El Banco Central (BCRA) definió hoy que las entidades financieras deberán habilitar una “cuenta especial para repatriación de fondos” para que puedan utilizar exclusivamente las personas o sucesiones indivisas que estén alcanzadas por el aporte extraordinario a las grandes fortunas.
Se trata de una disposición que alcanza a las personas o sucesiones indivisas cuyos bienes superen los $200 millones y que, según la ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario, opten por repatriar el 30% de esos fondos para obtener los beneficios establecidos en la legislación.
“Las cuentas se destinarán única y exclusivamente a la acreditación y mantenimiento de los fondos provenientes de la repatriación de las tenencias de moneda extranjera o del resultado de la realización de los activos financieros situados en el exterior”, señaló el BCRA al comunicar la decisión del Directorio.
En este sentido, las cuentas especiales se les permitirá más de una acreditación, que se realizarán y mantendrán en la moneda en la que se efectivice la repatriación de los fondos y deberán provenir únicamente de transferencias del exterior cuyo originante y destinatario sea titular de la cuenta y declarante de la repatriación.
“Las entidades financieras deberán informar a la AFIP -conforme al procedimiento y pautas que determine el organismo- los débitos y créditos que se efectúen en estas cuentas”, agregó el BCRA.
Los fondos deberán permanecer depositados en la cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2021 o afectados -una vez efectuado ese depósito- a la constitución o renovación de plazos fijos o a alguno de los otros destinos establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 42/2021.
Según la norma se entiende como repatriación a los efectos de la ley de Aporte Solidario y Extraordinario el ingreso al país, dentro de los 60 días hábiles administrativos contados desde el 18 de diciembre de 2020, de “las tenencias de moneda extranjera en el exterior y de los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un 30% del valor total de dichos activos”.
Informe de Marcelo Capello y Agustín Cugno de la Fundación Mediterránea – IERAL
Lo que ocurra con las variables fiscales en 2021 será relevante para las cuentas públicas y la negociación con el FMI, pero también para determinar la credibilidad de la política económica a futuro, así como la marcha de la inflación y el tipo de cambio real, en escenarios de corto y largo plazo Los gastos originados por el COVID-19alcanzaron a 3,4% del PIB en 2020. Si se excluyen del cómputo, de todos modos el déficit primario del SPN hubiese resultado de 3,7% del PIB, similar a los guarismos de 2014 y 2018, pero multiplicando por 9 el rojo de 0,4% del PIB observado en 2019. Hubo un significativo aumento del gasto en subsidios económicos, (por el congelamiento de tarifas), que agregó 1,2% del PIB al déficit De cara a 2021, cabe subrayar que los recursos del sector público nacional podrían mejorar en el equivalente a 0,9% del PIB, principalmente por suba en Derechos de Exportación. Sin embargo, ese plus de ingresos sería compensado (o más que compensado) por un mayor gasto en subsidios a empresas privadas y públicas, en función del congelamiento de tarifas Se consideran cuatro escenarios, dos en un contexto optimista para la evolución del PIB (base; y otro que incluye ajuste fiscal), y otros dos para el caso de un crecimiento más acotado del PIB (base; y otro que incluye mayores erogaciones por persistencia del COVID). El Sector Público Nacional exhibiría un déficit primario de entre 3,6% y 5,4% del PIB en 2021, en todos los casos con mejora respecto a 2020 (entre 1,1 y 2,8 pp.), pero todavía muy por encima de lo observado en 2019 (entre 3,2 y 4,9 pp.) Si el Tesoro logra un roll over similar al de 2020 (120%) para sus vencimientos de deuda, entonces debería solicitar asistencia al BCRA por una cifra que estaría impactando en suba de la base monetaria (BM) de entre 40% y 66% en 2021, según los distintos escenarios. Se trata de un desafío mayúsculo, y en cualquier caso la BM podría estar subiendo más del 30% el presente año, salvo que se decida ajustar algunas de las partidas del presupuesto con mayor expansión prevista
La importancia macro de la evolución fiscal en 2021
La situación fiscal resultó determinante para la suerte económica de la Administración Macri. El hecho que no redujo el déficit fiscal en sus dos primeros años (déficit que había heredado), condujo a un fuerte proceso de endeudamiento, cuyos intereses pasaron a engrosar el déficit financiero, y a generar dudas en los mercados sobre la sustentabilidad de la estrategia. Ya con la crisis de 2018 se vio obligado a reducir el déficit, aprovechando la oportunidad que en ese sentido genera la devaluación de la moneda local (reducción en términos reales de los salarios públicos y las jubilaciones). Así, cerró su período con un déficit primario de apenas 0,4% del PIB, y dejaba abierta la oportunidad para un sendero fiscal más equilibrado, aunque con una deuda por reestructurar.
