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Más de 300 empresas incorporaron personal desde la Oficina de Empleo en Posadas

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El gobierno de Posadas impulsa la inserción laboral como uno de sus ejes de gestión. Uno de ellos es el programa Entrenamiento para el Trabajo que consiste en la vinculación de empresas que necesitan mano de obra y encuentran opciones a su alcance por medio de la Oficina de Empleo. Por esta vía, hasta el momento son 300 las firmas que incorporaron a más de 600 jóvenes.

El intendente de Posadas, Joaquín Losada, acompañó el primer día de trabajo a un grupo de jóvenes incluidos en el programa. “Si se cumple con los objetivos, estos jóvenes podrán ser contratados como empleados efectivos de sus empresas. Y, además, seguir estudiando”, sostuvo mientras visitó un local adherido al programa.

El organismo municipal capacita a los beneficiarios que forman parte de una base de datos y realiza el contacto con el empleador para conocer el perfil del trabajador que necesita. Por cada vacante solicitada se seleccionan dos postulantes, quienes son entrevistados por la empresa. Al incorporarse y tras haber transcurrido los primeros veinte días de trabajo, se lleva adelante el seguimiento de los entrenamientos en ejecución. En caso de conformidad y pasados los seis meses de prueba, los jóvenes pueden quedar efectivos en los puestos.

En este marco, uno de los principales beneficios al que puede acceder el empresario es que el Estado se hace cargo de un gran porcentaje de la remuneración salarial del contratado. Además de ahorrar tiempo en la búsqueda y selección del perfil correcto para la vacante que necesitan cubrir.

A su vez, para los chicos es sin dudas una gran oportunidad. “Hace un mes y medio que estoy trabajando en el área de marketing, redes y comunicación y es todo un desafío, porque todos los días se presentan cosas nuevas y vamos aprendiendo”, expresó Matías, quien se desempeña en una agencia de turismo.

Desde hipermercados, financieras, ferreterías, bancos, librería, cafeterías, restaurantes hasta estudios jurídicos, contables, inmobiliarias, ópticas, veterinarias, se mostraron interesados en el proyecto.

El director de la oficina, Jeremías Zarza, destacó que “ofrecemos intermediación laboral para la búsqueda de perfiles adecuados a sus requerimientos, preselección de candidatos y derivación de postulantes a entrevistas de trabajo en la organización y seguimiento del grado de satisfacción con el personal incorporado. Al mismo tiempo se les ofrece información y asesoramiento sobre legislación laboral, modalidades de contratación y capacitación. Esto es algo que beneficia a ambas partes y esperamos continuar así con éxito”.

Con estas acciones, se pretende incrementar el trabajo y la producción vinculando la oferta laboral capacitada con las demandas de recursos humanos del sector productivo.

 

Gestión para el trabajo

En lo que va de esta gestión, la Oficina de Empleo logró capacitar a más de cinco mil jóvenes a través de diversos talleres, sumó a más de 300 empresas para trabajar de manera conjunta, incorporó a más de 600 chicos al mercado laboral local y financió 23 emprendimientos.

Todos estos objetivos cumplidos son el resultado de un arduo trabajo en conjunto entre el gobierno, el sector privado y los jóvenes.

Los interesados en obtener más información sobre las propuestas del organismo, pueden acercarse a la sede ubicada sobre avenida Roque Pérez 1651, de Posadas, o llamar al 4434254.

 
 
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El gradualismo exaspera a analistas, pero aporta gobernabilidad

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Pese a que a la industria y a las economías regionales les cuesta salir de la recesión, los indicadores agregados de la economía han comenzado a transitar terreno positivo, fenómeno que se retroalimenta por la notable mejora experimentada en abril por los indicadores de confianza en el gobierno y del consumidor de la Universidad Di Tella. El número de factores explicativos de esta tendencia no es amplio ni desconocido: a la agroindustria, que despertó primero, se le sumó la obra pública en los últimos meses, con una instancia más reciente, aportada por salarios que han pasado a ganarle a la inflación en la medición interanual, por unos cinco puntos porcentuales desde febrero de este año, a juzgar por la marcha de la recaudación de Seguridad Social. Además de las razones económicas, hay que incluir también la forma en la que el gobierno ha procurado resolver los conflictos que arreciaron en la primer parte del año. Así, el segundo trimestre arrancó con el buen augurio de una mejora en términos reales de 2 % en la recaudación de impuestos asociados a la evolución del mercado interno.

