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Misiones busca financiamiento por 20 millones de dólares para dos nuevas plantas de energía solar

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Misiones presentó un proyecto de inversión para acceder a una línea de financiación por 20 millones de dólares para avanzar en la construcción de dos  nuevas plantas de energía solar. La propuesta fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto a Paolo Quintana, secretario de Energía de Misiones, en una reunión virtual con representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

La propuesta que presentamos contempla la edificación de dos Parques Solares Fotovoltaicos (PSFV) en Posadas, uno en el predio de Silicon Misiones y otro ubicado en un predio aledaño al cruce de la Ruta Provincial N° 213 con la Ruta Nacional N°12

Ambos parques albergarían casi 14 mil paneles fotovoltáicos con una capacidad de 550 watios pico (Wp) cada uno. Aportarían al sistema energético de Posadas casi 12 mil Gigawatts hora por año y una potencia total de casi 8 megavatios pico. Como consecuencia de este incremento en la oferta eléctrica, se lograría alcanzar un ahorro de casi 3,5 millones de dólares anuales.

La solicitud de Misiones para acceder al financiamiento necesario para poder avanzar con este proyecto se respalda en el constante aumento de la demanda energética, tanto de las industrias (en un contexto de crecimiento económico) como de la familias (5,72% anual) en un escenario condicionado por las asimetrías históricas: Misiones todavía no cuenta con acceso a la red de Gas Natural, ni tampoco a recursos petroleros, como sí sucede en otras provincias argentinas.

“También pusimos mucho énfasis en destacar las características naturales de nuestra provincia, que posee condiciones excepcionales para aprovechar la energía solar, un recurso energético renovable y limpio y para el cual Misiones dispone de ventajas comparativas para desarrollar su aprovechamiento. El informe que presentamos junto al Secretario de Energía, entre otros detalles del contexto misionero, explica cómo de forma recurrente durante los últimos cinco años los picos de demanda energética se produjeron siempre durante la temporada de verano, momento del año en el cual las plantas fotovoltáicas que proponemos construir desarrollarían su máximo potencial de generación de energía (por tratarse de meses con mayor cantidad de horas solares diarias)”, señaló Safrán.

El diagnóstico preliminar acerca del potencial impacto ambiental para evaluar la viabilidad de este proyecto indica que no se vislumbran conflictos socio ambientales que impidan su ejecución. Por otra parte, entre otras ventajas técnicas, se mencionó la posibilidad de descongestionar la carga de la red de distribución, mejorar la calidad del servicio en aquellas zonas donde es más inestable y reducir la dependencia de energía generada en base a combustibles líquidos; y, en cuanto a las ventajas operativas, la accesibilidad de los predios en donde se localizarían los parques y la posibilidad de utilizar las capacidades disponibles en las redes de media tensión existentes (una condición que reduce fuertemente el gasto operativo para implementar el proyecto).

El objeto de este plan de inversión, además de contribuir estratégicamente a enriquecer la oferta de energía en la ciudad de Posadas y alrededores, es favorecer la diversificación y transformación de la matriz energética hacia recursos que, como el solar, son renovables y más limpios, lo que alienta la reducción de las emisiones de CO2 en Misiones y el mundo.

Participaron de la reunión virtual, por parte de FONPLATA (Banco de Desarrollo Regional integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), Marina Dockweiler, Especialista Ambiental; Virginia Muruzabal, Analista de Operaciones; Jessica Felez, Especialista en Proyectos; Blas Rozada Perret, Especialista en Cooperación Técnica; Ignacio Asis, Especialista en Monitoreo y Evaluación de Proyectos; y Carmen Wilka, Especialista en Gestión Financiera. Por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, participaron Mauro Conti, Director Nacional de Priorización Estratégica del Financiamiento Externo; y Claudia Irazu y Guillermo Berón, asesores en la gestión de programas y proyectos públicos financiados con crédito internacional.

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Cepo de ayer, cepo de hoy: ¿hasta cuándo durarán los controles cambiarios?