La nueva administración de entrada produjo un cambio de la política fiscal que apuntó a aumentar el déficit, lo cual se acentuó y disparó luego con los efectos de la pandemia, que pegó vía menor recaudación (caída de la actividad) y mayores erogaciones ocasionadas por la pandemia y para morigerar sus consecuencias sociales. Finalmente. El año 2020 concluyó con un déficit primario de 6,5% del PIB (7,1% si no se consideran como ingresos las Rentas de Inversión).
Si la pandemia afecta mucho menos a la economía, el año 2021 podría ser enfocado en principio de dos maneras desde el punto de vista fiscal. La primera, en que el gobierno deja atrás los gastos ocasionados por la pandemia, y contiene el resto de las erogaciones para reducir drásticamente el déficit fiscal, y retomar el camino hacia el equilibrio, como señal en la negociación con el FMI. El segundo enfoque, más político, sería uno en que el gobierno nacional decide aumentar en forma importante ciertas erogaciones que suelen influir en las elecciones, como la inversión pública, propia o a través de las provincias, o el gasto en salarios y subsidios. En este caso, el déficit sería menor que en 2020, pero todavía sustancialmente mayor que en 2019, de modo que podría ser visto con malos ojos desde el punto de vista de la sustentabilidad fiscal a futuro, y dificultaría la negociación con el FMI.
De modo que lo que ocurra con las variables fiscales en 2021 no será relevante sólo para las cuentas públicas y la negociación con el FMI, sino también para determinar la credibilidad en la política económica a futuro, así como lo que puede ser la marcha de la inflación y el tipo de cambio real a corto y largo plazo.
Es conocido que a largo plazo la inflación es impactada principalmente por lo que ocurra con la emisión de dinero. Y la emisión de dinero en gran medida está ligada al déficit del sector público. Por ende, la marcha fiscal de 2021, con sus posibles vertientes, impactará también sobre la inflación a corto o largo plazo. También sobre la evolución de la competitividad cambiaria (mayor gasto público, menor tipo de cambio real) y la competitividad en general, en que impactan, entre otras cosas, el nivel de los impuestos y la eficiencia de los servicios y la infraestructura pública.
Pero a corto plazo la inflación depende, además de lo que ocurra con la base monetaria, de la evolución del tipo de cambio (oficial e informal, principalmente el primero), del movimiento de los salarios, de los controles o congelamiento de precios, de la suba de precios por sustitución de importaciones, de lo que ocurra con los precios de nuestras exportaciones, entre otros factores, además de las mismas expectativas inflacionarias.
Está cada vez más claro que en 2021 se intentarán aplicar dos anclas para la inflación: tipo de cambio oficial subiendo un poco por debajo de los precios y la subsistencia de precios máximos y el congelamiento de tarifas. Por supuesto, el atraso en dichas variables podría significar la necesidad de un fuerte ajuste en ellas una vez pasadas las elecciones, entre fines de 2021 e inicios de 2022.
Por el lado de los salarios, si bien se ha declarado que se pretende que suban un poco por arriba de la inflación, no será fácil lograrlo en una economía en que todo indica que la inflación para 2021 apunta arriba del guarismo de 2020, y que la prevista en el presupuesto para el actual año (29%). Si el gobierno pretende morigerar las expectativas inflacionarias, sin que los salarios pierdan poder adquisitivo nuevamente en 2021, deberían estar pensando en algún mecanismo de cláusula gatillo, o similar, actuando ex post, y no ex ante.
De modo que, para definir la inflación de 2021, si las mencionadas anclas se cumplen, será muy importante la evolución de la base monetaria (y con ella del dólar informal) este año. Como se adelantó, la emisión de dinero depende principalmente del resultado fiscal del SPN y del acceso a los mercados de deuda en pesos, además de las intervenciones por motivos cambiarios y las operaciones de mercado abierto del BCRA. Por tal motivo, en lo que sigue el informe profundizará sobre los dos primeros factores: posible evolución fiscal y de la emisión monetaria por motivos fiscales en 2021, luego de repasar el cierre fiscal de 2020.