En octubre de 2011, cuando la ex presidenta logró su reelección con el 54 % de los votos, el Indice de Confianza en el Gobierno relevado por la Universidad Di Tella le otorgaba una nota de 2,62 puntos sobre 5 posibles. El actual presidente obtuvo mejores calificaciones al principio, pero cayó a 2,38 puntos en el primer trimestre de este año, para escalar a 2,61 en abril. Aunque el nivel de actividad esté algo mejor que en el primer trimestre, es evidente que el índice vinculado a la “gobernabilidad” ha escalado por factores extraeconómicos, aunque de sostenerse tendrá efecto retroalimentador, particularmente sobre la inversión.

Más allá de su impacto electoral, el resurgir de la imagen del gobierno ha resultado muy oportuna para los hacedores de política, que tuvieron que atravesar meses críticos no sólo por lo ocurrido en las calles de Buenos Aires, sino también por el “fuego amigo” de analistas que, en las últimas semanas, habían intensificado sus cuestionamientos por las inconsistencias de la política económica, por la falta de coordinación entre los ministros o, directamente, por la ausencia de un verdadero plan.

Es cierto que el actual ciclo de reactivación es el más lento de los últimos treinta años, cuando se compara con el arranque de los distintos planes de estabilización (austral, convertibilidad, pos crisis de 2001/02). Y también es posible demostrar que existen “pecados de origen” de la actual política, al haberse minimizado la magnitud del problema fiscal heredado, o haberse subestimado el impacto inflacionario de la devaluación y del ajuste de tarifas.

¿Se trata de un “kirchnerismo de buenos modales”? Que las reformas aparezcan en cuenta gotas puede deberse a la falta de convicción del gobierno, o simplemente a un problema de “timing”, dado lo complejo de las negociaciones con las provincias, el Congreso y los sindicatos; o por el momento del ciclo económico. Hay muchas medidas que resultan más digeribles cuando la economía está creciendo que cuando está en recesión. 

Pero, además de cuestiones de “momento”, hay también un problema de enfoque, cuando se contrasta la aplicación de reglas generales con las políticas “caso por caso”.

El año pasado, el gobierno arrancó con una serie de medidas que se podían catalogar dentro del casillero de “reglas automáticas”, caso de la eliminación de impuestos y trabas para la agroindustria y el funcionamiento del mercado cambiario. Sin embargo, después hubo un deslizamiento hacia el “caso por caso”, con la restitución de licencias para una gama bastante amplia de importaciones, las garantías de precio para las ofertas de inversión en energías renovables, acuerdos de productividad sectoriales, como el que involucra a los recursos de Vaca Muerta, entre otros.

En el medio, hubo un relajamiento en las pautas presupuestarias, sin cambio de las metas de inflación, por lo que la macroeconomía pareció inclinarse hacia un mix de política fiscal laxa y monetaria dura, un esquema que llevó a Brasil a un mal equilibrio, años atrás.

Se puede intuir que la respuesta de los funcionarios ante estos cuestionamientos es simplemente que Macri no es Dilma, ni tampoco Lula. Además, la tasa real de interés no ha subido tanto como para abortar el crédito.

De hecho, desde el piso de noviembre pasado (triunfo de Trump), la bolsa argentina es la que más ha trepado en la región, casi un 25 % en dólares, 10 puntos más que la chilena y 20 más que la mexicana. Es sabido que los ciclos de las acciones suelen anticipar las inversiones en el plano real de la economía.