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La economía argentina presenta profundos desequilibrios macroeconómicos. En gran parte de nuestra historia, la volatilidad provocó una inflación persistente y un tipo de cambio con amplios movimientos. Así, nuestra moneda sufrió una sostenida pérdida de valor, resultado de estos procesos de depreciación y suba de precios, forzando a los argentinos a refugiarse en el dólar para evitar la licuación de sus ahorros. Pero, ya que la disponibilidad del billete verde no es ilimitada, esta tendencia muy instaurada agrava los desequilibrios y perpetúa el ciclo escasez de dólares-devaluación-inflación. 

Estos movimientos cambiarios no son inocuos para la sociedad: en el corto plazo, empeoran los ingresos reales y la calidad de vida. Esta relación causal es conocida por las autoridades económicas (y políticas), que intentan, frente a presiones cambiarias, evitar el ajuste de los precios forzando un control de las cantidades. De esta manera, durante la última década, en dos de cada tres meses los argentinos tuvimos restricciones a la compra de divisas.  

No obstante, los “dos cepos” (octubre 2011 – diciembre 2015 y septiembre 2019 hasta la actualidad) fueron introducidos en dos contextos macroeconómicos bien distintos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo evolucionó la economía en cada período? ¿Será más sencillo levantar el cepo actual que el anterior?  

¿Cómo se llegó a cada cepo? 

En 2011, Cristina Kirchner logró su reelección con más de la mitad de los votos. En esta línea, la economía venía creciendo a una tasa promedio del 8% en los dos años previos. Sin embargo, las principales variables habían empezado a mostrar algunos signos de deterioro, que complicarían el desempeño futuro. Por caso, los superávits gemelos se estaban esfumando, mientras la inflación se aceleraba. A la vez, el dólar aumentaba la mitad que el nivel general de precios y el tipo de cambio real se apreciaba: a pesar de ser competitivo todavía, en 2011 esta variable era un 24% menor al promedio 2003-2006. 

Producto del crecimiento de la actividad y el encarecimiento de nuestra en economía en dólares, los salarios reales en 2011 eran un 20% mayores al promedio del 2007-2010 (y +50% en moneda extranjera). Esto generaba que la dolarización de ahorros tuviera un peso mayor sobre la disponibilidad de divisas del Banco Central. Simultáneamente, la tasa de interés de referencia se mantuvo persistentemente por debajo de la inflación en todo el período previo a la implementación del cepo, desincentivando el ahorro en pesos. Por último, el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos (no por el saldo del comercio de bienes, sino por el de servicios y rentas) también implicaba una necesidad de financiamiento que presionaba sobre las reservas. 

En este contexto, se instaló el programa de “consulta de operaciones cambiarias” de la AFIP, dando lugar al inicio de las restricciones a la compra de divisas. Desde entonces, las regulaciones y la rigidez del control de cambios fueron in crescendo: prohibición al giro de dividendos y regalías al exterior, límites a la extracción de dólares fuera del país, interrupción de hecho a la compra de dólares, recargo por compras con tarjeta de crédito en el exterior, entre otras.  

El cepo actual se introdujo en un contexto muy diferente, además que de otra manera -mediante una comunicación del Banco Central-. En 2019, la economía acumulaba casi una década de estancamiento y 2 años consecutivos en recesión (con una caída acumulada de 5%). A su vez, el tipo de cambio real era un 15% más competitivo que en octubre de 2011. Por su parte, el poder de compra de los salarios también acumulaba una caída de 17% en cuatro años. Sin embargo, el reperfilamiento de la deuda y la corrida cambiaria post-PASO en un contexto en que las reservas netas eran 40% menores a las de octubre de 2011, llevaron a las autoridades a reinstalar el control de cambios. 

¿Cuál fue la performance de la economía en ambos períodos? 

Las regulaciones a la compra y giro de divisas permiten al Banco Central restringir la demanda y administrar la asignación de la oferta, reduciendo la volatilidad en el mercado del dólar oficial. Estas medidas, al mismo tiempo, desincentivan la llegada de nuevos dólares, ya que aquellos capitales (financieros o productivos) que ingresen no podrán salir o girar sus ganancias a sus casas matrices. Lo ideal, en estos casos y dado el cepo, sería utilizar el tiempo “ganado” con las restricciones para corregir los desequilibrios que dieron origen al problema, para poder levantarlo y revertir los problemas iniciales. Ahora bien, ¿pasó esto? 

