 el perjuicio fue calculado en $480.677.034,36 y $1.605.256.781,20 en cuanto a IVA y Ganancias, respectivamente, a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.
En el 2014, en Misiones se crea la Ley Provincial de Fomento a la Producción Agroecológica, Nº 68. La misma estipula, mediante la regulación, la promoción e impulso de actividades, prácticas, procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos saludables con sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, teniendo en consideración el ordenamiento productivo de cada región.
Es por esto que, bajo este marco regulatorio, en el 2018 cinco familias productoras de yerba mate de las localidades de Oberá, Guaraní y General Alvear decidieron aunar esfuerzos y crear el grupo Oberá Agroecológico. De esta manera, este grupo de productores yerbateros, entre los que se encuentran “Nuestra Chacra”, “Yemarí”, “Agua Escondida”, “El Viejo Roble”, “Alma Anette” y “Yerbal Viejo”, decidieron apostar por este tipo de desarrollo para, de esta manera, recibir la correspondiente certificación otorgada por la Secretaría de Agricultura Familiar, del gobierno provincial.
Johan Sand, es un joven productor de “Yerbal Viejo” e integrante de este grupo que debe mantener reuniones mensuales, como uno de los requisitos para obtener esta certificación. “Vamos rotando, una vez por mes, visitando a cada una de las chacras, donde compartimos experiencias prácticas y teóricas de lo que va sucediendo en cada producción y, además, fomentamos la participación grupal”, explicó a Economis.
“Por el momento estamos en transición agroecológica, hasta que recibamos el certificado que depende de los tiempos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es el organismo encargado de certificar las chacras”, explicó Johan, quien agregó que además también hay una comisión zonal compuesta por productores, consumidores locales e ingenieros agrónomos y forestales que es la encargada de visitar las chacras y corroborar que las prácticas agrícolas, que se están llevando a cabo en cada una de las chacras, se corresponden con los métodos agroecológicos.
Este sistema, explica Johan, se llama Certificación Participativa y se diferencia de la certificación orgánica que compete a otras instituciones que cuentan con la patente para certificar bajo este concepto, mediante un pago y cumpliendo ciertos requisitos exclusivos. En ese caso, es una relación del productor con la empresa certificadora, sin intervención de los organismos mencionados anteriormente.
“En el proceso de certificación agroecológica que estamos llevando a cabo, nosotros nos relacionamos con otros productores, con otras instituciones, con consumidores y con el Estado Provincial que es el ente que va a terminar de certificar y va a darnos los sellos que después vamos a poder colocar en cada uno de los productos que salgan de esas chacras certificadas”, ratificó Johan.
Para los productores involucrados en la certificación agroecológica, la etiqueta va más allá del marketing, tiene un contenido más profundo de lo que se quiere decir y el proceso trabaja tres dimensiones: la económica y productiva, la ecológica y la socio cultural.
En la primera dimensión mencionada, la económica y productiva, el objetivo es dejar de usar en la producción insumos externos a las chacras, es decir, eliminar el uso de fertilizantes sintéticos, herbicidas, etc, para empezar a producir con las herramientas disponibles. “Ahí es donde más se trabaja con abonos, con biofertilizantes para no tener que ir a una agro veterinaria y comprar esos insumos, porque son caros y terminan no siendo lo mejor para las chacras en transición”, reflexionó.
La segunda dimensión, la ecológica, trabaja específicamente en restaurar todo el ecosistema de la chacra que es vista como un sistema en sí mismo. A partir de esto, se intenta restaurar la tierra, el monte, los cultivos y, al mismo tiempo, estimular a que haya mayor biodiversidad natural. Se empieza a cultivar árboles para traer más aves, se cultivan especies florales, para traer más insectos y abejas, porque, mientras más biodiversidad haya en las chacras, mejor va a ser para todo el sistema ecológico.
“Todo cultivo en la chacra debe ser transformado en policultivo, ya no se debe tener una hectárea sólo de yerba o te, sino que, dentro de esa misma hectárea, se deben plantar árboles, hacer huertas, trabajar con protección de vertientes. Mientras más diversas especies vegetales haya en un mismo lugar, mejor va a ser para la chacra, porque va a aumentar la resiliencia que van a tener esos cultivos, ante la emergencia climática”, explicó Johan.
Y la tercera dimensión, lo socio cultural, busca es establecer nuevas relaciones laborales basadas en el respeto por la diversidad de los productores y también el comercio, que debe ser basado en un precio justo en los productos, ya sea para los productores o para los consumidores. “Esto es una clara diferencia con los productos orgánicos que terminan siendo muy elevados en su precio y solamente pueden acceder consumidores que tiene un alto capital económico”.
“En la agro ecología no se plantea producir alimentos sumamente caros, sino poder alimentar a toda la población, porque una de las bases esenciales de la agro ecología es lograr la soberanía alimentaria. Es necesario que el mundo rural y el mundo urbano estén más interconectados, pero que, en esa interconexión, no haya una desigualdad entre los actores rurales y los urbanos”, agregó.
Por eso, desde la concepción agroecológica, se revaloriza la cultura local, los movimientos sociales y las luchas sociales. “Son herramientas y son procesos que la agro ecología siempre va a estar poniendo el ojo, porque son esos momentos de crisis donde se puede transformar la realidad para mejorar”.