De un modo u otro, lo cierto es que la experiencia de año y medio de nuevo gobierno en la Argentina se aparta de los manuales de economía. Pero, justamente por eso, se trata de un camino inédito sobre el que no existen elementos que permitan predecir resultados.

Mientras ese destino se define, habrá que anotar en el haber el indicador de confianza en el gobierno, sin por ello ignorar los riesgos del camino elegido. El “paso a paso” puede entrar en un pantano que no figura en los mapas, puede hacer que la Argentina se encuentre poco pertrechada en caso de un cambio abrupto de las condiciones externas, o que los incentivos a invertir resulten insuficientes para mover el amperímetro del empleo. Sin “bola de cristal”, se trata de riesgos dentro de un escenario que quizá es más previsible que el de México o Brasil. 

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Debemos comprometernos todos para salir adelante

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Todo aquel que tenga verdadera vocación de servicio y no vea la Política como un beneficio personal y/o sectorial debe involucrarse, es la forma de poder llegar a mucha gente que la está pasando muy pero muy mal porque no encuentra un camino de salida a su situación económica, a veces es porque se ha dedicado a una actividad específica toda su vida y las cosas o la realidad le cambiaron, pero todo aquel que quiere aprovecharse del Estado y utilizar la política como trampolín para hacerse millonario debe dedicarse a otra cosa y dejar que lo  haga esa gran cantidad de gente muy solidaria que tiene muchas ganas de aportar para cambiar la realidad, de sumar y multiplicar y no de restar o dividir.

Es el momento para que tomemos razón de la realidad que nos rodea pero también sabiendo que es nuestra responsabilidad el cambiar la situación, ya no se puede seguir esperando de los que vienen gobernando o haciendo política hasta ahora, basta de la vieja política o de jóvenes “hijos de…” predicando los viejos métodos de hacer política, ahora quienes tengan proyectos viables, productivos, iniciados desde la necesidad de la gente son los que deben primar, no la burocracia ni el bienestar de los funcionarios de turno, tendrían que estar trabajando de sol a sol ante tanta gente con hambre, chicos y ancianos con desnutrición, aborígenes de nuestra Provincia abandonados que merodean mendigando para poder sobrevivir, no hay nadie que demuestre sensibilidad para ocuparse de esa gente que en una Ciudad como Posadas deambulan por las calles pidiendo un pedazo de pan, en una Provincia tan rica.

Quizás sea reiterativo en todas mis columnas con este tema porque no logro entenderlo, es inexplicable ver una dirigencia tan incompetente, funcionarios que su actividad sería la de mejorar la calidad de vida de los aborígenes y en años de gestión únicamente vienen confrontando con ellos y utilizándolos políticamente, no me cansare de reiterar todo lo que vaya en contra de la asistencia a personas que se merecen vivir dignamente, hay un sin números de cosas que se pueden crear para cambiar y mejorar la vida de los que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, es una vergüenza nos esté pasando esto, tenemos tierra fértil y agua en todo el país para producir aunque sea lo que se consume, como digo siempre “con poco se puede hacer mucho…”, solo hay que tener claro lo que se quiere hacer y utilizar el sentido común –el menos común de los sentidos- organizando capacitaciones en huertas orgánicas, crianza de animales, piscicultura, siembra de productos que tienen mayor demanda en la región, para que la gente de escasos recursos pueda insertarse laboralmente ofreciendo lo que produce y con eso permitirles salir adelante, solo hace falta buscar y organizarse con mucha gente que son profesionales capacitados para realizar capacitaciones, todo es posible, lo digo con conocimiento de causa porque hemos realizado huertas orgánicas, siembra de jengibre, venta de ropa usada que hay instituciones benéficas que traen del extranjero en fardos de ropa mixta semi nuevas que vienen hasta con la etiqueta de fabrica, hay que buscar la forma de insertarse pero inicialmente debemos capacitarlos, hay mucha gente que solo la orientación les hace falta para poder emprender su negocio rentable y de a poco lograr progresar.

