La deuda pública misionera está en su punto más bajo del último quinquenio
Ya a finales del 2019, cuando el gobierno nacional del ex presidente Macri comenzaba a despedirse del poder, comenzó a tomar más fuerza el problema de la deuda. De hecho, el punto central de la problemática fue el reperfilamiento de deuda que estableció el ex mandatario durante los últimos meses de su gestión.
Ante ello, el 2020 se inició con la deuda pública como uno de los pilares centrales a resolver, particularmente en la negociación de tenedores de bonos y títulos argentinos en el exterior. Antes de poder llegar a una solución, vino la pandemia: cachetazo para las arcas públicas en sus primeros meses, pero la negociación siguió en pie y, tras largos meses de negociaciones, el ministro Martín Guzmán logró cerrar el acuerdo.
En medio de todo ello, comenzó un segundo problema relativo a la deuda pública: el pasivo de las provincias, donde una buena parte de la explicación del problema que atravesaban correspondía a lo sucedido algunos pocos años antes.
Todos recordaremos que la primera medida fuerte del gobierno de Macri tras asumir, fue el arreglo con los holdouts (famosos en la Argentina por ser llamados fondos buitres), efectivizando el pago de deuda reclamada, lo que posibilitó una fuerte apertura del crédito extranjero para el país. En ese contexto, las provincias se sumaron a este envión, colocando títulos de deuda en el exterior, regidas bajo leyes de Nueva York y, por supuesto, en dólares, durante 2016 y 2017.
Algunas provincias tuvieron condiciones algo más favorables en función de su propio historial crediticio y de factores endógenos (si la deuda está garantizada por regalías, por ejemplo), y otras tuvieron posibilidad de acceder a crédito algo más caro, pero que, en la proyección estimada de crecimiento para esos años, más el supuesto de equilibrio y estabilidad cambiaria, generaba la expectativa de solvencia.
¿Qué vino luego de esto? Corrida cambiaria del 2018, que disparó el valor del dólar, inicio de recesión, freno de la actividad, caída en recaudación, y casi dos años después, pandemia, que fue la trompada final a cajas provinciales que, en su gran mayoría, traían un fuerte stress.
Todo esto generó que sean las provincias las que inicien sus propios procesos de negociación con tenedores de sus títulos para reestructurar los mismos: un proceso similar al realizado por la Nación, pero con las provincias ahora como protagonistas.
Doce fueron las provincias que iniciaron este camino, y cuatro lo hicieron en una situación de default. De ese total, diez ya lograron cerrar sus acuerdos (Mendoza, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Neuquén, Río Negro, Chaco y Buenos Aires – que tuvo la negociación más tensa y larga, cerrada apenas días atrás); una está a días de culminar el proceso formal de cierre de acuerdo (La Rioja); y otra aún continúa negociando, pero lo hace pagando normalmente sus servicios de deuda, evitando así todo tipo de conflicto en el medio de los diálogos (Tierra del Fuego)
Naturalmente, iniciar un proceso de reestructuración de títulos de deuda en moneda extranjera pone de manifiesto un problema de caja y de flujo de pago, y detrás de ello se esconden dos cosas: la posibilidad de insolvencia, pero también, y quizás lo más relevante en este contexto, la priorización de recursos de la gestión provincial, que debe destinar una importante masa (dependiendo el caso) de recursos para cumplir sus compromisos.
El repaso de esta historia tiene un sentido: en el listado de provincias que reestructuraron (o en están aún en proceso) no se observa a Misiones. Primer punto a favor para la provincia: no solo no debió reestructurar deuda, sino que ni siquiera tiene títulos extranjeros en dólares. Por ende, no sufrió ni la corrida cambiaria ni los altos volúmenes de pago por servicios de deuda que tenían otros distritos.
Pero la situación es aún más auspiciante para Misiones cuando analizamos el stock de deuda de la provincia: si observamos los datos del período 2017 – 2021, actualmente Misiones está en su nivel más bajo de deuda pública al medirlo en moneda constante.