Punto de partida: Cierre fiscal 2020
En el año 2020, el sector público nacional (SPN) cerró con un déficit primario de 6,5% del PIB, y un desequilibrio financiero de 8,5%. Excluyendo las Rentas de Propiedad (como por ejemplo, las transferencias de utilidades del BCRA al Tesoro, o rentas generadas por activos del SPN), el SPN presentó un déficit primario de 7,1% del PIB, 2,6 puntos porcentuales más alto que el máximo anterior (desde 1993), correspondiente a 2016.
La fuerte baja del déficit primario en 2018 comenzó en enero de ese año, cuando los ingresos totales del SPN comenzaron a crecer por encima de los gastos primarios, dinámica que se mantuvo hasta diciembre de 2019 (23 meses). A partir de enero de 2020, y durante todo el año pasado, la dinámica se revirtió (inicialmente por propias definiciones de política fiscal, luego por efectos de la pandemia por COVID-19), con la mayor brecha entre subas del gasto y los ingresos en mayo de 2020: los primeros subieron 97% y los segundos tan solo 2,4%. Si bien luego la brecha comenzó a disminuir, en septiembre de 2020 los ingresos vuelven a caer y los gastos vuelven a subir. En diciembre vuelven a separarse las curvas, con una variación interanual del gasto del 53% (16,2 pp. por arriba de la inflación), mientras los ingresos lo hacen sólo 21% (15,4 pp. por debajo de la inflación).
Finalmente, en 2020 el gasto total del SPN creció 6% en términos reales contra 2019, fundamentalmente explicado por el crecimiento del 15,3% en los gastos primarios. Las partidas que más crecieron interanualmente fueron las transferencias corrientes a provincias (+98%), los subsidios económicos (+44,8%) y las prestaciones sociales (+19%). Las mayores mermas, en términos reales, tuvieron lugar en los intereses (-45,7%), las transferencias de capital a provincias (-31,4%), la inversión real directa (- 27%) y el Personal (-8,5%) y Otros gastos de Funcionamiento (-10,1%).
De todos los programas que componen el gasto de la Administración Pública Nacional, el 26,3% del total lo constituyen tanto las prestaciones previsionales del régimen de reparto como las de la moratoria previsional, totalizando alrededor de 1,7 billones de pesos. Dichas erogaciones cayeron un 10% en términos reales en 2020. Por otra parte, los subsidios a la energía eléctrica le costaron a la APN $318.624 millones (4,8% del total del gasto), y subieron un 65% real en 2020. Los dos pilares centrales de la contención económica a la pandemia y la cuarentena, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (AETP), costaron en total $478.663 millones2 (7,3%) del total. La asistencia financiera a empresas públicas y otros entes del ministerio de transporte creció un 13%, en términos reales, el año pasado, representando un 1,6% del gasto de la APN.
En 2020 el gobierno nacional gastó $917.793 millones para hacer frente al COVID-19 (3,4% del PIB): el IFE y el ATP costaron 0,97% y 0,84% del PIB, respectivamente, mientras que el FOGAR y FONDEP costaron 0,47% del PIB. Vale remarcar también los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que significaron 65 mil millones de pesos (0,24% del PIB).
En 2020, el gasto en salarios del SPN creció 0,1 pp. del PIB respecto a 2019, pero se retrajo en términos reales un 8,5%. El gasto salarial en 2020 se ubicó 19% por debajo de 2011, en términos reales, aunque la reducción comenzó en 2016. En contrapartida, el gasto en prestaciones sociales creció 1 pp del PIB respecto a 2019, resultando 26% mayor que en 2011.
La inversión real directa de 2020 cayó un 27% en 2020 (a precios constantes) y resultó poco más de un tercio de la observada en 2011(-62% real). Por otro lado, las transferencias corrientes al sector privado crecieron 72% en términos reales frente a 2019 (IFE, ATP, mayores subsidios en energía y transporte), alcanzando 7,5% del PIB, 3,6 pp. Adicionales al año previo.
Si se excluyen los gastos originados en la pandemia por COVID-19 en 2020 (3,4% del PIB), el déficit primario del SPN hubiese resultado de 3,7% del PIB, similar a los resultados de 2014 y 2018, pero mucho mayor al desequilibrio de 0,4% del PIB observado en 2019. Una de las principales las causas del aumento del déficit primario en 2020, sin considerar el efecto covid-19 sobre el gasto, y la caída inducida en la recaudación, fue el aumento en el gasto en subsidios económicos, por congelamiento de tarifas, que agregó 1,2% del PIB al gasto, respecto a 2019.
