La empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) convocó hoy a la licitación que permitirá adquirir las tuberías para la construcción del primer tramo del nuevo gasoducto troncal Néstor Kirchner, que en un tramo de 656 kilómetros se extenderá desde la localidad neuquina de Tratayén, en cercanías de la formación de Vaca Muerta, hasta Saliqueló, al oeste de Buenos Aires.
La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial, es un paso dado a continuación de la Resolución 67/2022 de la Secretaria de Energía y el DNU 76/2022 firmado recientemente por el presidente Alberto Fernández.
El llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de 656 kilómetros de tuberías para la construcción de la primera etapa del Programa Transporte.Ar, que abarca al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y obras complementarias.
El pliego de bases y condiciones para participar de la licitación se encuentra disponible a partir de hoy y habrá plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo 31 de marzo, fecha en la que se realizará la apertura de las mismas, precisa la convocatoria.
La primera etapa del Gasoducto -cuya concreción era largamente esperada por las operadoras petroleras para poder incrementar su producción de gas natural- consta de una inversión de 1.566 millones de dólares y que tiene como obra central el tramo Tratayén a Saliqueló, atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa.
Una segunda etapa prevé continuar la obra hasta San Jerónimo, en el sur de Santa Fe, lo que abriría la posibilidad de llegar con mayor volumen del gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos e industriales del país, así como vincular con el gasoducto del Noreste (GNEA)m región hoy aisladas del sistema.
Las obras en conjunto tienen por objeto ampliar la capacidad de transporte en 44 millones de metros cúbicos diarios -24 millones en la etapa inicial-, y así utilizar producción nacional y trabajo argentino para sustituir miles de millones de dólares de importaciones actuales de GNL, y combustibles como el fuel oil o el gas oil.
Tras darse a conocer la convocatoria, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “se inicia así el proceso de construcción de la obra de Transporte de Gas más importante en nuestro país de las últimas cuatro décadas”.
“Tal es su magnitud -agregó el funcionario- que permitirá transportar hasta 44 millones de m3 diarios de nuevo gas, producido con trabajo de argentinos y por empresas argentinas, que llegará a más hogares, industrias y centrales térmicas, sustituyendo GNL y gas oil importado, y ahorrando miles de millones de dólares al país”.
Por su parte, el presidente de Ieasa, Agustín Gerez, manifestó que “es un honor asumir el compromiso de escribir una página en la historia de la soberanía energética del país, en un trabajo que es continuidad del que se viene desarrollando con la Secretaría de Energía de la Nación”.
En los últimos días el titular de la empresa estatal había asegurado que tras la publicación de los pliegos licitatorios para el abastecimiento de caños y la contratación del estudio de impacto ambiental, el objetivo era finalizar las obras para el invierno de 2023.
“En base al resultado que obtengamos en la licitación de caños, ya sí poder publicar para fines de marzo o abril los pliegos de lo que sería la etapa de la construcción de estas obras”, afirmó Gerez en distintas entrevistas.
A mediados de febrero, el Gobierno constituyó el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas) para la realización de este programa de obras y declaró al gasoducto “de Interés Público Nacional”.
Con aquella publicación se allanó el camino para el inicio de los procesos licitatorios de las obras, tarea delegada en la empresa Ieasa, a la que se le otorgó una concesión de 35 años.
El Fondesgas se constituirá principalmente con los recursos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario, en lo que hace a los bienes situados en el exterior (artículo 5 de la ley 27.605) y otros fondos de operaciones de crédito, renta o que se asignen anualmente en el Presupuesto Nacional, entre otros.
La obra representará un ahorro al Estado de unos US$ 1.000 millones por la sustitución de importaciones, con un efecto neto sobre la balanza comercial energética de alrededor de US$ 2.500 millones por año, “considerando la merma en la importación y el incremento en los volúmenes exportados”.