Las familias productoras
Las cinco chacras tienen yerbales bajo sombra y trabajan en el mantenimiento del suelo. Cada uno es independiente a la hora de comercializar su producto, por lo que no hay una marca en común. Cada uno trabaja de manera particular, cada uno tiene la autonomía de cómo y a qué mercado vender su producción.
Las cinco familias de productores tienen las chacras y las plantaciones, se dedican a cultivarlas, cuidarlas, cosecharlas y llevarlas a secaderos locales. En algunos casos, hay familias que tienen la posibilidad de tener su propia marca y pueden abarcar otro eslabón, que es la comercialización de la yerba y no sólo vender la materia prima.
La decisión de inclinarse por este tipo de producción viene de muchos motivos, pero todo recae en el compromiso político, desde el plano social, de entender la situación de emergencia climática, la inestabilidad política y las injusticias sociales, producto de un sistema que se intensifica y no discrimina a ningún sector de la comunidad.
“Al conocer estos métodos agro ecológicos y las prácticas agro ecológicas en sí, teniendo la chacra, la posibilidad de seguir trabajando en ello, nos comprometemos con nuestro granito de arena en trabajar de una forma del cual podemos seguir viviendo en la chacra, pero también podamos difundir otras prácticas, otras formas de relacionarnos como personas, entre las personas con la naturaleza que nos rodea. Es un compromiso que atender, que queremos llevar a cabo siempre”, finalizó Johan.
El 9 de junio de 2022 la provincia de Misiones publicó la ley XVI-146 sobre protección de humedales, convirtiéndose en la primera provincia argentina en regular la materia y realizando un valioso aporte para el debate a nivel nacional.
La norma misionera perseguirá la preservación, conservación, defensa y desarrollo de los humedales que protegen y contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema a partir de los servicios ambientales que brindan, entre los que podemos apreciar la provisión de agua, el almacenamiento de carbono y la mitigación del cambio climático.
De esa manera, el aprovechamiento de los humedales misioneros deberá ser planificado considerando un uso sustentable y respetuoso de sus características ecológicas, lo que configura un acierto de los legisladores norteños, en tanto ponderan adecuadamente las tres vertientes del desarrollo sostenible, es decir, en su aspecto económico, social y ambiental.
El apoyo político recibido por la ley merece ser puesto de resalto. En tiempos de extrema polarización, el consenso en cuestiones relativas a la problemática ambiental resulta esperanzador.
Las diferencias de tenor político, religioso o cultural deben dejarse de lado cuando se trabaja con el objetivo de tutelar el ambiente y las distintas formas de vida que componen nuestros ecosistemas.
Contar con una ley de humedales configura una necesidad imperiosa dentro de cualquier ordenamiento jurídico moderno que se jacte de ser receptor de la realidad que regula.
Al día de hoy los humedales continúan siendo los sumideros de carbono más efectivos del planeta. Las turberas cubren solo el 3% de la superficie terrestre y almacenan casi un tercio de todo el carbono, es decir, el doble que todos los bosques del mundo juntos.
La cuestión relativa a los humedales también es trascendental si la relacionamos con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, donde se afirma perseguir, entre otras cosas, el hambre cero y el trabajo decente.
Sobre ese punto, cabe decirse que el arroz, principal alimento de casi la mitad de la población mundial, se cultiva principalmente en zonas de humedales. Del mismo modo, estos ecosistemas proporcionan 266 millones de puestos de trabajo en turismo y viajes relacionados con ellos.
La protección de nuestros humedales resultará así imprescindible para el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestra nación.
Corresponderá ahora preguntarse por qué motivo no fue aún posible sancionar una ley nacional de presupuestos mínimos en materia de protección de humedales, en consonancia con lo estipulado por la Constitución Nacional y con el fin de garantizar la integridad de nuestros ecosistemas.
Es necesario un urgente debate de la problemática referida a los humedales argentinos y evitar que los proyectos presentados sigan perdiendo su estado parlamentario.
La provincia de Misiones ya ha señalado el camino a seguir, regulando una realidad que la Nación parece ignorar.
Con las criptomonedas como temática y con el fin de ampliar los conocimientos acerca de esta nueva forma de invertir se realizó este viernes una nueva edición del Emprender Misiones con el objetivo de brindar herramientas a emprendedores, empresarios, estudiantes universitarios, profesionales y jóvenes que estén incursionando en el mundo empresarial.
La iniciativa organizada por la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Económica de Misiones (JECEM) y que contó con una masiva concurrencia en el Salón OSDE, ubicado en el centro de Posadas, se concretó con el apoyo de la CEM y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Disertantes
Entre las charlas informativas y motivacionales, se destacó la del emprendedor marplatense Tomás Fernández, quien expuso acerca del trading, criptomonedas y finanzas. En tanto que Juan Pablo Comparín, oriundo de Virasoro y residente en Posadas, se refirió al escenario y los desafíos “del mundo después de cripto”.
Experiencias locales
Por otra parte, se presentó un living emprendedor de casos de éxito local, en el que contaron sus experiencias Omar Sosa propietario del Pan de la Abuela, que ya tiene cinco sucursales en Puerto Iguazú y una franquicia en San José y Grisel Impini quien está al frente de MeFitocosmética, emprendimiento de productos cosméticos con ingredientes naturales biodegradables.