Escenarios de déficit primario del SPN en 2021
A continuación, para el año 2021 se plantean dos escenarios con respecto a la actividad económica: Optimista, en que el PIB crece 5,5% (supuesto Presupuesto 2021), y Pesimista, en el cual el PIB crece 3,4%, sólo por arrastre estadístico respecto a lo observado en 20204, por efectos adicionales de la pandemia por Covid-19. En ambos escenarios se supone una inflación del 43% (en lugar del 29% del Presupuesto), y que el tipo de cambio nominal aumenta un 90% de lo que resulta la inflación del año.
Luego, en los dos escenarios para la suba del PIB (optimista o pesimista), se supone un escenario fiscal base, en que el gasto resulta igual al presupuestado, salvo en salarios públicos (aumentan como la inflación), en prestaciones sociales (siguen una movilidad) y en subsidios a empresas (se estima gasto adicional de 1,2% del PIB, por congelamiento de tarifas).
Luego se agrega un escenario de “ajuste fiscal” al escenario optimista del PIB, en el cual el gasto de capital resulta un 70% del base (presupuestado) y las remuneraciones pagadas son un 10% menores que en el caso base.
Finalmente se agrega un escenario “fiscal covid” al escenario pesimista del PIB, en el cual se eroga el equivalente a 2 rondas de IFE y ATP en 2021, en esos programas o en otros que los sustituyan (gasto extra de $232.351 millones)5 Un primer hecho a remarcar, en cualquier escenario, es que, si bien los recursos podrían resultar hasta 0,9% del PIB mayores en 2021 que en el año previo, principalmente por suba en Derechos de Exportación, esos mayores recursos serían compensados o más que compensados por un mayor gasto en subsidios a empresas privadas y públicas, por el congelamiento de tarifas.
De manera que en el escenario optimista base, el déficit primario resultaría similar al presupuestado (4,4% del PIB), y de 3,6% del PIB si se opta por un escenario de “ajuste fiscal”. En el escenario pesimista, en cambio, en el caso fiscal base se daría un déficit primario de 4,8% del PIB, que subiría a 5,4% si se agregan gastos adicionales ocasionados por el Covid-19.
Sector Público Nacional: escenarios fiscales para 2021
Así, el Sector Público Nacional exhibiría un déficit primario de entre 3,6% y 5,4% del PIB en 2021, siendo en todos los casos una mejora respecto a 2020 (entre 1,1 y 2,8 pp.), pero se ubicaría todavía muy arriba de lo observado en 2019 (entre 3,2 y 4,9 pp.).
Escenarios para la emisión de dinero por motivos fiscales en 2021
Para determinar la necesidad de asistencia del BCRA al Tesoro, a través de emisión monetaria, se debe considerar primero cual es la necesidad de financiamiento en pesos en 2021, que surge de sumar los servicios de la deuda que vencen en 2021 al déficit primario de dicho período, y luego restar el monto que podría obtener el SPN como financiamiento voluntario en el mercado (pesos).
En 2020, el sector público nacional consiguió roll-over6 de su deuda en pesos y CER por un 119% de los servicios que vencían, guarismo que resultó del 142% en el cuarto trimestre del año. Estas cifras dan una pauta de lo que podría ocurrir en 2021. Para ello, se simulan diversos escenarios de roll-over de los servicios en pesos del SPN este año, a fin de determinar cuánto debería luego emitir el BCRA para cerrar la brecha fiscal y asistir al Tesoro.
Teniendo en cuenta los vencimientos de 2021 en pesos (5,5% del PIB), el gobierno nacional debería obtener entre 170% y 197% de roll-over para poder financiar el déficit primario además de los servicios, sin necesidad de recurrir a la asistencia con emisión monetaria del BCRA
En cambio, si el Tesoro logra un roll over similar al de 2020 (120%), entonces debería solicitar asistencia al BCRA que significaría una suba en la base monetaria (BM) de entre 40% y 66% en 2021, según si nos ubicamos en un escenario de mayor o menor suba del PIB, con o sin ajuste fiscal.