Entre el comienzo y el final de la primera de estas etapas, el tipo de cambio real siguió apreciándose hasta volverse un 34% menos competitivo. Este proceso erosionó todavía más el resultado de la cuenta corriente, que fue deficitaria en todo el período. Aunque la apreciación en los primeros dos años de este proceso coincide con la acumulada del cepo actual (13% y 14% respectivamente, como puede verse en el gráfico 1), el evento actual parte de un nivel de competitividad muy superior (+15% al comienzo), como puede observarse en segundo gráfico. A partir de la devaluación de comienzos del 2014, la apreciación cambiaria se aceleró a un ritmo mayor que en la primera mitad del cepo anterior. 

Centrándonos exclusivamente en la dinámica del tipo de cambio real y su nivel actual, parecería que el Gobierno tiene margen para repetir el proceso 2014-2015. Sin embargo, esto difícilmente podrá repetirse en adelante: como puede verse en el tercer gráfico, mientras que desde que se impuso el cepo del 2011 el Banco Central compró más de USD 9.000 millones en los primeros 24 meses de vigencia, apenas compró USD 1.000 millones en los primeros 2 años del cepo actual (ayudado por la mejora en el precio de los commodities y algunas trabas a las importaciones). Esto indica que la capacidad de maniobra de la autoridad monetaria en el mercado de cambios es menor a la de aquel entonces.   

Para peor, la inversión extranjera directa (IED) se deterioró más en el cepo actual que en el de 2011: durante el primero de estos controles de cambios cayó un 54%. Pandemia y cuarentena mediante, la IED de los últimos 12 meses es un 76% menor que la análoga de septiembre 2019 y un 44% menor que la de septiembre 2015 (la menor IED anual del cepo anterior). 

Además, el cepo segmenta el mercado de cambios, dando lugar a múltiples dólares paralelos. Esto origina brechas cambiarias (gráfico 4) que dan incentivos de hacer arbitrajes y operaciones con el exterior que muchas veces inciden de manera negativa sobre la economía. En términos reales, el dólar blue actual es mucho más alto en comparación con el del cepo anterior. A la vez, durante el cepo previo, la brecha cambiaria promedió mensualmente un 43% (77% promedio mensual de máxima), mientras que la actual ronda el 62% y llegó a alcanzar el 150% en octubre del año pasado. Un atraso del tipo de cambio oficial añadiría presiones sobre los paralelos, traccionando la brecha, algo que el equipo económico está buscando evitar mediante diversas medidas. Al mismo tiempo, con una distancia de este tamaño entre el dólar oficial y el paralelo, un Banco Central al que le cuesta acumular divisas y una inversión extranjera en mínimos, el poder de fuego como para seguir apreciando es acotado. 

Eliminar el control de cambios implica convalidar una mayor demanda de dólares oficiales, ¿podemos permitírnoslo?  

Los dólares que necesita la economía real para funcionar hoy son menores que los que demandaba durante el cepo anterior. La actividad es menor, de modo que las importaciones también lo son, a la par que los salarios en dólares se derrumbaron 45% en relación con 2015, reduciendo la capacidad de ahorro y su poder de compra. Más aún, la mejora de las exportaciones y la disminución del turismo -al menos en el corto plazo- provocarán que la cuenta corriente sea superavitaria este año.  

