EMPLEO FORMAL

Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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ARCA prorroga por un año el pago a cuenta de contribuciones patronales de microempresas

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen que permite a las microempresas computar parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales. La medida, instrumentada mediante la Resolución General 5817/2026, busca sostener el alivio fiscal sobre el empleo formal en el segmento más pequeño del entramado productivo, en un contexto de fragilidad económica y necesidad de preservar puestos de trabajo.

La decisión, publicada el 21 de enero de 2026, adecua la normativa vigente a lo dispuesto por el Decreto 923/25, que prorrogó por un año más un beneficio originalmente creado en 2023. En términos prácticos, la resolución amplía el período de remuneraciones alcanzadas por el régimen, incorporando todo el ejercicio 2026.

Un beneficio fiscal clave para el empleo en microempresas

El régimen fue establecido inicialmente por el Decreto 394/23, que habilitó a las microempresas —definidas según el artículo 2° de la Ley 24.467— a computar hasta el 30% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias efectivamente ingresado como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), previsto en la Ley 24.241.

Ese esquema se aplica sobre las contribuciones patronales establecidas en el artículo 19 de la Ley 27.541, y apunta a reducir el costo laboral formal para las empresas de menor escala, consideradas las más vulnerables frente a ciclos recesivos y restricciones financieras.

La operatoria fue reglamentada por la Resolución General 5.405, que fijó requisitos, plazos y condiciones para acceder al beneficio. Posteriormente, el Decreto 1.137/24 había extendido su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, adecuación que ARCA instrumentó mediante la Resolución General 5.632.

Con la nueva normativa, el alcance temporal se amplía nuevamente: ahora el beneficio podrá aplicarse a las remuneraciones devengadas entre agosto de 2023 y diciembre de 2026.

Adecuación normativa y cambios operativos

La Resolución General 5817/2026 introduce una modificación puntual pero relevante: sustituye en el artículo 6° de la Resolución General 5.405 la referencia temporal que llegaba hasta diciembre de 2025, extendiéndola hasta diciembre de 2026. De este modo, ARCA alinea la reglamentación administrativa con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

En paralelo, la norma ratifica los aspectos operativos del régimen. La determinación nominativa de los aportes y contribuciones a la seguridad social deberá realizarse mediante el release 5 de la versión 47 del sistema “Declaración en línea”, establecido por la Resolución General 3.960, al que se accede con Clave Fiscal a través del sitio web institucional.

Desde el punto de vista institucional, la resolución cuenta con la intervención de las áreas técnicas y jurídicas del organismo, incluyendo las Subdirecciones Generales de Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas, así como la Dirección General Impositiva, lo que refuerza su encuadre formal dentro del esquema de administración tributaria.

Impacto económico y expectativas del sector

La prórroga del beneficio es leída como una señal de continuidad de políticas de alivio fiscal focalizadas en las microempresas, un segmento que concentra una parte significativa del empleo registrado, pero que enfrenta mayores dificultades para absorber aumentos de costos.

Al permitir que un tributo de percepción inmediata —como el impuesto a los débitos y créditos bancarios— se transforme en un crédito aplicable contra contribuciones patronales, el régimen mejora el flujo de fondos y reduce parcialmente la carga sobre la nómina salarial. En ese sentido, su extensión a lo largo de todo 2026 brinda previsibilidad a las microempresas en la planificación de sus obligaciones laborales y fiscales.

Hacia adelante, el impacto concreto dependerá tanto del nivel de actividad como de la capacidad de las empresas de sostener empleo formal. No obstante, la decisión de ARCA y del Poder Ejecutivo Nacional confirma que el beneficio sigue siendo considerado una herramienta vigente para apuntalar al eslabón más chico del tejido productivo.

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Reforma laboral: la baja del aporte patronal recorta más de $100.000 millones por mes a las obras sociales

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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora una reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una medida que, según estimaciones del sector, implicaría un recorte superior a los $100.000 millones por mes. El cambio, presentado como parte de una estrategia para abaratar el costo laboral y promover el empleo formal, encendió alertas en el sistema de salud sindical por su impacto fiscal y sanitario, y reavivó el conflicto político e institucional con las organizaciones gremiales.

Qué cambia la reforma y por qué impacta en las obras sociales

El proyecto de Modernización Laboral introduce modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo declarado de reducir costos y estimular la formalización. Además de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) —que prevén transferencias del sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa—, la iniciativa reduce en un punto porcentual la contribución patronal a las obras sociales, manteniendo sin cambios el aporte del trabajador en 3%.

La medida afecta a un sistema de salud tripartito —sector público, obras sociales sindicales y sistema privado— y, de acuerdo con especialistas, profundiza la crisis financiera de las obras sociales. El médico y exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, advirtió que la reducción provocaría una caída del 11% en la recaudación del subsistema sindical. En términos nominales, fuentes gremiales estiman una pérdida cercana a $16.500 millones mensuales para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y de hasta $90.000 millones para las obras sociales, totalizando alrededor de $106.000 millones por mes.

Desde el Ejecutivo, la lógica es que una mayor formalización eleve la base de aportantes y compense el menor aporte por trabajador. Sin embargo, Regazzoni calificó ese razonamiento como un error “técnico”: con menor recaudación per cápita, el sistema enfrenta más demanda sanitaria sin financiamiento suficiente, lo que agrava la tensión entre prestaciones y recursos.

Fondo Solidario, PMO y una fragilidad que se profundiza

El recorte propuesto llega en un contexto de fragilidad extrema. No existen cifras oficiales actualizadas del Programa Médico Obligatorio (PMO), pero estimaciones privadas ubican su costo entre $65.000 y $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con una base de aportes reducida y afiliados de menores ingresos. A esto se suma que los trabajadores de mayores salarios suelen derivar aportes al sistema privado, concentrando el riesgo en las obras sociales.

El titular de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri, señaló que cerca del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones por discapacidad, como transporte escolar, lo que limita la cobertura del resto de los afiliados. “Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado”, afirmó, y advirtió que muchos gremios ya subsidian con fondos propios a sus prestadores, una dinámica que consideran insostenible.

Lingieri cuestionó además el foco del recorte: “El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan”. En su análisis, la reforma prioriza reducir aportes al sistema de salud sin abordar otros componentes del costo empresario.

Más empleo, menos cobertura: la contradicción de base

Una de las críticas centrales apunta a la contradicción estructural del proyecto: si la reforma logra aumentar el empleo formal, el sistema de obras sociales no tendría capacidad para absorber nuevos afiliados con menos recursos disponibles. “Si hay más trabajadores, no podemos atenderlos. Fundimos”, resumió Lingieri, quien advirtió que el esquema podría trasladar la carga al Estado.

Como antecedente, el dirigente citó el caso de los monotributistas, que hoy pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral. Con las actualizaciones previstas para 2026, la categoría A aportará $22.485, de los cuales el 90% se destina al sistema de salud y el 10% al FSR, una ecuación que el sector considera difícil de escalar sin financiamiento adicional.

La CGT también cuestionó la falta de consenso y de instancias formales de diálogo, pese a que —según Lingieri— el sector estaba dispuesto a negociar alternativas.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la discusión integral del “costo argentino” y apuntó a la cuota sindical como parte del debate, al advertir que, en muchos casos, “lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador” por la sumatoria de descuentos.

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