Si el roll over resulta en 2021 más parecido al cuarto trimestre de 2020 (140%), entonces la suba de la base monetaria por razones fiscales sería de entre 23% y 49%
En un caso extremo, con roll over del 100% y en el peor escenario fiscal, la suba de la BM por motivos fiscales sería del 83%. Un caso intermedio, más plausible, con suba del PIB del 5,5% y un gasto público similar al del Presupuesto (con algunas modificaciones, antes explicadas), la necesidad de asistencia del BCRA al Tesoro resultaría en una suba de la BM del 70%, 53% o 36%, según si el nivel de roll over de los servicios en pesos se ubica en 100%, 120% o 140% en 2021. Claramente, se trata de un desafío mayúsculo, y en cualquier caso la BM podría estar subiendo más del 30% el presente año, salvo que se decida ajustar algunas de las partidas del presupuesto que más se inflaron respecto a lo ejecutado en 2020.
1-La comparación con años anteriores se realiza mediante la eliminación de las “rentas de la propiedad” en los ingresos, debido a las múltiples modificaciones en su forma de cálculo y registración. 2- Pueden diferir de la tabla presentada en las hojas siguientes debido a que tienen fechas de corte del dataset distintos. 3 – Se consignan, de mayor a menor, los gastos que llegan hasta el percentil 70. Los otros gastos se catalogan como “resto”. 4 – Supone que la actividad económica durante 2021 resulta similar a la observada en diciembre de 2020. 5 – En 2020, el total por estos conceptos fue de 478.663 millones de pesos. 6 – Deuda que vence que es refinanciada
Por Philip Barrett, Sophia Chen y Nan Li – En 1832, la gran pandemia de cólera arrasó París. En tan solo unos meses, la enfermedad mató a 20.000 de los 650.000 habitantes de la capital. La mayoría de los fallecimientos se produjeron en el centro de la ciudad, donde muchos trabajadores pobres vivían en condiciones miserables tras llegar a París atraídos por la Revolución Industrial. La propagación del cólera agravó las tensiones entre clases sociales, ya que los ricos achacaron a los pobres la difusión de la enfermedad y los pobres pensaron que estaban siendo envenenados. La hostilidad y la rabia se dirigieron pronto contra el impopular rey. El funeral del general Lamarque —víctima de la pandemia y defensor de las clases populares— se convirtió en una gran manifestación contra el Gobierno en las calles bloqueadas con barricadas: escenas que Víctor Hugo inmortalizó en su novela Los miserables. Algunos historiadores han afirmado que la interacción de la epidemia con las tensiones acumuladas fue la principal causa de lo que se conoce como la Insurrección de París de 1832, que a su vez puede explicar la posterior represión gubernamental y las revueltas que se produjeron en la capital francesa en el siglo XIX.
Desde la Plaga de Justiniano y la Peste Negra hasta la Gripe Española de 1918, la historia está repleta de ejemplos de brotes de enfermedades que proyectan una larga sombra de repercusiones sociales, que determina el contexto político, subvierte el orden social y, a la larga, desencadena tensión social. ¿A qué se debe esto? Un posible motivo es que las epidemias pueden revelar o agravar grietas ya existentes en la sociedad, como la insuficiencia de las redes de seguridad social, la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia, incompetencia o corrupción de los gobiernos. Históricamente, los brotes de enfermedades contagiosas también han dado lugar a reacciones violentas contra grupos étnicos o religiosos, o han hecho recrudecer las tensiones entre clases sociales.
A pesar de los numerosos ejemplos, los datos cuantitativos que acreditan el vínculo entre las epidemias y la tensión social son escasos y se circunscriben a episodios específicos. Una investigación reciente del personal técnico del FMI subsana esta carencia ofreciendo datos mundiales que corroboran esta relación en las últimas décadas.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre el malestar social es determinar cuándo se han producido episodios de tensión. Aunque existen fuentes de información sobre tensión social, muchas se publican con escasa frecuencia o tienen una cobertura irregular. A fin de subsanar estas deficiencias, un reciente estudio del personal técnico del FMI recurre a un índice basado en la cobertura mediática de la tensión social para crear un Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, por sus siglas en inglés). El RSUI proporciona un indicador mensual uniforme de la tensión social en 130 países desde 1985 hasta la actualidad. Los picos de la línea del índice se ajustan muy bien a las descripciones narrativas de la tensión en diversos estudios de casos, lo que hace pensar que el índice capta sucesos reales y no la tendencia de la atención o el interés de los medios de comunicación.