Sin embargo, las aristas financieras revierten este superávit. A diferencia de ese momento, el Sector Público Nacional se encuentra fuertemente endeudado, y requerirá muchas divisas para el pago de obligaciones en los próximos años. Mientras que a fines de 2015 la deuda en moneda extranjera representaba dos años de exportaciones, al término de 2020 implica casi cuatro. Para peor, mientras que a fines de 2015 había un total de vencimientos programados en dólares por USD 12.000 millones para el año siguiente, actualmente se espera que estos pagos superen los USD 31.000 millones en 2022. Y estas obligaciones deberán afrontarse sin acceso al mercado internacional de capitales, al menos mientras que el riesgo país siga en niveles tan elevados. Por último, la ausencia de rendimientos reales positivos en pesos (únicamente alcanzables con plazos fijos UVA o instrumentos en CER, sin acceso masivo del público) y la perspectiva de que la inflación seguirá elevada en los próximos años dificultan pensar en que la demanda de dólares por motivos de ahorro ceda.  

Por último, pero no menos importante, liberar el acceso al mercado de cambios podría llevar al dólar a valores muy elevados, que a priori no parecen necesarios en materia de competitividad. En conclusión, difícilmente las autoridades convaliden una devaluación contractiva cuando los dólares se requieren para el pago de la deuda. Por lo tanto, el control de cambios habría llegado para quedarse algunos años más. ¿Se aprovechará esta vez para corregir los desequilibrios de fondo o se perderá otra oportunidad? 

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Dólar: el Banco Central refuerza los controles cambiarios

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El Banco Central extendió el límite que tienen las empresas para la Formación de Activos Externos al grupo de control accionario y a las operaciones de canje de títulos públicos locales contra bonos externos en la medida que se utilizan para la liquidación en moneda extranjera. Al limitar las operaciones en el mercado de Contado con Liquidación (CCL) busca evitar que se amplíe la brecha cambiaria y así restarle presión a la cotización oficial. Desde la autoridad monetaria aclararon que la medida está dirigida exclusivamente a grupos económicos y no afecta a las personas.

La norma A7327 establece que las entidades financieras deberán requerir una declaración jurada de las empresas que acceden al mercado de cambios donde expliciten que 90 días antes y 90 días corridos después de la operación no han concertado ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

La declaración jurada debe incluir el detalle de las personas humanas o jurídicas que ejercen una relación de control directo, a quienes también les alcanza la limitación de realizar operaciones o canje de títulos con liquidación en moneda extranjera. Las entidades financieras deberán requerir esta Declaración Jurada con las operaciones que se cursen a partir de la apertura del mercado de este lunes. Con el fin de facilitar la implementación y para evitar demoras en las operaciones que se cursan por el mercado de cambios, la medida fue comunicada a las entidades con 48 horas de anticipación y por eso la novedad se filtró durante el fin de semana.

El Central busca evitar dos maniobras con esta nueva medida:

A) la norma establecía que si un CUIT iba al CCL no podía ir al Mercado Único y Libre de Cambios, pero algunos iban al CCL con el holding controlante y al MULC con el otro CUIT, de esa manera eludian la restricción. Ahora si la firma contolante hace CCL, arrastra a la controlada.

B) en otros casos se detectó que en vez de hacer el CCL tradicional, que es vender los títulos públicos contra dólares, efectuaban un canje entre títulos públicos locales y bonos americanos y luego vendían estos contra cable. Ahora se cierra el camino a ese canje.

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¿Por qué no se cancelan los Juegos Olímpicos? La respuesta en cifras

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Por Kevin DraperAndrew KehTariq Panja y Motoko Rich.

Los Juegos Olímpicos siempre han sido un asunto de números. Después de todo, el lema Citius, Altius, Fortius —más rápido, más alto, más fuerte— no significa mucho sin segundos, metros y kilos. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan fuerte?

Sin embargo, durante más de un año, un conjunto diferente de cifras ha llegado a dominar las discusiones sobre los Juegos de Tokio: el aumento de los casos de coronavirus, la escalada de los factores de riesgo, los totales de vacunación inadecuados.

A pesar de estas preocupaciones, es casi seguro que los Juegos seguirán adelante este verano: La última prueba fue el anuncio el lunes de que se permitiría a los espectadores nacionales asistir a los eventos olímpicos con una capacidad reducida.

Estas cifras pueden ayudar a explicar por qué —a menos de un mes de la ceremonia de apertura— los Juegos siguen adelante.