Veamos de qué se trata esto. En primer lugar, cabe destacar la aclaración del motivo por el cual tomamos este período de análisis, y tiene que ver con un aspecto metodológico fundamental: el IPC.
Recordemos que la gestión Macri impulsó una nueva serie de medición del alza de precios que tiene como base a diciembre de 2016, e incluye no solo la medición nacional sino también regional. Por ese motivo, y para utilizar una sola serie del índice de precios, particularmente la referida a la de la región del NEA, tomamos en consideración el periodo 1º trimestre 2017 como inicio del análisis, hasta el 2º trimestre 2021, que son los últimos datos disponibles.
Los datos de este último período mencionado nos dicen que el stock de deuda pública de la provincia de Misiones es por un total de $12.075,2 millones: tiene un incremento del 25,4% a pesos corrientes, respecto a igual período del 2020; y en ese marco, el 64,1% del total del stock de deuda es con el Gobierno Nacional y un 34,3% en Títulos Públicos, entre otros.
Sin embargo, si medimos el stock de deuda pública misionera en moneda constante, como se indicó anteriormente, observamos que en este 2º trimestre 2021 Misiones tiene el stock más bajo de 
toda la serie analizada. Dicho de otro modo, la provincia sostuvo un proceso de desendeudamiento progresivo que permitió que hoy esté en su nivel más bajo.
Como frecuentemente lo indicamos, tener un bajo stock de deuda pública es una ventaja comparativa en relación a otras jurisdicciones, no solo porque no sobrecarga al gasto, sino porque, además, incluso, permite tener latente la posibilidad de salir al mercado en búsqueda de financiamiento más barato para la ejecución, por ejemplo, de alguna obra de gran magnitud.
Ahora bien, la fortaleza misionera en este caso no se trata solamente de un bajo stock de deuda pública, sino de su vinculo con los ingresos y con el gasto.
Como primer punto, veamos el stock en relación a los ingresos de la provincia. Como el último dato disponible corresponde al segundo trimestre 2021, podemos comparar entonces cuanto pesa el stock de deuda provincial sobre el total de los ingresos de ese mismo período, respecto a años anteriores.
Aquí volvemos a ver un piso: tomando los segundos trimestres del período 2017-2021, en la actualidad el stock de deuda es el de menor peso sobre los ingresos: equivale a solo el 12,1%, cuando en el 2017 era del 29,4% de los ingresos totales del período. Aquí juegan en conjunto dos factores: la baja del stock real y el fuerte incremento real de los recursos que tuvo la provincia en este período.
En la actualidad (2º trimestre 2021) sobre un total de doce provincias que tienen datos actualizados de sus stocks de deuda, Misiones tiene la segunda proporción stock/ingresos de todo el país, solo por encima de Formosa. Esto pone una vez más de manifiesto la situación beneficiosa en este punto particular que tiene Misiones respecto a otras jurisdicciones, que parte de la propia administración y gestión de los pasivos.
El segundo punto fundamental de la relación del stock con otras variables, es al observar los servicios de deuda (es decir, los pagos) en relación al gasto de la provincia. Considerando nuevamente los segundos trimestres para el período 2017-2021, en la actualidad el peso del pago de servicios de deuda se encuentra en su piso, cuando se lo relaciona con el gasto total: representan apenas el 0,4% del gasto total misionero.
En este punto, cabe destacar que en todo el período analizado el peso de los servicios de deuda ha sido históricamente bajos, sin llegar en ningún caso al punto porcentual. Esto se trata de un dato fundamental importancia: a menor carga de pago de deuda, se direcciona el gasto hacia otras prioridades de la gestión de gobierno que hacen al desarrollo provincial. Menos peso de la deuda, más recursos para infraestructura, innovación, demandas sociales, fomento al consumo, salarios, etc.
En definitiva, una de las grandes fortalezas misioneras desde el punto de vista fiscal es el hecho de contar prácticamente con la totalidad de su presupuesto para volcarlo a inversión y al funcionamiento del Estado, sin tener que preocuparse demasiado por el cumplimiento de pago de deuda, algo que no ocurre en todas las provincias.