A partir de este índice, el estudio del personal técnico del FMI constata que, en promedio, los países con epidemias más graves y frecuentes también experimentan mayores tensiones.
Durante una pandemia o inmediatamente después, es posible que los daños a largo plazo en el tejido social, en forma de malestar social, no salten a la vista. De hecho, las crisis humanitarias tienden a impedir la comunicación y los desplazamientos que son necesarios para organizar protestas de gran envergadura. Además, es posible que la opinión pública se decante por la cohesión y la solidaridad cuando los tiempos son difíciles. En algunos casos, los regímenes en el poder también pueden aprovechar una emergencia para consolidar su poder y reprimir la disidencia. Hasta la fecha, la experiencia de la COVID-19 se ajusta a este patrón histórico. De hecho, el número de episodios significativos de tensión social ha caído en todo el mundo hasta su nivel más bajo en casi cinco años. Entre las excepciones más notables se incluyen los Estados Unidos y el Líbano, pero incluso en estos casos, las mayores protestas están relacionadas con problemas que la COVID-19 puede haber agravado, pero no causado directamente.
Pero, si se mira más allá del período inmediatamente posterior a la pandemia, el riesgo de tensión social se dispara a más largo plazo. Utilizando información sobre los tipos de tensión social, el estudio se centra en la forma en que ese malestar suele manifestarse después de una epidemia. Este análisis muestra que, con el transcurso del tiempo, aumenta el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales. La estudio asimismo constata un mayor riesgo de una crisis gubernamental importante, es decir, un suceso que pueda llegar a derrocar al gobierno y que suele producirse en los dos años posteriores a una pandemia grave.
Si la historia sirve de pronóstico, es posible que la tensión social resurja una vez que la pandemia se disipe. La amenaza puede ser mayor en los casos en que la crisis ponga de manifiesto o agrave problemas latentes, como la falta de confianza en las instituciones, una gestión de gobierno deficiente, pobreza o desigualdad.
El informe de la Consultora Ecolatina muestra como el Ministerio de Economía habría captado un volumen que le permite pagar parcialmente el déficit primario con financiamiento privado, quitándole presión al BCRA. El informe:
En las primeras tres licitaciones del año, el Tesoro colocó cuatro nuevas series de Letras, además de un bono de renta variable (BADLAR + 5,25%) al 2023. También, reabrió la emisión de distintos instrumentos (SM311, S31M1, X13S1, T2X2 y TX23). Estas licitaciones se programaron a la medida de los vencimientos de capital e interés de Letras y Bonos en pesos de los primeros 45 días del año (S29E1, SE291, AA22, TC21, TB21, AF21 y Bocones, entre otros).
Sin embargo, por el éxito de las colocaciones, el financiamiento obtenido superó en el primer mes y medio del año al total de los pagos por un margen superior al 20%. Así, Ministerio de Economía habría captado un volumen que le permite pagar parcialmente el déficit primario con financiamiento privado, quitándole presión al BCRA.
En lo que hace a los vencimientos de deuda en dólares, el monto a pagar en instrumentos de mercado es muy pequeño en 2021. Sin embargo, los pagos a Organismos Internacionales son mucho más importantes.
Por este motivo, Argentina se encuentra formalmente negociando con el FMI un nuevo acuerdo, que reemplazaría al realizado en 2018. Este pospondría la devolución del Stand-By previo y, potencialmente, añadiría fondos frescos.
Según trascendidos, el Gobierno espera cerrar el acuerdo antes de mayo, cuando enfrentará un vencimiento con el Club de París por más de USD 2.000 M (que insumiría más del 40% de las reservas netas). Mientras tanto, se realizó el primer pago de intereses al Fondo del año, por algo más de USD 300 M (7% de las reservas netas).
Hacia fines de este mes se realizará el pago de Letras a descuento y ajustables por CER (S26F1 y X26F1) por más de ARS 200.000 M. Para enfrentar esos compromisos, habrá una nueva licitación de instrumentos del Tesoro el miércoles 24.
“Se necesitan dos para bailar un tango”, dijo Georgieva sobre la negociación con Argentina
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo hoy que la próxima misión del organismo que dialogará con Argentina “va a abordar condiciones clave” de la negociación y sostuvo que ambas partes deben hacer su trabajo para llegar a “un acuerdo completo”.