Si el nuevo estadio nacional de Tokio se queda vacío la noche de la ceremonia de inauguración, la inversión de 15.400 millones de dólares se irá a la basura. La cifra, un récord incluso para los presupuestos olímpicos —célebremente sobredimensionados— ha aumentado en 3000 millones de dólares solo en el último año. Pero el daño a la reputación de Japón, además de la pérdida de dinero, sería incalculable.

“Este era el ejercicio de marca que iba a mostrar a la superpotencia de estilo de vida en la tierra”, dijo Jesper Koll, un asesor de inversiones que ha vivido en Japón durante más de tres décadas. “Al final, no se trata de recuperar o no los costos de construcción, sino de si la marca país recibe un impulso”.

Gran parte de las ventajas que los hoteleros o los restaurantes de Tokio podían esperar de la celebración de los Juegos ya se han evaporado, ya que en marzo los organizadores prohibieron la entrada de espectadores internacionales. E incluso los visitantes olímpicos que estarán autorizados a entrar en Japón no podrán disfrutar de la mayoría de los encantos de Tokio porque las normas los limitan a moverse en las sedes olímpicas.

Esa es la cantidad potencial de ingresos por derechos de televisión que el Comité Olímpico Internacional, que organiza y dirige los Juegos, podría tener que devolver si las Olimpiadas no se celebran. La cifra representa el 73 por ciento de los ingresos del COI. Los patrocinios relacionados con los Juegos suponen cientos de millones de dólares más, y una cancelación significaría que esas empresas también podrían solicitar reembolsos.

Los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos de verano en Estados Unidos se encuentran entre las propiedades deportivas más valiosas del mundo, y los ingresos publicitarios que producen regularmente los convierten también en los más rentables. En marzo de 2020, NBC Universal, que tiene los derechos de transmisión de los Juegos en Estados Unidos, anunció que había vendido 1250 millones de dólares en publicidad nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso superó la cantidad vendida para los Juegos Olímpicos de Río de 2016, que habían generado 1620 millones de dólares en ingresos totales para la compañía y 250 millones de dólares en beneficios.

Y ni siquiera el retraso de un año puede perjudicar los resultados de la NBC. Jeff Shell, el director ejecutivo de NBC Universal, dijo en una reciente conferencia de inversores que, dependiendo de las audiencias, los Juegos Olímpicos de Tokio “podrían ser nuestros Juegos Olímpicos más rentables en la historia de la compañía”.


La palabra “solidaridad” aparece 406 veces en el último informe anual del COI. La referencia más significativa es a los 549 millones de dólares que distribuye en los llamados pagos de solidaridad y otros a los comités olímpicos nacionales grandes y pequeños. (Las cuentas del COI no proporcionan un desglose de quién recibe qué).

Para muchos comités olímpicos, la generosidad del COI —que paga todo, desde los costos administrativos hasta las subvenciones para la formación y los programas de desarrollo de los jóvenes— es un salvavidas financiero vital. En la isla caribeña de Santa Lucía, por ejemplo, la financiación del COI representa alrededor de una cuarta parte de los 600.000 dólares de ingresos anuales del comité olímpico nacional, según Richard Peterkin, antiguo miembro del COI.

Pero los países más grandes también cuentan con los fondos. A principios de este año, la Asociación Olímpica Británica planteó en su informe anual la posibilidad de un colapso financiero si se cancelaban los Juegos de este verano. “La cancelación de los Juegos más tarde de mayo de 2021”, concluyeron recientemente sus directivos, “crearía una incertidumbre material que podría arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha”.

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos obligó a miles de atletas —unos 11.100 para las Olimpiadas y otros 4400 para los Juegos Paralímpicos, que en conjunto representaban a más de 200 países— a poner sus vidas en espera durante un año y a volver a comprometerse con otros 12 meses de entrenamiento. También significó aplazar los planes de matrimonio y las inscripciones en la universidad, e incluso los planes de tener hijos. Así que no es de extrañar que, en general, los competidores de todo el mundo estén ansiosos de ver que se celebren finalmente los Juegos.