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Pequeñas empresas generan cuatro de cada cinco empleos no calificados

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La idea de convertir los planes asistenciales en subsidios al empleo formal es de una pertinencia implacable. Darles la oportunidad a los beneficiarios de programas  asistenciales de ser artífices de su propio progreso mediante un empleo productivo brinda altos dividendos individuales y sociales. El éxito de la iniciativa depende de generar demanda para este perfil de trabajadores. Esto sólo será posible a través de la simplificación de las regulaciones laborales para las pequeñas empresas.
El Gobierno anunció el Plan Empalme con el objetivo de transformar los planes asistencialistas en subsidios al empleo privado registrado. Las empresas que suscriban un contrato laboral con un beneficiario de plan asistencial podrán computar como parte de la remuneración el monto de la prestación que seguirá pagando el Estado por dos años.
La iniciativa es muy pertinente. Desde el punto de vista individual y familiar existe una abismal diferencia entre ser artífice del propio progreso en base al trabajo que subsistir gracias al asistencialismo. Desde lo institucional, que deje de haber personas que votan condicionados por el asistencialismo es un aporte enorme a la calidad del sistema democrático. En lo económico, que gente inactiva o en ocupaciones muy precarias se integre al sistema productivo aumentará la producción del país.
Un punto a tener en consideración es que los receptores de planes sociales tienen bajos niveles de educación y escasa experiencia laboral formal. Para evaluar la capacidad del mercado laboral en generar puestos de trabajo para este perfil se puede apelar a los datos del INDEC. Según esta fuente, entre los asalariados con bajos niveles de educación que se desempeñan en empresas privadas se observa que:
  • El 79% trabaja en empresas con menos de 40 empleados.
  • De este total, el 60% lo hace como asalariado no registrado o “en negro”.
  • Esto implica que sólo el 21% de los empleados de baja calificación trabaja en una empresa de más de 40 empleados donde la formalidad es mayor.
Estos datos muestran que 4 de cada 5 empleos de baja calificación se generan en empresas pequeñas y mayormente en condiciones de informalidad. En sentido contrario, el acceso de las personas con bajos niveles de calificación a empresas medianas o grandes es muy limitado. Se trata de un dato que no debería ser pasado por alto al evaluar la viabilidad de que los planes sociales puedan transformarse en subsidios al empleo formal.
Obviamente que resulta seductora la idea de promover que las empresas más grandes cambien de actitud y contraten más gente con baja calificación. Pero difícilmente esto ocurra con la masividad que se necesita para absorber a toda la gente que actualmente recibe dinero del asistencialismo. Las empresas de mayor porte tienden a ser cada vez menos demandantes de mano de obra no calificada. Por un lado, porque son las más expuestas a la litigiosidad laboral y, por otro, porque sus procesos productivos son más complejos y enfrentan mayores exigencias de adopción de nuevas tecnologías.
Esto lleva a poner los énfasis en derribar las barreras que desalientan la generación de empleos formales en las pequeñas empresas. Si bien son mucho los factores que afectan a este segmento productivo, su potencialidad para generar empleos formales está condicionada por la alta presión tributaria y leyes laborales cargadas de burocracia y fisuras donde se filtra la litigiosidad. Por eso, es recomendable acompañar el Plan Empalme con la sanción de un Estatuto Laboral y Tributario Especial para Pequeñas Empresas. La idea central es preservar los derechos laborales sustantivos (salarios mínimos, jornada, vacaciones y descansos, protección contra el despido arbitrario, prevención de accidentes, etc.), prescindir de requerimientos administrativos vetustos (como el libro de registro y el certificado de aportes que fueron tecnológicamente superados por la AFIP) y excluir las regulaciones que sólo pueden ser cumplidas por empresas más grandes. Es cierto que la simplificación debería ser para todas las empresas. Pero en las pequeñas es más urgente porque allí es donde la informalidad es intensa y donde existen mayores potencialidades de generar masivamente empleos para personas de baja calificación. 
Para que el “Empalme” tenga éxito no alcanza con dos años de subsidios al empleo. Se necesita una transformación integral de las instituciones laborales y tributarias que activen las potencialidades de las pequeñas empresas que son las que generarán los empleos accesibles a personas de bajos niveles de educación y escasa experiencia laboral.
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Se cae el acuerdo laboral con McDonald’s