“Como dice el dicho argentino, se necesitan dos para bailar un tango. Entonces, ambas partes tenemos que hacer nuestro trabajo y encontrar una vía para un acuerdo y todavía no estamos en ese punto de tener un acuerdo completo”, precisó la directiva durante un diálogo virtual con periodistas, según reprodujo la agencia AFP.
La jefa del organismo multilateral indicó que la misión del FMI para las negociaciones con Argentina que se desplegará en las “próximas semanas” va a centrarse en definir las “condiciones clave” del programa que permita la reestructuración de los compromisos con el organismo.
Georgieva indicó que recientemente tuvo una conversación “muy constructiva” con el presidente argentino, Alberto Fernández, para “discutir la importancia de trabajar hacia una visión común de cómo tiene que ser el programa”.
“El trabajo técnico todavía está en proceso. Vamos a tener una misión para Argentina para abordar las preguntas como cuál será la forma que tome el programa y las condiciones clave”, indicó.
El jueves, el portavoz del organismo, Gerry Rice, señaló que ambos equipos trabajan “duramente” para alcanzar un acuerdo en mayo, y precisó que la misión efectuará su trabajo de forma exclusivamente virtual debido a las restricciones sanitarias por la pandemia.
También esta semana el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, planteó que aspira a llegar a un acuerdo en mayo, cuando vence una deuda de Argentina con el Club de París por 2.400 millones de dólares.
Georgieva explicó que las conversaciones se centran en generar una visión común para tener un equilibrio entre la estabilidad, el apoyo a los más vulnerables y la creación de las condiciones para un crecimiento liderado por el sector privado.
El FMI indicó el jueves que el programa en discusión es un plan de Facilidad de Fondo Extendida (EFF en inglés), a diferencia del Acuerdo Stand-By a 36 meses negociado en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri por 57.000 millones de dólares, un monto récord para el organismo multilateral.
El Fondo entregó al país sudamericano un total de 44.000 millones de dólares,y la actual administración del presidente Fernández desistió de la posibilidad de completar los desembolsos.
El 2021 aspira a ser un año de recuperación tras los cachetazos de la pandemia, y de reactivación pleno de la mayor cantidad de actividades posibles, de modo tal de poder así da un paso adelante en la recuperación del empleo, la disminución paulatina de la pobreza y el crecimiento sostenido. Pero entre una cosa y la otra hay una brecha aún importante por cerrar.
Hace una semana atrás, nos sorprendió el nivel de incremento que tuvo el IPC, cerrando el año pasado con una inflación menor a 2019 pero aún alto, sobre todo en un contexto de actividad planchada. Más nos sorprendió la fuerte alza en el NEA, región más afectada por ese fenómeno.
Pero en lo que se refiere a combatir la pobreza se refiere, los datos de las estimaciones de los valores de la Canasta Básica dieron una trompada de realidad: para el GBA (valores que mide el INDEC) aumentaron por encima de la inflación, y con proyección de salarios con caídas reales, naturalmente hay una tendencia a un alza en la pobreza generalizada en la Argentina, que las primeras proyecciones mostrarían en alrededor del 43% para diciembre 2020.
Pero como siempre decimos, el país es grande y heterogéneo, y por ellos las situaciones cambian según donde miremos. Tomando siempre el dato correspondiente a un Hogar Tipo 2 de cuatro integrantes (varón de 35 años, mujer de 31 años, niña de 8 años y niño de 6 años), el INDEC nos dice que la Canasta Básica Alimentaria (en adelante, CBA) para ese hogar es de $22.680,97, un 45,5% más que en diciembre 2019. De acá se desprende el primer dato: los alimentos de la canasta tuvieron alzas de precios más fuertes que el IPC general.
De esa manera, si cruzamos este dato con el de salarios del sector privado formal, y considerando que ese hogar tiene un solo ingreso, entonces estarían destinando el 34,5% solo a cubrir la CBA.
Pero como dijimos antes, la situación cambia alrededor del país. ¿Qué pasa en la región del NEA con la Canasta Básica Alimentaria? Veamos por provincia, siempre para un hogar tipo 2.
En Misiones, según datos del IPEC, la CBA alcanzó en diciembre el valor de $20.637,61. Se convierte así en la más baja entre las provincias del NEA, y entre 9 distritos del país de los que se disponen los datos, es la tercera más baja, solo por encima de Mendoza y Santiago del Estero. Pero lo novedoso es que en Misiones solo creció un 24,2% anual, el incremento más bajo del país, y en diciembre particularmente el alza fue de apenas el 0,6%.