“Se suponía que mi próximo capítulo ya debería estar sucediendo”, dijo Delante Johnson, de 22 años, un boxeador de Cleveland que había apuntado a convertirse en profesional en 2021. Decidió mantener su condición de amateur un año más, en parte, para cumplir una promesa que le había hecho a su antiguo entrenador, Clint Martin, fallecido en 2015. “Siempre me dijo que iría a los Juegos Olímpicos”, dijo Johnson, “y me aferro a lo que me dijo”.

Para los atletas olímpicos que han dispuesto toda su vida para perseguir sus sueños, los Juegos lo son todo. Pueden abrir la puerta a oportunidades de patrocinio, a dinero de bonificación por medallas, a carreras posteriores a la competición. Para muchos, también ofrecen la rara oportunidad de actuar ante un público mundial. “Por fin se nos permite tener esa emoción, y me siento mareada”, dijo Kaleigh Gilchrist, de 29 años, jugadora de waterpolo de Newport Beach, California. “Por fin podemos mostrar todo el trabajo duro que hemos hecho”.

Ese es el índice de aprobación actual del primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, que puede temer que su suerte política esté ahora demasiado ligada a los Juegos como para cancelarlos. “Si cancela los Juegos, estará políticamente muerto”, dijo Jeff Kingston, director de estudios asiáticos de la Universidad de Temple en Tokio. Con las elecciones nacionales que se avecinan en septiembre, dijo Kingston, Suga puede ver ahora los Juegos Olímpicos como un potencial salvavidas.

Para Suga y su gobierno, la organización de unas Olimpiadas exitosas —y seguras— supondría una enorme ventaja política. La desventaja, por supuesto, es el riesgo de una catástrofe de salud pública que cueste vidas y golpee la economía de Japón. Esto causaría un daño mucho más grave simplemente perjudicar la reputación política personal de Suga.

“Esta es la posible realización de la variante de Godzilla”, dijo Kingston. “¿Así es como Tokio quiere ser recordada?”.

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Kevin Draper es un reportero de negocios deportivos que cubre las ligas, los propietarios, los sindicatos, los estadios y las empresas de medios de comunicación que están detrás de los juegos. Antes de incorporarse al Times, fue editor en Deadspin. @kevinmdraper

Andrew Keh es un reportero de deportes en Nueva York que cubre los Juegos Olímpicos. Anteriormente fue corresponsal internacional con sede en Berlín y ha informado desde más de 25 países. @andrewkeh

Tariq Panja cubre algunos de los rincones más oscuros de la industria deportiva mundial. También es coautor de Football’s Secret Trade, una denuncia sobre la multimillonaria industria del comercio de jugadores de fútbol. @tariqpanja

Motoko Rich es la jefa de la corresponsalía en Tokio, donde cubre la política, la sociedad, el género y las artes de Japón, así como noticias y reportajes sobre la península de Corea. Ha cubierto un amplio rango de temas para el Times, incluyendo bienes raíces, economía, libros y educación. @motokorich • Facebook

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La inversión recupera por el ascensor y el consumo por la escalera: ¿hasta cuándo?

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En 2020, la pandemia y la cuarentena golpearon sensiblemente a la economía global, y la Argentina no fue la excepción. En el segundo trimestre del año pasado, el piso de la crisis, el PBI cayó casi 20% i.a., la inversión casi 40% i.a. y el consumo privado 22% i.a. Como resultado, la formación bruta de capital fijo volvió a los niveles de quince años atrás, a la vez que el consumo de los hogares retrocedió más de una década. El desplome de los ingresos reales y la destrucción de empleo, además de la extrema incertidumbre, explicaron esta dinámica.  

Ahora bien, así como la caída fue heterogénea, el rebote también lo está siendo. En tanto la inversión ya está un 20% arriba de los niveles pre-pandemia, el consumo privado sigue 6% por debajo. Se observa entonces una recuperación a dos velocidades, con algunas implicancias relevantes sobre nuestra economía. Tiene sentido entonces interrogarnos por qué se observó este comportamiento dispar para entender cómo podría reconfigurar nuestro futuro. 