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El acuerdo entre el Gobierno y la cadena de comidas rápidas McDonald’s, firmado el año pasado para la inserción laboral de jóvenes desocupados a cambio de un subsidio, comenzó a desmantelarse. Fue el primer proyecto expuesto por la administración de Mauricio Macri como ejemplo de nuevas modalidades laborales, que incluía el pago de un salario mensual de $4.500 por seis horas de trabajo. De momento, no será renovado.

El convenio con Arcos Dorados (la razón social de la cadena) contemplaba el pago por parte del Ministerio de Trabajo de $1.000 por cada empleado contratado bajo esa modalidad. La presentación del acuerdo, en mayo de 2016, estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, después de una reunión con la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de la compañía para Latinoamérica, Marlén Fernández, y del representante de Arcos Dorados Argentina, Pedro Nóbili.

Las razones para desactivar el acuerdo son dos. Por un lado, el modesto resultado que tuvo: de una planificación de 5.000 incorporaciones en la actualidad hay apenas 700 jóvenes que trabajan en la empresa. Pero además la Justicia había otorgado en septiembre pasado (cuatro meses después de la firma) un recurso de amparo presentado por tres diputadas nacionales y un dirigente de la CTA. La Cámara del Trabajo entendió en esa ocasión que el convenio afectaba “derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad” y sus condiciones eran violatorias del “derecho internacional y la propia Constitución”.

Funcionarios a cargo de la implementación del programa confirmaron que desde este mes se resolvió la baja. Cerca de Triaca admitieron que el resultado no había sido el esperado, aunque matizaron con la posibilidad de relanzarlo a partir de una revisión de sus debilidades. Los voceros de la compañía, en tanto, dijeron suponer que el convenio estaba en vigencia aunque fueron sus propias autoridades las que frenaron las incorporaciones bajo el paraguas del acuerdo.

Al presentarlo el año pasado, el entendimiento fue definido como un mecanismo para “la inserción de jóvenes desocupados en el mercado laboral, con trabajos de calidad, en sintonía con el objetivo de alcanzar la pobreza cero en el país en el más corto plazo”. El propósito inicial era el ingreso a la compañía de 5.000 jóvenes de “poblaciones vulnerables laboralmente” en “prácticas formativas durante un año”. Por un pago mensual de $4.500 los postulantes debían atravesar “un proceso de prueba de 30 horas semanales con prácticas formativas y laborales reales en un ambiente de trabajo efectivo”. Los empleados bajo ese régimen obtendrían además cobertura de salud de la obra social Elevar y un certificado de entrenamiento laboral.

El convenio con McDonald’s se inscribió en el programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT), de la cartera laboral, aunque con algunos beneficios extra para la cadena internacional: mientras los EPT prevén prestaciones de no más de cuatro horas el acuerdo del año pasado estiraba hasta seis horas por día las labores de los ingresantes; además, en lugar de trabajar de lunes a viernes, como se ideó el plan en un principio, Arcos Dorados podía destinarles a los empleados bajo este régimen labores durante los fines de semana.

El plan fallido significó un emblema para el Gobierno y también una prueba piloto de una serie de programas que prevé aplicar a través de la Secretaría de Empleo de la cartera laboral, a cargo de Miguel Ángel Ponte, que incluye un relanzamiento de las pasantías, un régimen que había quedado bastante en el olvido tras el uso abusivo de las empresas a partir de la década del 90. Ponte es un exdirectivo de Techint que cobró notoriedad meses atrás, cuando dijo en una entrevista radial que el proceso de contratación y despido de personal debía ser tan natural como “comer y descomer”.

 
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