En la provincia del Chaco la CBA de diciembre 2020 fue por $22.045,16 (+64,7%), en Corrientes de $21.108,46 y en Formosa de $24.128,85. Estos tres datos fueron elaborados por el ISEPCI, y en el caso correntino y formoseño no puede determinarse la variación anual debido a que el relevamiento se inicio ya iniciado el 2020.
Así entonces, Formosa tiene la CBA más cara del NEA. ¿Qué pasa si cruzamos con salarios de trabajadores privados formales? Considerando siempre un solo ingreso por hogar, entonces en Misiones se destina el 43,3% de los ingresos para la adquisición de bienes de la CBA; en Chaco un 45,1%, en Corrientes un 42,8% y en Formosa un 46,3%.
En todos los casos, está bastante por encima de lo que destina un hogar del GBA (34,5%) como vimos anteriormente.
Veamos lo relativo a la Canasta Básica Total (CBT): en el GBA alcanzó en diciembre 2020 un total de $54.207,53, creciendo en el año un 39,1%. De ese modo, un hogar cuyo único ingreso es el salario promedio de un trabajador privado formal debe destinar el 82,5% de sus ingresos para cubrir la CBT.
En el caso de Misiones, la CBT alcanzó un valor de $52.916,95 según el IPEC, creciendo un 24,2% anual, muy por debajo del IPC regional. En Chaco fue de $54.010,64 (+60,8% anual), en Corrientes $50.871,38 y Formosa $59.115,68. Al igual que se detalló para el caso de la CBA, estos tres datos corresponden a ISEPCI y en los últimos dos no pueden verse evolución anual por falta de datos.
De esta forma vemos que Misiones tiene la segunda CBT más “barata” de la región, detrás de Corrientes, aunque debe destacarse que la fuente de la información es distinta y ello puede explicar diferencias.
Ahora, ¿Cómo impacta el valor de la CBT sobre los ingresos en el NEA?
Así como dijimos que un hogar del GBA debe destinar el 82,5% de sus ingresos para cubrir la CBT, en el NEA un solo ingreso (privado formal) no alcanza y, de hecho, en Misiones es la segunda provincia de la región donde el salario promedio privado formal queda más corto, producto de tener las remuneraciones de esa índole más baja de la región.
En Misiones justamente un hogar debe destinar el 111,1% de los ingresos de un salario promedio formal privado para cubrir la CBT: por ende, se requieren de un ingreso extra para poder cubrir la totalidad de la canasta.
En el Chaco se necesita el 110,5%; en Corrientes un 103,1% y en Formosa un 113,4% de un salario privado formal.
Estas comparaciones se realizan, y como ya se dijo anteriormente, sobre la base de un salario privado formal promedio para cada provincia, pero por supuesto que si se indaga en función de los sectores la situación cambia. En algunos, como el sector financiero, un ingreso cubre con suficiente holgura el costo de la CBT; en otros, como agricultura, necesitan muchos más ingresos para ello.
Proyectar niveles de pobreza sobre esta base no es fácil, en parte porque faltan datos de ingresos del sector público y del sector informal. Pero tomando únicamente los datos de los asalariados formales privados de Misiones, y suponiendo que cuentan con un solo ingreso en ese hogar, entonces el 86% de los mismos está por debajo de la línea de la pobreza.
¿Ese número es real? ¿El 86% de los hogares misioneros que tiene un integrante con salarios privado formal es pobre? Desde ya que no, porque debe considerarse, como se dijo antes, un segundo ingreso por el hogar y otras rentas, en otras cosas, pero grafica la problema salarial e inflacionaria que se vive en todo el país.
Empleo, ingresos y precios juegan como trípode. Necesariamente, uno que cae impacta en los otros. Lo positivo para Misiones: bajo incremento de la canasta y menor costo de vida; lo otro positivo es la recuperación que está mostrando en el empleo formal; le queda ahora resolver la cuestión salarial.
Programas de fomento al consumo (los Ahora) están demostrando impactos muy positivos y es una buena medida para activar la actividad, generar mayores volúmenes de venta y causalmente, poder tener margen de mejoras salariales. Ese apoyo del gobierno al sector privado puede ser replicado en otros rubros para también dinamizarlos, y así avanzar hacia una recuperación salarial que equilibre ese trípode.