En primer lugar, vale marcar que la inversión tiene un comportamiento mucho más volátil que el resto de los componentes de la demanda: históricamente, cae más rápido, pero también se recupera con mayor velocidad. El consumo tiene un piso “esencial”, que le impone un límite a su caída, mientras que la falta de perspectivas de crecimiento golpea a la inversión mucho más fuertemente. La posposición de proyectos productivos puede ser mucho más fuerte que la de compras “inmediatas”. En este sentido, y a modo de ejemplo, sobresale que la inversión cayó más del triple que el PBI en el promedio de las últimas tres recesiones (2014, 2016 y 2018-2019). Concretamente, mientras que la actividad se contrajo en torno al 4% durante los trimestres recesivos, la formación bruta de capital fijo -el nombre “técnico” de esta variable en las cuentas nacionales- cayó 15%. 

En sentido opuesto, la inversión también suele ir más rápido en las recuperaciones. Los proyectos suelen reanudarse en tanto las expectativas mejoran, mientras que el consumo está más encorsetado para rebotar. Al realizarse con ahorros, la “plata” que financia la inversión suele estar disponible en la inmediata pos-crisis. Por el contrario, el consumo suele solventarse con salarios -y puestos de trabajo-, que tardan más en recuperarse. 

Las restricciones a la oferta también agudizaron esta volatilidad. Independientemente de querer o no llevar a cabo una inversión, una parte relevante de éstas estaban frenadas por la cuarentena. Por caso, la construcción estuvo limitada durante gran parte del año pasado por razones sanitarias. En consecuencia, cuando se reabrieron las actividades, se reanudaron muchas obras simultáneamente, generando un efecto rebote más pronunciado. 

A la vez, la recuperación de la masa salarial todavía no es total: se encuentra 9% por debajo de 2019. Con los números del mercado de trabajo del primer trimestre, se verifica que en un año se perdieron casi 500.000 empleos, a la vez que el salario real de los trabajadores registrados está 8% por debajo del arranque de 2020. En consecuencia, los principales flujos que impulsan al consumo, los ingresos, se están recuperando lentamente, provocando esta dinámica. 

El esquema de políticas públicas también está configurando este set de crecimiento. Por un lado, los préstamos a las empresas crecieron 10% en términos reales en relación con la pre-pandemia, impulsados por las nuevas líneas de financiamiento a tasas subsidiadas. Si bien una parte de estos está yendo a pagar sueldos, capital de trabajo, otra parte está ayudando a recuperar la inversión. En un sentido similar, la obra pública, un gasto del Estado que genera mucho empleo y consume pocas divisas, creció 56% i.a. real en los primeros cinco meses del año. Por lo tanto, el esquema de políticas también está provocando esta dinámica. 

En los próximos meses, esperamos que esta tendencia de una inversión creciendo más rápido que el consumo privado continúe: el poder adquisitivo y los puestos de trabajo se recuperarán lentamente en el mejor de los casos, en tanto la obra pública seguirá creciendo con fuerza, máxime en la previa electoral. Por otro lado, la virtual desaparición de las restricciones operativas en un contexto de cepo y brecha cambiaria, además de pocos destinos posibles para el ahorro privado, impulsará a la construcción privada, agrandando esta diferencia. A la vez, proyectamos que los programas de impulso al consumo en cuotas seguirán limitados, en tanto las Reservas netas continúen en niveles bajos y los pagos de deuda sigan a la orden del día. 

No obstante, más allá de esta diferencia, ambas variables seguirán en terreno positivo, en parte porque las bajas bases de comparación que dejó el año pasado impulsarán las tasas de los próximos meses, y en parte porque la economía del segundo semestre estará impulsada por una mayor expansión fiscal, una baja de la inflación en un contexto de dólar oficial planchado y una recuperación del salario, supeditada a la reapertura de paritarias. 

El desafío será estirar esta buena racha a 2022. Firmado el acuerdo con el FMI, el espacio para impulsar el consumo y la inversión por parte del sector público se achicará, a la par que los mayores vencimientos de deuda y las menores Reservas netas podrían terminar con la calma cambiaria. Para eso falta, disfrutemos mientras podamos. 

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